Desde el martes 22/11, los choferes del transporte público fueron al paro de actividades por tiempo indeterminado. La interrupción del servicio duró seis días, reanudándose recién el lunes de esta semana. Los colectivos de las empresas el Urbano, Santa Ana, San Jorge, Pal Bus y Xibi Xibi volvieron a circular, mientras que los trabajadores de Unión Bus continúan de paro al no verse reflejado el pago de los salarios adeudados en las cuentas de los empleados de la empresa. Completan 8 días de corte del servicio.
Como sostuvimos anteriormente, en un contexto de ajuste brutal, este conflicto está lejos de resolverse y se va a presentar la misma situación ante cada mes que el Gobierno Nacional, a través de la provincia y los municipios, demore la transferencia de fondos del subsidio. Queda en evidencia, que la primera variable de ajuste de las empresas son los choferes, ya que a los trabajadores se le deben sumas, que, en el mejor de los casos, van de 30 a 50 mil pesos y en el peor alcanzan entre los 80 mil y 100 mil pesos. En segundo lugar, la patronal del sector sostiene que, de no haber una actualización de ese subsidio, el boleto debería estar en $100, siendo la otra variable de ajuste el bolsillo de los usuarios.
Desde principio de año, antes de la pandemia y la cuarentena, el empresariado del transporte urbano de la provincia ya había pactado con el Gobierno Nacional – a través del Gobierno Provincial y los diputados nacionales – un aumento del subsidio en un 187% con relación al 2019, llegando a 58 millones por mes en un plazo de 120 días para el mantenimiento del precio del boleto. Con la aparición de la pandemia, cumplido ese plazo, se estableció el llamado Fondo Covid-19, que para la provincia consiste en una transferencia directa de más de $250 millones en cuotas mensuales de $62.841.126. Hoy, como sucedió en meses anteriores, la llegada del total de esos montos está demorada. Podemos ver que la cuarentena solo aceleró un proceso que ya existía, siendo este caso un ejemplo que muestra una situación más general: los empresarios de la provincia y del país viven de los subsidios del Estado, de lo contrario colapsarían.
Los empresarios intentan desviar la discusión, planteando que el problema se debe a una discriminación del interior en favor de las empresas de la Capital Federal. Es decir, la solución es presentada como la necesidad de una distribución regional equitativa de los subsidios otorgados por parte del Estado Nacional, cuando en realidad se trata de un conjunto de empresas parásitas (independientemente de la región en la que operen) incapaces de mantener sus negocios por sí mismas. El conjunto de la sociedad a través de la recaudación de impuestos, que en su mayoría son extraídos de la clase obrera y junto con el boleto que pagamos todos los días, mantiene la ganancia de estos empresarios planeros que por su propia cuenta no “llegan” ni a pagar el sueldo de los trabajadores a costa de los que se enriquecen, a cambio de la prestación de un pésimo servicio. Como vemos, el esfuerzo de los trabajadores se utiliza para garantizar la ganancia de empresarios que actúan como intermediarios entre los choferes y el gobierno, en vez de asegurar un servicio esencial para el conjunto de la población.
Es por esto por lo que consideramos que no se puede seguir utilizando subsidios millonarios para mantener las ganancias de estos empresarios mientras los trabajadores son utilizados como variable de ajuste. Si las empresas no pagan los salarios, que el Estado se haga cargo y ponga a funcionar el sistema público de transporte bajo control de los trabajadores.
Razón y Revolución Jujuy – Corriente Clasista Goyo Flores
