Rosana López Rodriguez (Grupo de Investigación de Literatura Popular-CEICS)
El progresismo kirchnerista y el problema del aborto
El día 10 del mes de agosto pasado fue aprobada por la Cámara de Senadores la ley que autoriza la realización de intervenciones quirúrgicas conocidas como ligadura de trompas y vasectomía. El proyecto, presentado en medio de una polémica, tiene, al decir de sus defensores, un carácter progresivo. En especial, porque, sobre la base del criterio de la autonomía personal con relación a la reproducción (un paciente responsable e informado que elige libremente), pone al alcance de todas las mujeres y hombres que quieran elegirlo como método anticonceptivo, la posibilidad de realizarlo en hospitales públicos o solicitarlo a las obras sociales. Hasta la sanción de la ley esas intervenciones sólo se practicaban en clínicas privadas. Aquellos que soliciten la intervención deberán ser mayores de edad y dar su consentimiento. En tanto, el personal médico deberá informar consecuencias, alternativas de otros métodos anticonceptivos y explicar al paciente las opciones de reversión de la intervención. Sólo deberán contar con autorización legal las personas declaradas incapaces por la Justicia. Aunque los médicos podrán oponer objeciones de conciencia a la práctica que se les solicita, el hospital está obligado a conseguir un profesional que la realice.
En qué consisten las intervenciones
Las trompas de Falopio son los conductos que vinculan el útero con los ovarios. A través de ellas, los óvulos van hacia el útero para ser fecundados. La ligadura puede consistir en la sección de parte de las trompas o la colocación de un dispositivo mecánico que comprima la luz de las trompas, a los efectos de impedir que los óvulos lleguen al útero. La vasectomía es la interrupción quirúrgica de los conductos deferentes, que conectan la unidad testículo-epidídimo con la uretra, con lo cual se interrumpe el flujo de espermatozoides. Dos intervenciones quirúrgicas sencillas, en especial la vasectomía, que, sin embargo, pueden convertirse en una esterilización permanente, ya que volver a canalizar esos conductos es una operación compleja que requiere de mayores costos y que, por otra parte, puede no resultar eficaz en gran parte de los casos.
Además, dado que la ley no contempla la posibilidad de revertirlos, significa que los considera como una intervención permanente. Según la diputada Graciela Gutiérrez (del Frente para la Victoria), la ley “fomenta la toma de responsabilidad, no el arrepentimiento”. Como “no obliga, sino que da a elegir”, no es necesario contemplar la reversión.
No es un método como los otros
La ley aprobada tiene serios problemas a la hora de justificar su progresismo. En primer lugar, al no establecer la gratuidad de la reversión, en particular de la ligadura (son pocos los hombres que solicitan una vasectomía), la mujer debería enfrentar una operación no solamente compleja, sino muy costosa. Esto significa que aunque sea posible desde el punto de vista teórico-científico, en la práctica no podrá llevarse a cabo. Por otra parte, de acuerdo con la opinión de los especialistas, el índice de éxito de la recanalización de las trompas oscila entre un 80% y un 10%. En tanto que el de la reversión de la vasectomía va de un 60 a un 70%. Siempre hay, entonces un porcentaje relativamente alto de imposibilidad de reversión. Los apologistas del método, insisten con que todavía es posible recurrir a métodos de fertilización asistida si se pretende recuperar la capacidad reproductiva. Cabe señalar que los dichos métodos de fertilización no sólo no son gratuitos, sino que además tienen un porcentaje no demasiado alto de eficacia y en gran parte de los casos debe repetirse varias veces. Decimos entonces que la vasectomía y la ligadura no pueden homologarse a los demás métodos reversibles como los de barrera (preservativo, diafragma), los hormonales (parches, orales o inyectables), bioquímicos (espermicidas y gel) o al DIU. Por el contrario, sólo deberían ser utilizados excepcionalmente.
¿El aborto? Bien, gracias…
Cuando se legaliza la ligadura, pero se discute incluso el artículo 86° del Código Penal, en aras del derecho a la vida, se propone un método que no es uno más entre otros, con el argumento de que se evitarán, así, muertes de mujeres pobres que no llegarán a un aborto inseguro. Esto no es más que una excusa, porque las mujeres de la burguesía no sólo no utilizarán como “método anticonceptivo” una práctica que las mutilaría, sino que habida cuenta de que los métodos anticonceptivos no tienen una eficacia del 100%, ante cualquier “accidente” pueden practicarse un aborto seguro.
Las leyes que se han aprobado no contemplan la posibilidad de realizar un aborto como último recurso, porque el gobierno K pretende parecer progresista sin afectar sus prácticas derechistas. De ese modo, las mujeres tenemos derecho a planificar la maternidad, pero no tenemos derecho a evitarla si no queremos o no podemos tener hijos. Como los anticonceptivos no son absolutamente eficaces, para que la ley fuera integral, debiera incluir el derecho al aborto libre y gratuito. Sólo así podríamos decidir sobre nosotras mismas. Todo el escándalo sobre la vasectomía y la ligadura-igual que la batalla mediática sobre las interrupciones de los embarazos, finalmente autorizadas a mujeres discapacitadas violadas encubre la negativa del gobierno K a enfrentar el problema del aborto. Se trata, precisamente, de cortinas de humo para ocultar el falso progresismo de un gobierno a la derecha de los liberales del siglo XIX.
