Dos posturas para el debate de la nueva ley de Entidades Financieras
Por Roberto Koira
El economista Santiago Fraschina defendió, en dialogo con P&M, el proyecto de Carlos Heller para reemplazar a la normativa que data de la última dictadura militar. En contrapartida, su colega, Eduardo Sartelli, explicó que “los problemas financieros de la Argentina no se arreglan con un cambio de ley», ya que estos «se derivan de las dificultades de la economía real”.
La llamada “Ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de Servicios Financieros” fue presentada la semana pasada por el diputado Carlos Heller para saldar una de las asignaturas pendientes que tiene el Congreso. La actual legislación en la materia rige desde 1977, impuesta por José Alfredo Martínez de Hoz para desligar al mercado de la regulación estatal y dar amplia libertad a los movimientos de los bancos.
Política&Medios consultó a Santiago Fraschina del GEENaP (Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular), quien explicó que el proyecto de Heller “es central porque uno de los cuellos de botella que tenemos hoy en la economía es que el sistema financiero presta muy poco o no presta nada al sector productivo”.
“Tenemos un sistema bancario con mucha plata para prestar, pero que da poco crédito, centralizándolo sólo para consumo. La pequeña y mediana empresa no tiene acceso al crédito barato y esto le pone una traba al proceso de inversión”, agregó el economista.
Según Fraschina, para profundizar este proceso de reindustrialización, es fundamental “cambiar la ley de entidades financieras porque tenemos que ir a un sistema que preste más y de más crédito. Sobre todo se debe tener un cupo para préstamos a las PyMEs, que es el sector económico que los necesita para poder invertir y seguir creciendo”.
Aunque, para el economista, también es necesario “rediscutir la extranjerización del sistema bancario, ya que el ahorro de los argentinos los manejan los bancos extranjeros. Ante una crisis internacional, lo que hacen estos bancos es remitir utilidades a las casas matrices para poder impactar la crisis que tienen ellos en el centro”.
“Es decir, el sistema bancario argentino, como el de otros países en desarrollo, les está financiando el impacto de la crisis a los países centrales”, aclaró.
Por eso, Fraschina explicó que “se necesita rediscutir un proceso de nacionalización de la banca y el rol de la banca pública en este proceso. Nos parece uno de los debates que todavía no se ha saldado y una de las cuestiones pendientes de este modelo de desarrollo iniciado en 2003”.
“En definitiva, cuando se discute una ley de entidades financieras significa ver qué se hace con el ahorro argentino y quién lo maneja. Nos parece que este ahorro debe estar manejado por la banca pública y nacional, y que debe estar destinado para consolidar un modelo de reindustrialización con inclusión social”, sostuvo.
“Creo que el problema central es como redireccionar el ahorro de los argentinos para la profundización del modelo de reindustrialización con inclusión social. Ese tiene que ser el eje de discusión de una nueva ley de entidades financieras”, agregó Fraschina a modo de síntesis.
Desde otra óptica, Eduardo Sartelli, director del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales e investigador de la UBA y la UNLP, el proyecto de Heller va en línea con la política actual “de recuperar un mayor control sobre los movimientos financieros”.
“Esta reforma pretende algo que, en términos reales, no tiene mucho sentido. Lo que se dice es que se busca una baja de la tasa y una mayor capacidad prestable en términos muy generales. Ahora los problemas financieros de la Argentina no se van a arreglar con un cambio de ley, ya que derivan de las dificultades de economía real”, detalló el economista.
Sartelli le subrayó a P&M que “en una economía en que la tasa de interés es virtualmente negativa, porque la inflación supera cualquier tasa de ahorro, modificar la ley no tiene sentido. Los bancos prestan cuando es negocio y lo dejan de hacer cuando no lo es”.
“Se habla de que se va a obligar a los bancos a prestar una cantidad de su cartera a PyMEs, pero la realidad dicta que las entidades financieras le prestan a los que son solventes. Estas empresas en Argentina no son sujetos de crédito y no lo van a ser nunca porque no tienen capacidad de devolución del préstamo”, explicó con escepticismo al sostener que “la ley puede decir lo que quiera, pero la realidad económica es otra”.
Para Sartelli lo que está buscando el gobierno con esto es “una mayor capacidad para mover financieramente el mercado, en función de que la Argentina tiene problemas financieros por delante bastante serios. Esto va atado a la renegociación de la deuda y a la vuelta a los mercados internacionales”.
En este sentido, consideró que “la ley puede permitir manejar papeles, pero el punto central es si la economía permite manejar riqueza real. Los problemas de Argentina no tienen que ver con evolución de las finanzas, sino con la evolución de la economía real y ahí nuestro país tiene problemas serios que todavía no son advertidos”.
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