Por Pablo Heller
En la actualidad, según estimaciones oficiales, hay alrededor de 1200 empresas vaciadas, ya sea porque han quebrado, están en convocatoria o fueron directamente abandonadas por sus dueños. Este dato es un signo de la caducidad del actual régimen social, incapaz de hacer uso de este enorme potencial productivo. Frente a este cuadro de bancarrota, han comenzado a florecer nuevas experiencias, que tienen a la clase obrera como fuerza motriz y protagonista. Trabajadores de distintas ramas consiguieron salvar empresas quebradas. Frente al abandono patronal ,los trabajadores tomaron en sus manos la conducción de la planta, la pusieron a funcionar y garantizaron la continuidad de la producción. Segun la Federacion de Camaras y Centros Comerciales de la Republica Argentna “unas 1800, de un total de 200.000 pequeñas y medianas empresas en el país son manejadas por sus empleados, luego de haber quedado a la deriva cuando sus titulares la dejaron en bancarrota.” (Argenpress. 23-10-02)
Este fenómeno se viene extendiendo. A la reapertura de la clínica Junín, en Córdoba, le ha sucedido la ocupacion de nuevas clínicas como Portuguesa o Evangelista, enclavadas en los barrios de Flores y Almagro y lo mismo acaba de ocurrir con una clínica de Haedo. Lo novedoso es que además de rechazar los despidos y reclamar por los salarios caídos, los trabajadores se ponen a discutir qué hacer ante los posibles cierres de la empresa. Por otro lado, a la par de los trabajadores, son los propios vecinos, a través de las asambleas populares -como sucedió con la clínica nombrada en el bajo Flores- los que toman la iniciativa de recuperar empresas inactivas y se movilizan para ponerlas nuevamente en funcionamiento. Esto es apenas un anticipo de lo que se viene. Estamos en vísperas de una nueva ola de cierres, en primerísimo lugar, en el sistema bancario, donde funcionarios y voceros de las patronales señalan que sobran 60 u 80 bancos y alrededor de 80.000 trabajadores bancarios. Ni hablar del transporte publico cuyas empresas se encuentran en una crisis terminal. La reciente quiebra de la Río de la Plata es un ejemplo elocuente de ello.
El vaciamiento general de empresas que estamos enfrentando es una señal inconfundible del derrumbe de un orden social. Lo que antes era la excepción, ahora ha pasado a ser la regla. Los patrones huyen de las fábricas. Ni siquiera aparecen otros candidatos dispuestos a sustituirlos. En los contados casos en que surge un capitalista interesado, esa operación no es más que una pantalla para algún negocio inmobiliario o especulativo, o un proyecto de brutal racionalización. Estamos asistiendo a la bancarrota de un sistema de producción. Al hacer abandono masivo de la fábrica, la clase capitalista está revelando más que nunca que es incapaz de hacerse cargo de la producción. Su función social y económica está agotada. Esto pone a la orden del día la necesidad de una transformación social, en la que los trabajadores están llamados a jugar un papel protagónico.
¿Costo laboral o costo empresario?
El principal obstáculo para la producción, como lo corroboran los centenares de empresas vaciadas, es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión, hasta el punto de la mano de obra gratuita (caso trabajadores subsidiados por el estado, con planes Trabajar) mientras la superexplotación fue llevada, como contrapartida, a su máximo nivel. Esta política de flexibilidad laboral extrema no sirvió, sin embargo, para que las empresas salieran a flote. El “ahorro” que se hace a expensas del salario obrero va a parar el bolsillo de los dueños. Mientras los obreros ven reducir sus condiciones de vida a niveles inauditos, los patrones vacían las empresas y desvían los recursos y los invierten en otros negocios o los mandan al exterior. Las más de 1.200 empresas abandonadas hablan de la incompatibilidad existente entre las posibilidades de producción y las relaciones de producción imperantes. Establecimientos enteros, con capacidad para emplear a miles de obreros, parques de maquinarias modernos, instalaciones adecuadas, están abandonados, corren el riesgo de desaparecer, mientras millones de compañeros no tienen trabajo con sus demandas alimentarias, de vestimenta, de vivienda desesperantes, sin satisfacer.
El problema no reside, por lo tanto, en el costo laboral sino en el costo empresario. Grissinópoli, Chilavert, Ghelco, Brukman, Zanón, así como las decenas de plantas en la misma condición son “viables”; los que las hacen “inviables” es la voracidad y el parasitismo patronal. La mejor demostración de que esto es así la dan los propios trabajadores, quienes, en muchas empresas vaciadas, han reabierto las plantas o están en plenos preparativos para hacerlo. Los capitalistas cierran las fábricas, los trabajadores las ponemos nuevamente a producir. El casi centenar de fábricas que en la actualidad están en manos de los trabajadores revela la superioridad de los métodos de organización de los trabajadores. Su funcionamiento constituye un golpe a la política patronal pues plantea que se puede prescindir de los patrones. Se destruye el mito que presenta a la propiedad privada como el medio excluyente y natural de organización de la producción.
Expropiación y gestión obrera
La gestión obrera plantea la expropiación de las máquinas, de los edificios, del capital de las empresas y su entrega a los trabajadores. Esta salida representa una superación de las alternativas tradicionales. Por un lado, respecto a las llamadas experiencias “autogestionarias”, donde el obrero vive la ficción de que se ha transformado en patrón y sale a probar suerte y termina destruído por la competencia capitalista y la fuerza superior del capital.La experiencia del “cooperativismo”, tanto a nivel nacional como internacional, es un testimonio de los límites insalvables de esta opción. Pero la expropiación y la gestión obrera, también representa una superación en relación a la estatización capitalista. Constituye un grave error hacer un fetiche de la estatizacion y más aun convertirla en sinónimo de socialismo. Una empresa estatal constituye una forma de propiedad burguesa. El estado lejos de ser un terreno “neutral”, reproduce en su interior las relaciones sociales de explotación y hasta lo hace en forma mas exacerbada, inclusive, en su condición de representante del conjunto de la clase patronal, que un capitalista individual. ¿No tenemos, acaso, todos los días la evidencia de ello en el atropello permanente que perpetra el estado contra las condiciones laborales: rebaja y atraso salarial –basta recordar la última poda del 13 por ciento de los empleados públicos-; flexibilidad laboral y regímenes de contratos precarios; pasantías y sustitución de puestos genuinos por planes Jefes y Jefas de Hogar . El aparato del estado es, en muchos casos, la avanzada contra las conquistas de los trabajadores. De la misma manera que asistimos al vaciamiento de las empresas privadas, enfrentamos el vaciamiento de escuelas, hospitales y centros culturales y asistenciales. El presupuesto estatal es una fuente de enriquecimiento para el capital privado por lo que se le niega a las áreas del estado – y que va destinado a subsidiar a los empresarios y a pagar la deuda externa- pero también por lo que se les otorga a través de convenios leoninos, sobreprecios y prebendas a los proveedores (patria contratista).
El estatismo económico no constituye más que una vulgar copia del nacionalismo que durante décadas presentó a las nacionalizaciones como socialistas. En Argentina abarcó el socialismo nacional y la patria socialista. Una empresa estatizada no representa, por definición, una escalón superior de organización de la clase obrera frente al capital. A nadie se le puede escapar que, bajo el régimen estatal actual, el estado reemplaza al capitalista como patrón; el burócrata de turno pasa a sustituir a los directivos patronales en la conducción de la empresa. Es fácil advertir que la transformación en empresas estatales representaría un enorme retroceso para Zanón, para Brukman e, inclusive, para las fábricas ocupadas que han adoptado una forma cooperativa, y que, en la actualidad, vienen siendo gestionadas por los trabajadores. En caso de prosperar esa variante, la función de los trabajadores quedaría confinada a controlar decisiones y actos que llevaría adelante la administración designada por el gobierno.
La estatización puede llegar a ser un fenómeno regresivo y hasta tener una finalidad reaccionaria, si es el medio a través del cual se pretende disciplinar a los trabajadores y destruir su organización independiente. Los atributos y cualidades de un emprendimiento obrero no puede medirse por su forma jurídica sino por su contenido social y la perspectiva política que motoriza. Plantear como eje de diferenciación el enfrentamiento entre cooperativas y empresas estatales constituye un falso debate: significa oponer entre sí dos formas de propiedad burguesa y tomar partido por una de ellas.
La “estatizacion” es un recurso al que la burguesía ha apelado históricamente como mecanismo de salvataje y rescate del capital. La estatizacion no es sólo una medida económica en relación al capital privado. Es también una intervención política del estado capitalista. Apunta a someter a los trabajadores y a reducirlos a la condición obediente de mano de obra explotada, como una condición necesaria para reconstruir la empresa sobre la base económica capitalista tradicional, cualquiera sea su variante, reprivatizándola o manteniéndola en la órbita del estado. La mera “estatización” de Aerolíneas, los yacimientos de Río Turbio, los ferrocarriles, las comunicaciones o cualquiera de las empresas quebradas conduciría a su racionalización, a enchufar sus deudas al pueblo mediante impuestazos, a poner “en valor” a las empresas para reprivatizarlas y así pasar de un ciclo a otro con eje en la estafa patronal a sus trabajadores, al estado y a toda la población.
La experiencia recorrida plantea impulsar la expropiación de las fábricas pero rechazando su estatización y reivindicando la gestión obrera independiente. Es necesario obligar al estado a auxiliar y sostener a las fábricas ocupadas pero no se puede aceptar, a cambio de ello, que el estado meta su mano en la fábrica y pase a tener una injerencia, y menos aún el control, en la administración de la empresa. El marxismo siempre distinguió el sostenimiento económico de diversas actividades sociales -necesarias y vitales para el desarrollo de la civilización- a través y por medio de los recursos del estado, de su injerencia política reaccionaria
La “estatizacion”, por otra parte, está a contramano de la situación política revolucionaria creada en el país a partir de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre y, en especial, de la evolución de las masas. Mientras éstas plantean que “se vayan todos”, es decir, un cuestionamiento general al estado burgués y sus instituciones, sería un contrasentido que esas mismas instituciones agotadas y desacreditadas a los ojos del pueblo “se queden” con las empresas y concentren en sus manos la conducción de las mismas. La actual situación plantea impulsar la expropiación de las fábricas vaciadas y su entrega a los trabajadores simultáneamente con la centralización de las fábricas ocupadas en un frente común para pelear por el control de los bancos y el acceso al crédito y por el poder político y el gobierno de trabajadores. Este planteo no es el resultado una delimitación general de carácter ideológico con la estatización burguesa y burocrática sino que esa delimitación surge en forma concreta a partir del propio material que nos proporciona la lucha de clases que ha puesto en tela de juicio el conjunto del régimen político y social capitalista y que se sintetiza en la consigna “que se vayan todos”.
La lucha por la expropiación de las empresas vaciadas y quebradas sólo puede ser entendida como un escalón en la lucha por el poder. La gestión obrera independiente, en que la clase obrera sustituye a la patronal en el manejo de la producción, constituye un desafío al orden social vigente y es una poderosa palanca en la lucha por “que se vayan todos”. El control que ejercen los trabajadores de la fábricas plantea el control del país: plantea qué clase social debe dirigir los destinos de la Nación. De lo que se trata, entonces, es de impulsar la expropiación y la gestión obrera como órganos de doble poder, que serán el laboratorio a través del cual la clase obrera irá haciendo su experiencia y preparándose para el momento en que será llamada a asumir y hacerse cargo del gobierno. Inspiradas en esta perspectiva, las consignas de expropiación tienen como función fundamental apuntalar la conciencia y organización independiente de la clase obrera.
Los condicionamientos actuales de la gestión obrera
Las flamantes gestiones obreras tropiezan con grandes condicionamientos, que pueden llegar a transformarse en trampas mortales contra las fábricas en manos de los trabajadores. La primera cuestión consiste en la pretensión de que los obreros se hagan cargo de las deudas empresarias. Una extensión de este mismo tipo de propuestas es que los trabajadores pongan plata, renuncien a sus indemnizaciones o créditos laborales que la patronal les adeuda por atrasos y diferencias salariales y por esa vía, reunir los fondos necesarios para poner en funcionamiento la planta.
Esto puede constituir una salida para los dueños que se desembarazan de la deuda pero no para los trabajadores quienes pierden los pocos pesos que les corresponden legalmente por su trabajo y pasan a cargar sobre sus espaldas una hipoteca ilevantable. La nueva ley de quiebras, presentada como una “solución” para preservar la fuente de trabajo constituye una encerrona mortal para los trabajadores. La “continuidad” establecida por la nueva normativa vigente -que contempla la posibilidad de que los trabajadores asuman la conducción de la empresa- significa que los obreros heredan los bienes pero también las deudas. “Ciam arrastra la deuda dejada por Aurora”(ídem) y fue uno de los factores que incidió para que se fundiera. Ni hablar del frigorífico Yaguané, quien en los años que viene funcionando ya cancela 3 millones de pesos, lo que apenas es una ínfima proporción de la deuda que debieron asumir los trabajadores por 80 millones de pesos, que convierte a la cooperativa en una virtual rehén de los acreedores.
Un segundo obstáculo es que los trabajadores cuentan apenas con el “uso precario” de la planta, de las instalaciones y la maquinaria y encima, por ese uso deben pagar un alquiler. Están sometidos, por lo tanto, al arbitrio del dueño o del juez, quienes pueden disponer en cualquier momento el desalojo del establecimieto. Las cooperativas tienen que soportar un canon o alquiler por el uso del edificio, las instalaciones y las maquinarias. Este dinero va a parar al bolsillo del dueño o al juicio de quiebra. Pero en todos estos casos se trata sólo del uso “precario” de la planta .La propiedad de la fábrica (maquinarias e instalaciones incluidas) sigue en manos de sus antiguos dueños o del síndico. En cualquier momento, éstos pueden exigir la devolución de los bienes, la restitución de la fábrica y dejar en la calle a los trabajadores. Para evitar ese desenlace, los trabajadores deberían tomar la decisión de comprar la fábrica, por lo cual la carga pasaría a ser mayúscula y prohibitiva. Las expropiaciones aprobadas hasta el momento en las Legislaturas, por otra parte, no pasan de una “declaración”. El Poder Ejecutivo no efectiviza la expropiación en el plazo autorizado con lo cual los obreros se encuentran forzados a tener que asumir la compra de los activos si quieren evitar el cierre.
En tercer lugar, la falta de capital de trabajo (materias primas, servicios, salarios) termina convirtiendo a los trabajadores en rehenes del propio dueño o de otro grupo económico, que es el que adelanta los fondos para el pago de insumos. Bajo la fachada de una gestión independiente, podemos caer en una tercerización encubierta, con la pérdida y desconocimiento del convenio. Los trabajadores que han tomado en sus manos las fábricas están soportando un verdadero ahogo. “Salvo casos aislados, no recibieron ningún tipo de ayuda por parte del Estado” (Pagina 12, 16-6-02). Los subsidios multimillonarios para los bancos y grupos capitalistas en crisis y no tan en crisis, contrasta con la falta de fondos para las fábricas ocupadas por los trabajadores. “Los subsidios están cortados debido a la crisis” (declaraciones de uno de los titulares del INAES, organismo oficial que controla las cooperativas. Pagina 12, 16-6-02). Dichas fábricas tampoco cuentan con créditos ni siquiera por parte de los bancos oficiales. La ausencia de capital de trabajo (materias primas, insumos, mantenimiento de las instalaciones y maquinarias) para hacer arrancar el proceso de producción, coloca a los trabajadores entre la espada y la pared y compromete seriamente la posibilidad de poner en funcionamiento la planta. Tal es el caso de Papelera Platense que a partir de junio del año pasado volvió a funcionar bajo control de los trabajadores.
La reapertura -según lo afirma Hector Garay, presidente de la cooperativa que se hizo cargo de la planta- fue posible “porque quedaba algo de materia prima, sino debería haber cerrado”. Otras empresas como la Baskonia o Panificación Cinco, se vieron forzadas a demorar varios meses su relanzamiento productivo -y aun hoy soportan grandes penurias- pues les faltan los insumos indispensables para mantener en el tiempo la actividad productiva.
Esta situación termina convirtiendo a las cooperativas en fácil presa de los intereses de grupos capitalistas. Aparecen en acción estudios y asociaciones de profesionales que terminan haciéndose cargo del gerenciamiento de las empresas y que preparan las condiciones para el copamiento empresario de aquellos emprendimientos. La cooperativa Ciam, que en su momento tomó el control de la fábrica Aurora Grundig en Avellaneda, cedió el gerenciamiento de la planta a la cooperativa Huella de Bilbao. Con este nombre se dan a conocer en sociedad estos gerenciadores que absorbieron la fábrica más que por la planta en sí misma y sus posibilidades de producción, por el valioso predio que la rodea. Está en marcha un meganegocio inmobiliario y no hay que descartar, que en su ejecución, el pato de la boda termine siendo la fábrica, con sus trabajadores adentro. Los trabajadores de la fábrica de tractores cordobesa Zanello también recurrieron a una “alianza” para enfrentar los condicionamientos con que tropezaban. Cuando el cierre se produjo, crearon un consorcio compuesto por la cooperativa, los concesionarios comerciales, algunos ex ejecutivos de la firma y el municipio de la zona. Así, consiguieron el capital de trabajo “para salir adelante”(ídem). Es decir, el peso gravitante en las decisiones pasa a manos de estos profesionales que actúan, directa o indirectamente, como representantes y testaferros de distintos capitalistas.
Frente a la situación expuesta, se plantea un conjunto de medidas cruciales, imprescindibles para la defensa y el porvenir de la gestión obrera: a. Expropiación de los activos y su entrega gratuita a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días. b. Las deudas deben ser asumidas por los dueños, quienes deben responder con sus bienes y patrimonio personal. c. Otorgamiento de un subsidio no reintegrable, que permita a los trabajadores contar con el capital de trabajo necesario para hacer arrancar el proceso de producción, en primer lugar , el cobro de los salarios que no debería ser inferior al fijado por el convenio. En lugar de rescatar al capital en quiebra, es menester rescatar a los trabajadores y apuntalar el emprendimiento obrero. d. Transformación de todas las fábricas en manos de los trabajadores en proveedores privilegiados del estado, de modo que los productos elaborados en ellas sirvan para abastecer las necesidades de hospitales, escuelas, asistencia social, vivienda y de otras áreas públicas.
Los trabajadores en acción
El rasgo distintivo de la actual situación es que los trabajadores están tomando la iniciativa sin esperar el visto bueno de ninguna autoridad de turno. De la experiencia recorrida surge un programa: ocupar toda fábrica que despida, suspenda, que esté en proceso de vaciamiento y ponerla nuevamente a producir, desafiando a la justicia, al Ministerio de Trabajo, el parlamento, al poder del Estado y todo el enjambre de leyes, reglamentaciones que están al servicio de la patronal.
La propia realidad plantea, inclusive, ir más lejos y adelantarse a los acontecimientos. Los capitalistas no esperan ninguna autorización, actúan. Cuando se decreta la quiebra o se llama a un concurso de acreedores, la destrucción de la empresa ya está avanzada o totalmente consumada. Se plantea intervenir ante el primer síntoma que se detecte e impedir que este proceso de vaciamiento avance. Los “indicadores” económicos están hechos a medida de la patronal al igual que los procedimientos legales que se ponen en marcha cuando se afectan los intereses del dueño o de sus acreedores. Los trabajadores son los convidados de piedra. Los mecanismos tradicionales previstos en los juicios de quiebra (los privilegios de los acreedores, la liquidación de los bienes) así como lo nuevos (como el cramdown que facilita que terceros se adueñen de la fábrica) pasan a tener, como blanco principal a los trabajadores y las ocupaciones de fábrica y apuntan a quebrar la resistencia que ofrece la clase obrera a los planes patronales.
A esos indicadores y procedimientos patronales, es necesario oponerle los “indicadores” y procedimientos obreros. En momentos en que estamos en presencia de una quiebra capitalista generalizada, que cada día una empresa nueva se funde, es menester exigir la apertura de los libros, cuentas e inventarios de todas las empresas y su supervisión por parte de los trabajadores. Cualquier atraso salarial o diferimiento en el pago de las cargas sociales es una causa suficiente para que dicha supervisión se extienda al movimiento diario de fondos de la empresa. Esa fiscalización obrera debe tener como función principal garantizar que la recaudación vaya en primer lugar al pago de los salarios obreros. Gracias al control obrero de la recaudación, que conquistaron, hace nueve meses, los choferes de Transportes del Oeste han forzado a la patronal a dar prioridad al pago de los salarios de los trabajadores y a poner un límite a la fuga de fondos que venían haciendo los accionistas (quienes no pueden retirar mas allá del monto equivalente al salario de un trabajador).
Cuando el atraso en el pago de las remuneraciones, las jubilaciones o la obra social se extienda por más de dos meses y en dos oportunidades en el año en forma discontinua; se suspenda, despida o haya manejos irregulares que hagan presumir un vaciamiento (traslado de maquinarias, falta de provisión de materia prima, etc.) estos hechos deben ser tomados como indicadores de la incapacidad empresaria para continuar al frente de la empresa. La patronal debe ser relevada de sus funciones y la gestión de la empresa debe ser asumida por los trabajadores como un punto de partida y un tránsito en la lucha por la expropiación.
La lucha por la reapertura de las fábricas debe extenderse inclusive a las plantas que ya están cerradas. El Bloque Piquetero, el MIJD y Barrios de Pie se han puesto a la cabeza de este reclamo, planteando frente a las autoridades que se reabran diferentes fábricas y el auxilio del Estado a todas las empresas bajo gestión obrera, lo que concurrentemente con un plan de obras públicas, permita absorber la mano de obra desocupada. Es necesario incorporar al pliego de reclamos, el listado de establecimientos de cada zona que permanecen inactivos y que podrían volver a entrar en actividad. Este reclamo es una vía de salida para centenares de miles de desocupados y termina por fusionar a trabajadores ocupados y desocupados en un único movimiento común de lucha por la defensa y recuperación de puestos genuinos de trabajo
Un papel central en este proceso lo están jugando las Asambleas Populares, llamadas a ser la red social de apoyo de las fábricas en lucha. Ese papel ya lo están jugando distintas asambleas como lo revela los ejemplos de Brukman, Chilavert y Grissinópoli. Son las asambleas las que contribuyen con la subsistencia de los trabajadores, reclaman al Estado bolsones de comida, arman redes solidarias y lo más importante ponen el cuerpo y encabezan e impulsan la movilización de todo el barrio formando verdaderos escudos humanos en las puertas de las fábricas ante cualquier tentativa de desalojo. La misma función la cumplen en Zanón las organizaciones de desocupados, sindicatos y corrientes sindicales combativas y organizaciones políticas, quienes han convertido la causa de Zanón en una causa popular, logrando por esa vía frenar los aprestos represivos de la Gendarmería. El fortalecimiento de este vínculo, generalizándolo a todas las fábricas ocupadas, pasa a cumplir un rol estratégico para el triunfo de la lucha planteada.
Análisis de las leyes de expropiación de Ghelco y Chilavert
A esta altura del análisis, no se puede eludir la cuestión referida a las recientes leyes de expropiación, votadas en la Legislatura porteña. Los proyectos de expropiación aprobados, al declarar los activos de “utilidad pública” evitan el remate de los bienes de ambas fábricas, que se practicaría como resultado de la quiebra y frena el riesgo de un desalojo, que pendía como una amenaza sobre las espaldas de los trabajadores. Pero más allá de ese hecho innegable, las leyes en cuestión ¿ofrecen una salida a las necesidades que se le plantea a la naciente gestión obrera? ¿Es cierto que la “clase obrera va camino al paraíso”, como lo señaló eufóricamente Página 12 en su tapa? ¿En qué situación se encuentran las fábricas luego de la sanción de las leyes?
Los trabajadores no son dueños de los activos de las plantas. Los inmuebles están sujetos a su “ocupación transitoria”, es decir, siguen en manos de sus antiguos propietarios o acreedores, bajo el arbitrio del juez y del síndico, quienes administran el juicio de quiebra. El gobierno de la Ciudad está obligado a pagar un alquiler a los dueños y acreedores. Vencido el plazo de los dos años de plazo de la “ocupación transitoria”, los dueños pasan a disponer nuevamente del bien y pueden destinarlo al uso que se les antoje. Estamos en presencia, por lo tanto, de una sentencia a plazo fijo. Los trabajadores son colocados entre la espada y la pared y están forzados, si quieren continuar con sus actividades, a comprar el inmueble -o a renegociar el contrato de alquiler- en las condiciones de mercado. Bajo estas condiciones, los trabajadores pierden por partida doble: pierden, por un lado, al no cobrar sus indemnizaciones y salarios adeudados y pierden nuevamente al abonarle a la patronal o sus acreedores el valor del bien, asumiendo el pago de su propio bolsillo, ya sea capitalizando los créditos laborales provenientes del juicio de quiebra o cediendo los fondos que haya logrado acumular en la nueva etapa bajo la gestión obrera. En definitiva, el esfuerzo obrero va a parar a rescatar al capital en quiebra.
Las leyes de expropiación aprobadas plantean, pasados los dos años, otorgarle “prioridad” a la cooperativa para la compra del inmueble, pero esto no es mas que una expresión de deseos, pues para efectivizar dicha prioridad haría falta una ley especial que, encima, requiere una intrincado proceso parlamentario y una votación favorable de dos tercios de los miembros de la Legislatura. Los trabajadores tampoco son dueños de las maquinarias. Éstas y otros activos (marcas, insumos, etc.), con excepción de los inmuebles pasan a ser propiedad del gobierno de la Ciudad, quien, a su turno, los cede en comodato a los trabajadores. Asistimos a una suerte de “estatización” pero muy curiosa y peculiar pues el estado no asume esa condición cuando se trata de asegurar los salarios y condiciones laborales. Los activos son “estatales” pero no los obreros que trabajan en ellos. Importa destacar que, en este aspecto, las leyes porteñas están por detrás de sus pares de provincia de Buenos Aires porque, al menos, éstas plantean la “donación” a los trabajadores de los bienes expropiados (incluído el inmueble). Al no ser dueñas de sus medios de producción, las cooperativas porteñas de las plantas “expropiadas” no alcanzan ni siquiera la estatura de una “cooperativa de producción”. Estamos frente a una cooperativa de trabajo pero, inclusive, en este plano, corre con cierta desventaja con respecto a muchas cooperativas truchas, que encubren una relación de dependencia o constituyen una tercerización encubierta, pues, al menos estas últimas, cuentan con un patrón que asegura el suministro de los insumos o adelanta los fondos necesarios para producir. Los trabajadores de las fábricas expropiadas se encuentran, por el contrario, abandonados a su propia suerte: no son propietarios de nada, no tienen asegurado un salario a fin de mes, aunque sea mínimo, y encima de todo carecen de capital de trabajo.
Bajo estas condiciones, a nadie se le puede escapar que estas leyes lo único que hacen es “patear la pelota para adelante”, cuestión que fue expresamente admitida por distintos diputados al momento de respaldar ambos proyectos. La ausencia de capital de trabajo fue señalada insistentemente en el Encuentro de la Baskonia y de Gip Metal como una de las principales responsables de las penurias que venían atravesando las cooperativas. Esa ausencia de fondos abre el peligro, para los trabajadores, de terminar como rehén de algún grupo capitalista, quien adelanta los fondos y bajo esa circunstancia, ese grupo, en su calidad de principal proveedor y cliente, pasa a ejercer una influencia gravitante en las decisiones de la empresa. La otra variante es que la gestión obrera termine fundiéndose, como ha pasado con tantas experiencias cooperativas en el pasado.
El hecho de suprimir la distribución de dividendos, erradicar los sueldos siderales de directores, gerentes y personal jerárquico, todos ellos atributos de la gestión obrera, son un indicador de la superioridad de los métodos de la organización de la clase obrera frente al derroche patronal. Pero esto solo no alcanza para revertir el ahogo y penurias con que tropiezan las cooperativas ni tampoco puede resolver el problema de la autoexplotación a la que muchas veces recurren desesperadamente los trabajadores, sacrificando sus propios salarios y su salud, para intentar reunir los fondos necesarios para asegurar la continuidad de la producción. La lucha actual plantea arrancar el auxilio estatal, capaz de sostener la gestión obrera y enfrentar la fuerza superior del capital.
Entramos en una nueva etapa
Los operativos represivos han fracasado en su intento de quebrar este movimiento ascendente de lucha. Las tentativas de desalojos de esas fábricas, bajo la acción conjunta de jueces, del Ministerio de Trabajo y del aparato policial tropezaron con la resistencia de los trabajadores, respaldados por las asambleas, el movimiento piquetero y las organizaciones populares. Lavalán, que constituyó el globo de ensayo más ambicioso y la pulseada más fuerte en la materia, terminó con un revés para la patronal y el estado. A pura fuerza de piquetes se barrió con la cruzada represiva. Tomando en cuenta la explosividad de la situación, el gobierno ha debido ceder frente a la presión obrera. Las leyes votadas en las Legislaturas y Concejos Deliberantes al declarar la expropiación u ocupación transitoria de los establecimiento, descomprimen la situación represiva al proteger a los trabajadores contra una tentativa de desalojo. Ahí se agota el mérito de estas leyes que no pasan de ser expropiaciones truchas que no ofrecen ninguna solución a las necesidades de los trabajadores. El estado se desentiende de cualquier sostenimiento y auxilio a los trabajadores, quienes quedan librados a su propia suerte, en una situación absolutamente precaria.
En cambio, las patronales son recompensadas generosamente. Mientras los trabajadores están suspendidos en el aire, no sabiendo si van a cobrar un sueldo y a cuánto va a ascender el mismo, sometidos a una autoexplotacion, los dueños o sus acreedores pasan a tener un ingreso fijo asegurado, ya sea a través de una indemnización o el reconocimiento de un alquiler. Las ocupaciones de fábricas ponen en tela de juicio y desafían el derecho de propiedad de los capitalistas. Los trabajadores a través de su acción directa, mediante la gestión obrera y poniendo las fábricas nuevamente en funcionamiento, están desconociendo a los viejos propietarios y ponen al rojo vivo la necesidad de expropiar al capital, de proceder a expropiar a los expropiadores y reorganizar la economía y la sociedad sobre nuevas bases sociales. Enfrentadas con esta perspectiva, para las patronales estas leyes (cuyo punto de partida es el reconocimiento de su titularidad sobre los medios de producción y el derecho a un resarcimiento económico) constituye, un mal menor.
Estas leyes truchas han podido prosperar , y hasta conquistar una viva adhesión entre los trabajadores, resultado de la escasa estructuración del movimiento de fábricas ocupadas, la dispersión entre las diversas empresas en lucha y su débil fusión, todavía, con el movimiento piquetero y las asambleas. A esa atomización ha contribuido la acción de la centroizquierda y de la Pastoral Social pero tambien de la izquierdal, quienes conspiran con la tarea de poner en pie un movimiento del conjunto de las fábricas en lucha y su unidad con el resto de la clase obrera.
En este cuadro, los trabajadores, son colocados ante la disyuntiva de aceptar este pro-ducto adulterado mal llamado de “expropiación” o, de lo contrario, asumir las consecuencias de un desalojo. Se trata de una extorsión que es instrumentada arteramente por el estado pero que además, cuenta con el respaldo de un amplio arco político que va desde el PJ, a la UCR y que se extiende al ARI e Izquierda Unida. La centroizquierda y la izquierda no sólo no denunciaron esa extorsión sino que han intervenido activamente en el diseño y redacción de los proyectos de ley truchos así como en el armado del dispositivo que ha culminado en su aprobación. Se pretende justificar esta conducta sosteniendo que no se ha hecho otra cosa que ser “portavoz” de lo que los trabajadores reclamaban al gobierno. En realidad, han obrado en sentido inverso, como correa de transmisión del gobierno sobre los trabajadores, planteando que había que circunscribir los reclamos en función de lo que el estado patronal estaba dispuesto a aceptar. Los proyectos de los que son artífices tanto el ARI como Izquierda Unida no se apartan del libreto pergeñado por el gobierno de Ibarra. Presentadas así las cosas, el menú que ofrece el gobierno porteño emerge como el único disponible: o se lo toma o se le deja. No cabe la menor duda de que estamos en presencia de un grosero chantaje. Los trabajadores no son los responsables de esta situación sino sus víctimas. Izquierda Unida, y en especial el MST, hacen caso omiso de todas estas evidencias y no tienen el menor empacho en camuflar este proceso extorsivo, presentándolo como un “paso adelante” (acompañado, por supuesto, de la frase ritual, adaptada a la circunstancia, de que esto “no es suficiente” y de que “seguiremos peleando en el futuro por el resto de los reclamos”).
El desenlace provisorio que ha tenido el movimiento de lucha de las fábricas ocupadas no nos debe hacer perder de vista el carácter precario de la salida urdida por el gobierno. Todos los acuciantes problemas que enfrentan los trabajadores, empezando por el de la subsistencia, siguen en pie y no están resueltos. Las fábricas en manos de los trabajadores están en absoluta orfandad, libradas a su propia suerte sin capital de trabajo, sin fondos ni financiamiento. Salta a la vista la encerrona que representan estas expropiaciones truchas. La Baskonia o Panificación Cinco, que ni siquiera alcanzan a retirar un sueldo a fin de mes, son un testimonio de este proceso. Esto así no tiene futuro, está destinado a fracasar. El porvenir de las gestiones obreras está vinculado con su capacidad para superar esta política funesta que ahoga sus perspectivas y abrir paso a la expropiación efectiva y sin indemnización de las fábricas, obligando al estado al auxilio y sostenimiento economico de los emprendimientos obreros. Las salidas impuestas por el gobierno tienen patas cortas y están destinadas a agotarse rápidamente, más aún si tenemos presente la bancarrota capitalista que tiende a agravarse. Vamos a entrar a una nueva etapa de lucha, probablemente con extrema rapidez, donde se pondrá a la orden del día la necesidad de poner en pie una central de fábricas ocupadas capaz de darle una estatura nacional a la lucha de los trabajadores y enfrentar de conjunto al capital y al estado capitalista.
La cuestión del poder a la orden del día
La situación plantea que las fábricas en manos de trabajadores se federen, se unan al movimiento piquetero y a los sindicatos clasistas y elaboren en común un plan de lucha para promover la ocupación de toda fábrica en proceso de vaciamiento, que adeude salarios o que suspenda o despida. De esta forma se crearía un polo centralizador de la acción de los trabajadores para luchar contra el capital y contra el estado capitalista. No se nos puede escapar que cualquier comienzo obrero, aún centralizado, no puede sustraerse a la competencia capitalista y está sometido a la presión del capital nacional e internacional que, de persistir en el tiempo, termina por asfixiarla económicamente y por destruir cualquier iniciativa obrera independiente
Una federación de fábricas ocupadas y en lucha permitirá librar a otra escala la batalla contra la presión capitalista y darle una dimensión nacional a la lucha por el auxilio económico del Estado a las fábricas bajo gestión obrera. Esto plantea la nacionalización de los bancos y la creación de una banca estatal única, capaz de facilitar el acceso al crédito a las fábricas auotgestionadas, a cuyo directorio deberían incorporarse representantes de las fábricas ocupadas, elegibles y revocables en cualquier momento por el colectivo de trabajadores. Esto supone un plan económico independiente de los trabajadores y plantea la cuestión de quién gobierna la Argentina: si la clase obrera o la clase capitalista. La expropiación y gestión obrera nos conduce a la cuestión del poder y al gobierno de trabajadores.
Estamos en presencia de un fenómeno de un alcance gigantesco. El hecho de que los trabajadores tomen la conducción de las fábricas, sustituyan a los patrones y pongan las fábricas nuevamente a funcionar -y que este hecho pase a tener un carácter generalizado- es una manifestación del alto grado de conciencia y determinación de la clase obrera sobre la función histórica que esta llamada a jugar. Frente al abandono y huída de los capitalistas, la clase obrera aparece, en la práctica, en el escenario vivo de los acontecimientos, como la clase capacitada para hacerse cargo de la reorganización del país, sobre nuevas bases sociales. La cuestión del poder está colocada a la orden del día. El control de las fábricas plantea el control del país. Los destinos de la nación deben pasar a manos de los trabajadores. La propia crisis que ha llegado a un estadio terminal reclama desplazar a la clase capitalista: que se vayan todos y que gobiernen los trabajadores.
