Los cartoneros como trabajadores en negro del Estado porteño
¿Sabía usted que ahora los cartoneros trabajan para el Gobierno porteño? ¿Por qué antes Macri los quería encarcelar y ahora los contrata? Lea esta nota y comprenderá que el cartoneo es otra forma de trabajo precarizado en el Estado.
Nicolás Villanova
TES-CEICS
El macrismo fue el primero en crear una política de reciclado, en la cual se incluye a los cartoneros en el tratamiento de residuos. Si bien esto puede sonar extraño, en realidad no lo es: al encargar a las cooperativas de recuperadores la recolección de residuos reciclables, el Gobierno ahorra dinero por varios frentes. Por un lado, la inversión en logística para las cooperativas y los subsidios a la labor cartonera es mínimo comparado con lo que se gastaba para que empresas privadas realizaran esa tarea. Por otro lado, como los cartoneros logran reciclar una elevada proporción de los residuos, el macrismo evita el entierro de basura reutilizable en el ya colapsado relleno del CEAMSE, lo que también implica un ahorro monetario. Los obreros del cartón benefician con su labor tanto a la industria papelera, por crear una mercancía utilizada como insumo, como al Estado, por evitar un mayor entierro de residuos y abaratar el presupuesto destinado a su tratamiento.
En búsqueda de la eficiencia
En 2005, se sancionó la ley 1.854 (o de “basura cero”), con el objetivo de crear medidas para reducir los residuos enterrados en el CEAMSE. A partir de esta norma, se crearon cuatro centros de reciclado, gestionados por cooperativas de cartoneros. Sus operarios se encargaban de clasificar y enfardar los productos, mientras que las empresas privadas de recolección les entregaban los insumos recogidos, en ámbitos estratégicos, que generaban una elevada cantidad de materiales reciclables. Solo 200 cartoneros de los 9 mil que, según el Gobierno, trabajaban en la ciudad, eran empleados en los centros de reciclado.
Con la asunción del macrismo, en 2008, esta política sufrió un cambio rotundo, tras una serie de denuncias efectuadas por algunas cooperativas cartoneras. Estas cooperativas informaron las sumas que el Estado pagaba a las empresas privadas por toneladas de material reciclable recolectado. Entre 2005 y mayo de 2008, el Ejecutivo porteño había pagado 115.300.000 pesos por el traslado a las plantas de clasificación de 203 toneladas anuales promedio de residuos. De modo que, estimativamente, se gastó, por año, cerca de 141.995 pesos por cada tonelada de reciclado procesado. Pero el conjunto de los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires recogía, diariamente, 600 toneladas. Es decir, los cartoneros reciclaban gratuitamente, en un día, tres veces que lo que las empresas hacían en un año. El elevado presupuesto destinado a estas últimas, en contraposición a la eficiencia del trabajo cartonero, fue asumido por el Estado porteño, a través de un informe realizado en 2008:
“En el primer trimestre de gestión del año 2008, el MAyEP [Ministerio de Ambiente y Espacio Público] evaluó y entendió que claramente coexistían dos sistemas de recolección de material reciclable o seco, uno formal y otro informal, y que el sistema formal era caro, ineficiente e ignoraba al sistema informal […]. Por lo tanto, el primer cambio sustancial que nos propusimos […] fue incluir formalmente a los cartoneros para que realicen la recolección diferenciada a través de sistemas organizados […], privilegiando claramente un eje social y con alto nivel de efectividad de reciclado y no solamente un eje económico o logístico”.[1]
Luego de este diagnóstico, el macrismo creó una infraestructura para la recolección de productos reciclables a través de una política de subsidios a las cooperativas cartoneras.
A ponerse el overol
En este contexto, el Gobierno porteño decidió reasignar todos estos recursos a las cooperativas de cartoneros. En primer lugar, se firmaron una serie de convenios entre el Estado y algunas asociaciones. Todos ellos se plasmaron en un pliego en el año 2010, una especie de contrato donde se deja claramente establecido que las cooperativas se harían cargo, con exclusividad, de la recolección de residuos secos (reutilizables). Mientras que, las empresas privadas sólo recogerían la basura húmeda. A partir de estos convenios, las asociaciones comenzaron a percibir un conjunto de subsidios destinados a infraestructura y a cubrir una parte del salario cartonero, por la vía de los denominados “incentivos”.
El monto de dinero destinado a los “incentivos” mensuales representa el mayor porcentaje respecto del total del presupuesto emitido por el gobierno a los cartoneros en el período 2008-2013 (ver cuadro n°1). Formalmente, se otorga con el objetivo de instaurar una “asignación por capacitación” para las tareas vinculadas con la recolección y clasificación de residuos reutilizables. Desde esta perspectiva, las cooperativas “capacitan” a sus asociados para que no dejen basura desparramada en la calle y no trabajen con niños menores de edad. Concretamente, se trata de un subsidio individual destinado a garantizar una parte del salario de los cartoneros por la tarea realizada. Este salario comenzó siendo de 200 pesos en enero de 2009 y, en la actualidad, suma 1.450. Incluso, en diciembre de 2012, el Gobierno pagó, por pedido de las cooperativas, 500 pesos de aguinaldo, de modo que durante ese mes (y por única vez) el monto trepó a los 1.600. Más de 4 mil cartoneros (4.461) perciben este “subsidio”.
Los subsidios vinculados con el transporte representan el segundo rubro de mayor emisión presupuestaria. Se trata de una suma destinada fundamentalmente a garantizar los salarios de los choferes (7.200 pesos), de los coordinadores de ruta (6 mil pesos) y de los dos operarios por cada camión (5.760 pesos). El conjunto de las cooperativas beneficiadas con el subsidio disponen de, aproximadamente, 52 camiones y un personal de 208 personas afectadas a su manejo y operatividad. Por otra parte, una novedad del año 2013 es el incremento del incentivo por parte de los cartoneros operarios de las plantas de clasificación quienes, hasta el momento, percibían el mismo monto que los recolectores. En la actualidad, estos trabajadores reciben una suma de 5 mil pesos. Pero sólo han logrado este beneficio unas 36 personas, de un total de, aproximadamente, 200 operarios de plantas. Al igual que la situación de los choferes y operarios de los camiones, este beneficio expresa una diferencia salarial respecto de los recolectores en el seno de cada cooperativa.
El subsidio para transporte también se utiliza para los gastos de mantenimiento, mecánica y combustible de los camiones. Estos vehículos tienen la función de retirar el material reciclable de los grandes generadores de basura reutilizable y de diferentes rutas asignadas a cada cooperativa por el gobierno porteño. A su vez, el Estado cedió camiones en comodato. Aunque estos últimos no son considerados un subsidio y tampoco se asegura la propiedad de los mismos, los cartoneros obtienen la posibilidad de usufructuar un capital fijo de propiedad del Estado.
Otro de los subsidios otorgados corresponde, por un lado, a los servicios de salud y, por el otro, a un seguro contra accidentes laborales. El primero de ellos consiste en un monto de dinero destinado a la obtención del Plan Médico Obligatorio para el cartonero y su familia. El segundo consiste en un seguro contra accidentes laborales que garantiza un ingreso permanente a la familia cartonera en caso de fallecimiento o inhabilitación temporaria del recolector. Es decir, estos dos “subsidios” en realidad cubren algunos de los aspectos de seguridad social que los cartoneros tendrían por derecho propio si fueran reconocidos como trabajadores registrados.
Finalmente, una cooperativa percibe un subsidio para sostener el servicio de una guardería para hijos de cartoneros. Se trata de la cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Además, el Gobierno otorga otros montos presupuestarios que no son renovables mensualmente, o bien son pagos efectuados por única vez, con el objetivo de saldar algún gasto específico. Uno de los más importantes dentro de estos subsidios es aquel que corresponde a “vestimenta y elementos de trabajo”. Se trata de un monto destinado a comprar uniformes (incluye zapatos, remera, pantalón, campera y polar) y herramientas de trabajo (bolsones para acopiar material reciclable).
En definitiva, el gobierno porteño ha creado una infraestructura que permite abaratar los costos destinados al servicio de recolección y tratamiento de residuos. Logística vehicular, salarios mensuales, cobertura contra accidentes laborales, uniformes especiales y herramientas de trabajo. Pero, precisamente, este abaratamiento depende del bajo costo de la fuerza de trabajo, garantizado por el empleo en negro. Las cooperativas permiten darle un paraguas legal a ese tipo de relación. Al mismo tiempo se constituyen en un canal de acción y reclamo colectivo que ha permitido mejorar ciertas condiciones laborales de los cartoneros (su inscripción al PMO o el seguro ante accidentes laborales) sin modificar su característica esencial, es decir, su precariedad.
Al tacho con la estabilidad
El Estado se constituye como uno de los mayores empleadores en negro y el caso de las cooperativas cartoneras no es la excepción. En este sentido, los convenios firmados entre ambos y el pliego sancionado en 2010 no garantizan una estabilidad laboral para los beneficiarios. Inicialmente los acuerdos se renovaban mes a mes, hoy se renuevan anualmente. Frente a un eventual incumplimiento por parte de la cooperativa, el Gobierno tiene la facultad de anular, de manera inmediata, los subsidios al conjunto de los socios de la entidad en cuestión. A su vez, una de las cláusulas del pliego niega la existencia de una relación de dependencia o locación de servicios entre la cooperativa y sus miembros y el Estado.
En segundo término, el Estado asignó, por concurso, a cada cooperativa, zonas de recolección ubicadas en diversos barrios de la ciudad porteña. Zonas que se constituyen como el ámbito de trabajo de los cartoneros formalmente estatuido. Lógicamente, al concurso se presentaron las organizaciones ya existentes, sin tener en cuenta al resto de los cartoneros que no se encontraban asociados y que son la mayoría. Como todo empleador, el Estado ejerce un control de la actividad e imparte reglas, una de las cuales es la asistencia diaria de los cartoneros a su lugar de trabajo. Por ello, en cada una de las zonas de recolección, el Gobierno dispuso a personal de su dependencia para que tome asistencia diariamente. En caso de que una inasistencia de más de 2 días al mes, se les descuenta un porcentaje del incentivo.
En tercer lugar, el incentivo es un salario de miseria. En efecto, lo que reciben los cartoneros recolectores por parte del Estado no llega ni a la mitad del promedio mensual del ingreso de un trabajador no registrado (ver cuadro n°2). Aunque ha tendido a acercarse cada vez más, el porcentaje de cobertura del año 2012 fue, estimativamente, de un 36%. La situación difiere para los choferes y operarios de camiones, cuyos salarios sí se han aproximado al básico que rige por convenio en el gremio de los camioneros, paridad que fue demandada por las cooperativas. No obstante, al igual que los recolectores, los choferes tampoco han mejorado su situación contractual.
Finalmente, la política de subsidios fue destinada a una minoría de cartoneros. Los beneficiarios suman poco menos de 5 mil. Esta cifra representa aproximadamente el 55% del conjunto de recolectores. Si, en cambio, tenemos en cuenta los números que manejan las organizaciones cartoneras (22 mil), el porcentaje de beneficiarios desciende al 21%.
Como se puede observar, sólo un pequeño porcentaje del conjunto de los cartoneros se ha beneficiado con los subsidios. Por su parte, el Estado ha tendido a actuar como un empleador de cartoneros, sin reconocerlo abiertamente. Paga salarios, otorga cierta cobertura médica, establece zonas de trabajo y vigila la disciplina laboral. Como suele suceder con muchos trabajadores estatales, la vinculación contractual entre el Estado y los cartoneros reproduce la precariedad, en la medida en que no se reconoce la relación de dependencia existente, con todos los derechos que rigen para cualquier asalariado registrado.
Por el pase a planta
El Gobierno porteño ha tendido a reconocer el trabajo de los cartoneros a través de una política de subsidios, cuyo objetivo fue hacer más eficiente el tratamiento de los residuos reciclables. A bajo costo, se evita que se entierre basura reutilizable en los rellenos sanitarios. De este modo, la expansión de la sobrepoblación relativa inserta en el cartoneo crea una ventaja para la industria papelera, en la medida en que garantiza la mercancía insumo reciclable con mano de obra barata. Pero también resulta una ventaja para el Estado, quien utiliza a estos obreros para reducir el costo de la gestión de residuos y los mantiene con los atributos propios de la población sobrante. Paralelamente, el presupuesto emitido por el Estado actúa, de manera indirecta, como un subsidio a la industria, puesto que aquél es quien absorbe el pago de una parte del salario cartonero.
Por otra parte, toda esta política de subsidios se encuentra atravesada por la lucha y organización de los cartoneros. Las cooperativas han logrado una capacidad de presión política y han obtenido sus frutos. Esto les ha permitido disputar y apropiarse de una parte del presupuesto otorgado por el gobierno porteño. Por la vía de multiplicar subsidios, el Estado va reconociendo elementos que normalmente estarían integrados en el sueldo de un obrero. Sin embargo, aun sumando todos estos ítems, el salario cartonero está muy por debajo del mínimo. Sólo un pequeño porcentaje de socios de las cooperativas obtuvo remuneraciones que se aproximan a las que rigen bajo convenio en el mismo gremio; en particular, los choferes. Sin embargo, en ningún caso se ha mejorado la situación contractual, debido a que no se reconoce una relación de dependencia.
Finalmente, los subsidios han sido otorgados a un pequeño porcentaje de cartoneros recolectores de la ciudad de Buenos Aires. Esta situación crea una fragmentación en el seno de los cartoneros de la cual son responsables tanto el Estado como las cooperativas. Estas últimas han negociado de manera aislada con el gobierno, sea para el incremento del cupo de perceptores de su propia asociación, o bien, por la recomposición salarial de sus socios. No han exigido la instauración de un contrato bajo relación de dependencia, lo que generaría una mayor estabilidad laboral para los cartoneros y un mayor salario. De este modo, la conciencia cooperativista pone un freno a la política de clase, es decir, aquella que batalla por la unidad en la acción y la igualdad en las condiciones de vida. Ni siquiera ATE-CTA, quien organiza a algunas de las cooperativas de recuperadores, ha propuesto una consigna para los cartoneros, que sí rige para sus pares estatales precarizados, aquella que pugna por el pase a planta. Los trabajadores cartoneros deben poner en pie una organización sindical propia y exigir una paritaria, como cualquier obrero. La izquierda revolucionaria tiene, aquí, mucho para ganar.
Cuadro n°1. Presupuesto destinado a cooperativas entre 2008 y 2013, según tipo de subsidio (en pesos corrientes).
Fuente: TES en base a resoluciones sancionadas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño entre los años 2008 y 2013.
Cuadro n°2. Promedio mensual del salario cartonero pagado por el Estado y porcentaje de cobertura sobre promedio salarial de trabajadores registrados y no registrados: 2009-2013.
Fuente: TES en base a Ministerio de Trabajo y resoluciones sancionadas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCABA.
1GCBA: “Informe Anual de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ley n° 1854”, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 2008.
