Durante las primeras décadas del siglo XX, la burguesía argentina se dedicó prácticamente a una política de coerción con pocos acuerdos con los trabajadores. Los fracasos represivos del Centenario hicieron necesario un cambio creciente en la intervención estatal frente al conflicto obrero.
Por Rodolfo Leyes (Grupo de Investigación de Historia de la Clase Obrera-CEICS)
Es común escuchar que la intervención estatal en los asuntos obreros comenzó con Perón. Sin embargo, cuando el “Coronel de los trabajadores” llegó al poder, el Estado argentino (y el de muchas provincias) ya tenían por lo menos treinta años de experiencia en interceder en los conflictos entre el capital y los trabajadores. La siguiente nota da cuenta del caso entrerriano.
Otra conciencia, mismos intereses
Lejos de las visiones dicotómicas, la política de la burguesía para mantener su hegemonía es harto compleja en la combinación de mecanismos de coerción y consenso. Por eso, su actitud frente a las luchas obrerasno puede nunca reducirse a uno solo de esos mecanismos. Desde mediados de la década del Centenario, la clase dominante argentina comenzó una serie de cambios en el tratamiento de los conflictos. El desarrollo de una tendencia reformista, de la mano de los sindicalistas, facilitó un acercamiento del movimiento obrero al gobierno. Esto marcó una diferencia respecto al período anterior cuando, comandados por los anarquistas, los trabajadores eran renuentes a inmiscuirse con las autoridades estatales.
Por el lado de la burguesía, este cambio en la política fue encarnada por la Unión Cívica Radical. Desde la Ley Sáenz Peña, el partido de Yrigoyen buscó acercarse a las masas. El espaldarazo dado a la gran huelga de los marítimos de 1916, fue un hito en la intervención estatal en los conflictos entre el capital y el trabajo. Sin embargo, el Departamento Nacional del Trabajo, herencia de los gobiernos conservadores, seguía siendo poco más que una oficina que, en el mejor de los casos, preparaba estadísticas y proponía leyes que sistemáticamente eran rechazadas por los diputados y senadores del mismo partido de gobierno.
La provincia de Entre Ríos, gobernada por el radical anti-personalista Miguel Laurencena desde 1914, creó su Departamento provincial del Trabajo (DPT) en 1915. El representante del Departamento era el comisario de cada pueblo. Hacia 1917, merced a la necesidad de contener las luchas de los trabajadores, más allá de la represión, se decretó la adhesión a la ley de Accidentes de Trabajo, que pagaba a los obreros por los accidentes sufridos en el trabajo. La aplicación de esta ley y el control de las condiciones de trabajo en las grandes trilladoras fueron las principales tareas del DPT.
En los albores de la crisis del ‘30, el gobernador Eduardo Laurencena –hijo del anterior- hacía el siguiente balance de la práctica del DPT: “su gestión se desenvuelve casi exclusivamente sobre la base de la autoridad moral adquirida como consecuencia de intervenciones felices”, pero “es menester afianzar esa autoridad sobre la base de la ley, puesto que sólo ésta puede dar imperio a sus decisiones y hacer de ellas un instrumento sólido y real.”1 Dejando de lado el valor que puedan tener sus palabras en relación a una realidad bastante alejada de la “autoridad moral”, es cierto que la Oficina existía, pero nada la regulaba.
Al calor de la crisis
La crisis del ‘30 golpeaba la provincia de Entre Ríos con fuerza desde fines de la década anterior. Desocupación y emigración fueron los aspectos sociales que más afectaron a la clase obrera durante el sacudón del sistema.2 A las transformaciones que se estaban produciendo, el Estado respondió con intervenciones, primero generando obras públicas que buscaban mitigar la desocupación.
Más importante en el largo plazo, fue la definitiva reglamentación de los objetivos del Departamento Provincial con la Ley orgánica que comenzó su recorrido legislativo en julio de 1932. Las principales atribuciones que establecía esta ley eran la recopilación de información para la creación de material estadístico, la inspección y vigilancia de establecimientos industriales y comerciales, la creación de una agencia de colocación, la reglamentación de las compañías aseguradoras de accidentes de trabajo, la mediación en conflictos individuales y colectivos entre patrones y obreros, el ordenamiento de los antecedentes legislativos y resolutivos para la concreción de una legislación específica, la publicación de un boletín.3 Pero no va a ser hasta enero de 1935 que se dé la sanción definitiva y coherente con la Constitución provincial reformada.4
Año a año la actividad del DPT aumentaba. Con la nueva reglamentación, la presencia de oficio, daba a las autoridades estatales un papel creciente en los conflictos. Durante el gobierno de Tibiletti (1935-1939) se hizo presente en 66 conflictos de importancia, de los cuales, se solucionaron 58 sin necesidad de medidas de acción directa.
El aparato en movimiento
La diferencia en la intervención estatal puede observarse en las dos huelgas que los obreros de la empresa británica Liebig Extract of Meat llevaron adelante antes y después de la reglamentación del DPT. En diciembre de 1918, fueron al paro en reclamo de aumentos salariales. Los obreros reclamaban la presencia del DPT. La empresa se mantenía firme en su decisión de no otorgar aumentos salariales y demandó la presencia del Ejército. Cuando habían pasado más de quince días de huelga, la policía local, la prefectura y el ejército se dieron a la tarea de reprimir a los trabajadores. Muchos fueron apresados y mantenidos dentro de las instalaciones de la planta. Pasado el proceso represivo, los dirigentes de la F.O.R.A. IX escribieron al gobierno provincial reclamando su pronta intervención frente a estos casos. La respuesta fue dada por el secretario del gobernador, diciendo que “el gobernador no necesita de su consejo.” Casi cuarenta días de conflictos habían dado por resultado un escueto aumento salarial, el despido de más de mil trabajadores y la desaparición del sindicato de la fábrica.
No fue hasta mediados de febrero de 1939 que, luego de veinte años, los trabajadores volvieron a declararse en huelga. La empresa, asustada, dio aviso a la policía, que se encargó de movilizar fuerzas a las cercanías de la fábrica, donde los obreros habían armado un campamento. Al día siguiente, se hizo presente inspector del DPT, y también los dirigentes de la Unión Obrera de la Provincia de Entre Ríos (UOPER). Más tarde llegó, directamente desde Buenos Aires, el director de la planta. Después de ingentes discusiones, se instó a las partes a resolver los problemas por medio de un acuerdo. Poco más de una semana después de comenzado el conflicto, los obreros consiguieron aumentos salariales, el reconocimiento de dos delegados por sección y del sindicato. Por lo cual, los trabajadores debieron darle constitución a la organización de la que carecían, por la represión patronal y estatal, entre otras.5
Vemos como cambió en una y otra huelga el papel del DPT. Durante la primera huelga su participación como actor fue nula. Sin embargo, en la huelga de 1939, la presencia del DPT es absoluta y su participación fundamental para la resolución del conflicto.
Las instituciones
El parecido con la política desplegada posteriormente por la Secretaría de Trabajo y Previsión, es más que llamativa. Marca todo un cambio en la conducta de la clase dominante desde mediados de la década del ‘30, cuando el crecimiento de las organizaciones centralizadas y comandadas por el Partido Comunista obligó a la burguesía a considerar alternativas a la represión.
La alternativa no fue otra que un paulatino reconocimiento de los sindicatos como organización que nuclea a los trabajadores, con la cual poder negociar, y buscar su institucionalización y sometimiento al cuerpo legal desplegado por la jurisprudencia estatal. Sobre los intentos limitados de los Departamentos de Trabajo es que se levantó la Secretaría antes citada, en noviembre de 1943, que nacionalizó los Departamentos -dónde existían- y habilitó a un control de alcance nacional.
Buena parte de la política de la burguesía está orientada a contener y disciplinar a la clase obrera. Para esto, la creación de instituciones que controlen y administren a los hombres, es central. Las necesidades más inmediatas darán forma a un Estado, rudimentario en un principio, que dirima intereses contrapuestos. Se irá gestando un cuerpo legal que cristalice esos “acuerdos” en leyes y decretos. Para la aplicación de dicha normativa hará falta un aparato represivo que imponga por la violencia, lo que por el acuerdo no se logra.
Durante el periodo comprendido –a grandes rasgos- entre 1860 a 1907,6 la burguesía argentina se dedicó prácticamente a una política de coerción con pocos acuerdos con los trabajadores. Los fracasos represivos del Centenario, que hirieron al anarquismo, hicieron necesario un cambio creciente en la intervención estatal frente al conflicto obrero.
Está claro que el desarrollo definitivo de la política de intervención estatal se alcanzó con el surgimiento del peronismo, aunque, como decíamos, no se debería olvidar que esto se logró sobre las bases de los antiguos Departamentos de Trabajo.7 Asimismo, la burguesía negocia hasta determinado punto. Lamentablemente una lista larga de fechas y nombres propios da cuenta de la violencia burguesa. Cuando sus privilegios corren algún riesgo, es preferible la paz de las armas antes que la de los acuerdos.
Notas
1Laurencena, Eduardo: Mensaje del Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Paraná, Imprenta Oficial, 1929, p. 65.
2Hemos desarrollado con mayor amplitud estas temáticas en dos notas de éste mismo periódico. Sobre la desocupación ver: http://goo.gl/iBM7Qa, y sobre el éxodo: http://goo.gl/iYaaE5 .
3H.C. de Diputados de la Provincia de Entre Ríos: Mensaje y proyecto de ley orgánica del Departamento del Trabajo, Reunión número 6, 13 de julio de 1932, Paraná, Imprenta Oficial, 1932, p.116.
4Reula, Filiberto: Historia de Entre Ríos, Santa Fe, Ed. Castellví, 1971. Tomo III, p. 79, 185y 191.
5Rodolfo Leyes: “Rupturas y continuidades en el movimiento obrero preperonista: Los conflictos obreros de la Fabrica Liebig’s, Colón, 1918/1939”, en las IV Jornadas Internacionales. La crisis y la revolución en el mundo actual. Análisis y perspectivas, junio de 2014.
6Del decreto de la Ley de Vagos hasta la creación del DNT.
7Gaudio, Ricardo y Pilone, Jorge: “La negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial en la Argentina, 1935-1943”, Desarrollo Económico, v. 23, Nº90, Julio-Septiembre, Buenos Aires, 1983, p. 272.
