Por Mariano Schlez – Richard Gallardo era presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Aragua. Luis Hernández, dirigente sindical de Pepsi y, Requena, de Produvisa. Todos pertenecían a la Unidad Socialista de Izquierda (USI) y a la Corriente Clasista C-Cura. Hernández y Gallardo, enfrentaron al PSUV en las elecciones del 23 de noviembre, y planeaban impugnar los resultados electorales en la Alcaldía de Zamora, que dieron como ganador al chavismo. El mismo Gallardo había dicho horas antes de su asesinato: “Hay que cuidarse, vienen por nosotros”. El día de su muerte, los tres resistían a la policía chavista, empeñada en desalojar a los obreros de Alpina, que se encontraba tomada debido a la amenaza de cierre. Horas antes de caer, Gallardo había declarado públicamente que “si los patronos se quieren alzar y se creen valientes porque cuentan con el respaldo de la policía, les advertimos que nos tomaremos la planta, exigiremos al gobierno su expropiación y la pondremos a producir bajo control de los trabajadores”.
El gobierno no se pronunció hasta que fue obligado por el plan de lucha: Chávez dijo haber ordenado una investigación para determinar los autores materiales e intelectuales del asesinato y llegó a hablar de la necesidad de depurar a la policía de Aragua. Sin embargo, ha incumplido esta promesa. El gobernador electo del PSUV, Rafael Isea, pasó de repudiar “los hechos violentos” a calumniar al movimiento de lucha, planteando que “factores externos se infiltraron en las manifestaciones”, adviertiéndoles que no permitirá que se paralice el libre tránsito por protestas. El gobierno intentó también desviar el curso de la investigación al anunciar la detención del supuesto homicida, Julio César Arguinzones Romero, trabajador de Pepsi. Sin embargo, los compañeros de Arguinzones ya demostraron que estaba trabajando en el momento del ataque. La detención de Romero estancó la causa, impidiendo investigar a la Policía de Aragua, a la patronal de Alpina, al alcalde electo de Zamora y a las mafias sindicales.
El crimen muestra la virulencia con la que actúan los defensores del régimen, que apelan a formas cada vez más radicales para detener el proceso revolucionario, y la complicidad (por acción u omisión), del gobierno chavista, que pasó del silencio y el desvío de la investigación, a un abierto ataque al movimiento de lucha.
Razón y Revolución repudia el hecho, se solidariza con las organizaciones en cuestión (USI y C-Cura) y saluda el camino emprendido por los compañeros: la organización independiente de los trabajadores con un programa verdaderamente revolucionario, sin ninguna tutela “bolivariana”. Sólo así se podrá esclarecer este crimen político y lograr el triunfo de la lucha por la que dieron su vida los compañeros.
