Entregados – Nahuél Audisio - Vía Socialista

Entregados. La Ley de Emergencia Social

La nueva Ley de Emergencia Social, plantea una continuidad de aquellos planes kirchneristas: estatizar al movimiento piquetero, tener mano de obra barata a su disposición y repartir migajas. A cambio de todos estos “logros”, las organizaciones se comprometieron a no realizar ninguna medida de lucha.

Nahuel Audisio

TES-CEICS

En un contexto en el cual el Gobierno no logra resolver la crisis, la Iglesia, la burocracia sindical y las organizaciones sociales se alían para contener a la población sobrante para el capital. Macri quiere pasar un fin de año sin sobresaltos, por eso buscó negociar. Las principales organizaciones piqueteras, con su programa reformista, son conciliadoras con la burguesía, por eso aceptaron una nueva miseria a cambio de garantizar la paz social. La burocracia sindical quiere que se mantenga la tranquilidad para no agitar a sus propias bases. En tanto, la Iglesia viene aglutinando al sector de los desocupados y se convirtió en la principal oposición. Por esto, todos aceptan apoyar el proyecto de Ley de Emergencia Social.

Agrupando a la tropa

Hace exactamente un año, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), reclamaba frente al Ministerio de Trabajo. Le exigía a Tomada, el ministro saliente, que les otorgue el reconocimiento sindical a los trabajadores informales. Un año después, el macrismo acordó con la CCC, CTEP y Barrios de Pie una Ley de Emergencia Social. Durante un año, estas organizaciones sellaron un vínculo directo con el Papa. Francisco fue fundamental en el apoyo a estas medidas por parte de la CGT. A fines de septiembre, la CGT, CTEP, Barrios de pie y la CCC se reunieron a realizar una jornada de reflexión organizada por el Encuentro Mundial de Movimientos Populares en la sede de la CGT, con la participación de los arzobispos (véase nota de Federico Genera en este mismo número).¹ Héctor Daer, afirmó que la CGT se asume como “representantes de los sectores informales y asumimos su agenda como propia, con objetivos comunes para llevar adelante”.

Mientras tanto, junto con la Pastoral Social, este trío de organizaciones sociales fue armando el proyecto de Ley de Emergencia Social. Lograron presentarla en el Senado, donde fue aprobada.

Este polo de oposición realizó una marcha al congreso el 18 de noviembre en donde participaron la CGT, la CTEP, la Federación Agraria Argentina (FAA), Libres del Sur, Frente Darío Santillán y Movimiento Evita. Exigieron que no se vete la ley y el cese de los despidos. Luego de algunas negociaciones, el macrismo hizo lo que viene haciendo desde que asumió: aumentar el asistencialismo. Mantiene, así, una clara continuidad con su antecesora. Una muestra de que el bonapartismo argentino no puede ser desarmado tan sencillamente como a Macri le hubiera gustado.

La ley y el acuerdo

A principios de diciembre, Diputados le otorgó media sanción a la ley de emergencia social. Obtuvo 227 votos a favor, cuatro abstenciones -de los diputados del FIT- y un voto en contra. Es decir, todos los representantes políticos de la burguesía estuvieron de acuerdo. Es que esta ley fue declarada en 2002 y fue renovada 10 veces en estos 14 años de reconstrucción del régimen.

Antes de que la ley se apruebe en el senado, hubo negociaciones con el macrismo, ya que no se podía aprobar el proyecto en la Cámara baja sin su apoyo. Este acuerdo fue encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados (Emilio Monzó), los presidentes de los bloques de la UCR (Mario Negri) y del PRO (Nicolás Massot). Asistieron los senadores del FpV (Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna), los diputados por el Peronismo para la Victoria (Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Leonardo Grosso y Silvia Horne) y la socialista Gabriela Troiano.

Pero el acuerdo que destrabó la ley fue firmado entre las organizaciones que la impulsaban y el Gobierno. Los ministros Carolina Stanley y Jorge Triaca firmaron junto a la CTEP, Barrios de Pie y la CCC un acuerdo para que la ley fuera aprobada.

La ley en cuestión, instruye al Ministerio de Desarrollo Social a crear un millón de nuevos puestos de trabajo, bajo el denominado Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo, en todo el territorio nacional. Es decir, plantea la creación de más cooperativas de trabajo, las cuales someten a los trabajadores a salarios de miseria. Se evita plantear el pase a planta permanente de los trabajadores en cooperativas, largamente precarizados desde la creación de los planes sociales kirchneristas.

Los principales dirigentes que impulsan esta ley plantean que uno de sus puntos fuertes es crear instituciones que les otorguen mejoras a los trabajadores de la economía informal. De esta forma, se va a crear el Consejo de la Economía Popular con el objetivo de proponer un Salario Social Complementario (SSC) e intervenir en la definición de un índice de una canasta popular que determine el monto del mismo SSC. Este consejo va a estar integrado por un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del Ministerio de Desarrollo Social y hasta tres representantes de las organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas. Para recibir este SSC, es requisito obligatorio inscribirse en el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) a crearse a partir de la promulgación de esta ley. También, se reasignan hasta 30.000 millones de pesos de otras partidas, en los próximos 3 años para las organizaciones firmantes, con el fin de cumplir los objetivos previstos.

También, acordaron un aguinaldo que va a los planes sociales de 2.000 pesos, una suba del 47% en los planes sociales, un aumento de urgencia del 15% para la AUH y la posibilidad de creación de una obra social. A su vez, negociaron un aumento mísero: ahora, los trabajadores de “Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen” y “Trabajo Autogestionado” van a cobrar 4.000 pesos y un pago adicional de 2.030. Con esta plata, según sostiene la misma ley, deberían garantizarse la “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.² El acta de acuerdo también estableció un aumento del 40% de las partidas destinadas a Comederos Comunitarios y del 63% para a Merenderos Comunitarios y la distribución de un millón de canastas navideñas.

A cambio de todos estos “logros”, las organizaciones se comprometieron a no realizar ninguna medida de lucha. En efecto, en el acta firmada, se garantizaría paz social hasta que finalice la emergencia, es decir, hasta que termine el gobierno de Macri. Las organizaciones, se abstendrán de realizar cualquier tipo de manifestación sea cual fuere su naturaleza: “con la finalidad de colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza”.^³ Es decir, a cambio de miseria para los desocupados, aceptan la extorción del Gobierno y le firman la paz social.

Juan Manuel Abal Medina, luego de la aprobación en el Senado, afirmó que la iniciativa implicaba “un paso muy importante para salir de la idea ‘planes sociales’ para ir a la idea de ‘trabajo en el plano social?”⁴. El kirchnerismo viene repitiendo esta idea desde que asumió en el año 2003. En realidad, esta “iniciativa” implica un retroceso en las conquistas del movimiento piquetero. Antes del kirchnerismo, este había impuesto el pago de un subsidio sin ningún tipo de contraprestación. Con la llegada de Kirchner, con esta idea de “salir de los planes sociales”, se les exigió a los beneficiarios una contraprestación. De esta forma, se crearon una serie de programas sociales a los cuales los desocupados tenían que ingresar formando parte de una cooperativa. Estas cooperativas se encargaban de realizar trabajos, fundamentalmente, en dependencias estatales. Los cooperativistas recibían (y reciben hoy) un pago muy inferior a lo que reciben los trabajadores de planta permanente que realizan el mismo trabajo y no cuentan con ningún derecho laboral. Incluso pueden realizar otros trabajos, como la construcción de viviendas, en peores condiciones y con salarios más bajos que los que rigen por convenio para la actividad. El Estado ahorra plata por la vía de precarizarlos (véase artículo de Nicolás Villanova en este número).⁵ La nueva Ley de Emergencia Social, plantea una continuidad con aquellos planes kirchneristas: tener mano de obra barata a su disposición y repartir migajas para contener a la población sobrante.

El mal menor

Pérsico, dirigente del Movimiento Evita y de la CTEP, kirchnerista hasta el año pasado, afirma ahora que el macrismo no es “la dictadura”, que se puede negociar y que tiene muy buena voluntad de diálogo. Que la presión social de las organizaciones hace que el gobierno conceda ante los reclamos. También, que una posible caída de Macri sería algo peor ya que vendría la derecha que implementaría los planes de Sturzenegger y Espert. O sea, ahora Macri es el mal menor.

La realidad es que el macrismo ha aumentado el asistencialismo en relación al kirchnerismo y eso se debe al hecho de que las exigencias del movimiento piquetero le permiten mantenerlo bajo su ala. Casi tres años le llevó al kirchnerismo cooptar a estas organizaciones sociales. El macrismo, en cambio, por ahora solo puede contentarse con entregar la plata para que no le estalle el conflicto.

Los planes sociales y la aprobación de esta ley implican un sinceramiento. El capitalismo no puede dar trabajo a todos. La pobreza cero y la creación masiva de puestos de trabajo no pasaron de ser promesas de campaña producto de los sueños desarrollistas del macrismo. Entonces, aquel subsidio al desocupado que se le había arrancado al Gobierno en el inicio del movimiento piquetero, se transformó en decenas de programas estatales y de trabajadores baratos. Los desocupados empezaron a formar parte de la “economía popular”. Le crearon un Consejo, con representación estatal, para que defina su salario de miseria. Durante el kirchnerismo, vimos cómo el movimiento piquetero tuvo diferentes etapas. Primero, confrontaron directamente hasta que el kirchnerismo logró cooptarlos. A medida que el Gobierno se fue quedando sin plata, las organizaciones empezaron a salir a la calle. Con el cambio de administración, mantuvieron sus acciones en la calle mientras iban tejiendo una alianza con la burocracia sindical y la Iglesia. Para sellar este derrotero, firmaron un pacto social con el gobierno y tan sencillamente volvieron a ser garantes de la miseria de millones de trabajadores.