Por Raúl Mamani, Fernanda Alvarez Prado y Claudia Suárez
La Ley de Educación Nacional impulsó la estructuración de un circuito educativo de gestión social o comunitaria como alternativa para cumplir con la obligatoriedad escolar. Nuestra provincia no es la excepción y hace años proliferó un extenso circuito de Escuelas Públicas de Gestión Social (EPGS). Pudo hacerlo porque el artículo 14º de la Ley 5.807 reconoce los servicios educativos “estatal, provincial y municipal, privada, social y cooperativa” para lo distintos niveles, modalidades y ciclos. La gestión social y cooperativa permite la ampliación en la cantidad de escuelas que no construye el estado para cumplir con la obligatoriedad escolar que se fijó desde los dos últimos años del nivel inicial hasta el final del secundario. Las EPGS son precisamente uno de las “alternativas institucionales, pedagógicas” de las que habla la Ley de Educación provincial. Recordemos que la ley también reconoce a la educación “no formal” como el circuito que puede ofrecer “servicios educativos no formales y abiertos, destinados prioritariamente a comunidades menos favorecidas que habitan en zonas rurales y urbanas marginales y que incluyan acciones de animación sociocultural, promoción comunitaria y mejoramiento de las condiciones de vida”. A ese subsector le permite metodologías innovadoras, horarios flexibles, traslados de sedes y cambios de oferta para adecuarse a las demandas de la comunidad.
Hoy la provincia registra, por lo menos, quince establecimientos de gestión social o cooperativa: 9 en San Salvador de Jujuy, 1 en San Vicente, 1 en Tilcara, 3 en Monterrico y 1 en Perico. Cierto es que las Escuelas Públicas de Gestión Social tuvieron mayor auge durante el kirchnerismo, de la mano de organizaciones sociales afines al gobierno nacional, como lo fue, la Tupac Amaru. Ésta, era parte de la red de organizaciones sociales «Frente Único y Organizado» comandado por Milagro Sala. Con la asunción del gobierno Radical de Gerardo Morales y la encarcelación de su dirigente, algunas de las escuelas fueron convertidas en instituciones de gestión estatal y por resolución funcionan actualmente como: Jardín Independiente N° 9, la escuela «Bertolina Sisa» que aún conserva su nombre, con el N° 470, el Secundario «Olga Aredez» ahora N° 59 y el Instituto Superior,N°11 «Tupac Amaru».[1] Si bien se mantuvieron en los predios en los que estaban instaladas y se conservaron los puestos de trabajo, la estatización implicó un cambio en el cuerpo directivo de las cuatro escuelas intervenidas desde 2015. En su momento, Daniel Filmus reivindicó esas escuelas que, según él, databan del 2003 y denunció la persecución a las organizaciones sociales.
En la actualidad, las únicas escuelas de gestión social y que reciben el apoyo económico del Estado equivalente al pago del 70 % de los haberes de sus docentes, son las de la ODIJ (Organización de desocupados independientes de Jujuy). Esta organización que integrara el FUyO (Frente Único y Organizados), rompe con la Tupac luego del arresto de Milagro Sala, se asocia al nuevo gobierno y logra así recibir prebendas y garantizar la red clientelar, propia de este sistema. Así, acapararon casi la mitad de las EPGS vigentes.
José Luis Bejarano, actual presidente de la ODIJ, actúa con responsabilidad directiva dentro del Colegio “Nuevo Horizonte» que atiende a todos los niveles y los jardines maternales, ubicados en el Barrio Alto Comedero de la capital y en la localidad de Monterrico. Este dirigente está ligado a todo tipo de negocios privados. Recordemos que también, junto a Emilio Cayo, tuvieron cargos de diputado provincial y concejal en la Capital respectivamente en 2013. Luego, con el gobierno de Gerardo Morales, se integraron al oficialismo en el manejo de la asistencia social.
Tal como ocurre en otras partes del país, la reglamentación de las EPGS permite contratar a los trabajadores docentes de forma precaria sin garantizar la continuidad laboral (similar a lo que ocurre con el Plan Fines 2). Pese a las formalidades, la selección de personal es arbitraria y también lo son las condiciones laborales fijadas. Valga de ejemplo una de las protestas iniciada por docentes en uno de los colegios Nuevo Horizonte por falta de pagos de los salarios desde marzo a noviembre de 2018. A cambio recibieron (y denunciaron) amenazas por parte de sus dirigentes.[2] En esa oportunidad, denunciaron a Emilio Cayo por buscar el enfrentamiento de los padres con los docentes que reclamaban su salario y, como si fuera poco, dispuso además una guardia civil en la puerta de la escuela para controlar “quién entraba y quién salía” de la escuela. Como vemos, la precarización laboral, la destrucción de la carrera docente y la arbitrariedad trascienden al puntero político de turno que gestiona las escuelas paraestatales. Morales supo acomodar sus propias redes clientelares.
En adultos también
La educación de adultos merece un capítulo aparte. Durante el gobierno kirchnerista/peronista provincial se implementaron los Centros de Educación Integral de Jóvenes y Adultos (CEIJA),emprendimientos de gestión privada que buscaban constituir una oferta “alternativa”, de tres años de duración, para los desertores de la escuela secundaria. La mayoría de los CEIJA se encontraban administrados por el sindicato docente CEDEMS. A esta oferta se sumó más tarde la implementación del FINES 2 en la provincia. En unos y otros, en su mayoría, el personal docente eran estudiantes de profesorado. En el caso de los CEIJA la condición de la mayoría de los docentes era el oficiar como “simpatizantes” del sindicato. Los docentes de la educación de adultos denunciaron el cierre de más de veinte cursos como producto de la “competencia” que recibían en los formatos flexibilizados. Al igual que como ocurrió con las escuelas de gestión social de la Tupac, Morales decidió cerrar las sedes CEIJA de San Salvador, La Quiaca, Palpalá y San Pedro, aduciendo distintas irregularidades. Decidió la reubicación de los alumnos en los CENS aunque no le quitó proyección provincial al FINES lo que demuestra que se trata más bien de acomodar a sus propios punteros.
El cierre de los CEIJAS no logró reducir la confrontación. Luego del cierre, las protestas no se hicieron esperar. En San Salvador de Jujuy se arrestó a un grupo de 6 estudiantes que acampaban frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Fueron golpeados y detenidos durante la noche del jueves santo del 2017 por la policía provincial. Junto a los alumnos, también fueron arrestados la concejal de Andrea Gutiérrez (FIT) y el abogado del CEIJA Idear. Además, los estudiantes luego fueron llevados a juicio por protestar mediante el Código Contravencional que fue votado por el peronismo y ejecutado por el radicalismo, para perseguir a todos aquellos que salgan a luchar.
Es
evidente, entonces, que tanto las EPGS como los formatos acelerados para
adultos demuestran que los acuerdos punteriles trascienden al personal político
de turno, sea este peronista o radical. Poco
les importa la calidad educativa, solo negocian para favorecer a sus propios coordinadores
punteriles y manipulan a cientos de docentes que necesitan trabajar. El caso de
adultos es muy claro ya que logró enfrentar a docentes de la modalidad frente a
la pérdida de la matrícula denunciada por los CENS. Y mientras se cierran los
CEIJA se dejan intactos los FINES. Por eso, los docentes tenemos que
organizarnos para combatir todas las formas de educación paraestatal que lo
único que hacen es degradar el contenido de la educación que reciben nuestros
hijos y socavar las condiciones laborales de un sector para imponer, más
temprano que tarde, esa degradación al conjunto de la docencia jujeña.
[1] http://prensa.jujuy.gob.ar/2017/03/08/instituciones-educativas-de-la-tupac-se-reconvirtieron-en-establecimientos-de-gestion-estatal/
[2] https://www.somosjujuy.com.ar/jujuy/san-salvador/33026-conflicto-en-el-nuevo-horizonte-docentes-retomaron-medidas-de-fuerza
