Limpiando el terreno: La estrategia macrista en materia de empleo y el blanqueo de la informalidad

La reforma laboral ya comenzó hace tiempo. Si bien el macrismo eligió el camino de la gradualidad, encarando sector por sector, al menos durante el período previo a las últimas elecciones, su espejo es el gigante sudamericano. Los convenios flexibilizadores con Vaca Muerta, los “premios” por productividad en la administración pública, o bien, el Plan Primer Empleo, todos ellos se encaminan a “ordenar” la economía, junto con una serie de reformas tributarias que también impactan directamente en el empleo. Es decir, el gobierno se orienta a crear las condiciones necesarias para desplegar la estrategia desarrollista: crecimiento de la economía por la vía de una mayor flexibilidad laboral, incremento de la tasa de explotación y reducción del déficit fiscal y el gasto público. Una estrategia que tiende a la concentración y centralización del capital, aún subsidiando a capitales ineficientes, pero en menor medida respecto del régimen anterior, librándolos a una mayor competencia entre sí. Un despliegue que ya tiene el visto bueno de la burocracia sindical. De este modo, el macrismo relanza una vieja alianza ya existente bajo el menemismo, a saber, entre el gobierno, las fracciones más concentradas del capital y la CGT. Aquí analizamos, en el marco de un conjunto de cambios tributarios, qué es lo que intenta hacer el gobierno a través del blanqueo de la informalidad.

¿De qué trata el blanqueo de la informalidad?

Desde su asunción como Ministro de Hacienda en reemplazo de Prat Gay, en diciembre de 2016, Nicolás Dujovne viene proponiendo el blanqueo de la informalidad. Según su parecer, compartido con la burguesía, el problema del empleo en negro se debe a los elevados impuestos y tributos que recaen en los empresarios, razón por la cual estos últimos se ven impedidos de blanquear a los trabajadores. Esa elevada “presión tributaria” no es más que un eufemismo de los supuestamente altos costos laborales de los cuales se queja la burguesía argentina históricamente.

Ahora bien, ¿qué implicaría un blanqueo del conjunto del empleo en negro? Cuando un empresario contrata a un obrero y lo registra, destina una masa de plusvalía de la cual se le descuentan más de un 23% aproximadamente de las denominadas “contribuciones patronales”, que comprenden: un 10,17% por jubilación, un 1,5% al PAMI, un 6% a Obra Social, un 4,44% a Asignaciones Familiares, un 0,89% al Fondo Nacional de Empleo y un 0,03% al seguro de vida. Descontado esto, puede estipularse el sueldo neto del empleado, el cual destina otro porcentaje a los “aportes sociales”, compuesto por un 11% destinado a jubilación, un 3% a PAMI y otro 3% a Obra Social. En caso de afiliarse a un sindicato se le descontarán otros 2 o 2,5% de su sueldo según el convenio. En consecuencia, entre el costo laboral inicial y el salario de bolsillo (sin contabilizar los descuentos por el impuesto a las ganancias cuarta categoría y la ART, y descontando la cuota sindical), el resultado es un tributo al fisco de un 40% aproximadamente sobre el total de la masa salarial empleada para cada obrero.

En caso de blanquearse al conjunto de los trabajadores en negro, y manteniendo estos porcentajes de contribuciones y cargas sociales, la recaudación fiscal sería fabulosa: con sólo tomar a la masa de empleo en negro del año 2016 (cerca de 4,6 millones de personas) y multiplicar por el sueldo promedio del sector privado registrado para ese mismo año, el resultado sería, estimativamente, una recaudación anual en materia de jubilaciones del orden de los 267 mil millones de pesos; 55 mil millones de pesos destinados al PAMI; 119 mil millones de pesos a las Obras Sociales y unos 64 mil millones de pesos para Asignaciones Familiares. Es más, en caso de afiliar al conjunto de los empleados no registrados actuales, los sindicatos obtendrían una caja anual en materia de cuota sindical del orden de los 22 mil millones de pesos.

Esta fabulosa caja de dinero beneficiaría las arcas del Estado (disminuiría el gasto para la AUH pues estaría garantizado por intermedio de las Asignaciones Familiares; evitaría las moratorias de jubilados, pues todo el mundo estaría en blanco; optimizaría buena parte del sistema de atención en salud). También mejorarían las condiciones de vida de los trabajadores. Bajo este esquema, los empresarios deberían asumir un mayor tributo al fisco y tendrían que mantener los costos laborales como ocurre actualmente.

Sin embargo, ni los empresarios están dispuestos a esto, ni los sindicatos reclaman por esto, ni el gobierno propone este horizonte. Un panorama semejante presupondría el cierre de un tendal de pequeñas empresas debido al incremento de los costos laborales y un crecimiento del desempleo abrupto. Recordemos que las PyMES son las que mayor mano de obra en negro contratan. A su vez, en los últimos 14 años, del conjunto de los asalariados no registrados más del 70% se emplearon en empresas de no más de 10 personas.

Al parecer, Dujovne vendría a impulsar una serie de cambios graduales en el sistema tributario que beneficiarían, sobre todo, al conjunto de las empresas de mayor tamaño y, en menor medida, a las PyMES más solventes. Aunque todavía no se han sancionado leyes o normas, todas las intervenciones del equipo del Ministro de Hacienda apuntan sobre los siguientes cambios para llevar a cabo el blanqueo de la informalidad.

En primer lugar, se reducirían los porcentajes de las contribuciones patronales que recaen en los empresarios. Ello implicaría un estímulo para contratar más trabajadores a un menor costo. Se habla de una reducción del 35 al 15% en las cargas que paguen las empresas por las nuevas contrataciones de personal. La máxima rebaja estaría destinada a aquellos empresarios cuyos proyectos sean licitados para llevar a cabo el Plan Belgrano, que incluye las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Corrientes.

En segundo término, el Gobierno supone dos posibilidades para los empresarios que en la actualidad emplean trabajadores en negro: una opción sería implementar una moratoria para que los empleadores regularicen su situación; o bien, la alternativa sería perdonarle sus deudas. A juzgar por lo sucedido a partir del blanqueo fiscal, el macrismo se inclinaría por esta segunda opción.

Por otra parte, entre quienes no podrían acogerse a este régimen se hallarían aquellas empresas que se encuentran en quiebra. Por lo tanto, es probable que todas aquellas PyMES y grandes empresas que perciben el beneficio de los planes REPRO no puedan incorporarse al plan, pues esos subsidios van destinados a emprendimientos que hayan manifestado su situación de quiebra. De este modo, el Estado se evita subsidiar por partida doble.

La posición de la burguesía

Con la asunción de Dujovne, la cámara que representa a una de las fracciones de la burguesía, la Unión Industrial Argentina (UIA), se reunió con el Ministro de Hacienda en más de una ocasión. La cámara empresaria acuerda con el blanqueo de la informalidad porque, según su parecer, sería una de las causas de los elevados costos laborales, la industria del juicio y la imposibilidad de incrementar las inversiones privadas. Las grandes empresas que se nuclean en la UIA no suelen ser las mayores empleadoras de mano de obra en negro. Si bien precarizan el empleo por la vía de la terciarización, no suelen ser ellas las que se benefician a través de la evasión en el pago de cargas sociales. En este sentido, la cámara empresarial busca, lisa y llanamente, una reducción de los costos laborales, como ya ocurrió entre 1990 y 2002 donde la rebaja fue del 49 al 34%, aunque luego, en 2008, la suma de aportes sociales y contribuciones patronales se incrementó al 40%, es decir, por debajo de lo que un empresario debía pagar durante los inicios del menemismo.

Como buena representante de la clase explotadora, la UIA avanzó con sus reclamos dirigidos tanto al Ministro de Hacienda como de Trabajo, pues exige, además de la reducción de las contribuciones patronales, la rebaja gradual del impuesto al cheque, de ingresos brutos y del pago de ganancias. Proponen que se amplíe gradualmente el porcentaje de estos impuestos computables como pago de otros tributos hasta su eliminación, es decir, que le rijan los mismos beneficios que obtienen las PyMES. Incluso, el recientemente elegido presidente de la UIA, Miguel Acevedo, interpeló al macrismo señalando que si no se equiparan los impuestos habría que realizar un nuevo blanqueo fiscal dentro de unos 5 años. Consciente del déficit en las arcas del Estado, el representante de los industriales invoca la posibilidad de una recaudación fiscal por la vía del blanqueo a la informalidad y un trato semejante para las grandes empresas respecto del que rige para las PyMES.

Por su parte, la cámara que nuclea a un sector de las PyMES, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), también acuerda con el blanqueo de la informalidad propuesto por Dujovne. Del mismo modo que la UIA, la CAME señala que la informalidad es la causa de la elevada presión tributaria y busca que las pequeñas empresas se beneficien con esta medida para reducir los costos laborales. No obstante, en concordancia con cierto sector del sindicalismo, las PyMES no están de acuerdo con que se perdonen las deudas a las grandes empresas. En este sentido, el ex presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, manifestó en una circular durante el mes de abril de este año que el blanqueo debía aplicarse exclusivamente a las PyMES, porque no habría “ningún justificativo para que una gran empresa con rentas extraordinarias tenga gente en negro”.

Cabe destacar que el sector PyME ya posee beneficios que, en lo inmediato, se retrotraen al año 2001, al 2014 y también, a la reciente Ley PyME, sancionada bajo el gobierno de Cambiemos. Desde el 2001, el decreto 814 permite que las pequeñas empresas puedan computar un porcentaje de las contribuciones patronales en el IVA o deducirlas del impuesto a las Ganancias. En ese mismo año, además, se creó un régimen diferencial según el cual las PyMES ya no pagarían el 21% de contribuciones sino el 17% por cada empleado. Pero, la AFIP no fue reconociendo la actualización de los montos de facturación por los cuales una pequeña empresa es considerada como tal, por lo tanto, con el paso del tiempo, algunas perdieron estos beneficios.

Luego, en el 2014, la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral eximió, nuevamente, de un porcentaje del pago de cargas patronales, en particular, a empresas de hasta 5 trabajadores, incluso con rebajas en el pago de contribuciones patronales de hasta el 8,5% para el personal contratado por tiempo indeterminado. Finalmente, en 2016 se sancionó la Ley PyME, motorizada por el bloque justicialista y el massismo. Aunque todavía no fueron reglamentados todos sus artículos, la norma presenta los siguientes beneficios: elevación del 50% del monto del plan REPRO a empresas en crisis; eliminación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; compensación del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias; devolución del IVA de las inversiones a través de un bono de crédito fiscal, entre otros. Es decir, se trata de una rebaja de buena parte de la estructura impositiva que tributan las PyMES que se encuentran en regla.

Si con toda esta batería de beneficios las PyMES no lograron reducir sustantivamente el empleo en negro en más de una década es porque no están en condiciones de asumir, aún con estas medidas, el costo laboral que implica el blanqueo de los obreros que explotan. Por ello, sus representantes parlamentarios, como por ejemplo el diputado Pablo Kosiner del bloque justicialista, propone mayores rebajas para este sector de la burguesía, a saber, una reducción de las tarifas en los servicios de luz, gas y agua.

Ni las grandes empresas agrupadas en la UIA ni las pequeñas y medianas empresas nucleadas en la CAME están en contra del plan del blanqueo de la informalidad. Sin embargo, ambas cámaras intentan imponer condiciones, todas ellas destinadas a una mayor reducción de los costos laborales y una menor carga tributaria que pagar. Lo que está detrás de las pretensiones de las cámaras empresarias son las condiciones bajo las cuales se van a enfrentar en la competencia los diversos capitales. En el seno de las pequeñas empresas, quienes blanqueen a sus empleados tendrán una mayor carga en los costos laborales respecto de aquellas que continúen “negreando” a obreros. Pero obtendrán, a cambio, beneficios de créditos. Y, entre pequeñas y grandes empresas, la competencia impondrá mejores condiciones para las últimas, en caso de tener reducciones impositivas equivalentes. Por ello PyMES, en un contexto de recesión económica, reducción de aranceles a la importación de bienes de capital y aumento de las tarifas de los servicios públicos, han puesto el grito en el cielo porque ven cercenadas sus posibilidades de competir en el mercado interno.

¿Qué dice la CGT?

La propuesta de blanqueo de la informalidad presupone una reducción de las contribuciones patronales y, consecuentemente, una disminución del financiamiento de las obras sociales sindicales y el sistema previsional. No obstante, lo que busca el gobierno es compensar ese déficit con recaudación por la vía de nuevos empleados en blanco. El macrismo sabe que debe obtener el visto bueno de los sindicatos no sólo para no crear disidencias sino, a su vez, para reforzar su alianza con la CGT. Sobre todo, por el resto de las reformas que quiere implementar.

En términos generales, el sindicalismo ya manifestó su acuerdo con el blanqueo por la vía de la reducción de las contribuciones que promueve el gobierno. Pero, en el seno de la CGT, parece haber ciertas disidencias en relación con el perdón de deudas y evasiones impositivas. En abril de este año, Jorge Sola, secretario de comunicación de la CGT moyanista, manifestó su negativa de generalizar el régimen al conjunto de los empresarios, es decir, acuerda con la condonación a las PyMES, pero no concuerda con el perdón a las grandes empresas.¹

En cambio, en su encuentro con el ministro de trabajo Jorge Triaca en septiembre de este año, el ala más alineada al macrismo, representados por Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Héctor Daer (Sanidad), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Francisco Gutiérrez (Unión Obrera Metalúrgica), sentó una posición según la cual no pretende ningún tipo de diferencias entre pequeñas y grandes empresas. Allí señalaron que “por supuesto que habrá más énfasis en las pymes y los sectores económicos más sensibles, pero el objetivo es que no haya ninguna discriminación”.² En este sentido, el triunvirato de la CGT se alinea con las demandas de la UIA.

Además, este sector del sindicalismo ya dejó en claro que “para que funcione (el blanqueo) todos tendremos que ceder en algo”. La central es consciente de que varios gremios deberán resignar un porcentaje de las contribuciones obligatorias adeudadas a las obras sociales sindicales cuando el gobierno lance el programa de blanqueo y perdone las deudas a los empresarios. Por ello, el sindicalismo se encuentra en plena negociación con el macrismo.

¿Qué le promete el gobierno a los sindicatos? En primer lugar, el gobierno incluiría a la CGT en una mesa de evaluación y seguimiento pactada para normalizar los actuales sindicatos intervenidos. Recordemos que desde la asunción del macrismo el Poder Ejecutivo intervino varios sindicatos como el de los gremios de los canillitas (SIVENDIA), marítimos (SOMU), seguridad privada (UPSRA) y el de azucareros (FEIA). En segundo término, los sindicatos reclaman ser los encargados de llevar adelante los cursos de formación profesional en el marco del programa de pasantías lanzado por el gobierno. El macrismo ya avizora una partida de 700 millones de pesos de fondos públicos destinados a los sindicatos en calidad de recursos para capacitación.

En tercero, el gobierno ya avanzó con un borrador del proyecto para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, cuya finalidad será reducir el nivel de litigiosidad contra las prestadoras médicas de los sindicatos. El objetivo es regular si una obra social le debe dar o no una prestación o un medicamento a un paciente ante un fallo judicial. Por último, aunque no se habla mucho del asunto, es probable que los sindicatos intenten que Macri les devuelva el control de los fondos de las Obras Sociales.

Si bien todas estas concesiones a la CGT se encuadran en un conjunto de reformas que exceden al plan de blanqueo laboral, lo cierto es que se trata de un guiño del macrismo a la central de trabajadores no sólo para dirimir cualquier tipo de oposición a la reducción de las cargas patronales, sino también para consolidar una alianza y avanzar con los avales que exigen los empresarios, es decir, una reducción de los costos laborales y una mayor tasa de explotación.

Ganadores y perdedores

El plan de blanqueo a la informalidad aún no fue presentado ni tratado en el Congreso. El macrismo lo viene anunciando desde fines de 2016, aunque previendo que se debatiría después de las elecciones. Más allá de los anticipos, ahora, con un incremento sustantivo de Cambiemos en ambas cámaras luego de los resultados electorales, habrá que ver cuál será la letra chica del borrador. No obstante, ya tiene un antecedente inmediato en la rebaja de las contribuciones patronales: en pos de impulsar una mayor competitividad en la industria láctea, el macrismo acordó con ATILRA una reducción de los aportes patronales para la obra social sindical de 3.000 a 1.500 pesos (-50%) por trabajador para las grandes empresas y de 3.000 a 750 pesos (-75%) para las pequeñas empresas.

El blanqueo, a su vez, busca compensar la disminución de las contribuciones patronales y el potencial desfinanciamiento de la ANSES y el sistema previsional. No obstante, habrá que ver si este régimen será voluntario (como ocurrió con la Ley de Primer Empleo, la cual impulsa la contratación optativa de beneficiarios de planes de empleo) u obligatorio. En este último caso, en lo inmediato, sólo las grandes empresas y PyMES más solventes podrían afrontar estos costos, aún con las reducciones pautadas y la condonación de sus evasiones previas.

Por otra parte, de satisfacer al pie de la letra las demandas de la UIA estaríamos en presencia de una suerte de “pymetización” de las grandes empresas, pues obtendrían los mismos beneficios en la reducción de los tributos al fisco o la deducción de unos en lugar de otros a través de una mayor exención impositiva. La equidad tributaria que exige la UIA supone una ventaja para los capitales de mayor tamaño y con mayor poder de acumulación. A su vez, por tratarse de impuestos coparticipables, el resultado de estas reducciones impositivas sería una caída de la recaudación fiscal y, consecuentemente, un ataque a los salarios de los obreros del sector público. Además, dicha disminución pondría en jaque la ya desfinanciada caja de jubilaciones. Por ello, aunque no se dice a viva voz, el macrismo ya esbozó la idea de la extensión de la edad jubilatoria.

Sin dudas, para la porción de obreros que ingresen al régimen del blanqueo la perspectiva es favorable. Podrán gozar de una jubilación, obra social, vacaciones pagas y otros derechos elementales que tienen cercenados por no ser registrados por los empleadores. Sin embargo, la expectativa del gobierno es blanquear a unos 300 mil trabajadores por año. A este ritmo, y con las cifras actuales de asalariados en negro, el problema de la informalidad se resolvería en 15 años.

Lo cierto es que el gobierno ya aseguró la demanda de los empresarios de reducir los costos laborales por la vía de la disminución de las cargas patronales, con el aval del sindicalismo. Todo este panorama apunta, en el más largo plazo, a una suerte de limpieza del mundo de las PyMES y de aquellas empresas poco solventes. El macrismo busca reducir los subsidios y que se beneficien los capitales con mayor capacidad de acumulación. Para ello requiere consolidar una alianza con los capitales más concentrados y con la CGT. Y al parecer, eso ya estaría encaminado.

NOTAS

¹Diario Clarín, 09/04/2017.

²Diario El Cronista, 19/09/2017.