Hace varias semanas que el mayor distrito educativo del país se encuentra paralizado. La huelga docente en la provincia de Buenos Aires tiene en vilo a todo el país, incluyendo al propio gobierno nacional. Junto a Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén se encuentran en el centro del candelero. La Ciudad de Buenos Aires, pese a seguir solo los paros nacionales, convoca a marchas enormes. En Entre Ríos se tomó el Hall del Consejo General de Escuelas y la burocracia decide acampar al lado. Las sucesivas marchas federales ya movilizaron a más de medio millón de personas en todo el país. Resta por ver el impacto de los descuentos en el nivel de movilización de los compañeros. Pero quien ya está jugado a una vida de hambre no tiene mucho más para perder.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, desplegó distintas medidas para quebrar la huelga docente que son replicadas en el resto del país. Muchas ya son conocidas. Se buscó reclutar voluntarios para cubrir a los huelguistas; se recorrieron escuelas donde los policías oficiaban de auditores para conocer el nombre de los docentes en paro; se intimó a los directivos a informar la cantidad de “pases” que se habían realizado a la escuela privada durante el mes de marzo. Se patoteó a los sindicatos con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Hasta el momento, Vidal vio limitada su avanzada anti-obrera en el plano judicial: dos fallos prohibieron, primero, descontar los días de huelga y luego declararon ilegal y nula la conciliación obligatoria. Sin embargo, promete el 3 de abril ir por más. En esa fecha se notificará a los seis gremios en paro de las acciones legales para quitarles la personería gremial y se les impondrán multas que, en función de la cantidad de huelguistas, pueden ascender a más de 300 millones de pesos. El macrismo busca deshacerse de las presiones corporativas para hacer pasar el ajuste: hay que terminar con la política en la calle y también con los sindicatos.
Hoy, la gran apuesta del gobierno es quebrar la huelga económicamente. Quiénes nos gobernaron ayer y quienes lo hacen ahora, conocen a la perfección la realidad del sector: los salarios de hambre ahorcan al conjunto de los trabajadores de la educación. La continuidad entre unos y otros es clara: Scioli le recomienda a Vidal cerrar la paritaria por decreto. Como saben de la necesidad, proponen pagar un plus salarial por presentismo extraordinario y por única vez a todos aquellos docentes que decidieron no parar en marzo. El bono al carnero fue liquidado a fin de mes. Pero no solo eso. El gobierno acusa a los docentes de hacer uso abusivo de las licencias que, dicho sea de paso, controla una empresa privada que terceriza la función estatal. Les pide a los sindicatos que, si quieren un mayor aumento negocien un presentismo que podría implicar 5.000$ anuales más para cada docente. “Un plus al compromiso”. Por cierto, la idea no es nueva. Ya en los ’90 De La Rúa propuso el bonus al compromiso en CABA para quien no faltara nunca; es lo mismo que el “ítem aula” de la provincia de Mendoza. Un síntoma más de que plata hay pero no para nosotros, no para nuestro salario. Dicen que no cerrarán por decreto la paritaria, pero liquidan compulsivamente el aumento que pretenden imponer. Una vez más, juegan con la necesidad de los compañeros.
Como si todo eso fuera poco, manipulan los resultados de las pruebas Aprender 2016 de forma fragmentaria, arbitraria y antojadiza. El objetivo: demostrar que la crisis educativa es responsabilidad de los docentes en paro. La degradación es su responsabilidad y no la nuestra. Son ellos los responsables de nuestros flacos salarios, de la crisis de infraestructura, de la precarización laboral, del vaciamiento curricular, de la creación de circuitos degradados y paraestatales y de la estafa educativa que es la escuela hoy. Está en juego mucho más que nuestro salario. Hay que seguir peleando en la calle por la reconstrucción histórica del sistema educativo.
