Juan Kornblihtt
OME-CEICS
Pese a su retórica socialista, el gobierno de Chávez dejó intacto el control de la burguesía nacional y extranjera sobre la mayor parte de la renta petrolera. Ante la evidencia de que esta ya no alcanza para sostener los gastos del Estado, la devaluación expresa un ajuste que enfrenta al chavismo con la burguesía y con la clase obrera. Una muestra de la inviabilidad de querer controlar al capital sin avanzar en su expropiación.
La devaluación del 46% anunciada por el Presidente del Banco Central de Venezuela y el Ministro de Planificación fue apoyada por muy pocos (los funcionarios que dieron la cara y el FMI). La burguesía a través de sus diferentes corporaciones salió a quejarse y a plantear que se trataba de un manotazo de ahogado en busca de expandir el financiamiento del Estado, de cara a posibles elecciones anticipadas por el empeoramiento de la salud de Chávez (véase nota de Nicolás Grimaldi en este número). Por otro lado, dentro del chavismo, incluso de sectores oficiales, se criticó la medida porque implicaba un ataque al salario y, se esgrimía, estaba a tono con el “discurso neoliberal” de favorecer la competitividad. En esta línea, se pronunció también la izquierda. La impopularidad de la medida explica por qué el anuncio fue dejado en manos de dos funcionarios no candidateables, mientras que el vicepresidente Nicolás Maduro y el presidente de la cámara de la Asamblea Nacional, quienes se disputan la sucesión de Chávez, no dieron la cara. ¿Por qué, entonces, el gobierno adopta una medida impopular que no le trae beneficios ni con sus aliados burgueses ni con la clase obrera?
Oro verde y oro negro
El tipo de cambio expresa el poder de compra de la moneda local en términos extranjeros. Está, en general, determinada por la capacidad de los capitales que acumulan en un determinado país de participar en la competencia mundial por la apropiación de plusvalía. Los países con empresas más productivas tienen monedas más fuertes que aquellos con poca eficiencia. La industria venezolana es muy ineficiente, su productividad está casi estancada e incluso retrocedió desde 1998, mientras que la de EE.UU., que marca la tendencia global, creció en el mismo periodo un 60% (ver gráfico 1). Sin embargo, el poder de compra del bolívar en el extranjero ha crecido en relación al dólar. Al calcular el tipo de cambio que debería existir en Venezuela, si se ajustase a la productividad y a la pérdida de valor nominal de la moneda por la inflación, tendría que haber estado, para 2012, en torno a los 16 bolívares por dólar (ver gráfico 2). Esta sobrevaluación de la moneda venezolana de alrededor del 380% fue posible por la fenomenal suba del precio del petróleo, en particular a partir de mediados de la década de 2000. Aunque los capitales nacionales (privados y estatales) y extranjeros radicados en el país no tenían las condiciones para semejante compra de dólares, lo lograron gracias a la renta petrolera.
En Venezuela, como hay control para el acceso a las divisas, existen dos tipos de cambio: el oficial y el paralelo (llamado en la jerga local “lechuga verde”). El primero se encontraba en 4,3 bolívares por dólar y con la devaluación pasó a 6,3. En cambio, el paralelo se encuentra mucho más devaluado, oscilando en torno a los 20 bolívares más cercano o por encima de la paridad. Esta brecha expresa que aquellos que utilizan el tipo de cambio oficial se benefician con un poder de compra mucho mayor hacia afuera que los que tienen que acudir al paralelo. A la inversa, quienes tienen dólares y los venden en el mercado negro obtienen muchos más bolívares que los exportadores, que se ven obligados a venderlos al precio oficial. El tipo de cambio actúa como un mecanismo de transferencia de riqueza y no es una simple variable macroeconómica. Como en Venezuela el único sector exportador de relevancia es el petrolero (que está en manos del Estado), las transferencias van desde ese sector hacia los beneficiados por el tipo de cambio oficial. De esta forma, la renta de la tierra petrolera es apropiada por el capital privado.
Por eso no ganan con la devaluación ni los capitales extranjeros ni la mayoría de los locales. En Argentina, la devaluación es motorizada por empresas que buscan limitar las importaciones y, en algunos casos, ganar competitividad para exportar, a costa de devaluar el costo laboral en dólares. En Venezuela, en cambio, la mayoría de los insumos e incluso los bienes de consumos masivo son importados, alcanzando en los últimos años un promedio del 40% del PBI (ver gráfico 3). Las sobrevaluación les permite importar barato y luego vender en el mercado interno con el dólar paralelo de referencia. El sector comercial obtiene en Venezuela una ganancia muy alta y junto al sector bancario. Como lo muestran los informes del organismo de control bancario Sudeban, son los más beneficiados.
Las multinacionales también se benefician con la sobrevaluación porque implica la posibilidad de comprar dólares baratos para remitir sus ganancias al extranjero. Las compañías industriales locales también se benefician del poder de compra inflado del bolívar, ya que en su mayoría son apenas ensambladoras que importan la mayor de los insumos. Es cierto que una devaluación no implica una pérdida absoluta, porque también involucra una rebaja salarial, No obstante, como su perspectiva no es exportar, esto no aparece como un plus sustancial. De hecho, buscarán recomponer la pérdida de capacidad de compra por la vía de subir los precios internos. La inevitable inflación posterior a la devaluación mostrará que estos capitales no dejarán que la renta petrolera escape de sus manos por un simple cambio administrativo en el precio del dólar.
Impotencia
La sobrevaluación aparece a lo largo de la historia venezolana como el mecanismo por excelencia a partir del cual se apropiaron de la renta de la tierra diferentes fracciones de la burguesía nacional y extranjera. El periodo chavista, sobre todo a partir de su radicalización discursiva después del golpe, no fue la excepción. Aunque una parte importante de la renta fue a planes sociales, la mayor fue apropiada por el sector privado gracias al sobrevaluación de la moneda. Incluso después de la devaluación anunciada seguirá siendo así ya que en 2012 la sobrevaluación de la moneda rondaba el 400%. Aunque importante, el efecto del 46% de caída del precio del bolívar será poco importante.
Si la devaluación no aparece favorable la burguesía, ¿esto implica que se trata de una medida a favor de los trabajadores? Como señala el grueso de la izquierda chavista y antichavista: no. Al producirse una devaluación, la burguesía buscará recuperar la porción de renta petrolera que perdió por la vía de subir los precios. La inflación implica un reacomodamiento de precios en los cuales la burguesía tiene la capacidad de subirlos mucho más rápido que los amentos de sueldos que pueda lograr la clase obrera. En general, las paritarias son una o dos veces por año, mientras que los precios suben en forma constante. El resultado es una caída de la capacidad de compra del proletariado.
La devaluación en cambio sí le otorga al Estado una mayor capacidad de gasto interno tanto en términos de gasto social como en subsidios a la burguesía. Por cada dólar que recibe por las exportaciones petroleras podrá ahora conseguir más bolívares. Ganará cierto aire frente a un déficit fiscal creciente, que trepó con el aumento del gasto estatal de cara las elecciones. Para posponer la inevitable devaluación, el accionar del Estado se financió en gran medida con el aumento exponencial de la deuda externa que de 2011 a 2012 creció un 60% según datos del BCV. El efecto expansivo de la devaluación será acotado, pero dará cierto aire a las arcas estatales en un año complicado. Por esta razón quizás el FMI apoya la medida. Al esconder las dificultades fiscales por la vía de un aumento del poder de compra interno de los dólares obtenidos por la exportación de petróleo, el Estado parecerá más fuerte. Y esto implica que los bonos de deuda externa, emitidos por el gobierno chavista en manos de bancos representados por el FMI, no perderán valor, como ocurriría si el déficit se expandiese.
Con todo, el FMI no está totalmente conforme y pide más ajuste, porque sabe del efecto efímero de la devaluación. Es que, como señalamos, los capitalistas buscarán recuperar el terreno perdido y una escalada inflacionaria licuará lo que se ganó con la devaluación. Esto fue lo que ocurrió con la anterior devaluación de 2010. En estos dos últimos años, la inflación anual fue de 28% y 21% y la nueva devaluación acelerará la suba de precios. El Estado se beneficiará al igual que la burguesía de la baja salarial que se produzca, con lo cual participará del aumento de la tasa de explotación a la clase obrera venezolana, de la cual es uno de los principales empleadores. Pero nada indica que se trate de una medida que le permita al gobierno tener un mayor control sobre la renta petrolera ni una expansión duradera de su gasto. El chavismo intentará también limitar el otorgamiento de dólares al sector privado, como lo muestra la limitación al acceso de divisas al eliminar el sistema SITME por el cual los importadores conseguían dólares baratos. Pero al hacer esto, y no contar con el control del aparato comercial ni productivo, el resultado será una contracción del resto de la actividad económica.
En síntesis, se trata de una medida que expresa la contracción de la acumulación de capital en Venezuela y del intento del gobierno de escapar hacia delante sin romper las relaciones que lo mantienen en el poder.
Crisis y perspectiva
Como vemos, la renta petrolera que sostiene la acumulación de capital no da para todo. Aunque su magnitud alcanza cifras récord, gracias a la fuerte suba del precio de las materias primas, el rezago en el aumento de la productividad que tiene la producción local es tan grande que el conjunto de transferencias del Estado no puede compensar. Se produce, de esta forma, un círculo vicioso. Por la baja productividad, las empresas necesitan de renta para compensar su ineficiencia. Al recibir esta renta, sobreviven, pero al no realizar inversiones, la brecha se agranda aun más. Por eso suenan ridículos los planteos del ministro de Planificación, que cree que la devaluación estimulará la competitividad mediante la promoción de exportaciones y la sustitución de importaciones. Lo mismo con los llamados a abandonar la “cultura del dólar” como si el problema fuese ideológico. Luego de la anterior devaluación, en 2010, no sólo no crecieron las exportaciones no petroleras sino que el peso de los bienes importados subió. Esto implica una sangría para la acumulación de capital a escala nacional, a la cual se suma la fuga de capitales locales y extranjeros. El crecimiento de la deuda externa escondió evitó una caída del gasto público previo a las elecciones como había ocurrido en 2009, cuando cayó el precio del petróleo y que llevó a una derrota electoral del chavismo en las elecciones legislativas. Pero escondió el hecho de que la renta petrolera no da para todo.
Frente a esta situación de crisis, el chavismo respondió por la vía de estatizar las empresas que tenían problemas. Unas veces por voluntad propia, otras veces por la lucha de los obreros para no quedar desempleados. En ninguno de los casos pudo avanzar en revertir el carácter obsoleto de los capitales estatizados. Peor aún, la productividad cayó de la mano de la falta de inversiones, como lo expresa con toda claridad el caso Sidor. Este estancamiento generalizado de la producción se tapa renta y deuda externa. Pero se muestra cada vez más inviable.
Por las dificultades económicas, el gobierno también avanzó en estatizar en parte el comercio exterior. Tanto para abastecer a sus empresas como para proveer de alimentos baratos, empezó a importar en forma directa algunos productos. El crecimiento fue bastante alto: de un promedio del 6% entre 1998 y 2006, subió en forma lineal hasta llegar al 27% en 2011. Sin embargo, lo que amagaba con afectar al negocio principal de la burguesía venezolana y cortar uno de los mecanismos por los cuales apropiaba la renta de la tierra petrolera se frenó en el último año. Es que avanzar por completo en la estatización del comercio implicaría poner en cuestión la totalidad de la propiedad privada. Una tarea que requeriría de la acción del conjunto de la clase obrera y una ruptura no sólo con la burguesía, sino también con los funcionarios estatales que privilegian el mantenimiento de empresas ineficientes, pero que les permiten construir una carrera personal, en términos económicos y políticos y, por lo cual, se oponen a avanzar hacia una verdadera propiedad colectiva.
