LA POLÍTICA DE LA MEMORIA Y LA MEMORIA DE LA POLÍTICA EN ARGENTINA

Aunque los siguientes dos textos pueden ser vistos como una unidad, en tanto hablan de la  «memoria»,  han  sido concebidos en forma independiente. El motivo de que compongan un «mini» dossier radica en que estamos empeñados en suscitar debate acerca de conceptos tales como «genocidio», «guerra», etc.. En este caso, lo que une a los trabajos es la negativa a considerar a los desaparecidos o encarcelados por el Proceso como «víctimas», reafirman do su condición de luchadores, aún en las peores condiciones.

Por Inés Izaguirre (Docente e investigadora del Instituto  Gino Germani, F. Cs. Sociales (UBA), y del CONICET)

1. El pasado presente

El lunes 2 de febrero de 1998, leo el siguiente cable recibido de Madrid en el diario La Nación, de Buenos Aires :

Rememoran la pesadilla de una familia. Marta Bettini, ciudadana argentina oriunda de la ciudad de La Plata, abogada en ejercicio en España, exiliada desde los primeros tiempos de la dictadura, rememora ante el juez Baltasar Garzón^[1] la pesadilla de su familia, que hace dos décadas fué víctima de la represión. Su hermano, su padre, su esposo y su abuela fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Bettini acudió al juzgado a raíz de las declaraciones de Adolfo Scilingo, que refirió al juez que en la ESMA^[2] se había hablado mucho del caso porque el teniente Jorge Alberto Devoto (esposo de Marta) tenía allá varios amigos y compañeros de promoción, lo que no impidió que allí terminara su vida, secuestrado por éstos y arrojado al mar durante uno de los vuelos de la muerte. Devoto, que pidió el retiro porque no estaba de acuerdo con la política represiva, era un traidor para la Armada. El drama comenzó en noviembre de 1977, cuando Marcelo Gabriel Bettini, uno de los hijos del profesor universitario de La Plata Antonio Bautista Bettini, fue asesinado… frente a la Facultad de Agronomía de La Plata. El profesor Bettini y su yerno, el teniente Devoto, buscaron el cadáver del muchacho hasta dar con él en una fosa común, enterrado como NN. Estaba acribillado a tiros… Tiempo después fué secuestrado el chofer de la familia. Bettini buscó también a su empleado, secundado por su yerno, y ambos se  dirigieron a la Base Naval de Rio Santiago (cercana a La Plata) para indagar sobre su suerte. Al día siguiente un grupo de tareas se llevó al profesor Bettini y advirtió al joven marino ‘que no se metiera más en ésto’. Pero Devoto insistió, y acudió a la sede central de la Armada para entrevistarse con sus antiguos superiores. No volvió a aparecer. Estuvo en la ESMA y fué arrojado al mar. No se sabe si fue torturado.

Este relato estremecedor es uno más de los innumerables testimonios que han dado los familiares de desaparecidos y asesinados en Argentina ante Organismos de Derechos Humanos, ante la CONADEP, y ante diversas cortes judiciales, desde el momento que las fuerzas estatales y paraestatales secuestraron y desaparecieron a sus familiares, antes y durante la dictadura militar de 1976-83. Lo hemos seleccionado porque ha sido reiterado hoy, a más de veinte años de aquellos hechos, ante una corte española (Cfr.nota 1). La casi única excepcionalidad de este caso es que se trata de la familia de un joven militar desaparecido, uno de los pocos que solicitó la baja de su cargo por discrepar con sus superiores acerca de la metodología represiva. Los principales responsables de aquellos hechos, las Juntas militares, fueron procesadas y condenadas en Argentina en 1985, pero a fines de 1989 fueron indultados por el gobierno peronista del presidente Menem, apenas asumido su cargo, culminando un controvertido proceso de institucionalización de la impunidad en la Argentina. Ese proceso ha sido muy resistido en cada etapa por buena parte de la sociedad. En este trabajo analizaremos el doble aspecto de aquel proceso: 1) el que intentó configurar desde el poder una política de la memoria que ha sido en realidad una politica de olvido sobre el pasado reciente y 2) el inicio de su deconstrucción, a partir de la lenta constitución de una memoria de la política desde la perspectiva de quienes fueron derrotados en aquel período. Tal como nos recuerda Habermas : «En un país sin historia ( o con su historia en disputa,I.I.), el que logra dar contenido a la memoria, define los conceptos e interpreta el pasado, gana el futuro«^[3]. Estas reflexiones nos advierten que «la memoria» no es una mera función intelectual, vinculada al recuerdo de la «historia» de los hechos objetivos. El registro de los hechos, su conocimiento, es el resultado de una construcción^[4], en la que los sujetos experimentan un proceso de sucesivas reorganizaciones de los datos conocidos que tienen lugar siempre en situaciones de confrontación: de los sujetos entre sí, de los  sujetos y la realidad, que a su vez modifica la experiencia de los sujetos -y de las versiones discursivas, o ideológicas de la realidad que los sujetos producen. Este proceso de conocimiento es lo que, desde distintos cuerpos teóricos se conoce como «toma de conciencia»^[5], y desde la perspectiva del registro y la interpretación de los hechos externos se suele llamar «memoria».

2. La impunidad: una política de la memoria, desde el poder

Los hitos principales de ese proceso por el cual los autores de delitos de lesa humanidad lograron eludir las acciones judiciales tuvieron sus avances y retrocesos. Durante 1983, último año del gobierno militar, en crisis luego de su derrota en la guerra de Malvinas, éste pergeñó una ley de autoamnistía para todos los militares acusados de hechos aberrantes durante la llamada «guerra sucia». Esa ley de autoamnistía fué declarada nula  apenas asumido el gobierno radical del presidente Alfonsín en diciembre de 1983. Los dos primeros años del gobierno democrático fueron quizás el momento de mayor esperanza para aquella parte de la sociedad que reclamaba justicia. Se pusieron en práctica diversas medidas tendientes a registrar oficialmente las denuncias de desapariciones y asesinatos. Para ello se creó la CONADEP (Cfr. nota 4), que, además de incorporar las denuncias que habían sido efectuadas ante los organismos de Derechos Humanos durante la dictadura ( unos 6000 casos) en las peores condiciones de miedo y represión, recibió alrededor de 3600 denuncias nuevas^[6]. Inmediatamente se llevó a juicio a las Juntas Militares tomando los testimonios de la CONADEP como parte de las pruebas contra ellas, y condenando a fines de 1985 a sus principales miembros a reclusión perpetua y a la pérdida de la condición militar. La repercusión social de estos juicios tanto dentro como fuera del país, y la difusión pública durante meses de los hechos atroces padecidos por los sobrevivientes, permitió identificar además a muchos otros jefes y subordinados militares como ejecutores directos de innumerables acciones criminales. Esto se logró a pesar de las notorias presiones para difundir lo menos posible las sesiones del Juicio a las Juntas, al punto que la difusión por TV en Argentina se hizo sin sonido.

Pero en los Tribunales se seguían iniciando nuevos juicios contra los militares a medida que se probaba la ejecución de  otros actos atroces y se individualizaba a sus autores. Esto llevó al gobierno, presionado por los militares y otros grupos de poder a proponer al Congreso el dictado de una ley (No. 23492) que luego se llamó de Punto Final, promulgada el 24 de diciembre de 1986, que estableció un plazo máximo de 60 días para el inicio de nuevos juicios contra militares, con lo que se pensaba cerrar el ciclo judicial en aras de una supuesta reconciliación de los argentinos. Pero el efecto político de la ley resultó exactamente el inverso al buscado desde el gobierno, ya que numerosas familias que hasta ese momento eran remisas a la denuncia judicial iniciaron nuevas demandas dentro del plazo de ley, al punto que el número de juicios en curso se incrementó entre tres y cuatro veces, tal como lo acaba de declarar el propio Alfonsín, admitiendo que la promulgación de aquella ley fué un «error»^[7], pues no logró «calmar» a los militares. En efecto, los conatos de sublevación militar no fueron meros productos de la imaginación de los gobernantes.

El primer alzamiento militar que tenía como objetivo la interrupción de los procesos judiciales en marcha se conoce como alzamiento de «Semana Santa», de abril de 1987. Estuvo a cargo de una fración nacionalista del Ejército formada por cuadros medios y conocida como «carapintada», conducida por el Tte. Coronel Aldo Rico, y cuyo ideólogo máximo era el Te. Coronel Mohamed Alí Seineldín^[8] que reivindicaba no solamente la lucha contra la subversión sino su actuación en la guerra de Malvinas, y se declaraba enfrentada a las cúpulas del ejército. Prácticamente sin ninguna conducción militar dispuesta a defenderlo, el Gobierno, temeroso de las consecuencias institucionales no supo aprovechar el enorme apoyo popular con que contó hasta entonces, y dió otro paso atrás: elevó al Congreso ese mismo mes la ley de «Obediencia debida» (No. 23521) donde sólo se aceptaba la sustanciación de juicios a aquellos militares con responsabilidades de mando y conducción durante los hechos denunciados (unos 34), y se perdonaba a los procesados que «hubieran cumplido órdenes» (más de 1000). Esta Ley fué un verdadero hito en el logro de impunidad para quienes habían secuestrado, torturado y desaparecido o asesinado personas, pero no logró frenar las sublevaciones: En diciembre de 1987, Rico «se escapa» del cuartel donde estaba detenido y vuelve a sublevarse en Monte Caseros. Al poco tiempo el ejército le da la baja. Transcurrido un año, en diciembre de 1988, se subleva en Campo de Mayo el Coronel Mohamed Alí Seineldín, acción que culmina en los cuarteles de Villa Martelli.

Ante la posibilidad de un nuevo golpe militar un mes después, en enero de 1989, se produce el intento de toma del cuartel de Tablada por un grupo de activistas de izquierda, el que es ferozmente reprimido por el ejército. Menem, que asume el gobierno el 9 de julio de 1989, seis meses antes del plazo jurídicamente previsto, indulta en octubre de 1989 a todos los militares juzgados y también a los procesados, incluídos los amotinados durante el gobierno de Alfonsín. No obstante, el 3 de diciembre de 1990, se amotina otro grupo carapintada en el Regimiento de Palermo, movimiento que se extiende a otras guarniciones. Está al mando del mayor Abete, discípulo de Seineldín, quien estaba preso desde la sublevación anterior. Esta vez Menem, con mayor decisión que su predecesor y con mayor apoyo militar y político, ordena reprimir. El saldo fué de 12 muertos, de ambos bandos, cerca de 200 heridos y 350 detenidos. Seineldín y otros oficiales sublevados fueron condenados a prisión perpetua. Desde entonces no ha habido más rebeliones militares. Pero hubo desde el poder nuevos intentos por reforzar la impunidad. El 2 de noviembre de 1994, a los pocos días que las declaraciones de los oficiales marinos Rolón y Pernías (cfr. nota 2) producían una serie de réplicas desde distintos sectores de la sociedad, el presidente Menem, en medio de una escalada verbal que comienza ambiguamente, reivindicando «el triunfo de la ley»  realiza una flagrante apología de la dictadura en el Edificio Libertador, sede del Ejército: «Nosotros, gracias a la presencia de las FFAA, en este caso el Ejército -lo cortés no quita lo valiente- triunfamos en esta guerra sucia que puso al borde de la disolución a nuestra comunidad». Curiosamente, mientras Pernías acababa de afirmar en el Senado que «la única ley» que regía durante la guerra sucia»era la tortura», Menem interpretaba que había triunfado «la ley»^[9]. El rechazo desde distintos lugares de nuestra sociedad no se hizo esperar -organismos de derechos humanos, intelectuales , periodismo independiente, dirigentes de partidos de oposición- pese a lo cual el jefe de gobierno continuó sus irritantes declaraciones hasta que los datos que comenzaron a surgir de diversas encuestas de opinión mostraron que una gran parte de la sociedad las rechazaba.

Cabe ahora preguntarse por el sentido de este esfuerzo hecho desde las entrañas del poder, por producir lo que podríamos llamar efecto de normalización. Debe recordarse que este tipo de operaciones «de inteligencia» siempre tienen lugar después de una confrontación armada, y es un mecanismo que los grupos dominantes utilizan para consolidar su hegemonía. Recordamos un caso exitoso de «normalización» de una guerra genocida, y es el que tuvo lugar en Estados Unidos a partir de la derrota de Viet Nam . La protesta social que se levantó en el pueblo norteamericano desde los primeros años 70, a medida que se acercaba el desenlace de la guerra, sumado a la condena internacional de las acciones bélicas a partir de las denuncias hechas por el Tribunal Russell, comenzaron a ser encubiertas y desplazadas desde el gobierno por las imágenes triunfalistas de la segunda guerra mundial. En menos de una década, las imágenes sobre Viet Nam habían cambiado, y se había preparado el «clima» adecuado para una nueva guerra, que conduciría el gobierno de Reagan. En Argentina, la presencia vigilante de los familiares organizados y de los Organismos de Derechos Humanos ha impedido en cambio que la consagración legal de la impunidad sea aceptada por la conciencia social y los ha llevado a tratar de encontrar justicia en otros estrados, fuera de nuestras fronteras^[10]. El avance jurídico de las convenciones internacionales, que expresa un avance ético, les está dando la razón.

3. La memoria de la política: Cómo son pensados socialmente los enfrentamientos de los 70

En el espectro de opinión democrática que hoy rechaza fuertemente lo ocurrido durante la dictadura militar, existen fuertes obstáculos de carácter ideológico y epistemológico para (1) reconocer la existencia de fuerzas sociales en pugna, (2) identificar su carácter de clase y (3) hacer observables los procesos de lucha armada entre aquellas dos fuerzas sociales y conceptualizarlos como guerra^[11]. Encontramos en cambio otros modelos de confrontación socialmente vigentes, que operan como contenido de aquellos obstáculos. Uno de ellos, muy difundido a traves de los medios de comunicación durante el período que siguió a la dictadura militar, y reinstalado hoy desde que comenzaron las «confesiones» militares (cfr. nota 2), tiene que ver con el primer tipo de obstáculo: lo reduce a una guerra entre aparatos armados, o sea entre fuerzas militares; en el lenguaje periodístico se lo conoce como teoría de los dos demonios. Esta visión recortada impide reconocer la totalidad de la fuerza social a la que pertenece cada fuerza armada. La operación conceptual tiene su precio : son las fuerzas armadas legales las que aparecen legitimadas en sus acciones, aunque se reconozca que «se excedieron», y que una parte de sus miembros (no las instituciones) cometió crímenes de lesa humanidad. Otra consecuencia consiste en que el conjunto social del cual formaron parte ejecutora y visible las fuerzas armadas legales (grandes empresarios, jueces, jerarquía eclesiástica, ex altos funcionarios y una porción «cómplice» de la población) es raramente percibido en su articulación con aquellas en el pasado. Lo mismo ocurre con el conjunto social del que formaba parte la otra fuerza, la de los grupos revolucionarios, o de la subversión, que incluyó en su seno a una amplia franja de cuerpos indóciles a las directivas del régimen de dominio: dicho conjunto social aparece desdibujado, negado, como si nunca hubiera existido , pese a que cortaba transversalmente a la sociedad argentina^[12]. Se lo limita al marco estrecho de las organizaciones armadas. Esta conceptualización parcelada encubre el carácter social de la confrontación, ya que al no percibirse fuerzas sociales en pugna -o sea conjuntos sociales articulados y en oposición- tampoco puede percibirse su carácter de clase, que siempre está presente cuando una confrontación tiene tal envergadura que corta en dos a la sociedad. Los enfrentamientos que libran ambas fuerzas sociales no implican necesariamente la existencia de grandes combates materialmente armados, los que pueden darse o no, pero sí suponen grandes alineamientos sociales alrededor de un eje de disputa -un modelo de país por ejemplo- frente al cual se movilizan o toman partido las distintas fracciones sociales, que tienden a articularse en dos grandes fuerzas con estrategias de clase antagónicas^[13]. 

Existe además otra mirada sobre aquel período, firmemente sustentada por la mayor parte de los organismos de derechos humanos, que niega la guerra porque focaliza las acciones represivas en una sola fuerza, con una sola vección: la del estado terrorista como represor y generador de violencia ilegítima, tanto más grave por provenir de quien es responsable del mantenimiento del orden jurídico. Los organismos han consagrado en el lenguaje palabras fuertes, no mistificadoras para designar aquellos hechos: masacre, genocidio, terrorismo de estado.  Pero niegan la guerra como concepto, como gran parte de la sociedad argentina. La imagen subyacente de una guerra es la de los combates a campo abierto, que se origina en las guerras napoleónicas. Pero a partir del desarrollo de las centrales de inteligencia en la segunda guerra mundial esa forma de guerra ha cambiado. Y nosotros nos preguntamos: ¿ Qué designa la palabra guerra que aquellas otras palabras omiten ? A mi entender la guerra implica siempre masacre y genocidio, y en la Argentina hubo además un estado terrorista que la llevó adelante. Pero el núcleo «guerra» remite a «confrontación». Remite a la existencia de fuerzas políticas en pugna, no sólo a ejércitos enfrentados.  Al no reconocerla, son nuevamente las fuerzas armadas legales las únicas que aparecen legitimadas en el ejercicio del monopolio de la violencia estatal. La fuerza aparece estando de un sólo lado. A nivel del conocimiento implica admitir que la represión, o el genocidio, se habría aplicado sobre un pueblo «desarmado», moral y materialmente. En el pueblo sólo habría «víctimas», no luchadores. Esta representación de los hechos, que llamaremos modelo de no confrontación es quizás la más difundida en la sociedad y se originó en los peores momentos de terror que  debieron afrontar los familiares de los prisioneros secuestrados. Durante mucho tiempo no se nos reveló de ese modo, porque era un temor nuevo, desconocido. Temor a ser identificado como subversivo o como cómplice, y correr el mismo destino incierto que aquellos, lo cual no era una fantasía, como vimos en el testimonio inicial. He tenido oportunidad de reflexionar con algunos dirigentes de Derechos Humanos sobre este tema. El argumento que dan, y es atendible, es político: «No utilizaremos la terminología del enemigo. Acá no hubo guerra; fué una cacería». Nosotros en cambio pensamos que en Argentina hubo un largo proceso de luchas sociales-político-militares en condiciones de guerra, que culminaron en un genocidio, precisamente a partir del 24 de marzo de 1976. En los últimos años sin embargo, y con más fuerza a partir de las «confesiones» militares, los familiares han comenzado a reivindicar públicamente en sus desaparecidos el atributo de luchadores sociales, que va sustituyendo a la categoría de «víctimas». Se estaría recuperando la omisión de una memoria de la política, largamente descalificada y demonizada por la dictadura.  Lo notable es que este cambio conceptual progresivo no ha producido aún alteraciones en el modelo de no confrontación, y persisten ambos, invocados por las mismas personas, como construcciones ideológicas paralelas, entre las que no se logran despejar las contradicciones.

Pero hay además otros procesos que han hecho de la guerra un inobservable.  Aunque parezca extraño, se trata de una imagen que las propias fuerzas armadas buscaron deliberadamente no difundir mientras cometían sus tropelías. Aunque hacía varios años que estaban convencidas de que estaban librando una guerra (contra el comunismo, el terorismo, la subversión) reconocerlo oficialmente en plena dictadura hubiera implicado otras responsabilidades que no estaban dispuestas a asumir. Recién a fines de marzo de 1981, en ocasión de cumplirse el quinto aniversario del golpe y  caducar la primera Junta Militar los militares comienzan a hablar oficialmente de guerra. Es cuando el Ministro Harguindeguy, en un discurso publicado en la edición internacional del diario La Nación del 30 de marzo de 1981, oficializa la noción de guerra «sucia»^[14].

4. Contrainsurgencia y guerra revolucionaria

¿Por qué esta nominación tardía? Las explicaciones son de diverso orden. Una entra en la categoría jurídico-político-militar: Los principales grupos armados revolucionarios, ERP y Montoneros -que también consideraban que estaban en guerra- habían iniciado gestiones desde los primeros meses de 1975 para ser reconocidos como fuerza beligerante en Naciones Unidas, ya que ese reconocimiento tiene un estatuto jurídico que hubiera obligado a las fuerzas en pugna a respetar las convenciones internacionales sobre trato de prisioneros. De haberse admitido legal y públicamente desde el gobierno que había una guerra al interior de la sociedad, las fuerzas armadas del Estado hubieran debido rendir cuentas ante los otros poderes y no habrían podido aplicar en forma masiva los procedimientos que aplicaron. Pero hacía más de una década que sus oficiales jóvenes recibían otro tipo de formación militar en las escuelas norteamericanas, y aunque la definición de la «guerra contra la subversión» como guerra de exterminio parece haberles producido disidencias al interior^[15], éstas se resolvieron mucho antes de emprender el llamado Operativo Independencia. Este se llevó adelante en la Provincia de Tucumán a partir de febrero de 1975, y fué lo más parecido a una guerra convencional, pues se necesitó un decreto del Poder Ejecutivo para emprenderlo (No.256 del 5/2/75), si bien fué acompañado de un texto «secreto», firmado el mismo día. En el Artículo 1o. de dicho Decreto se ordenaba a las Fuerzas Armadas «aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán».  Pero en el resto del país y desde hacía por lo menos dos años, los «operativos» antisubversivos los llevaban a cabo grupos clandestinos, paramilitares y parapoliciales.

Como unos pocos investigadores hemos tratado de mostrar, esa confrontación social, bajo la forma de una guerra larvada, había comenzado mucho antes^[16]. Juan Carlos Marín contabiliza, en los casi tres años que median entre el 25 de mayo de 1973, fecha del inicio del gobierno peronista de Cámpora, hasta el 23 de marzo de 1976, día anterior al golpe militar que iniciaría la dictadura, un total de 8502 hechos armados registrados de los diarios, en los que se enfrentaban cotidianamente fuerzas de seguridad y grupos clandestinos, contra distintas expresiones de la fuerza social popular: manifestantes, militantes gremiales, políticos, estudiantiles y también grupos armados revolucionarios. Marín precisa que en el primer año de esta guerra civil no reconocida, el 80 % de las bajas fueron militantes de base y masas movilizadas «no armadas» con armas de fuego. En realidad, la decisión de aniquilar a los destacamentos más militantes de las clases populares se había construído a partir del Cordobazo, en mayo de 1969, momento en que se militariza la provincia de Córdoba, contra las manifestaciones de protesta obrera y estudiantil. Varios cuadros dirigentes de las fracciones más regresivas de las fuerzas armadas y policiales que actuaron en el Cordobazo junto a dirigentes sindicales y políticos de derecha, formaban parte, desde la guerra de Argelia, de la llamada Internacional Fascista. En Argentina, a partir de 1973 dicha organización clandestina se llamó Triple A, o Alianza Anticomunista Argentina (AAA)^[17]. El funcionamiento cotidiano de estos comandos paramilitares se produce a partir de la llamada masacre de Ezeiza -en realidad un combate a campo abierto- producido el 20 de junio de 1973^[18], cuando una multitud de más de un millón de personas se autoconvoca para recibir a Perón que volvía de su exilio, y cuya cabecera de columna es ametrallada por comandos de derecha en las inmediaciones de la localidad de Ezeiza^[19]. Durante esos tres años 1973-76 del gobierno constitucional peronista, la investigación de Marín contabiliza 1543 muertos, y casi 1500 heridos. Nosotros registramos además en el último año del período más de 5000 presos políticos y unos 1000 desaparecidos.

Un dato sumamente importante para la caracterización de estos enfrentamientos previos a la dictadura del 76, es que, del total de 8502 hechos armados, la mitad son iniciados por fuerzas del campo de la «antisubversión» y la otra mitad por fuerzas del campo de la «subversión», lo que fundamenta nuestra conceptualización del período como de guerra, con el agregado de que, a medida que nos acercamos al momento del golpe, las cifras de muertos son en su mayor parte del campo popular, claro indicador de guerra perdida. Pero una vez producido el golpe militar, el no reconocimiento oficial de lo que se estaba haciendo mientras se lo estaba haciendo forma parte de las características estratégicas del tipo de confrontación librada -que los manuales militares posteriores a Argelia y Vietnam llaman contrainsurgencia o guerra de baja intensidad– plena de actos inconfesables, no visibles, y por lo tanto impunes, donde el enemigo es la porción disidente de la propia población, una parte de la cual afirmaba estar librando una guerra revolucionaria sin advertir su derrota. En realidad, cuando los militares toman el gobierno el 24 de marzo de 1976 se cierra una etapa en esa confrontación no reconocida por el conjunto social entre fuerzas sociales antagónicas, y se inicia otra a la que, por sus consecuencias, le cabe el atributo genocidio. El genocidio siempre se produce cuando se ha logrado fragmentar y aislar a una de las fuerzas. Todas las resistencias, que fueron muchas, que se opusieron al exterminio, se dieron en condiciones objetivas de aislamiento^[20].

A partir de ese momento el poder ejercido desde el gobierno del estado fue omnímodo, e incluyó también el apoderamiento discursivo, que transformó la disidencia, la protesta organizada y la acción política en formas de la delincuencia subversiva. El castigo de toda forma de militancia o resistencia, se unió a las formas rutinarias de funcionamiento institucional. Fue posible simultáneamente una rutina de las instituciones burocráticas, económicas y sociales que se reflejaba en las noticias habituales de los diarios del período «como si nada pasara» y un funcionamiento secreto y siniestro que la mayoría aprendió a negar, pero cuyas huellas también estaban presentes en los mismos diarios. León Ferrari, artista plástico argentino y padre de un joven desaparecido, recopiló en 1992 en forma artesanal, las noticias aparecidas en los diarios de 1976, en el primer año de la dictadura militar, de mayo a diciembre. Reúne más de 400 noticias referidas a actos represivos, secuestros, asesinatos, hallazgos de cadáveres y reclamos al gobierno por niños secuestrados, que si bien constituyen una pequeña parte de lo que realmente ocurría, dan cuenta del clima de terror que vivía la sociedad y de la fuerte negación de la realidad implícita en lo que luego se  constituyó en una disculpa que da título a la recopilación: «Nosotros no sabíamos»  ¿ Qué era «lo que realmente ocurría»? Si consideramos tan sólo el proceso de desapariciones en la fuerza social popular, encontramos la siguiente secuencia sobre un total de 11.562 denuncias.

En el «Informe sobre Desaparecedores«, Federico Mittelbach^[21] ha señalado también el carácter simultáneamente público y secreto de la organización militar que llevó adelante las operaciones contrainsurgentes. El carácter público estaba dado porque los jefes militares a cargo de las 5 zonas, 19 subzonas y 117 áreas en que se cuadriculó la totalidad del territorio nacional, y que era un cuerpo » de elite» con entrenamiento especial en guerra antisubversiva, también atendía la rutina militar diaria. El carácter secreto estaba dado por la composición de los grupos de tareas al mando directo de aquella oficialidad -que no formaban parte de los cuerpos militares de rutina y que incluían a los servicios de inteligencia de cada fuerza y al personal «especializado» tanto militar como de seguridad- y por la existencia de los campos clandestinos de concentración de prisioneros que dependían de los comandos de zona. La clandestinidad del aniquilamiento, que es un objetivo propio de la guerra contrainsurgente, tiene la función de encubrir el proceso mismo de la guerra, y de impedir a los distintos componentes de la fuerza enemiga, pero sobre todo al conjunto social -de donde aquella se nutría-  que haga una lectura correcta de los hechos. El «engaño» forma parte de toda estrategia de guerra, pero en este tipo de confrontación es decisivo y multidireccional^[22]. A la fracción armada  materialmente le impedía mirar qué estaba pasando con el conjunto de la fuerza, cuyo armamento era sólo moral; a esta última se la debilitó progresivamente mediante el terror producido por las acciones de «efecto siniestro», es decir las acciones que son al mismo tiempo secretas y clandestinas pero de las que «algo» terrorífico se sabe. En estas condiciones, reconocer que en la Argentina ha habido una guerra -aunque se esté en contra de ella- sólo ha sido posible para algunas pequeñas y aisladas fracciones sociales, particularmente para quienes sabían y reconocían la pertenencia o la cercanía de sus hijos a un grupo armado. Admitir esta caracterización de los hechos -reconociendo la confrontación entre dos fuerzas sociales- hubiera posibilitado la transformación categorial del «delincuente subversivo», sujeto desvalorizado del ámbito penal, en un antagonista con legitimidad propia. Por su parte, los familiares de quienes formaron parte de la fuerza derrotada como militantes o luchadores sociales moralmente armados –buena parte de los cuales constituyen los dos tercios que fueron secuestrados en sus domicilios^[23]– no podían llegar por sí solos a esa caracterización puesto que tampoco sus hijos se habían visto a sí mismos formando parte de una «fuerza armada» con armas de fuego, aunque sí se hubieran sentido parte del mismo movimiento social radicalizado y contestatario, moralmente armado. Para el resto de la sociedad, las dificultades de registro e interpretación de los hechos siguen siendo grandes, particularmente para las nuevas generaciones, pero hay signos alentadores.

5. La memoria de la política: las «confesiones» y el inicio del proceso de recomposición de la fuerza moral

Desde el retiro de la última dictadura militar, empujada por la descomposición y la fractura que produjo en su seno la pérdida de la guerra de Malvinas, y el reinicio de la democracia parlamentaria, los gobiernos radical y peronista dieron pasos muy concretos en la dirección de instalar en la sociedad un supuesto proceso de «reconciliación» entre las fuerzas enfrentadas en los 70. Sus hitos principales se han expresado en el orden jurídico, tal como señalamos más arriba. Es el efecto de verdad que el poder produce y transmite, tratando de gestar, en la etapa «política», nuevas relaciones sociales que sustituyan a las que han sido destruídas en la etapa de «guerra»^[24]. Las primeras «confesiones» militares de los años 1994 y 1995 (Rolón, Pernías, Scilingo, cfr. nota 2) comenzaron expresando una fisura en el bando militar indicado por el reconocimiento por primera vez, de que habían cometido actos aberrantes, «obedeciendo órdenes» superiores y de que toda la fuerza había participado en ellos. En esos casos fueron acompañadas de un reclamo a los «jefes» por haber abandonado a los oficiales a su suerte, ya que todos negaban que tales órdenes hubieran existido, lo que les permitía ascender en la escala jerárquica, mientras ellos habían quedado estancados en su «carrera» militar. Pese a esta naturalización de sus conductas atroces^[25] hay que reconocerles una virtud que el movimiento de Derechos Humanos ha sabido aprovechar: se ha roto el pacto de silencio que durante tantos años logró mantener la corporación militar.

La conmoción producida por tales confesiones -por primera vez se admitía no sólo la tortura sistemática sino que se habían tirado prisioneros vivos al mar desde los aviones de la Armada- luego se reconocería que también el ejército lo había hecho -con la previa bendición de capellanes y obispos de la iglesia católica^[26]– tuvo varios efectos: primero, llevó a los familiares a la búsqueda de otros estrados judiciales donde estas palabras pudieran ser escuchadas (cfr. nota 1), y segundo, impulsó al Jefe de Estado Mayor del Ejército, Gral. Balza, a retomar la iniciativa en las declaraciones en mayo de 1995. Por primera vez un general en actividad^[27] reconoció públicamente la ilegalidad de los procedimientos de la guerra «contra el terrorismo», y la «inmoralidad de la obediencia a órdenes inmorales», contrariando  el contenido de la famosa ley de «obediencia debida». En las pasadas semanas Balza también salió a rebatir las recientes y provocativas declaraciones del capitán Astiz ( Cfr. nota 2), en las que el reconocimiento de lo actuado no incluye ninguna crítica. Estas se producen como réplica a dos tipos de situaciones: el pedido de anulación de las leyes de Punto final y Obediencia debida, presentado el día 6 de enero de este año en la Cámara de Diputados por un grupo de cinco diputados del Frepaso y los avances que están logrando los familiares en el juicio de España contra cada vez más numerosos personeros de la dictadura: el pedido de captura contra varios jefes de la Armada, junto al descubrimiento reciente de varias cuentas cifradas en Bancos Suizos, a nombre de miembros del ejército y la marina, con cifras de dinero escandalosamente abultadas, producto de lo que ellos mismos llamaron en su momento «botín de guerra».^[28]

Que los tiempos han cambiado, y que las mayorías populares en la sociedad argentina están recuperando su fuerza moral y su confianza^[29] lo prueban los hechos que relatamos, producidos en el contexto del resultado electoral del 26 de octubre último, en que el gobierno perdió las elecciones vencido por una Alianza electoral de fuerzas opositoras entre cuyas banderas figura la defensa de los derechos humanos, unido al dato no menor de la baja del capitán Astiz de su condición militar. Cualesquiera sean las conductas políticas reales que asuman los partidos en el futuro, estimo que van a tener que vérselas con una gran porción de la sociedad mucho más dispuesta a exigirles que cumplan sus promesas. Forman parte de esos dos tercios de población que recientes encuestas indican que quiere apropiarse de su pasado para poder intentar conducir su futuro, que desea hacerse res-ponsable -etimológicamente, dar respuesta- por los hechos del pasado, negándose a la complicidad con aquellos personajes que nos sometieron, y que no acepta seguir diciendo «Nosotros no sabíamos» .

                                                                                                   Febrero de 1998

Argentina 1971-83. Desapariciones, por año de secuestro

Notas

^[1] El Juez Baltasar Garzón inició hace ya dos años, a pedido de familiares de desaparecidos de origen español de Argentina, un juicio contra el Estado argentino por el delito de desaparición forzada, que no tiene prescripción en el derecho internacional.

^[2] La Escuela de Mecanica de la Armada fué el más grande centro clandestino de detención y tortura. Se estima que por sus dependencias pasaron alrededor de 5000 prisioneros, de los que sólo salieron con vida alrededor de 100.

^[3] Citado por John Torpey, «Habermas y los historiadores»,  en Punto de Vista, año XII, No. 36, diciembre de 1989, pág. 15. Traducido de New German Critique, nº 44, 1988.

^[4] Seguimos en este punto los conceptos de la epistemología constructivista de Jean Piaget y Rolando García. Cfr. Piaget, Jean, La representación del mundo en el niño (1933) Madrid, Morata, 1984, y La toma de conciencia (1976), Madrid, Morata, 1981, y Piaget, J. y R. García, Psicogénesis e Historia de la Ciencia, (1982) México, Siglo XXI, 1984.

^[5] Sobre el tema de las condiciones sociales de la toma de conciencia y los estadios de la misma, cfr. Marx, Karl: «El fetichismo de la mercancía y su secreto», El Capital, tomo I, cap.1, parágrafo 4.  México, FCE, 1973. y «En torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Introducción», en Escritos de juventud (1843-44), Obras fundamentales, tomo I, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Desde la epistemología constructivista cfr. bibliografía en nota 6.

^[6] Posteriormente, a medida que se producían nuevas situaciones legales que ofrecían indemnización a los familiares de desaparecidos, se siguieron efectuando nuevas denuncias, sobre todo de personas del interior del país, más aisladas y de menores ingresos. Hasta el momento se han sumado unos 2000 casos nuevos.

^[7] Conferencia de prensa convocada por el ex presi-dente Alfonsín el 4 de febrero de 1998, luego de la frustrada sesión parlamentaria donde se intentó derogar las leyes de «Punto Final» y de «Obediencia debida». Ver diarios del 5 de febrero de 1998.

^[8] Seineldin formaba parte de los cuadros medios de derecha nacionalista del Ejército, y ha sido denunciado como parte de la conexión entre la Triple A y el Ejército desde 1973. Su entrenamiento en guerra contrainsurgente lo llevó a cubrir misiones contrarrevolucionarias en Centroamérica desde fines de los 80. (Cfr. Bonaparte, Laura: «El mundo guarda silencio. La tragedia de Cañuelas», Buenos Aires, Ed. Catálogos, 1993, pág. 39 y ss. Laura Bonaparte es Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y ha sufrido la pérdida de 7 miembros de su familia).

^[9] Verbitsky, H.: El vuelo, Planeta, 1995, p. 23.

^[10] En octubre de 1992, a petición de diversos Organismos de Argentina, y de numerosos particulares damnificados, la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA declaró a todos los instrumentos jurídicos consagratorios de impunidad implementados desde el gobierno, violatorios de la Declaración y de la propia Convención signada por Argentina.

^[11] Lo característico de la guerra es que los enfrentamientos 1. toman la forma de combates armados, 2. que estos se producen entre dos fuerzas sociales ar-madas moral y materialmente (aunque los encuentros pueden llegar a ser individuales) y 3. que por lo me-nos uno de los dos bandos está decidido a aniquilar a su oponente, y organiza su estrategia ofensiva o defensiva para ello. De allí que el grueso de las bajas toman la forma de muertos, heridos, o prisioneros.

^[12] La distribución socio-ocupacional de los prisioneros desaparecidos era la siguiente: burguesía empresaria: 3,2%; capas medias acomodadas: 13%; peq. burguesía independiente, 16,6%; asalariados urbanos cali-ficados con condiciones de vida de sectores medios, 32,5%; y asalariados urbanos y rurales con condiciones de vida obrera, 34,7%. Cfr. Izaguirre, 1992, p. 46 y ss.

^[13] Marx, en El 18 Brumario (1852), y en los trabajos sobre la Comuna, (1871) Obras Escogidas, Moscú, Ed. Progreso, 1955, es el primero que analiza y hace observables tales confrontaciones entre  fuerzas sociales mientras se desarrollan las jornadas revolucionarias de 1848 en Francia que culminan en 1851 con el golpe de estado de Luis Bonaparte. A la fuerza que defiende los intereses de la burguesía la llama «el partido del orden», y a la que se le opone «el partido del proletariado», o «de la revolución».

^[14] Cfr. Richard Gillespie, Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1987, pág. 303.

^[15] Cfr.la entrevista mantenida por el Gral.retirado Fausto González, que en 1974 era oficial de inteligencia del Ejército, con la periodista María Seoane: en ella analiza el debate al interior de las fuerzas armadas sobre cómo organizar la guerra contra la subversión. María Seoane, Todo o nada, Planeta, 1991, p. 249.

^[16] Cfr. Marín, J. C.: Los hechos armados. Argen-tina 1973-76. La acumulación primitiva del geno-cidio. Bs. As., La Rosa Blindada y PI.CA.SO., 1996. La primera edición es de 1984. Cfr. también Inés Izaguirre : Los desaparecidos. Recuperación de una identidad expropiada, Bs. As., Cuadernos del Insti-tuto, nº 9, 1992 , e I. Izaguirre y Z. Aristizábal, «Las luchas de la clase obrera. Alineamientos y desapariciones en la Argentina de los 70. Una medición.» en I. Antognazzi y R. Ferrer (comp.): Argentina. Raíces históricas del presente, U. N. R., Rosario, 1966.

^[17] El nombre de AAA es el más conocido, particularmente a partir de la muerte de Perón (1/7/74), pero sus miembros adoptaron diversos nombres, que operaban en distintas regiones del país desde mucho antes: Comando Libertadores de América, Comando Benjamín Menéndez, MANO, Comando José Ignacio Rucci, etc. Todos ellos confluyeron luego en la AAA. Pero la organización madre, la Internacional Fascista, ha operado y sigue operando en distintos países con distintos nombres. En España por ejemplo opera desde 1976 con los nombres de  Batallón Vasco Español y de Grupos Anticomunistas de Liberación (GAL), en los que intervinieron «asesores» argentinos. Cfr.  González Jantzen, I.: La Triple A, Bs. As., Catálogos, 1986.

^[18] Este había sido precedido, 9 meses antes, por la llamada «masacre de Trelew», del 22 de agosto de 1972, llevada a cabo por fuerzas estatales no clandestinas, de la Armada. En ella, un grupo de 19 prisioneros políticos, recapturados luego de un intento de fuga, son fusilados impunemente al interior de una base naval ubicada en la ciudad de Trelew, anticipando en más de 3 años lo que sería la política armada estatal de la dictadura. De ese fusilamiento se salvaron 3 prisioneros, una mujer y dos hombres, por los que se conocieron los detalles del hecho. Los tres fueron desaparecidos luego, durante la dictadura militar.

^[19] Según la investigación de Horacio Verbitsky, las cifras de las bajas sobre las que hay mayor acuerdo según las diversas fuentes consultadas son las de 13 muertos y 365 heridos, la mitad de ellos sin  identificar. Verbitsky, H.: Ezeiza, Bs. As., Contrapunto, 1985, p. 118-19.

^[20] Actualmente estamos abocados a investigar las innumerables formas de resistencia que opuso la población a la fuerza genocida y a las solidaridades que esa resistencia despertó, aunque en forma individual y aislada, a las acciones de exterminio. 

^[21] Se trata de un Informe elaborado por un alto oficial del Ejército retirado,  el Te. Cnel. Mittelbach, que fué uno de los fundadores del CEMIDA, Centro de Militares por la Democracia. Apareció en la Revista El periodista en 1984.

^[22] Cfr. Peter Watson: Guerra, persona y destrucción. Usos militares de la psiquiatría y la psicología, México, Ed. Nueva Imagen, 1982, pág. 405 y ss.

^[23] Cfr. CONADEP, Nunca Más, op.cit. pág. 17. De las denuncias recibidas, el 62% de los casos fué secuestrado en su domicilio, generalmente en horas de la noche.

^[24] Es lo que en la teoría burguesa clásica de la guerra, Clausewitz denominaba espacio de «la política», de las negociaciones «pacíficas» que tienen lugar en una secuencia alternada con los períodos de guerra entre estados. Este modelo de confrontación es retomado y universalizado por la teoría marxista de la lucha de clases, que remite la confrontación al interior de la sociedad. Foucault retoma este modelo de análisis histórico-político, y lo contrapone al modelo jurídico-liberal del contrato. Cfr. Michel Foucault, Genealogía del racismo, Buenos Aires-Montevideo, Ed. Altamira y Nordan-comunidad, 1992, pág. 23 y ss.

^[25] En el caso de Adolfo Scilingo, sus confesiones, reiteradas ahora ante el juez Garzón en España, han evolucionado hacia un arrepentimiento que lo distingue de los demás casos.

^[26] Las denuncias de la participación cómplice con el poder represor de muchos obispos, capellanes y sacerdotes, desató una nueva serie de acusaciones hacia la Iglesia como institución, cuya jerarquía se defendió muy precariamente. Tan sólo 5 obispos en todo el país, uno de los cuales fué asesinado (Angelelli) y un número mayor de sacerdotes y monjas, entre los cuales hay varios desaparecidos, mostraron una conducta de resistencia al terrorismo de estado. (Cfr. diarios entre el 2 de marzo y el 26 de julio de 1995)

^[27] En el seno del ejército, más que en las otras fuerzas, se produjeron solicitudes de baja durante la dictadura por parte de militares que estuvieron en desacuerdo con los métodos de la guerra contrainsurgente. Ellos fundaron el CEMIDA, Centro de militares para la democracia, a comienzos del gobierno radical. Pero tanto en el Ejército como en la Armada, se persiguió y descalificó a quienes expresaron su desacuerdo estando en actividad.

^[28] La verificación de estas denuncias por delitos económicos, está teniendo consecuencias impensadas: el descubrimiento de una cuenta a nombre del Gral. Antonio Domingo Bussi, jefe feroz de la represión en la pcia. de Tucumán entre los años 1976 y 1978, que actualmente logró ser gobernador electo de dicha provincia frente a una oposición dividida, puede concluir con su juicio político y destitución. (cfr. diarios a partir del 14 de febrero de 1998).

^[29] Otro indicador de este proceso de recuperación es que, hacia fines de 1994, en el contexto de la movilización producida por las «confesiones» emerge una nueva organización HIJOS, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que agrupa a los descendientes de los que fueron aniquilados, y está tratando de articular a las nuevas generaciones en la lucha por recuperar la memoria real del pasado de sus padres, bastardeada por los aniquiladores.