Valeria Sleiman (LAP)
Cristian Morua (LAP)
Nahuel Audisio (TES)
¿Qué hay detrás del Plan Argentina Trabaja? ¿Es un elemento para elevar el nivel de vida de los trabajadores? ¿Cómo piensa manejarlo el gobierno? En este artículo va a encontrar las respuestas. Con un agregado: a pesar de haber pretendido hacer de estos planes una fuente de armado político exclusivamente kirchnerista, las organizaciones piqueteras lograron torcerle el brazo al Estado. ¿El método? El mismo que en el 2001…
El Plan Argentina Trabaja (PAT) nace de la derrota legislativa del kirchnerismo del 28 de junio de 2009 y en un contexto de caída de puestos de trabajo, debido a la crisis mundial1. El 14 de agosto de ese año, apenas dos meses después de las elecciones, Cristina anunció la implementación del PAT, también llamado “Plan Ingreso Social con Trabajo”2. Las estimaciones consistían en el desarrollo de una primera etapa, centrada en el conurbano bonaerense y que con un fondo de 1.500 millones, se generarían 100.000 puestos de trabajo para cooperativistas de “barrios, villas, comunidades, aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social de numerosas provincias de nuestro país, con especial atención en el conurbano bonaerense y zonas aledañas”3, cifras que luego se fueron modificando.
El trabajo se otorga a través de cooperativas, que abordan tareas que pueden enmarcarse en lo que se conoce como “trabajo comunitario”, a saber: la construcción de pavimento, de cordón cuneta, de desagüe, de agua potable, de viviendas, de reparación de escuelas, de centros comunitarios, de colegios, entre otras actividades. Eso, a cambio del pago mensual de 1.200 pesos aproximadamente. En el marco del PAT, el Ministerio de Desarrollo Social también otorga microcréditos para aquellos trabajadores que desarrollan “emprendimientos productivos”4.
Para la implementación del PAT, el Ministerio de Desarrollo social acuerda con los Entes Ejecutores (municipios, provincias, federaciones y mutuales) la formación de cooperativas, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la capacitación de las que ya están conformadas (aceptadas por el ente ejecutor), las que tienen a su cargo la realización de las obras públicas locales.
El plan tiene 1.014 cooperativas registradas actualmente. Se implementó, en una primera etapa, en el Gran Buenos Aires y luego se fue extendiendo hacia otras provincias, entre las que se destacan Tucumán y Mendoza. Con un total de 100 mil puestos designados para la provincia de Buenos Aires y 100 mil más para el interior.
Este plan fue el instrumento de los intendentes del conurbano para captar desocupados a través de operadores políticos oficialistas, lo que se ha constituido en el mecanismo habitual de inclusión al plan, que queda a la vista a partir de la negativa del gobierno a incorporar al programa a las organizaciones no kirchneristas. Frente a esta realidad, las organizaciones no alineadas al kirchnerismo como Barrios de Pie, el Polo Obrero, el Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive, el FPDS, MTD-Aníbal Verón, la CCC y el MTR-Santucho, entre otras, comenzaron a denunciar estos manejos, a través de distintas acciones, como acampes, piquetes, movilizaciones, protestas y denuncias, en completo desacuerdo con el manejo clientelar de las cooperativas de trabajo incorporadas al PAT (ver cuadro).
Los datos que se conocen en la actualidad han cambiado respecto de las promesas iniciales. El PAT incluye 152.595 cooperativistas y se expandió, principalmente, sobre el conurbano bonaerense. A partir de abril de este año, se esperaba la incorporación de 30 mil nuevos trabajadores5, pero las acciones en contra del mecanismo de incorporación hicieron que el tema sea noticia una vez más. Veamos.
Trabajadores, si. Cooptados, no.
Si observamos el gráfico de las acciones de las organizaciones no kirchneristas, vemos que aumentan del 2009 al 2010, encontrando su pico máximo en ese año (22 sobre 45). Ello es porque las organizaciones tuvieron que emprender una dura lucha para lograr ser incluidas. Las acciones comenzaron, a fines del 2009, con un accionar conjunto. Las protestas se extendieron por todo el país, especialmente en Rosario, con la idea que la aplicación del plan se amplíe más allá de la provincia de Buenos Aires. Luego de meses de protestas y avances parciales, en mayo del 2010 lograron ser aceptadas, ante el temor del gobierno de que un acampe en la 9 de julio arruinase el prometedor festejo del Bicentenario. Pasado el festejo, y durante todo el resto del año 2010, las protestas continuaron.
Una vez conseguida la inclusión, parece lógico el descenso relativo de las protestas, aunque estas continuaron. Durante el 2011, las organizaciones no alineadas al gobierno denunciaron las condiciones de trabajo que fijaba el plan. En particular, el status legal de los miembros de las cooperativas, el manejo poco transparente de la asignación del plan, el manifiesto desplazamiento de miembros no alineados al gobierno, el atraso en los pagos, la fuga sistemática del dinero de las cuentas bancarias asignadas para el cobro (al punto que hubo obreros que jamás cobraron un peso)6. Además, pedían nuevas incorporaciones en todo el país y el aumento en el monto del plan, ya que había quedado estancado en $1.200, cuando el salario mínimo vital y móvil se había fijado en $2.300. Es decir, es una remuneración que sólo alcanza para que esta gente se reproduzca como indigente.
La mayoría de las protestas se constituyeron en acciones directas. En su mayoría, fueron piquetes, pero encontramos una importante cantidad de acampes (13 sobre 45). Casi la mitad de acciones se desarrollaron en Capital, lo que se comprende debido a que los planes dependen del gobierno nacional antes que de los provinciales. En segundo lugar, se encuentran las manifestaciones en el conurbano. Encontramos también acciones en Santa Fe y en Chaco.
El 29 de febrero de 2012, tras un año de protestas, el gobierno nacional anunció mejoras en el plan. Al sueldo se le incorporarían bimensualmente el pago de un plus por productividad de $300 y otro de $250, por presentismo. Pero los aumentos no estaban proyectados para todos, sino solamente para 30.000 beneficiarios, elegidos discrecionalmente7. Aun no hay certeza respecto de quiénes serán, pero el gobierno ha dado indicios de que serán para aquellos que hayan sumado más “capacitaciones” y más antigüedad. El criterio tiene la función de excluir a las organizaciones no kirchneristas ya que estas ingresaron tardíamente al PAT.
En cuanto al manejo de los planes, en principio, hay indicadores de que la asignación ha quedado librada a los intendentes. Es decir, parece que esta estructura excede a los gobernadores. Sin embargo, las gobernaciones no son ajenas, ya que las cooperativas deben entregarles semanalmente una planilla que es remitida al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al mismo tiempo que es la provincia quien certifica las obras8. Aún así y, más allá de todas estas particularidades, lo cierto es que el pago lo centraliza el Gobierno Nacional, lo que implica no sólo que se realizan en una misma fecha para todos los beneficiarios9, sino que la disposición final del dinero la tiene la Nación.
Teniendo en cuenta que el ámbito de mayor aplicación del PAT es el conurbano bonaerense, es lógico que la delegación de la asignación y manejo de los planes se entregue a los intendentes. En una provincia como Buenos Aires, con la gran cantidad de habitantes, conceder la administración de los planes a la gobernación provincial implicaría darle un instrumento de construcción política a Scioli10.
Un campo fértil
El Plan Argentina Trabaja se convirtió en una estafa para la clase obrera: bajo el pretexto de un subsidio, el Estado contrata mano de obra a precio miserable para hacer obras públicas, cuando tendría que realizar contrataciones regulares, con pago de sueldos acordes a la normativa vigente, con todas las cargas sociales que ello exige. Por otra parte, a este cúmulo de obreros se los rotula bajo la categoría de “cooperativistas”, por lo que en un eventual cómputo estadístico no aparecen como desocupados.
A pesar de ser proyectado como un elemento para construir una estructura política propia y ganar la adhesión de los intendentes del conurbano, la lucha de las organizaciones piqueteras ha logrado arrancarle al Estado una serie de planes que les permite una construcción propia. La lucha continúa por el aumento del monto y del número de planes. A medida que el ajuste se desarrolle, los planes van a ganar protagonismo y, por lo tanto, las organizaciones que luchen contra el gobierno en este campo. La intervención llevó a una alianza entre elementos reformistas (Barrios de Pie, CCC, MST) y revolucionarios (PO). No es diferente a la conformación que llevó al Argentinazo. Es llamativo que los otros dos partidos del Frente de Izquierda (PTS e IS) no intervengan y se resistan a desarrollar este frente. Por lo que vemos, no han hecho un correcto balance del proceso abierto en 2001 y se privan de una posibilidad de crecer.
Notas:
1 Véase http://edant.clarin.com/diario/2009/08/15/elpais/p-01978863.htm.
2 Anuncio de Cristina Fernández de Kirchner del Plan Ingreso social con trabajo (Plan Argentina Trabaja) http://www.presidencia.gob.ar/discursos/3551. Artículo “La Presidenta lanzó el Plan de Ingreso Social con Trabajo” http://presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/3551.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Véase www.lanacion.com.ar/1452486-mejoras-en-los-planes-argentina-trabaja.
6 Véase www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Beneficiarios-del-plan-Argentina-Trabaja-denunciaron-la-sustraccion-de-su-paga-20111007-0018.html.
7 Véase www.lanacion.com.ar/1452777-breves.
8 Véase www.informedigital.com.ar/secciones/general/54821-aseguran-que-los-planes-argentina-trabaja-no-estan-en-la-mira-en-entre-rios.htm.
9 Véase www.lv7.com.ar/2010050732253/tucuman/politica/esta-disponible-el-pago-para-los-trabajadores-de-argentina-trabaja.htm.
10 Sobre la distribución de los planes por municipio véase http://conurbanos.blogspot.com.ar/2010/02/argentina-trabaja-municipio-x-municipio.html.
