La Caldera. A propósito de las manifestaciones por los casos de gatillo fácil (1983-2001)
Nicolás Villanova
Grupo de Investigación de la Pequeña Burguesía-CEICS
Vistas superficialmente, las manifestaciones por los casos de gatillo fácil parecen remitir al marco de la justicia burguesa. Vistas en el con- texto político y social en el que se inscriben, resultan expresión de un proceso más profundo: la tendencia a la acción directa, a la formación de alianzas y a la confluencia en una lucha conjunta en la que intervienen diferentes fracciones de la sociedad. Es decir, el proceso que lleva al 2001. En este artículo nos proponemos analizar esas acciones, remitiendo al lector al número pasado de El Aromo para el análisis conceptual del fenómeno.1
Del reclamo a la organización2
Desde 1983 hasta 2001 se produjeron nada menos que 1.117 muertes por casos de gatillo fácil en toda la Argentina.3 Uno de los casos más resonantes fue la masacre de Ingeniero Budge en la cual fueron asesinados tres jóvenes, el 8 de mayo de 1987. Las muertes de Antonio Agustín Olivera (un obrero del plástico de 26 años), Oscar Humberto Paredes (obrero de la construcción de 19) y Roberto Argañaraz (un albañil tucumano de 24) dieron lugar a que, el 22 de mayo, un grupo de familiares y vecinos de las víctimas realizaran una caravana hasta Plaza de Mayo, portando carteles reclamando justicia. Al mes siguiente, unas 100 personas junto a la mencionada comisión realizaron una nueva manifestación: concentraron y cortaron la calle en Camino Negro, a la altura de la calle Recondo y marcharon hasta llegar a Figueredo y Guaminí, donde habían matado a los jóvenes. La movilización se convocó al conocerse la liberación de los policías imputados, luego de que el juez cambiara la carátula de la causa a “triple homicidio en riña”. Cabe destacar que el mismo proceso de lucha llevó a que los familiares y amigos se or- ganizaran y constituyeran una Comisión Vecinal. Dos días después, unas 100 personas se reunieron en la Iglesia San Francisco Solano para realizar una asamblea. Asistieron, también, los familiares de las víctimas de Dock Sud, asesinadas el 19 de junio de 1987.4 Allí, los manifestantes propusieron realizar una nueva protesta contra la liberación de los policías. De esta forma, los familiares y amigos de las víctimas de ambas localidades, que venían reclamando de manera separada, constituyeron la Comisión Intervecinal de Vecinos de Ingeniero Budge y Dock Sud. Entre otros, asistieron los abogados de los familiares de las víctimas y representantes de organizaciones de Derechos Humanos, como el CELS. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) adhirió a las demandas por el “total esclarecimiento con verdad y justicia”.5 Este tipo de acciones construyen un escenario que se repite continuamente en todo el período relevado. En efecto, entre 1983 y 2001 registramos un total de 94 acciones similares. Del total de acciones, el 65% se produjo en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Conurbano. Cabe destacar que entre 1997 y 2001, es decir, durante los 5 años previos al Argentinazo, se realizó la mayor cantidad (60%). En todo este proceso participaron va rias organizaciones que no estaban particularmente ligadas a las víctimas: centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de izquierda, que estuvieron presentes en el 24% de las acciones. Esto da cuenta de que no se trata de manifestaciones de índole espontánea, particulares o individuales, sino que implican un grado de avance en la conciencia, en cuanto a organización desarrollo político y formación de alianzas.
De la organización a la política
Otro caso de “gatillo fácil”, con fuertes repercusiones fue la muerte de Walter Bulacio. El 19 de abril de 1991, el joven de 17 años se en- contraba en la puerta del Estadio de Obras, durante un recital de Los Redondos. Como es muy común, esa noche la policía efectuó razzias y fueron detenidos unos 62 adolescentes, quienes fueron llevados a la Comisaría acusados de promover desórdenes en la vía pública y resistencia a la autoridad. Unas horas después, los jóvenes fueron devueltos a sus familiares con la excepción de Walter, quien debió ser llevado al hospital como consecuencia de la golpiza recibida. Unos días después, el 26 de abril, falleció. Inmediatamente, los familiares y amigos comenzaron a manifestarse. El 2 de mayo de 1991, unos 2.000 estudiantes, entre los que se encontraban compañeros de Bulacio, marcharon en repudio a su asesinato desde su Colegio hasta el Congreso de la Nación. A los pocos días, el 24, realizaron una movilización similar. Pero en esta oportunidad, un grupo de estudiantes continuó marchando hasta el lugar donde se concentra lo más elevado del poder político: la Plaza de Mayo. Allí interpelaron a la policía y al presidente a los gritos. La manifestación fue reprimida por efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. Los estudiantes afirmaron que “había provocadores infiltrados en la concentración”.6 El 6 de junio de 1991, unos 1.000 estudiantes realizaron una nueva movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Resulta de gran interés destacar que en ella los manifestantes unificaron sus reclamos junto a aquellos que lo venían haciendo por el esclarecimiento de la muerte de María Soledad Morales. Las marchas por Bulacio se mantuvieron a lo largo de todos estos años conmemorando el aniversario de su muerte. Incluso, fueron adoptando una importancia mayor en la medida en que a esa lucha se fueron plegando distintas organizaciones como CORREPI y varios Centros de Estudiantes. Además, algunas se realizaron “por Walter y por todos” los muertos por ca- sos de gatillo fácil, como sucedió en el 2000 y 2001. De este modo, el peso específico de estas manifestaciones aumenta, tanto por la vigencia que mantiene años después del asesinato, como por la unificación de los reclamos por todos los casos similares.
Aquí también se expresa un fenómeno que se produjo en muchas otras manifestaciones como las realizadas por la desaparición de Miguel Bru, ocurrida el 17 de agosto de 1993, y los asesinatos de Alejandro Mirabete, el 20 de febrero de 1996, y Sebastián Bordón, en octubre de 1997. Todas ellas fueron realizada en lugares que representan el poder político: Congreso de la Nación, Plaza de Mayo, Casas de Provincias y Gobiernos provinciales o municipales. Este dato puede indicar un rasgo del contenido de las protestas: el reclamo no queda restringido al agente policial culpable del crimen, ni a la comisaría local, sino que se res ponsabiliza a todo el personal político del sistema, reconociendo, potencialmente al estado capitalista como causante de esta situación.
La ley y la vida
Las manifestaciones por el gatillo fácil dan cuenta de la desconfianza que tienen fracciones enteras de la sociedad, hacia las instituciones en general y hacia el Poder Judicial y la institución policial, en particular. Fueron (y son) un capítulo más de la desconfianza más amplia hacia el conjunto de la vida burguesa que caracterizó a toda la década previa al Argentinazo y que sigue siendo, todavía hoy, el telón de fondo de la política argentina. Surgieron del mismo caldero en el que se cocina la descomposición de las relaciones sociales que ordenan la sociedad presente. La lucha que encarnan exige otras relaciones que ordenen otra vida.
Notas
1Ver “La vida rota. Un debate sobre el concepto de ‘gatillo fácil’”, en El Aromo n° 39, setiembre de 2007
2La información utilizada para este análisis surgió del relevamiento del diario Clarín, en el período 1983-2001. Estamos actualmente procesando al- gunos datos derivados de otros diarios nacionales y periódicos políticos de izquierda.
4Se trata de Ramón Ortiz (de 19 años), Raúl Jiménez (de 18) y Ramón García (de 16).
5Véase Clarín, 26/06/87.
6Clarín, 24/05/91.
7Hemos relevado una gran cantidad de casos semejantes a estos que, por un motivo u otro, no han sido tan mediáticos como los casos mencionados.
