CORREPI informa algunos casos ilustrativos sobre el funcionamiento de las fuerzas represivas1
Los criminales más buscados por la justicia mendocina eran policías
A principios de septiembre de 2008, el policía Eduardo Correa fue asesinado y otra oficial resultó herida cuando intentaron impedir un robo a un camión blindado en la localidad mendocina de Guaymallén. Cinco meses después de ese hecho, a casi 1.400 km de distancia, en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, fueron detenidos Víctor Vargas y su concubina Alejandra Legio, sindicados como los autores del robo y del asesinato del cabo Correa. Pero lejos de cualquier cuestión azarosa, ambos ladrones y asesinos resultaron ser integrantes de la misma fuerza que ahora los detuvo.
El robo al blindado se perpetró en el Banco Regional de la Universidad Juan Agustín Maza. En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Complejos, Eduardo Martearena, también está imputado Roque Legio, padre de la ex policía. Este hecho vuelve a demostrar que el crimen es organizado y protagonizado por la propia policía, que no sólo genera la delincuencia que dicen combatir, sino que no tienen problemas en asesinar a un “colega”. Según tuvo que informar el ministro de seguridad mendocino Carlos Ciurcia al anunciar la detención, los dos ex policías tendrían “vinculación directa con el asesinato y uno sería el autor material del homicidio”.
Este no fue el primer hecho delictivo en la vida del policía Víctor Vargas, que ya había sido procesado y absuelto por el asalto al Banco Nación de Palmares y el ataque al custodio de la financiera Montemar donde mataron a otro efectivo policial. La oficial Legio, por su parte, estuvo involucrada en un caso de falsificación de documentos de identidad. Al allanarse su casa, se encontraron centenares de formularios en blanco robados de su lugar de trabajo.
Vargas era considerado, por su prontuario, el criminal más buscado por la justicia mendocina. Como su cómplice y novia, es policía.
Más polichorros y la “teoría de la depuración “
El jueves 29 de enero del corriente año, dos policías fueron detenidos en Río Tercero, imputados como partícipes necesarios en una serie de robos en esa ciudad. Se trata de dos suboficiales, uno de Río Tercero y el otro, de Almafuerte. Según informaron los diarios, “Desde la Justicia se pidió reserva de sus identidades mientras la investigación prosigue con más procedimientos”. Además, así, cuando los suelten y los reasignen a otro departamento, empresa de seguridad privada o alguna embajada, nadie se entera de nada.
El fiscal Marcelo Ramognino, a cargo de la causa, señaló que la investigación se inició hace tres meses. “Están imputados como partícipes necesarios de robo calificado por uso de armas”, precisó el fiscal, con el agravante adicional que representa que sean agentes policiales y que esas armas se las otorgara la misma fuerza que ahora los detiene. El fiscal valoró que “fue la propia Policía la que trabajó en esto. Puedo dar fe de esa colaboración, que demostró no tener espíritu de connivencia con hechos ilícitos en los que algunos de sus integrantes aparecen sospechados”, siguió diciendo el fiscal, que cree que le dieron, como deja bien claro, la información servida en bandeja. Dijo que en la investigación se sintió “muy acompañado” por la conducción policial.
Asumiendo el rol de defensor de la “teoría de la depuración”, insistió: “Quiero remarcarlo porque muestra que no hubo filtraciones dentro de la fuerza y sí un amplio sentido de colaboración que implica un estricto sometimiento a la legalidad”. Se sumó a la propaganda el comisario mayor Norberto Álvarez, jefe de la Unidad Departamental Tercero Arriba, quien remarcó que la Policía pudo demostrar que investiga “hasta a sus propios integrantes”.Lo que no sabemos es si también se investiga a sí mismo, ya que era el jefe de los imputados, que, como surge de la causa, no habrían actuado solos. En las últimas dos semanas hubo 30 allanamientos en Río Tercero. En muchos de ellos se hallaron elementos robados de inmuebles en los últimos meses, y no parece verosímil que estos dos suboficiales tuvieran, ellos solitos, 30 propiedades, ni que operaran con total impunidad en una ciudad entera.
Como siempre, cuando se pone en evidencia la criminalidad policial, y se detiene a uno o dos de los policías involucrados, nunca las investigaciones son claras y cristalinas y nunca se llega a la cabeza de la cuestión, que es el poder político. El gran argumento es que algún “desmadrado” pisó el palito, y al tiempo ni fiscales ni jueces recuerdan el caso, mientras siguen enfriando causas por gatillo fácil y apurando otras por pintadas.
“Depuraciones” casi cotidianas de las fuerzas, sin ningún cambio aparente, que sólo sirven para dar pie a los comentarios en conjunto de los medios de comunicación, los fiscales y los comisarios, que nos muestran cómo una mano del Estado lava la otra, y las dos, lavan la cara.
La represión cotidiana
El accionar policial de las distintas fuerzas, en cada una de las provincias argentinas, se revela absolutamente coherente con uno de sus objetivos permanentes: infundir el miedo entre los pobres y enseñar el respeto a la autoridad estatal. A lo largo y a lo ancho del país se renuevan los ejemplos en donde se vislumbra una idiosincrasia policial completamente útil a los fines de quienes nos gobiernan:
1. En Mendoza, sobre la ruta 40, durante los primeros días de febrero, un policía de tránsito golpeó a un conductor en el rostro porque se negó a entregar su carnet de conductor. El uniformado le indicó que circulaba sin las luces bajas encendidas y sin el cinturón de seguridad colocado. Ambas infracciones lo habilitan para retener la licencia de conductor, pero ambas acusaciones fueron negadas por Ricardo Alfredo Sánchez, quien aseguró estar transitando con las luces prendidas y el cinturón colocado. Ante esa situación, Sánchez optó por no entregar el documento y se ofreció a acompañar al uniformado a la comisaría para tratar de encontrar una solución al tema. Hasta ahí uno de los comunes “tira y afloje” entre policías y conductores. Pero después de reclamar la documentación, el cabo Ricardo Fernández empezó a insultar al conductor y tras abrirle violentamente la puerta del vehículo, empezó a golpear al hombre que seguía no sólo sentado, sino atrapado por el cinturón de seguridad. Un labio partido, una posible pérdida de una pieza dental, varios hematomas, manchas de sangre sobre el rostro y la ropa fueron los testimonios que aportó la víctima en su denuncia ante las autoridades de la Oficina Fiscal n° 6.
2. En la localidad de Las Grutas, provincia de Río Negro, tres jóvenes de entre 16 y 18 años fueron sometidos a una golpiza por personal policial de la unidad 29 de esa localidad, cuando un patrullero arribó a las inmediaciones de un pub, alertado anónimamente acerca de una pelea que se habría estado desarrollando frente al local. Al llegar los policías, la riña ya había terminado. Sin embargo, los uniformados se acercaron a un grupo al que comenzaron a solicitar que subiera al vehículo policial mediante el uso de la fuerza. Según los jóvenes, se acercaron muchos adolescentes a preguntar qué pasaba, y allí comenzó una inusitada batahola, ya que los efectivos comenzaron a pedir refuerzos y a repartir golpes de puño y patadas entre el grupo que se concentró. El comisario Abel Echeverría, titular de la unidad policial, expresó qué “el domingo se labraron 16 actas contravencionales por resistencia a la autoridad, desorden en la vía pública y otras figuras similares”. Obviamente ninguna investigación se abrió para penar el accionar policial.
3. La cárcel de Boulogne Sur Mer, en Mendoza, se cobró en lo que va del año dos víctimas: Sergio Ariel González y Franco Peña Oros, ambos de 19 años, quienes fallecieron el viernes 16 y el miércoles 28 de enero respectivamente producto de los golpes recibidos durante diferentes riñas entre los internos, incidentes que son vistos con complacencia por el personal del servicio penitenciario y que son incluso motivados por éste. A nadie escapa que estos ejemplares de represores permiten y fomentan la entrada de drogas y armas de distinto tipo en las cárceles, generando un panorama violento y conformando un medio ambiente hostil donde los presos son condenados, de hecho, a la pena de muerte. Por supuesto, esto corresponde a las cárceles para los “chorritos”, los “negros”… los jóvenes y pobres.
Rige la pena de muerte en argentina
Cuando aún no finaliza febrero, otros cinco jóvenes ejecutados en Burzaco, Temperley, Quilmes, Corrientes y Puerto Madryn se suman a los muchos fusilamientos policiales de los que ya dimos cuenta en el mes de enero. En casi todos los casos, se los ha justificado bajo la versión del enfrentamiento tras supuestos intentos de robo. Descartando que los policías argentinos tengan la mejor puntería del mundo y que siempre resulten ilesos en los “intercambios de disparos”, estos cinco casos ratifican cómo el estado protege el gatillo fácil y promueve su accionar, desde el momento mismo del fusilamiento, alterando el lugar con armas plantadas y testigos puestos por sus compañeros de fuerza, hasta ser juzgados por homicidio en legítima defensa por el poder judicial.
Basta observar el parte médico, que hacia el final de las notas de los diarios, luego de detallar el historial de robos a la propiedad informado por la misma versión policial que pretende encubrir el fusilamiento, nos ilustra, por ejemplo, en el Diario de Madryn: “una persona, en su apreciación, menor de edad, que estaba muerto en el interior de una propiedad (…) tenía una herida de bala cuyo ingreso era de atrás hacia delante, con salida a la altura de la axila”. Luego, habla de “un hombre con una bala que ingresó a la altura de la segunda dorsal de su columna, en su recorrido el proyectil atravesó de forma transversal el cuerpo y tras romper la clavícula salió por el hombro izquierdo”. No hace falta ser especialista para darse cuenta que los policías los ejecutaron por la espalda y que por mucha versión de enfrentamiento, los perseguidos no disparan con la región posterior de sus cuerpos.
En tanto, en Virrey del Pino, Maximiliano Sosa (18) fue fusilado por tres policías, al menos dos de la federal, cuando junto a dos de sus amigos, fue detenido luego de salir de bailar. Los redujeron y torturaron en el piso, hasta que Maximiliano recibió un disparo de arma calibre 9 mm de parte de un cabo de la división de defraudaciones y estafas de la Policía Federal. Los familiares de la víctima, los sobrevivientes representados por abogados de CORREPI y el barrio entero, se encuentran movilizados, reclamando por la detención de los tres homicidas y denunciando la política de gatillo fácil para los jóvenes de las barriadas pobres.
Mientras una integrante de la Corte Suprema, la misma que niega que la tortura exista en nuestro país, le pide al sector de la sociedad dominado por el discurso sobre la inseguridad, que “bajen un cambio” en cuanto sus pedidos de pena de muerte, estos crímenes de Estado se multiplican.
1Tomado de CORREPI: Boletín informativo, n° 513, 22 de febrero de 2009
