Tierra del Fuego es una provincia en llamas. Se ha desatado una crisis social, política y económica debido a su endeble estructura productiva y su dependencia del presupuesto estatal. Estas características ilustran los límites del capitalismo en Argentina.
Por Sebastián Cominiello (OES-CEICS)
En 2011, el gobierno kirchnerista festejaba el récord histórico de empleo industrial en la región fueguina como resultado de los planes de promoción industrial que se sancionaron en 2009. Hoy, lejos de esos festejos ficticios y de esas promesas, la provincia atraviesa una crisis económica, social y política. El conflicto desatado desde principios de año debido a los despidos y las medidas de ajuste por parte del gobierno provincial echa luz sobre las condiciones económicas y sociales en que se desarrolla la provincia más austral del país. Como veremos, Tierra del Fuego es un fiel reflejo en pequeña escala del capitalismo argentino: una estructura productiva ineficiente, donde el Estado sostiene a buena parte de la población.
Una industria provincial chica
Según las proyecciones del INDEC, Tierra del Fuego contaba con 143.987 habitantes en 2015, de los cuales el 99% era población urbana. El crecimiento demográfico entre 2001 y 2010 en la región fueguina fue del 32%, mientras que, en el total del país fue del 9,1%. No obstante, es la provincia con menor población de la Argentina en términos absolutos. En esta zona geográfica se destacan dos actividades, por lo menos desde hace tres décadas. Una de ellas se vincula con el ensamblaje de electrodomésticos y otra el empleo estatal provincial.
A mediados de 1960, Tierra del Fuego se dedicaba a la producción ganadera. Luego comenzó la explotación del petróleo y gas en el extremo norte de la isla, una producción relevante hasta el día de hoy. A partir de los años ’70 comenzó un proceso de crecimiento de la industria por medio de la sanción de regímenes de promoción industrial. Durante los ´70 y los ´80 la migración de firmas dedicadas a la producción de televisores fue acompañada por otras empresas productoras de bienes electrodomésticos y de hilados de fibras artificiales. Este hecho dio origen a una estructura industrial diferente de la existente hasta ese entonces. Fundamentalmente se realizaba el armado de televisores y electrodomésticos (ensamblaje) con componentes importados.[i] Nos encontramos entonces, con el primer antecedente de las industrias de ensamblajes de la década kirchnerista. El perfil manufacturero emergente estaba dominado por estas tres actividades que, en conjunto, dieron cuenta del 81% del producto fabril fueguino.
Durante el la etapa kirchnerista, en 2009, el Estado sancionó la Ley de Impuestos Internos, la cual, como su nombre lo indica, incrementó los impuestos y duplicó el IVA a los productos importados. De esta forma, se avanzó en la sustitución de importaciones: si en 2008 se importaban casi todos los celulares, dos años después, casi el 80% se ensamblaba en la isla. Lo mismo sucedió con los monitores LCD: Tierra del Fuego abastece el 85% del mercado interno, mientras que antes era todo importado. Sin embargo, en 2012, el 37,3% del valor total exportado por la provincia correspondió al rubro Combustibles y energía (93% destinado a Chile), las manufacturas de origen industrial contribuyeron con un 25% y los productos primarios, con casi el 23%. El 15% restante lo aportaron las manufacturas agropecuarias.[ii]
Como vemos, más allá de las promociones encabezadas por el Estado, la industria del ensamblaje no logra transformarse en una plataforma que exceda los límites de nuestro país. Incluso se encuentra por debajo del de rubro Combustibles y energía. En este sentido, la provincia cuenta con un desarrollo productivo chico que depende exclusivamente de los subsidios y gravámenes estatales. La actual crisis en Tierra del Fuego se enmarca en un contexto de reducción del financiamiento del Estado. Por ello toda la estructura fueguina tiende a colapsar y choca con sus propios límites.
La estatización de los isleños
La estructura del mercado de trabajo en la provincia de Tierra del Fuego muestra el elevado peso del empleo estatal. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el empleo público contribuyó un 29,8% a la ocupación durante el año 2015. La industria manufacturera, un 18%. Estos dos sectores explican la situación social de casi la mitad de la población ocupada fueguina. A su vez, según información del Ministerio de Trabajo de la Nación, la ocupación de la rama “Radio y Televisión” (ensambladoras), registró en el año 2014 a 8.344 empleados, cifra que representaba el 21% del total del empleo registrado privado de la provincia.
Comparado con otras provincias, Tierra del Fuego se caracteriza por el más alto nivel de empleo estatal del país. En 2013, contaba con 122 estatales cada mil habitantes. Algo equiparable a las provincias de Santa Cruz (105), Neuquén (94), La Rioja (99) y Catamarca (104), mientras que, el promedio del total del país era de 49.[iii] El elevado peso del empleo público redunda en que el 42% del total de gastos del Estado provincial se dirijan a la remuneración del personal estatal. Es decir, poco menos de la mitad va destinado a sostener el empleo.
Esto, más que tratarse de un buen desempeño del Estado, nos habla de lo poco que tiene para ofrecer el sector privado en la provincia. Por un lado, la industria de la provincia se sostiene con subsidios estatales; y, por otro, la mayoría de los puestos de trabajo son ocupados por personal estatal. De este modo se entiende por qué Tierra del Fuego requiere de fondos que no puede generar y de los recursos del Estado Nacional. Como se observa en el Gráfico I, desde el año 2011, y a partir de los fondos federales, el Estado Nacional aportó el 43% de los ingresos de la provincia. Entre los años 2003 y 2015, la coparticipación federal que recibió Tierra del Fuego en términos reales (aplicándo el índice de precios de la provincia) se incrementó un 81%.
La crisis en Tierra del Fuego se desata en un momento de fuerte disminución de los ingresos recaudados por la provincia. Como se advierte en el gráfico, la recaudación provincial se redujo en un tercio durante el año 2015 respecto del 2014. Por esa razón, la isla requirió de un mayor presupuesto por parte del Estado Nacional. A pesar del incremento del orden del 39% de fondos nacionales, el resultado de recursos totales de los que dispuso la región austral durante el año 2015 fue negativo, puesto que disminuyó un 3,5% respecto del año anterior.
En este contexto, la gobernadora del Frente Para la Victoria, Rosana Bertone, impulsó un plan de ajuste: despidió a cerca de 1.000 trabajadores estatales e implementó un paquete de medidas que atenta contra las ya precarias condiciones de vida y trabajo de los obreros. En efecto, este ajuste viene a deteriorar una caída del poder adquisitivo que remite al año 2013. Como se observa en el Gráfico II, los asalariados registrados del sector público y privado vieron deteriorarse su poder adquisitivo entre los años 2013 y 2015 en un 11,5%, cuyo nivel se asemeja al peor momento de la crisis de 2009. Mucho peor es la situación de los trabajadores “en negro”, quienes en un año perdieron una capacidad de compra del 36%. Esta caída salarial se traduce en un elevado índice de pobreza, el cual se estimó durante el año 2015 en un 27%. Por su parte, para el mismo período, una de cada tres personas que residían en hogares cuyo jefe es un asalariado registrado del sector privado, era pobre.
Una vuelta al 2001
La crisis de Tierra del Fuego impulsó a la gobernadora provincial a ejecutar un ajuste que representa un ataque brutal a la clase obrera fueguina. Un ajuste que se parece mucho al que implementó De La Rúa en plena crisis de 2001. Quizás por ello no sea casual que este paquete de medidas haya sido sancionado por el Frente Para la Victoria con el apoyo de la UCR. Las medidas impulsadas por la gobernadora Bertone incluyen un recorte de salarios de los estatales y una suba en la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse. De los 25 años de aportes (los “25 inviernos”) que sancionaba la legislación provincial, ahora se deberá aportar 30 años. Por su parte, la edad jubilatoria se amplía de 50 y 55 años para mujeres y hombres, respectivamente, a los 60 años para ambos sexos. Es decir, el estado provincial propone que la clase obrera fueguina realice 10 años más de aportes y de trabajo para las mujeres y de 5 años más de aportes y trabajo para los hombres. No obstante, esta medida es de mediano plazo. Para el corto, la Gobernadora sancionó la emergencia del sistema previsional y creó un fondo solidario para el pago de jubilaciones al que aportan jubilados y trabajadores en actividad. A este fondo “solidario” los trabajadores activos deberán aportar un 1% de sus haberes si tuvieran menos de 45 años; un 3% si tuvieran entre 45 y 50 años y un 4,5% si tuvieran más de 50. Como puede observarse, una vez más la crisis se descarga sobre las espaldas de los trabajadores. La clase obrera fueguina paga el estallido de una crisis que se debe a una estructura productiva inviable. Un fiel reflejo a escala provincial del funcionamiento del capitalismo argentino.
Notas
[i]Roitter, Mario: La industrialización reciente en Tierra del Fuego, CEPAL, 1987. Disponible en http://goo.gl/PYJmx4.
[ii]Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 2013. Disponible en http://goo.gl/rr8dJp.
[iii]Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía. Disponible en: http://goo.gl/PZnb1J.
