Editorial – Degradados

El lanzamiento de las pruebas Aprender 2016 recalentó la discusión educativa en un contexto ya caldeado. En el medio de la discusión (clausurada por el gobierno) por la reapertura de las paritarias, el gobierno centra su campaña en instalar la discusión en otro plano: el de la calidad. Lo hace con relativo éxito: parte de los debates hoy giran en torno al dilema ¿evaluar o no evaluar?
El gobierno sostiene que solo pretende producir información “precisa” y amigable con el único objetivo de “mejorar”. Niega que se vaya a castigar a los docentes por los resultados obtenidos y promete “empoderar” al Estado, y diseñar nuevas y mejores políticas públicas junto a la comunidad, con los resultados obtenidos.
A partir de conocer cuán bien o mal les va a nuestros alumnos, se generaría una supuesta nueva escuela, diseñada para los emprendedores del futuro. No podemos más que afirmar que las intenciones del Ministro son engañosas solo recordando sus intenciones pasadas (introducir un plus salarial para aquellos docentes que rindieran bien sus exámenes, crear un cargo de ascenso específico para ellos y terminar con la estabilidad laboral de los que rindieran mal).
Dejemos algo claro, la CTERA solo se opone para lavarse la cara. No suenan muy creíbles los argumentos de quienes ayer apoyaron la “evaluación institucional integral” y defendieron la Ley que permite la evaluación a docentes (LEN).
Los sindicatos combativos iniciaron una férrea campaña en rechazo a la evaluación. Rechazan la avanzada sobre las condiciones estatutarias de los docentes: destrucción de los estatutos, precarización laboral (vía plus salarial), posibles despidos y la responsabilización de los malos resultados de las pruebas. Algunos inclusive plantean que el mismo concepto de calidad es reaccionario porque mide a los alumnos como si fueran un producto, descontextualizando el aprendizaje y la situación del alumno evaluado.
Pero no podemos limitar nuestra intervención al rechazo a las evaluaciones. La precarización laboral no empezó con el operativo Aprender. Como dijimos, el Plan Fines 2 sigue vivito y coleando, y con él, la instauración de docentes con derechos estatutarios y sin derechos (tutores). Docentes que enseñan en escuelas y otros que lo hacen en clubes de barrio o en iglesias, porque para el Estado, convenio mediante, ambas son escuelas.
La implementación de la Jornada Extendida en CABA –otro de los temas candentes- da cuenta de cómo las características del Fines se impregnan en el resto del sistema. La armonización previsional prepara el aumento de la edad jubilatoria en varias provincias; un nuevo ataque a nuestros derechos laborales. Se reforma el régimen de licencias y/o se introducen pluses al plus del presentismo. El acceso a la docencia es imposible en varias provincias, producto del deficitario sistema de clasificación. Ni hablar del problema de la vivienda. La lista es interminable…
Convirtamos cada escuela, cada sala de profesores, cada espacio en el aula, cada medio de difusión, y a las calles en un lugar de debate. Expliquemos. Demostremos que sabemos dónde está el problema y que no nos vamos a conformar con un parche. Aún si se suspenden las pruebas, el problema estará allí, frente a nosotros.
Organicemos la batalla, ataquemos el problema y construyamos la salida. Para empezar, respondamos a su evaluación con la nuestra: por una campaña nacional de evaluación de las políticas educativas de los últimos treinta años.