Por Juan Schroeder
En agosto, el Consejo General de Educación, a través de la resolución Nº 2618/16, llevó adelante la recategorización de 160 escuelas primarias de la provincia. 24 fueron ascendidas de categoría mientras que 136 fueron recategorizadas a la baja. Entre estas se encuentran las escuelas normales de Gualeguaychú y las de Colón. Dicha recategorización se produce por la aplicación de la normativa que data de los años ´90, en la cual se establece que ante la pérdida de matricula, las escuelas deben bajar de categoría.
Este procedimiento se llevó adelante a través de la implementación de la Resolución Nº 1191/91 del Consejo General de Educación. Dicha normativa establece las categorías de las escuelas (son 5 categorías) y establece que para la recategorización se tomarán los datos de asistencia media de los meses de marzo, junio y septiembre. A su vez, deja en claro que se llevará adelante en octubre y se aplicará en el ciclo lectivo siguiente. Nada de esto se cumplió: el C.G.E., a cargo de Pannozo, decidió recategorizar las escuelas en agosto (la Resolución tiene fecha el 10 de agosto) dejando fuera los datos de septiembre. A su vez, en ningún momento se aclara qué meses se tuvieron en cuenta.
Se dice que se cumplió con la resolución 1191/91 y sus modificatorias, lo cual es lisa y llanamente una mentira.
En este escenario, la representante de los trabajadores en el Consejo General de Educación por la lista Integración, Perla Florentín, apela al argumento clásico: la culpa es de la privatización. Florentín sostuvo que “la pérdida de matrícula de las escuelas públicas se da en beneficio del aumento de alumnos en las escuelas privadas (…) urbanas”. La baja de las categorías sería resultado de ese problema. Una vez más el fantasma de la privatización…
Este planteo es erróneo. Los alumnos no abandonan la escuela pública para pasarse a las privadas sino que realizan su paso por la escuela pública más rápidamente producto de las políticas educativas nacionales y provinciales que buscan aumentar los índices de “eficiencia” sin importar el contenido.
En nuestra provincia, en el nivel primario estatal, la repitencia cayó casi 6 puntos, la promoción efectiva de alumnos casi un 7%, la sobre-edad cayó más de 11 puntos y el abandono interanual más de un punto. Cuando se tienen en cuenta esos indicadores, la matrícula estatal pareciera caer, pero no es más que el correlato de la demanda de “ingreso, permanencia y egreso” que las políticas oficiales compelen a los docentes.
El resultado del proceso: no hay más privatización (en una provincia donde el 77% de la matrícula es estatal) sino una educación más degradada que garantiza el egreso en detrimento de lo curricular. Esto lo vemos claramente cuando aprobamos a alumnos que no reunen los requisitos mínimos porque así lo exigen las autoridades. Así, los estudiantes no abandonan la escuela pública en pos de la privada, sino que en vez de repetir de año pasan “raspando”, transitando su carrera en menos tiempo que otros períodos históricos.
Ocultando el problema real, el gobierno lleva a cabo la recategorización de escuelas. Esto lleva a la pérdida de cargos en aquellas escuelas que bajaron de categoría. Por ejemplo, aquellas que pasaron de 1ra a 2da categoría, perderán un cargo de secretario, trasladando el trabajo de éste a al vicedirector y al director. El panorama es más complejo para aquellas escuelas que pasan de 2da a 3ra categoría, ya que perderán el cargo de vicedirector. Y así hasta llegar a la última categoría, en la cual no hay más personal que un director con grado a cargo…
En este sentido, desde la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro nos pronunciamos en contra de la recategorización de escuelas a la baja. Asimismo, exigimos la revisión de toda la normativa al respecto y la actualización de la misma. Sumado a esto, exigimos la renuncia de Pannozo al frente del Consejo General de Educación.
A la problemática de las Credenciales de Puntaje Docente (tratadas en El Correo Docente Nº 1), se suma la recategorización de escuelas a la baja, el conflicto salarial que todavía nos tiene en vilo a todos los docentes entrerrianos, los exorbitantes descuentos de los días de paro y la Resolución Nº 2566/16 que obliga a los directivos a cargar la asistencia diaria de los docentes en un plazo de 48 horas. Esto último no solo recarga de trabajo al directivo sino que, en caso de pasarse el plazo (algo muy común teniendo en cuenta que la mayoría de las escuelas pagan su internet y algunas ni siquiera tienen) se computará como “falta injustificada”. ¿Cómo cumplirán esto aquellas escuelas que pierden personal? La conclusión es clara: la recategorización es una nueva forma de ajuste sobre el sistema educativo.
• Rechazamos la Recategorización de Escuelas a la baja.
• Ningún despido de trabajadores. Estabilidad laboral para los afectados por la Recategorización.
• No al vaciamiento material y humano de la educación
