El empleo público administrativo como contención de la desocupación
En la última década, el empleo público constituyó el 20% de los asalariados. Esta porción del mercado de trabajo crece acompañando la consolidación del desempleo en Argentina y el estancamiento del sector privado de la economía.
Por Pablo Estere (OES-CEICS)
En números anteriores de El Aromo advertimos que la desocupación es subestimada por el INDEC y que era necesario medirla con criterios científicos para acercarnos a su magnitud real. En este artículo introducimos un análisis de la evolución de la ocupación en el que se observa cómo una inmensa masa de la población argentina es empleada por el Estado para absorber lo que el sector privado no puede. Se trata entonces de una primera aproximación a la evolución del empleo estatal administrativo como una manifestación de desempleo encubierto.
Desocupación encubierta
El empleo público total en Argentina tiene una importancia considerable y en aumento. En la última década, el mismo alcanzó cerca del 20%. Pero su evolución bajo el kirchnerismo no fue lineal: si se compara con la tendencia general del empleo privado se observa que éste aumenta su participación sobre el total del empleo hasta el año 2007 y luego se estanca. En cambio, la etapa posterior se caracteriza por el crecimiento del empleo público, tendencia que acompaña al estancamiento de la actividad económica y la ausencia de creación de puestos de trabajo en el sector privado. Tratándose de solo dos sectores contrapuestos entre sí, el ascenso de uno en detrimento del otro parece algo obvio, pero se debe agregar que la cantidad total de trabajadores ocupados en 2014 aumentó un 37% respecto al año 2003. En este sentido, en el período 2008-2014 no solo se incrementó relativamente el empleo público sino también en términos absolutos.
En el seno del empleo público puede distinguirse al empleo estatal administrativo (EEA) el cual registra una tendencia ascendente entre los años 2003 y 2014: comienza promediando el 20% del total del empleo público y termina muy cerca del 25%. A su vez, durante el año 2014, el EEA constituía el 5,37% del empleo total en argentina. Es decir, se trata de un sector de una magnitud para nada desestimable, cercano incluso al extenso gremio de la construcción (6,7% en el 2014).[i]
El EEA comprende a trabajadores que realizan tareas diversas, al menos son las categorías que registra la Encuesta Permanente de Hogares (EPH): oficinistas, auxiliares administrativos, telefonistas, agentes de tránsito, bedeles, cadetes, guardias, operadores de PC, secretarios, inspectores, data entry, jefes de sección/unidad/división/área, delegados municipales, encargados de archivo, encargados de mesa de entradas. También se compone (aunque no son así captados por el INDEC) de una porción sustantiva de trabajadores contratados que trabajan como operadores de planes de empleo, programas, cooperativas, subsidios y otras labores eventuales para la realización de censos, relevamientos o la atención pública en Tecnópolis. En conjunto, se trata de los trabajadores típicos que emplean las administraciones de los municipios pero también los ministerios provinciales y nacionales. A su vez, se distinguen claramente de otros empleados estatales por su baja calificación: están lejos de reunir los atributos homologables a docentes, judiciales, bancarios, técnicos e ingenieros de empresas estatales y personal jerárquico de la administración pública.
Queda claro entonces que la demanda de fuerza de trabajo en la administración pública crece acompañando la consolidación de la población sobrante para el capital en Argentina. El crecimiento del EEA expresa una “estatización” de parte de las enormes filas del desempleo que el capital ya no puede absorber.
Precariedad garantizada, estabilidad condicional
Si bien bajo el capitalismo la condición de libre del obrero clausura toda posibilidad de estabilidad laboral o garantía perdurable de provisión de medios de vida, es cierto que el empleo público en general ofrece mayores condiciones para la estabilidad que otras actividades privadas. Esto rige, hasta cierto punto, para los estatales que pertenecen a la planta permanente de un organismo o dependencia del Estado. Tampoco lo es bajo cualquier circunstancia: baste recordar el pase a retiro de miles de trabajadores de empresas estatales que luego fueron privatizadas durante los noventa.
Además del régimen de planta permanente, en el Estado existen otras modalidades de contratación precarias como la planta transitoria, pasantías, becas, contratos de locación de servicio, de obra, con organismos internacionales, con universidades o fundaciones. En este sentido, durante la década kirchnerista se observa un aumento exorbitante de los contratados. Por ejemplo, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional el empleo público pasó de 241.383 trabajadores en el 2003 a 366.365 en 2015 (51,78%). De este total, los trabajadores de planta permanente y transitoria pasaron de 226.250 a 297.365 constituyendo un aumento del 31,43%, mientras que los contratados aumentaron de 15.133 a 69.000, es decir, un crecimiento del 355%. Con esta somera muestra se dimensiona el crecimiento de esta forma precaria de trabajo. Por su parte, algunos sindicatos estatales estiman que para el total de las administraciones (municipal, provincial y nacional) la cantidad de trabajadores con contratos a término sería cercana a los 600 mil, todos ellos dependiendo de la renovación anual.[ii]
En el seno de lo estatales precarizados podemos distinguir, además, a quienes son empleados bajo la ley de pasantías y a los monotributistas. En el caso de los pasantes ocurre una de las mayores estafas en tanto que no se abonan salarios sino una “asignación estímulo” ya que se considera que la pasantía educativa no origina ningún tipo de relación laboral entre el pasante y la empresa u organización en la que se realiza (Ley 26.427). De este modo, se utiliza fuerza de trabajo sin realizar las contraprestaciones comunes a los trabajadores que realizan la misma actividad y se cercena el derecho a la sindicalización. El régimen de monotributistas implica un encubrimiento más “elegante” de la precarización ya que se considera que el Estado los contrata para la realización de un “servicio”. Este tipo de contrato que se supone “independiente” exime al Estado de la responsabilidad de garantizar la estabilidad laboral.
En cuanto al EEA, el 7% de los trabajadores según la EPH no percibió descuentos jubilatorios durante el año 2014. Ese porcentaje comprende a los monotributistas ya que su carácter de trabajador independiente implica entre otras cosas que el Estado no realice aportes previsionales. Pero cuando clasificamos a ese segmento entre los que realizan aportes propios y los que no, encontramos que de ese 7% sólo el 44% declara aportar por su cuenta. El 56% restante constituiría lisa y llanamente trabajo en negro dentro del Estado. Este nivel de precariedad es todavía mayor cuando se analiza el período entre 2003 y 2008, donde quienes no percibieron aportes jubilatorios promediaron el 20% y los que no percibieron ni aportaron por su cuenta se ubicaron en torno al 75%.
Bajo estos tipos de contrataciones truchas el Estado usufructúa de los mismos “beneficios” que los capitales privados a la hora de prescindir de trabajadores en cualquier momento y sin dificultades. En efecto, la causa de cesantía por finalización de contrato sobre el total de las razones de despidos en el sector público tiende a aumentar entre el año 1995 a la actualidad, constituyendo durante los últimos tres años aproximadamente el 60%.
Como vemos, el Estado asume el rol de contención de desempleo, bien que con limitaciones. El crecimiento del empleo precario en el Estado crea las bases para la expulsión de los trabajadores contratados, pasantes o becarios.
¿Qué pasará con Scioli y Macri?
Como aclarábamos más arriba, el crecimiento del empleo estatal administrativo responde al agotamiento del capitalismo argentino. Su aumento es constante e histórico. Mejor dicho, lo es su necesidad para el régimen político. De ese modo, el gobierno de turno contiene mayores niveles de desempleo abierto y ebulliciones políticas. No obstante, aún prevalece un porcentaje de empleo precario en el seno del Estado que se constituye en la primera variable de ajuste cuando se quiere prescindir de ellos. Por su parte, los trabajadores de planta tampoco tienen la garantía absoluta de la estabilidad o la ausencia de precariedad. Recordemos las jubilaciones anticipadas en los ´90, el recorte del 13% durante el 2001, o bien, el atraso en los pagos salariales sobre todo a los docentes y estatales en la última década.
La persistencia del crecimiento del empleo público probablemente dependa de la capacidad financiera Estado. Pero, los ingresos fiscales ya comenzaron a agotarse y los commodities bajan sus precios en el mercado mundial. Esto lo saben los candidatos con mayores chances electorales. Scioli y Macri debaten sólo el gradualismo del ajuste que aplicarán o no si conquistan la presidencia. En efecto, Macri ya manifestó los cambios que pretenden efectuar sobre el empleo público. Al decir de Mauricio se deberá “revalorizar” el trabajo en el Estado. ¿Qué significa esto? ¿Ajuste, más despidos de contratados, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas al estilo los ’90? El ingeniero ya carga sobre sus espaldas denuncias por despidos producto del vaciamiento de algunos programas vinculados con la Asistencia a Víctimas de Delitos Sexuales, el Consejo de la Niñez y recorte de presupuesto en viviendas. Scioli dio muestras de lo que pretende. El candidato K ya fue denunciado en los años previos por el vaciamiento de algunos programas sociales y despidos a contratados, como por ejemplo el Envión (programa de enseñanza de un oficio para reinsertarse laboralmente) que emplea 3.500 trabajadores en toda la provincia.
Lógicamente, la burguesía los apoya puesto que concibe el gasto estatal en el sostenimiento de las condiciones de existencia generales del proletariado, como el germen de todos los males de la economía. Por lo tanto, y ante un panorama de crisis y cambio de gobierno, los estatales deberán reunificar sus fuerzas para impedir que el ajuste se descargue sobre sus espaldas, para defender sus puestos de trabajo y exigir el pase a planta permanente de todos los contratados y otras modalidades precarias. Subido a la ola anti-kirchnerista que parece desplegarse luego de las elecciones primarias, es probable que un Macri triunfante intente encubrir un violento ajuste como una cruzada “moralizadora”, por la cual se expulsa del empleo público a los “vagos de la Cámpora”. Habrá que recordar, en ese caso, que un obrero es un obrero, no importa la ideología que tenga.
[i]Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
[ii] Perfil (05/04/2015). Disponible en: http://goo.gl/oiq4ZI.
Todo bien hasta que llegamos al último párrafo. ¿Todos a planta permanente? ¿Para hacer qué, si la misma nota se titula «El aguantadero»? Porque convengamos que es impresionante la cantidad de personal que sobra (quiero decir, no tiene funciones o apenas se ocupa un 20% de su tiempo de trabajo) en la mayoría de las administraciones públicas. El Estado no puede ser un aguantadero de la desocupación. Hay que crear puestos de trabajo para tareas socialmente necesarias ya sea en la producción de bienes o servicios y emplear en el Estado el personal justo y necesario, en cantidad y en las competencias que en cada caso corresponda cubrir.
Estimado Saúl
Muchas gracias por tu comentario. En efecto, como el artículo describe, el Estado es un aguantadero del desempleo. Acordamos con que hay que crear trabajo socialmente necesario, pero no estamos de acuerdo con expulsar a los trabajadores del Estado. Sin duda, al Estado (bajo el capitalismo) le conviene emplear personas por varias razones: por un lado, para sostener el régimen político con relaciones clientelares. También porque evita un mayor desempleo abierto y, consecuentemente, grandes convulsiones sociales. Por otro lado, porque los salarios son bajos. Esa es la razón por la cual algunos empleados administrativos tienen otros empleos para incrementar sus ingresos y dedican menos tiempo del que corresponde por contrato. A su vez, se podría crear empleo necesario destinado por ejemplo a los hospitales (baste ver la situación de precariedad en la que se encuentra la salud pública). Pero eso chocaría con los intereses de los empresarios de la medicina privada, algo que los gobiernos de turno no han estado dispuestos a asumir. Este es uno de varios ejemplos que podríamos mencionar. Entonces, si el capitalismo argentino asegurase un trabajo en tareas socialmente necesarias no habría razones para oponerse a una transferencia de un empleo a otro. Pero hoy, el estancamiento de la actividad económica y del mercado de trabajo no asegura una estabilidad laboral. O bien, buena parte de lo poco que ofrece el mercado laboral es trabajo precario. Por esa razón, no sólo nos oponemos a que se expulse a empleados estatales sino que reclamamos el pase a planta permanente de todos ellos para garantizar mayor estabilidad laboral.