Un balance sobre la movilización de los docentes misioneros en el segundo semestre del año
La última lucha docente volvió a poner sobre la mesa los mismos problemas de siempre, evidenciando la pauperización progresiva de las condiciones de trabajo docente y la ausencia de una herramienta política eficaz que ejerza un papel dirigente en sus luchas.
Por Sandra Cubilla-Exequiel Ferreyra (Grupo de Investigación de Educación Argentina)
Los procesos de movilización por mejoras en el salario de los docentes misioneros, al igual que en muchas provincias del país, son una constante en la escena pública. Sin embargo, pese a la frecuente búsqueda de mejoras sustanciales, éste se mantiene durante los últimos diez años, invariablemente, como uno de los más bajos del país. Según un informe del CIPPEC[1] en el 2002 el salario de un docente misionero era el más bajo de todo el país; en el 2006 estaba solo por sobre La Rioja y en 2008 seguía en segundo lugar solamente “superado” por Formosa. A finales del 2014, Misiones se ubicaba en el ranking nacional como la cuarta provincia con salario docente más bajo de Argentina, por sobre Formosa, Catamarca y Santiago del Estero.
Bajo este cuadro de situación, el segundo semestre del corriente año encontró nuevamente a los docentes misioneros en las calles exigiendo un salario menos miserable y otras reivindicaciones que reviertan, en alguna medida, la progresiva pauperización de sus condiciones de trabajo.
Año nuevo, problemas viejos
En realidad, como sucede año tras año, la medida se enmarca dentro de la negociación paritaria iniciada ya en febrero pasado, la que arrastra negociaciones incumplidas del año anterior, y éste del anterior, y así sucesivamente. En aquella oportunidad, como siempre ocurre, las medidas de fuerza se iniciaron a partir de un acuerdo previo, ordenado y cuidadoso, entre los gremios oficialistas (UDPM, UDA, AMET, SIDEPP y SADOP) y el gobierno, por un aumento del 25% al básico, que alcanzaba el 35% con adicionales. Dicho acuerdo fue celebrado como superador incluso de la paritaria nacional (que acordó una suba del 27,7%), elevándose el piso mínimo del salario de un maestro de grado sin antigüedad, que pasaba de cobrar $4.400 a $5.345 en marzo y a $5.600 en agosto. Inmediatamente la CTA misionera impulsó una serie de medidas de fuerza como asambleas, marchas, corte de ruta (desalojo policial incluido), que se extendió durante 11 días y que fue sostenido por los gremios base (MPL Y UTEM) y el Frente Gremial (UDNAM y AMEDUCAB). El 11 de marzo el MPL cerró un acuerdo con el gobierno y levantó el paro de 72 horas; uno de los puntos firmados fue la garantía para iniciar la construcción de la nueva grilla salarial; otro punto fue la no sanción a los huelguistas y un aumento general de bolsillo al mes de marzo entorno al 20% para todos los trabajadores; también, se acordó mantener abierta la paritaria. Asimismo, para el sector no docente (porteros) se arregló un adicional por antigüedad al mes de abril y la propuesta de una nueva ley a reglamentarse en el primer semestre de este año (Ley Nº 160/14). El Frente Gremial denunció esto como un “acuerdo miserable” y decidió continuar el paro por dos días más exigiendo reapertura de la paritaria. Finalmente las clases se normalizaron el día 16 sin ninguna mejora al acuerdo firmado por el MPL. El mes de julio volvió a poner sobre la mesa los mismos problemas, las mismas medidas y las mismas respuestas, evidenciando no solo la consolidación del avance sobre las condiciones de trabajo de este sector de clase obrera sino, y por sobre todo, la ausencia de una herramienta política eficaz que ejerza un papel dirigente en las luchas de los trabajadores.
Una vez más…
El 22 de Julio de este año, los sindicatos oficialistas[2] acuerdan un aumento del 5% al básico y un adicional de un 7,5 % por cargo a todos los docentes que superen los tres años de antigüedad, quedando de esta forma excluidos del aumento alrededor de 2.000 docentes nuevos en el sistema e incumpliendo el acuerdo de aumentar un 10% al básico, firmado en marzo. Fue el inicio del más reciente conflicto que mantuvo por más de cuarenta y cinco días a los docentes en las calles de la provincia, con un alto nivel de adhesión de las bases, de hasta un 80%. Se podría decir que el mismo atravesó tres etapas, cada una de las cuales muestra un grado de movilización mayor que la anterior y la extensión del conflicto por fuera de la capital provincial.
La primera etapa se vincula al conjunto de medidas de fuerza impulsadas por los gremios opositores inmediatamente después del anuncio del aumento del 5%; las mismas se realizaron de manera separada y en distintos lugares de la provincia. El MPL concentró sus acampes en Montecarlo; luego de que el CGE cancelara la audiencia prevista para el día 23 de Julio, se trasladaron a Jardín América (casi 200 km al sur); en esta oportunidad declara paro por 72 horas y se acampa al costado de la Ruta 12. El día lunes 27 son desalojados después de haber mantenido un corte de ruta completo; mantienen el acampe y al día siguiente no llegan a ningún acuerdo durante la segunda audiencia con el CGE. El día miércoles vuelven a anunciar paro hasta el viernes 31. El eje de su reclamo fue, durante la primera parte del conflicto, el tratamiento de la Ley de Grilla Salarial y el blanqueo del artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo, que establece la creación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo principal es compensar la desigualdad del salario docente de aquellas provincias cuya inversión no resulte suficiente para superar las diferencias entre las jurisdicciones.
El Frente Gremial, por su parte, desarrolló medidas de fuerza en la capital provincial. El 23 de julio declaró su llamado a paro y la adhesión al reclamo, en descontento con el 5% fijado por el Estado provincial, sumando rechazos al acuerdo del 10% firmado en marzo.[3] Otro de los ejes del reclamo fue el rechazo a la posición de la escuela como un nuevo contenedor social (hecho significativo que no volvió a ser retomado durante el desarrollo posterior de la protesta). Dentro de las medidas de fuerza desarrolladas se realizó en la FHyCS de la UNaM el Foro “Otra educación es posible”, que constó de dos jornadas. El primer día intervinieron los candidatos de las distintitas fuerzas que se presentaron a elección el pasado 9 de agosto, donde presentaron sus propuestas en materia educativa; el segundo día y con la participación de dirigente sindicales de las distintas fuerzas opositoras se decidió, en el marco del foro, continuar con el plan de lucha y aumentar 48 horas más el paro sin asistencia a los lugares de trabajo.
El inicio de la segunda etapa, entonces, tiene como escenario principal de las medidas la capital provincial. El FGD, acompañado por UTEM, instala carpas frente a la Legislatura y se mantiene en ese lugar desarrollando tareas de agitación (con el objetivo de acrecentar apoyos), marchas, asambleas y una audiencia con la comisión de presupuesto que resultó en más desacuerdos. El MPL, por su parte, se traslada a la Plaza central de Posadas donde inicia huelga de hambre y desarrollan distintas medidas de fuerza, entre ellas, el corte del Puente Internacional el martes 4, por más de tres horas. Ese mismo día se eleva una nueva alternativa de aumento salarial como “parche”. El jueves 6 de agosto los gremios, que hasta entonces desarrollaron medidas de fuerza de manera separada, se unifican en una gran marcha, congregando alrededor 3.500 manifestantes, dato sumamente elevado para una manifestación a nivel provincial. Se pacta una audiencia para el día siguiente donde se habría de firmar el segundo acuerdo.
¿Compromiso con las bases?
El 7 de agosto del corriente año los gremios disidentes labraron un acta con representantes del gobierno provincial, acordando una serie de puntos como condición para levantar las medidas de fuerza impulsadas desde el 22 de julio pasado. En suma, el acuerdo firmado por unanimidad por el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), el Frente Gremial Docente (FGD), Unión de Trabajadores de la Educación Misiones (UTEM), el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, y el jefe de Gabinete Educativo Alberto Galarza, consistió en la eliminación del concepto de “pasajes”, elevando en su reemplazo el adicional del Decreto 141/15 remunerativo y bonificable del 20% del salario básico, al 30%. Otro de los puntos acordados fue modificar la equivalencia en horas cátedras para el cobro de este adicional, elevando el piso en el nivel primario a 21 horas y en nivel medio a 18 horas, además de la incorporación de un adicional del 10% para todos los docentes a partir del primer año de antigüedad; por último, se acordó que el aumento afectara de distinta manera según la antigüedad en los cargos (bonificación del estado docente) y mejorar el adicional percibido por los preceptores. El conjunto de estas medidas tiene como justificación la no “perforación” del margen requerido para el cobro del Art 9 mencionado más arriba, porque ello supondría la eliminación de ese aporte nacional. Sin embargo, el punto más controversial del acuerdo fue la declaración de un compromiso de diálogo para tratar la Ley de Grilla Salarial y, con ello, el blanqueo del art. 9, además de una modificación en el sistema jubilatorio que posibilitaría a los docentes jubilarse con 25 años de servicio y 82% móvil.
Dicho “compromiso” de diálogo da pie al desarrollo de la última etapa del conflicto y en la que es más importante detenerse. En primer lugar porque, a diferencia de lo que sucedía asiduamente en este tipo de conflictos, esta vez no hubo un reflujo luego del acuerdo sino que las medidas se retomaron duplicando su nivel de combatividad. A su vez, el gobierno reforzó todas las medidas disciplinarias disponibles, utilizando la represión directa (con más violencia que en otras ocasiones), la manipulación del Consejo General de Educación para que realice descuentos por los paros, y la puesta en funcionamiento de toda la burocracia, tanto para desacreditar las propuestas de los gremios opositores, como a través del carnerismo más directo, haciendo uso de las bases en las propias escuelas.
Círculo vicioso
A partir del último acuerdo, se pactó un primer cuarto intermedio el día 12 de agosto, que marcaría el inicio de una agenda de discusión que pusiera sobre la mesa los problemas estructurales respecto del salario de los trabajadores de la educación de Misiones. Desde entonces, una seguidilla de cuartos intermedios (6 en total), entre los docentes y el gobierno, mantuvo abierto el conflicto por más de treinta días, dos de ellos realizados sin medidas de fuerza, los restantes en medio de una protesta más general. Se instalan carpas, primero en vigilia previa a las reuniones, luego de manera definitiva en Posadas, Iguazú, Eldorado y Jardín América. Las carpas fueron los lugares de concentración, discusión y elaboración de los planes de lucha. Tantos los acampes como las marchas, en el norte de la provincia, estuvieron acompañadas de manera constante por el Sindicato de Tareferos de la CTA y los desocupados nucleados en el Polo obrero (Partido Obrero). Se realizaron múltiples marchas, las cuales progresivamente se incrementaban en número de participantes con el desarrollo de la protesta; atravesando todo el conflicto, las marchas más importantes se realizaron en los lugares donde se instalaron las carpas, sobre todo en Posadas; elementos como cacerolas, antorchas y muñecos alusivos a personajes políticos invistieron a estas medidas de un carácter más determinante. Los cortes de ruta y puentes internacionales (San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas-Encarnación y el Tancredo Neves de la Triple Frontera) también utilizaron quema de gomas; en la localidad de Santa Ana, un corte mantuvo interrumpido la circulación en la Ruta Nacional 12 por más de más de diez horas. Durante todas estas medidas, la represión estatal estuvo presente tanto de forma directa como a través de amenazas (desalojo de las carpas).
El 25 de agosto y después de tres instancias de negociación sin resultado, el jefe de Gabinete Educativo del CGE, Alberto Galarza, aprueba los descuentos a los docentes que hacen paro; a esto se suma la no liquidación de Fondo de Incentivo Docente y el Artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo. A partir de entonces comienza el punto más álgido de todo el conflicto con la sumatoria de estudiantes universitarios a las medidas de fuerza, la toma de escuelas en apoyo a los docentes (Escuela 57 de Garupá y Escuelas 778 y 746 de Iguazú). Después del 31 de agosto y luego de un nuevo intento de negociación fallida, se anuncia el inicio de Huelga de hambre seca (sin ingesta de líquido) por 72 horas de tres dirigentes sindicales[4]. El 3 de septiembre se suman a los docentes el gremio de camioneros/ filial Misiones con un llamado a paro provincial por 24 horas y una amenaza de paro de los colectiveros, que finalmente no se efectuaron. El domingo 6 de septiembre se firma el acta que cerraría el ciclo de la protesta, donde se acuerda, entre otras cosas, el aumento al maestro de grado con un año de antigüedad por $340, llegando a los $6.080 por cargo; con 10 años de antigüedad alcanzará los $7.507 por cargo y con 25 años o más de antigüedad superará los $10.000 por cargo; también la actualización de la movilidad docente (un 45%), de jubilados de 1,6 por ciento más 5,06 por ciento que corresponden al primero y segundo tramo del 2015, la puesta al día de los pagos a los comedores escolares, y un nuevo cronograma para la discusión sobre la actualización de la grilla salarial.
El viejo cuento de la “corrupción”
Luego de más de 45 días de movilizaciones los gremios docentes y las bases celebraron el acuerdo como una victoria y como la manifestación de que la unión de los trabajadores es una realidad consolidada, a la orden del día, lista a conquistar todos los derechos “arrebatados por los corruptos”. No faltó quien agradeciera a “Dios” por la constancia en la trinchera y citara alguna frase del Papa Francisco como cierre de su reflexión. No obstante, si consideramos los hechos más allá de la buena voluntad de quienes participaron activamente de todas las movilizaciones, el “desenlace” de todo el conflicto nos deja un sabor más bien amargo y una sensación un tanto pesimista. Tampoco se trata de la deslegitimación de las reivindicaciones más inmediatas de los trabajadores, en tanto y en cuanto cada vez que la clase obrera resiste al avance de la burguesía sobre sus condiciones de vida y le opone la fuerza del conjunto, pone en evidencia que no todo está perdido y que hay posibilidad de un mundo mejor.
Pero buena parte de lo conseguido es solo promesa: los ejes principales que articularon todas las movilizaciones volvieron a ser contenidos a través de compromisos de futuras discusiones, en particular la nueva grilla salarial (con ello el blanqueo del Artículo 9) y la modificación en el régimen jubilatorio. Ni hablar del acuerdo firmado en marzo que estableció la sanción de una ley que regule la inclusión del personal de servicio en la planta del CGE (en la actualidad, el mismo se encuentra municipalizado). En el acuerdo del pasado 6 de septiembre, la materialización de esta ley se redujo solamente a una escuela en toda la provincia[5]. Por otra parte, el aumento de bolsillo firmado no solamente no logró recomponer el salario provincial al promedio nacional (aun con el aumento estipulado, los docentes misioneros siguen en el ranking entre las 5 provincias peores pagas del país), sino que con las liquidaciones salariales de septiembre, luego de levantada la protesta, no se ha devuelto lo descontado durante el conflicto (punto número 1 del acuerdo), se han hecho más descuentos, y los “aumentos” percibidos y denunciados por los propios docentes van desde $0 a $200[6]. Es claro que a la burguesía provincial no la ha conmovido la huelga de hambre seca de tres dirigentes.
Por su parte, las bases mostraron una gran capacidad de movilización logrando un enorme crecimiento organizativo; no obstante, la dirección del movimiento quedo librada a direcciones gremiales que consideran soluciones dentro del marco de la disputa intra-burguesa. La intervención de la izquierda en este proceso es la expresión directa de su fragmentación como fuerza y de su falta de desarrollo como alternativa real a los programas reformistas. Nicolas del Caño y Mirian Bregman (Candidatos del PTS) se “solidarizaron” con los docentes misioneros a través de un comunicado[7] y su aporte al fondo de lucha. El Partido Obrero, por su parte, acompañó todas medidas de fuerza a través del Polo Obrero y Tribuna Docente, pero su participación en el conflicto se reduce, nuevamente, a un carácter testimonial. De cara a lo que se viene, los docentes misioneros siguen esperando el surgimiento de una dirección de clase independiente de la burguesía, que plantee las demandas elementales de los trabajadores en el contexto de la lucha más amplia, que vincula estos problemas puntuales con la degradación educativa que se vive en el país desde hace décadas, de la cual, la situación salarial docente es apenas la punta del iceberg.
Para comenzar, efectivamente, a atacar la raíz del problema necesitamos un programa socialista que defienda una escuela centralizada, que brinde conocimiento científico y homogéneo a la clase obrera, bajo control de los trabajadores y un partido que encarne este programa.
[1]El Territorio 12/11/2008
[2]Con excepción de AMET que manifestó su desacuerdo debido a que el aumento no se aplicaría al total de los docentes
[3]Punto que, en el proceso del conflicto, pasó a defender.
[4]Leandro Sánchez (UTEM), Mónica Balmaceda y Rubén Ortiz (MPL), todos pertenecientes a la Federación Nacional Docente de la CTA.
[5]El punto 6 del acuerdo firmado en dicha oportunidad reza: “El gobierno se compromete a arbitrar los mecanismos para que durante el mes de septiembre del 2015 se culmine la contratación de las cocineras de la escuela 745.”
