La cárcel de Rawson fue el sitio elegido por la dictadura militar de Lanusse para recluir a la masa de presos políticos que, desde 1969, no dejaba de crecer. Estos presos eran en su mayoría militantes de organizaciones político militares a los que se sumaban militantes sindicales, entre ellos Agustín Tosco, uno de sus máximos referentes. Todos ellos ocuparon seis de los ochos pabellones del penal, mientras que, en los dos restantes, quedaron recluidos los presos comunes.
La idea era alejarlos de los grandes centros urbanos para cortar toda conexión con sus respectivas organizaciones y con las masas y evitar cualquier intento de fuga o rescate de los reclusos.2 Para las fuerzas represivas las condiciones de seguridad del penal estaban garantizadas por las enormes distancias que lo separaban de ciudades importantes, capaces de brindar resguardo a los militantes y por la cercanía de las fuerzas acantonadas en la Base Aeronaval Almirante Zar. También contaban con un escuadrón de Gendarmería y un destacamento del Ejército, con unos cien hombres, a tres cuadras del penal. Desde su perspectiva era imposible realizar un ataque externo exitoso. Si bien, los presos coincidían en esta caracterización, la misma no constituyó un obstáculo para que se dispusieran férreamente a concretar la fuga.3
Se iniciaron conversaciones entre las organizaciones para ver quiénes y cómo participarían. El PRT-ERP llegó a un acuerdo total con las FAR; Descamisados no participaría y Montoneros decidió no colaborar desde el exterior y dejó en libertad de acción a sus presos. La resolución de los Montoneros se explica a partir del contexto político nacional signado por el llamado a elecciones libres que, el 17 de septiembre de 1971, había lanzado Lanusse. Montoneros consideraba que su participación abierta en la fuga no serviría sino para poner piedras en el camino hacia estas elecciones.
Se formó entonces un comité de planificación y ejecución de la huida, compuesto por Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Roberto Vaca Narvaja y Marcos Osatinsky. Agustín Tosco no se fugaría, convencido de que siendo un dirigente social su liberación dependía de la movilización popular. Sin embargo, apoyó incondicionalmente la iniciativa de los presos de las organizaciones armadas.
Los responsables militares del PRT-ERP en libertad, luego de visitar la zona, contemplaron la posibilidad de construir “tatuceras” (pozos en la tierra para esconder a los compañeros) como la de los Tupamaros uruguayos. Pero este plan implicaba un despliegue logístico inviable para resguardar a los más de 100 militantes que iban a huir. También, barajaron la idea de comprar un avión pequeño a un mafioso en la ciudad de Asunción y sacar a los presos desde una pista cercana ubicada en una estancia. Pero la aviación naval, también cercana, atacaría con rapidez. Asimismo, en el interior del penal, se había iniciado la construcción de un túnel, que luego se abandonó debido a que la celda en la que se comenzó el trabajo se inundaba y a que era en extremo complicado deshacerse de la tierra extraída.
El comité dentro de la cárcel diseñaría el plan definitivo de la que sería una fuga masiva. Frente a las dificultades de contar con apoyo externo, el éxito estaría garantizado desde dentro: coparían el penal y luego se dirigirían en coches y camiones hacia el aeropuerto de Trelew, donde abordarían un avión hacia Chile.
A principios de julio las acciones están en marcha: se arman las listas de compañeros que integrarían los tres grupos sucesivos en la orden de salida y se dispone que los grupos operativos se formen por pabellón y no por organización. Desde ese momento, la vida cotidiana de los militantes se volcó por completo a cumplir tareas vinculadas a la fuga. Acumulación de información sobre la rutina de los guardias, confección de planos, medición de todos los espacios del penal, de los pasos exactos que había entre pabellón y pabellón y de tiempos tardados en recorrerlo, fabricación de uniformes y de gorras similares a las del servicio penitenciario, construcción de púas con hierros viejos y pedazos de camas y de armas con jabón y madera, etc. Con la colaboración de un guardia, lograron introducir un uniforme militar y un arma, necesaria para reducir a los primeros guardiacárceles, ya que, según el plan estipulado el resto del armamento sería obtenido de la toma de la sala de armas del propio penal.4 Los testimonios de aquellos que hoy repasan estos hechos tienen un punto en común. Recuerdan la alegría de esos días de intensa actividad en los que cada uno cumplía su parte en un plan que, sin conocer en su totalidad, confiaban profundamente lograr alcanzar. Convicción, confianza, solidaridad, camaradería son los adjetivos que repiten a la hora de calificar el ánimo de los presos dentro del penal. Por su parte, los grupos operativos externos debían garantizar los vehículos para conducir a sus compañeros hasta el aeropuerto y la toma del avión comercial.
El 15 de agosto a las 18:22 de la tarde comenzó la fuga. El primer grupo, compuesto por los seis miembros de la dirección y apodado “la topadora”, garantizó la apertura del penal: salió de su pabellón y tomó la guardia de entrada de la cárcel, la tarea más importante sin la cual era imposible seguir adelante. Al frente, disfrazado de oficial, iba Vaca Narvaja, simulando conducir una visita militar. Tomaron también la sala de armas. Dos de ellos, Gorriarán Merlo y Quieto subieron a los pabellones donde se alojaban las mujeres y redujeron al guardia; en su interior ya habían sido reducidas sin inconvenientes las custodias. Todas las reclusas se dirigieron luego hacia la salida. El segundo grupo, compuesto por 19 militantes, debía consolidar todo lo que se iba tomado. Así avanzó el copamiento de los sitios claves del penal: la enfermería, la cocina, la capilla y el patio.
Resguardados por dos miembros del segundo grupo, los del primero procedieron a tomar las garitas ubicadas en los muros del penal y en las cuales se encontraban custodios armados. En la garita de la entrada se originó el único enfrentamiento que se produciría en la operación, como resultado fue herido un guardia; otro, de apellido Valenzuela, falleció. En total se redujeron alrededor de setenta guardias. A las 18:40 el penal estaba completamente tomado.
Una vez afuera comprobaron que algo había salido mal. Los vehículos grandes no estaban, sólo vieron acercarse un Ford Falcón conducido por el militante de las FAR Carlos Goldemberg. Según lo estipulado, inmediatamente subieron a él los seis miembros del primer grupo. Osatinsky, ordenó buscar a los camiones. En vano dieron vueltas en los alrededores del penal. Los camiones se habían ido. A los cinco minutos tomaron rumbo hacia el aeropuerto, sin saber que Arturo Lewinger, otro militante de FAR, interpretó mal una señal emitida desde el penal, creyó que la toma había fracasado y ordenó la retirada de la camioneta y de los dos camiones. Los siete del Falcón lograron llegar al aeropuerto y subir al avión que minutos antes habían tomado Ana Weissen, Víctor Fernández Palmeiro y Alejandro Ferreyra.
En el penal, ante la evidencia de la falla del operativo y en completo orden se tomaron dos decisiones: el segundo grupo llamaría remises para intentar llegar al aeropuerto, el resto no saldría y mantendría la toma para dar tiempo a la fuga de los demás. Esta orden se cumplió: recién al día siguiente, a las 8 de la mañana, el tercer grupo depondría las armas y la cárcel volvería al control militar.
Apretujados en tres autos, los 19 militantes del segundo grupo llegaron tarde y vieron alejarse el avión que debería haberlos sacado del país. Por un instante creyeron que aún tenían una oportunidad porque vieron que otro avión se acercaba a la pista. Intentaron detenerlo ordenándole, desde la torre de control, que aterrice de inmediato. Pero, en la cabina los pilotos recibieron antes la alerta militar y levantaron vuelo. En ese momento, un batallón de infantes de marina, al mando del capitán de corbeta Luis Sosa, tomaba posición y rodeaba el aeropuerto.
Los catorce hombres y las cinco mujeres que quedaron sin posibilidades de huir, decidieron tomar el aeropuerto de Trelew para negociar su rendición, entregar las armas y retornar al penal de Rawson. Sin perder la calma y manteniendo una estricta disciplina, los militantes manejaron la situación respondiendo a los responsables designados por las tres organizaciones: Maria Antonia Berger por las FAR, Mariano Pujadas por Montoneros y Pedro Bonet por el PRT-ERP. Quienes sabían perfectamente la situación en la que se encontraban y que el objetivo principal era garantizar su seguridad: “no solamente que no nos asesinen, como han asesinado a otros compañeros, sino tampoco para caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas”, dijo Bonet en la conferencia de prensa convocada en el lugar.
Frente a los medios locales y nacionales, solicitaron entonces la presencia del juez federal Alejandro Godoy y la de un médico, para que corroborara el buen estado físico en el que se encontraban. Aprovecharon la oportunidad para explayarse en temas de política nacional y en las perspectivas de una futura unidad de todas las organizaciones.
El capitán Sosa accedió a estos requerimientos y a las 23:15 los fugitivos depusieron las armas. Así, desarmados y acompañados por el Juez, el abogado Mario Amaya y dos periodistas locales, los 19 militantes subieron a un ómnibus naval. Que, contrariando el arreglo, se dirigió a la Base Aeronaval Almirante Zar, en cuya entrada fueron despedidos los acompañantes civiles de grupo.
Desde ese instante todo contacto con ellos fue imposible. Inútiles, fueron los intentos de realizados por sus familiares que, frente a la noticia de la fuga, llegaron desde distintos lugares del país. Los abogados de los presos, Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen no podían acercarse a la base. El resto de los abogados, Rodolfo Ortega Peña, Carlos González Garland, Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Mattarollo y Pedro Galín, ni siquiera pudieron acercase a la ciudad, declarada en estado de emergencia y completamente tomada por las fuerzas militares. Al establecer el estado de emergencia, Lanusse dispuso un movimiento de fuerzas que garantizaba su comunicación directa con el área afectada. Si bien, la base Almirante Zar pertenecía a la Armada, al declarar el estado de emergencia, puso a cargo de las decisiones operativas en la zona al general Eduardo Ignacio Betti, quien llegaba para reforzar la actuación de Jorge Ceretti, jefe del V Cuerpo del Ejército en cuyo territorio estaba la cárcel de Rawson
A pesar de que los detenidos en la base se encontraban a completa disposición del arbitrio militar, era imposible prever el desenlace. No porque se subestimara la capacidad de represalia del Estado y de las fuerzas represivas sino porque, hasta ese momento, los militantes ferozmente torturados y desaparecidos habían sido victimas del accionar clandestino del régimen. En marzo de 1970 había desaparecido el militante de las FAL Alejandro Baldú y, en diciembre de ese año, el abogado laboralista Néstor Martins junto a su cliente Nildo Zenteno; a mediados de 1971 el matrimonio Verd en San Juan y Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich de las FAR en Buenos Aires. En septiembre sería detenido ilegalmente y desaparecido Luis Pujals, jefe del PRT en Santa Fe. Todas estas desapariciones y asesinatos siempre fueron negadas por el ministro del Interior de Lanusse, Arturo Mor Roig. Por eso, la enorme preocupación de los fugados en el aeropuerto era dar al conocimiento público su situación. En este mismo sentido actuaron los abogados al iniciar gestiones con el Juez de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, Jorge Quiroga a cargo del sumario iniciado después de la fuga. Esta Cámara se había creado especialmente el 28 de mayo de 1971, mediante la Ley 19.053, para el tratamiento de los cada vez más frecuentes delitos catalogados como “guerrilleros” y/o “subversivos”.5 El hecho de que las fuerzas represivas dieran lugar a su intervención, en un punto, tranquilizaba a los militantes que conocían la estrecha relación entre dicha Cámara y el gobierno de Lanusse. Desde la perspectiva de las direcciones de las organizaciones esto significaba la intención de legalizar a los detenidos mediante su traslado a una cárcel federal.
La situación era, sin embargo, preocupante. Las peticiones realizadas a Quiroga, que permitiera la asistencia de médicos y defensores a la toma de declaración de los 19 detenidos, fueron denegadas. Y, el día 16 fue detenido el abogado Mario Amaya.6
Según las declaraciones posteriores de los sobrevivientes, al llegar a la base y durante los tres primeros días fueron sometidos a un trato correcto por parte de los marinos. Les dieron colchones y mantas para dormir y sólo los retiraban individualmente de las celdas para comer, ir al baño y para ser interrogados. Esto último se realizaba de madrugada, pero todos se negaron, rotundamente y hasta el final, a hacerlo. A partir del tercer día fueron retirados los soldados que los custodiaban, quienes fueron reemplazados por oficiales y suboficiales. A partir de allí el trato se endureció.
El 22 de agosto a las 3.30 de la madrugada, el capitán Sosa, seguido por el capitán Herrera, los tenientes Roberto Bravo y Emilio Del Real y el cabo primero Carlos Marandino, ordenó a los presos salir de su celda. María Antonia Berger recuerda que
“una vez en el pasillo que separa las dos hileras de celdas que son ocupadas por nosotros, nos ordenan formar de a uno, dando cara al extremo del pasillo y en la puerta misma de nuestras celdas […] De pronto, imprevistamente, sin una sola voz que ordenara, como si ya estuviesen todos de acuerdo, el cabo obeso comienza a disparar su ametralladora sobre nosotros, y al instante el aire se cubrió de gritos y balas, puesto que todos los oficiales y suboficiales comenzaron a accionar sus armas. Yo recibo cuatro impactos de bala […] Escucho la voz del teniente Bravo dirigiéndose a Alberto Camps y a Cacho Delfino, gritándoles que declaren; ambos se niegan, lo cual motiva disparos de armas cortas […] escucho, sí, más voces de dolor que son silenciadas a medida que se suceden nuevos disparos de armas cortas; ahora sólo escucho las voces de nuestros carceleros, que con gran excitación comienzan a inventar una historia que justifique el cruel asesinato”.
La decisión de asesinar a los detenidos se habría tomado el día anterior en Buenos Aires en una reunión en la que participaron el presidente y Comandante en Jefe del Ejército, Alejandro Lanusse, el Comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Alberto Rey, el Comandante en jefe de la Armada, almirante Guido Natal Coda, el jefe del Estado Mayor del Ejército Jorge Rafael Herrera y el jefe del Estado Mayor Conjunto Hermes Quijada. Este grupo, alrededor de las 13:40, habrían recibido el informe del canciller Eduardo McLoughlin en el cual daba cuenta del resultado de su entrevista con el embajador chileno Ramón Huidobro y con el general, también chileno, Sepúlveda. Estos últimos le habían informado la decisión tomada por el presidente Salvador Allende quién, en medio de una gran presión popular, había otorgado un salvoconducto para llegar a Cuba a los diez refugiados argentinos. Asimismo, ese día entraron y salieron varias veces de la reunión el secretario de la Junta Militar, Brigadier Ezequiel Martínez, el secretario general de la Presidencia Rafael Panullo y el ministro del Interior, el radical Arturo Mor Roig.7
La información surgida de los avances realizados en la causa abierta en el 2006 por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ratifican estas afirmaciones.8 Por un lado desmienten la versión de que las muertes resultaron de un enfrentamiento con los detenidos que intentaba huir. En este punto, el silencio castrense fue roto por el cabo Marandino. Según él
“el oficial que instruyó el sumario [el capitán de navío (R) Jorge Enrique Bautista] obligaba a declarar a quienes estuvieron esa madrugada en la Base, que el guerrillero Mariano Pujadas intentó desarmar al capitán Sosa. Y que hubo un enfrentamiento […] En su declaración […] contó al juez que a las 3:15 de la mañana vio entrar a la zona de los calabozos a los oficiales Sosa, Herrera, Del Real y Bravo. ‘Sosa me ordenó que abriera las celdas y que despertara a los presos. Los cuatro ingresaron con ametralladoras Pam colgadas en el hombro y una pistola calibre 45 en la cintura’ […] Y agregó: ‘Después me pidieron que me haga a un lado […] enseguida comenzaron las ráfagas de las ametralladoras’.”9
Por otro lado, dos de los testimonios vertidos por marinos detenidos por esta causa involucran en la responsabilidad de los asesinatos a altos mandos del Estado y de las Fuerzas Armadas. En sus declaraciones el capitán Rubén Paccagnini, que en 1972 se desempeñaba como Jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, y el contralmirante Horacio Mayorga, entonces jefe de operaciones con sede en Puerto Belgrano, responsable de todas las bases navales de la Patagonia y por lo tanto superior directo de Paccagnini, afirmaron que las órdenes provinieron de la Presidencia de la Nación, el Ministerio del Interior y la Cámara Federal en lo Penal.10
De este modo, queda de manifiesto con claridad aquello que en los ’70 resultaba evidente para los militantes: la estrecha vinculación entre el poder civil y militar a la hora de ejercer la represión, relación que la versión alfonsinista se encargó de ocultar detrás de la teoría de los dos demonios.11
Si bien la operación, tal como había sido ideada había fracasado, la salida de las direcciones constituía un éxito para todas las organizaciones que, de este modo, garantizaban la vida y la vuelta a la actividad de sus mejores cuadros. Efectivamente, luego de arduas negociaciones los 10 militantes que llegaron a Santiago de Chile viajaron a Cuba y, desde allí, fueron regresando clandestinamente a la Argentina. La magnitud de las represalias del gobierno denota la importancia real de este resultado parcial alcanzado por el operativo.
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1El siguiente texto es un extracto del artículo introductorio de la autora a López Rodríguez, Rosana, Stella Grenat y Eduardo Sartelli: Trelew, el informe, Ediciones ryr, Bs. As., 2009, de pronta aparición.
2Para ese entonces ya se habían sucedido varias evasiones. El 9 de julio de 1970, Roberto Santucho se fugó, solo, de la cárcel federal de Villa Urquiza en Tucumán (Seoane, María: Todo o Nada. La historia secreta y pública de Mario Roberto Santucho, el jefe guerrillero de los años setenta, Sudamericana, Bs. As., 1991. p. 125). Ana María Villaroel de Santucho y Clarisa Lea Place fueron rescatadas de la cárcel cordobesa del Buen Pastor el 11 de junio de 1971 (Crónica, 12 de junio de 1971). El día 26 de ese mes Amanda Peralta y Ana María Solari, de las FAP, y Ana María Papiol y Lidia Malamud, de las FAL, fueron rescatadas de la cárcel en Capital Federal (Cristianismo y Revolución, Nº 30, septiembre de 1971). En septiembre, 16 militantes del PRT-ERP se fugan de la cárcel de Villa Urquiza (Seoane, op. cit. p. 144).
3La siguiente reconstrucción se hizo en base a Anguita, Eduardo y Martín Caparrós: La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Tomo II: 1969-1973, Planeta, Bs. As., 2006; el documental Trelew, de Mariana Arruti, 2004; Seoane, op. cit.; Martínez, op. cit., y Petralito, Cristián y Alderete Alberto: Trelew, Historia de una masacre y la organización popular como respuesta, Nuestra América, Bs. As., 2007.
4El guardia que colaboró se llamaba Fazio. Tiempo después apareció muerto con claros signos de haber sido torturado.
5Asimismo de dictó la Ley 19.081 de Seguridad Nacional–Empleo de las Fuerzas Armadas, que estableció por el artículo 7º que en caso de que, como consecuencia de las operaciones militares se produjeren detenciones, las personas y los elementos probatorios serían puestas a disposición de dicha Cámara Federal.
6En octubre de 1976, Amaya fue detenido y asesinado a golpes.
7Después de estos hechos, Sosa fue enviado a EE.UU. “‘en comisión’ por decreto 3495 de abril de 1973. Fue el último que firmó el general Alejandro Lanusse como presidente antes de entregar el poder a Héctor Cámpora. El decreto expresaba ‘la conveniencia para la Armada Argentina de que un oficial realice el curso de Infantería de Marina en Estados Unidos’. La duración de la comisión era de 366 días con un viático de 40 dólares diarios. Cuando en 1974 se citó a Sosa y a Bravo para declarar por los hechos de Trelew, la Armada informó que estaban en el extranjero. Y dio una dirección […] la de la Agregaduría Naval Argentina en Estados Unidos. Años después apareció como agregado militar en la Embajada Argentina en Honduras. Se informó que se había retirado en 1981.” http://www.fopec.com.ar/2008/02/25/masacre-de-trelew-como-la-armada-protegio-a-sus-hombres/ En mayo de 1973 Marandino también fue enviado en comisión a EE.UU. En 1975 fue ascendido a cabo primero y pasado a retiro. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99410-2008-02-22.html
8Como resultado de la apertura de esta causa caratulada como “Luis Emilio Sosa, Roberto Guillermo Bravo y otros sobre presuntos autores de privación ilegítima de la libertad y torturas (19 hechos), homicidio doblemente calificado (16 hechos) y tentativa de homicidio (3 hechos)”, la justicia detuvo a los ex marinos Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, encontrándose en calidad de prófugo el ex teniente Guillermo Bravo, jefe de la guardia en la base la madrugada de los asesinatos; a Rubén Norberto Paccagnini y Horacio Alberto Mayorga como cómplices necesarios y a Jorge Enrique Bautista como cómplice secundario por encubrimiento; al ex brigadier Carlos Alberto Rey, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea como partícipe en la decisión de producir los fusilamientos y al ex general José Luis Betti, al mando de todas las operaciones desplegadas en Chubut.
9http://www.clarin.com , 22/2/2008
10http://www.lanacion.com.ar, 29/2/2008
11Sobre la base de esta caracterización el 30 de abril de 1973 el ERP 22 de agosto, ejecutó al contralmirante Hermes Quijada y el 28 de abril de 1974 al Juez Jorge Quiroga. Por su parte, el 15 de julio de 1974 Montoneros ejecutó a Arturo Mor Roig.
