El “Estudiantazo”. La movilización de los secundarios en Capital Federal.

En el transcurso de los últimos meses, el proceso de lucha protagonizado por los estudiantes secundarios en la Ciudad de Buenos Aires resultó una verdadera lección para el conjunto del movimiento estudiantil. Dando pruebas de la necesidad de recurrir a métodos de acción directa para obtener hasta el más mínimo reclamo, el proceso se extendió a los restantes niveles del sistema educativo y a diversas provincias del país.

Sin embargo, el movimiento estudiantil capitalino no se encuentra exento de contradicciones. En ese sentido, ciertos interrogantes se imponen a la hora de establecer la potencia y los límites de la lucha de los estudiantes secundarios: ¿cómo ha evolucionado el conflicto?, ¿al calor de qué caracterizaciones y balances? y, fundamentalmente, ¿alguna organización o partido revolucionario ha logrado constituirse en la dirección del movimiento estudiantil?
Por otra parte, la magnitud del estudiantazo nos interroga sobre otro aspecto nodal del conflicto: ¿de dónde proviene esa juventud radicalizada, que asume el piquete y la toma como métodos necesarios de lucha? Indudablemente, el proceso protagonizado por los secundarios abreva en el Argentinazo, experiencia que ha fogueado a una nueva generación de luchadores.

Un viejo problema y una misma salida

Las tomas de colegios bajo la gestión macrista no son nuevas. Ya en 2008 los estudiantes secundarios tomaron cerca de 20 escuelas frente a un recorte de las becas estudiantiles.(1)  En ese momento, Mariano Narodowski adujo que otorgarle una beca a todo aquel que la solicitara constituía un “sistema clientelar”. En el contexto de una incipiente crisis económica, los estudiantes respondieron impulsando movilizaciones y tomas. De ese modo, en muchos casos haciendo su primera experiencia de lucha política, lograron arrancarle al gobierno 15 mil becas más.
El 2009 no fue más grato para el Ministerio de Educación porteño. Una serie de escándalos de ribetes mafiosos y la designación de Abel Posse -un fascista confeso- como ministro pusieron en evidencia el carácter represivo de la cartera educativa de Macri, dando lugar a un repudio masivo.(2)  Sin mediar ninguna tregua, a principios de este año, los secundarios impulsaron nuevos reclamos: reformas edilicias, viandas, becas y, en términos generales, la ejecución y el aumento del presupuesto educativo. Mientras por parte del gabinete Pro reinaba un “silencio de radio”, los estudiantes comenzaron a realizar cortes de calles en distintas zonas de la ciudad, marchas y, en algunos casos, avanzaron en las tomas de sus colegios a los efectos de hacer visibles sus reclamos. Así, en el mes de mayo, se tomaba uno de los primeros, el Pellegrini, durante tres días.
Ante la evidente unidad que se iba gestando entre los estudiantes -corporizada en la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES)-, el macrismo intentó desarticular el conflicto respondiendo a algunas demandas particulares de los colegios más combativos. Por supuesto, no faltaron las iniciativas de carácter represivo. En el Liceo n° 10, luego de que los alumnos apoyados por la directora cortaran la calle ante la falta de gas y la parálisis de las refacciones edilicias prometidas, el gobierno Pro separó de su cargo a la funcionaria, le inició un sumario, intervino el colegio y prometió las máximas sanciones para los estudiantes. Como respuesta, la CUES resolvió realizar una marcha en defensa de la directora y dispuso cuatro piquetes en zonas céntricas de la ciudad.
El macrismo intentó poner en marcha la estrategia “divide y reinarás”. Así, se encargó de recibir a cada uno de los colegios por separado y de prometerles dádivas a cada uno. A pesar de las maniobras, la CUES se iría masificando y, en el mes de agosto, llamaría a impulsar la toma generalizada de los colegios y a ampliar los piquetes, actos, asambleas y movilizaciones, dando lugar a un gran estudiantazo en la ciudad. Fracasada la intentona diplomática, el macrismo avanzó en una nueva ofensiva represiva. Así, mediante el memorándum n° 912.750, la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación estableció los “Procedimientos para las tomas de escuelas”. Allí se habilitaba a las autoridades escolares a efectuar una denuncia policial y a confeccionar una lista con los nombres y apellidos de quienes participaran de la toma. Esta medida era una réplica de la Disposición n°  495.499, elevada por el mismo organismo en 2008 en el marco de las tomas por el recorte de las becas estudiantiles. Sin embargo, al igual que en aquel momento, la lucha estudiantil y un repudio generalizado obligaron a la justicia a dejar sin efecto la medida ya que habilitaba a confeccionar “listas negras”.
Luego de los sucesivos avances del movimiento estudiantil, hacia fines de agosto Bullrich decidió reunirse con los representantes de cada colegio tomado y comprometerse a establecer un plan de obras para cada uno de ellos en un plazo de 48 horas. Sin embargo, en tanto se trataba de meras promesas(3) , el conflicto continuaría profundizándose. En ese sentido, los estudiantes respondieron rápidamente al llamado de la Coordinadora a generalizar las tomas: el 12 de agosto se tomaba el primer colegio -Manuel Belgrano- y hacia fines de agosto se registraban más de 30. Es decir, en menos de dos semanas el conflicto adoptó un carácter general. Finalmente, los secundarios convergirían en la multitudinaria marcha nacional educativa del 16 de septiembre, a 34 años de “La Noche de los Lápices”. Más de treinta mil manifestantes, encabezados por una gran columna de la CUES, marcharon de Congreso a Plaza de Mayo. Una enorme participación de docentes y estudiantes del conurbano bonaerense, la confluencia de los estudiantes de la UBA con más de tres facultades tomadas y los docentes universitarios en medio de un paro de 48 horas dieron prueba del carácter nacional de la contienda.
No obstante, luego de la marcha, la CUES resolvió levantar las tomas para evitar un posible desgaste. Si bien, en una de las últimas reuniones, decidió continuar con los cortes de calles zonales, cabe preguntarse si se trata de un retroceso del movimiento en tanto ninguno de los reclamos centrales fueron obtenidos. Para responder tal interrogante, debemos concentrarnos en la caracterización que de dicho conflicto hacen los secundarios.

Toda lucha es política

Desde un comienzo, el macrismo intentó deslegitimar la lucha estudiantil planteando que las tomas eran una cuestión política y que, detrás de ellas, se encontraba la actividad organizada de los partidos. Demostrando un elevado nivel de conciencia, los estudiantes respondieron rápidamente que la crisis educativa es un problema político y que, en consecuencia, efectivamente la lucha también lo era. De la mano de esa conceptualización, los secundarios adoptarían una consigna de carácter general: la defensa de la educación pública. Que numerosas escuelas fueran tomadas por “solidaridad”, es decir, sin que mediara ningún problema concreto en ellas, demuestra que aquella caracterización es sostenida por gran parte del movimiento estudiantil.
Otro de los obstáculos que los estudiantes tuvieron que sortear fue el intento de regionalizar y parcializar el conflicto. Es decir, la caracterización de quienes sostenían que lo acontecido en la ciudad era el resultado esperado de un gobierno pro-privatizador que intentaba destruir la educación pública. Embarcado en ese proyecto, el kirchnerismo buscó cooptar al movimiento “apoyando” las tomas. En ese sentido, Cristina calificó las acciones de los estudiantes como “positivas”(4)  y sostuvo que no le parecían mal los reclamos porque los estudiantes no pedían “demasiado”. Sin embargo, la campaña kirchnerista no tuvo ningún éxito y, en agosto, el Congreso de la CUES votó a favor de la consigna: “Los K, Pino y toda la legislatura son cómplices del macrismo”. Asimismo, en el transcurso de las siguientes semanas, el carácter general de la crisis educativa sería confirmado por tres elementos nuevos: la apertura del estudiantazo en diversas provincias y en los restantes niveles -terciarios y universitarios-, la toma de 5 facultades de la UBA que depende del gobierno nacional y la incorporación al conflicto de los reclamos docentes.
El elevado nivel de conciencia política manifestado por los estudiantes no surgió espontáneamente. Si bien el curso del conflicto fue demostrando la necesidad de recurrir a la lucha y de adoptar medidas de acción directa, aquel avance político es producto de algo mucho más profundo: la labor tenaz de las organizaciones y partidos de izquierda, los cuales han realizado un importante trabajo orientado a clarificar el núcleo del problema. De hecho, la evolución de la CUES da prueba de ello. A principios de año, la Coordinadora tenía por consigna echar a Macri. Sin embargo, a medida que la izquierda -PTS, UJS-PO, FEL-TPR, etc.- fue ganando discusiones, dicha consigna se fue ampliando hasta llegar a apuntar como cómplices al kirchnerismo y al conjunto de los partidos de la burguesía. Asimismo, a partir de ese proceso fue apareciendo cierta conciencia de la identidad de intereses entre el movimiento estudiantil y los reclamos de los trabajadores docentes.
No obstante, uno de los principales escollos que deberá vencer el movimiento es el autonomismo ramplón del “que se vayan todos”. Por un lado, organizaciones kirchnersitas y pinosolanistas militaron para que las resoluciones de la Coordinadora tuvieran un carácter meramente indicativo, que dejara de plantear la consigna “¡Fuera Macri! Los K y toda la Legislatura son cómplices” y, principalmente, que las tomas quedaran a consideración de cada centro de estudiantes. Una clara atomización de la lucha. En ese sentido, existe un límite poderoso contra el cual la izquierda tendrá que batallar para no permitir que el movimiento retroceda: una extendida tendencia autonomista entre el estudiantado que rechaza la participación de los partidos políticos. En este sentido, si bien el movimiento no terminó en una estruendosa victoria, tampoco puede considerárselo una derrota. Se constituye, más bien, en un ejercicio que tiene todas las características de un empate que preanuncia desarrollos futuros de mayor envergadura.

Fuegos de diciembre

En el contexto de tendencias a la crisis que se despliegan todavía subterráneamente, el personal político burgués está muy poco dispuesto a resolver favorablemente los reclamos docentes y estudiantiles. Por ello, el conflicto educativo se encuentra muy lejos de estar cerrado. La incorporación al estudiantazo de los estudiantes universitarios y terciarios y su extensión a diversas provincias prueba que aún restan numerosos y decisivos combates.
Ahora bien, el estudiantazo no surgió como un rayo en un cielo sereno. Por el contrario, la juventud que lo protagoniza, como bien dejan en claro las entrevistas que publicamos en este mismo suplemento, se formó en el “Argentinazo” de diciembre de 2001. Es decir, esos jóvenes crecieron en un contexto de crisis social más o menos aguda en donde la lucha, el corte y el piquete estaban a la hora del día. No extraña, entonces, la elección del método. Por su parte, la izquierda argentina ha desarrollado un importante trabajo de preparación política durante los últimos años. Ahora, en el seno del movimiento estudiantil deberá librarse una batalla decisiva: la lucha contra el autonomismo y la incorporación de esa juventud a las filas de los partidos revolucionarios. El asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero y de la Unión de Juventudes por el Socialismo, demuestra que esa es la amenaza que más teme nuestra decadente burguesía.