El caso de la CTA Entre Ríos
Urribarri impuso un ajuste, supuestamente, para todos. Su resultado: 70% de aumento impositivo a la vivienda del trabajador, solo el 3% de incremento para la burguesía rural y exención impositiva para los industriales. Pese a esto, y a dirigir una de las provincias que peor trata a los docentes, su candidatura presidencial es promovida por la CTA local.
Por Rodolfo Leyes (Grupo de investigación de la historia de la clase obrera argentina-CEICS)
Como a nivel nacional, la Central de Trabajadores Argentinos de Entre Ríos, ha sido sacudida por la ruptura que enfrentó a Micheli (opositor) con Yasky (oficialista). El timón de la central provincial entrerriana fue comandado por yaskistas hasta las últimas elecciones, en mayo pasado. La CTA-ER cuenta con los dos sindicatos más grandes de la provincia, el AGMER, sindicato docente y ATE, de los estatales.
El sector oficialista tiene entre sus filas a grupos declaradamente kirchneristas (como la agrupación docente Paulo Freire), disimuladamente kirchneristas (como la sección entrerriana del Partido Comunista), miembros de la oposición provenientes del Partido Socialistas, los inefables “Celestes”, dispersos en docencia y, finalmente, algunos sectores provenientes del peronismo más militante, sobre todo dentro de ATE. Lo cierto es que no se puede esconder su cercanía con el Gobierno nacional y provincial. Algunos dirigentes difícilmente pueden siquiera hablar de independencia corporativa, como el caso del Secretario Adjunto de CTA, Sergio Elizar, dirigente histórico de la lista Celeste y actual miembro del partido Nuevo Encuentro, que ha acompañado al gobernador Urribarri en sus actos por Buenos Aires. Esta acción motivó el reproche de los dirigentes de ATE, que prefieren guardar la imagen de independencia frente al Gobierno provincial, no así respecto de la “compañera Cristina”.
Este sector, que comandaba hasta hace poco la CTA, no adhirió a los paros que la CGT moyanista y el michelismo declararon. Su excusa fue que “en defensa de la autonomía que históricamente hemos expresado, tanto de las patronales como de los partidos políticos, no aceptamos participar de una huelga convocada por televisión, ni hacer el juego a las internas partidarias”.1 La parodia de independencia y la verborragia sindicalera, escondía intereses exactamente opuestos a los enunciados.
Los sectores “michelistas” opositores cuentan con la mesa de la CTA de Paraná y la seccional AGMER de la misma ciudad, ambos vinculados al PCR , con el MST, con miembros de la UCR, del PRO, del Massismo, incluso con militantes de la Curia capitalina. Éste sector ganó las elecciones el 29 de mayo pasado. Anticipando la derrota, los yaskystas decidieron el boicot abierto, sin siquiera consultar a sus bases la decisión de participar o no. Posteriormente, desconocieron los resultados electorales. Como se puede ver, las dos fracciones de la CTA cuentan con grupos oportunistas y aliados a diferentes sectores patronales.
Una ley a la medida del ajuste
En la segunda quincena de diciembre del 2013, comenzó una disputa que ilustra los intereses que defienden cada una de estas centrales. La conducción K presentó un proyecto de reforma impositiva provincial que iba a implicar un ajuste para los obreros y, supuestamente, un incremento de lo tributado por los empresarios. Todo este movimiento se realizó con el guiño del gobernador y la excusa de que, de otra manera, no habría dinero para aumentos salariales. Aceptada y votada, la reforma fue puesta en práctica. El gobernador explicó:
“Propusimos a la Legislatura una reforma integral, que une criterios de redistribución de la riqueza, pero que asume un compromiso de una reducción del gasto. Por eso, decimos que los sectores que se beneficiaron en estos años de enorme crecimiento tienen que aportar en consonancia con los beneficios obtenidos; a eso apunta la reforma tributaria”.
Los aplausos de la CTA filo-kirchnerista no se hicieron esperar.2
Tampoco faltó mucho tiempo para que voces opositoras se levantaran contra la reforma. Estas se expresaron en una mesa “multisectorial” conformada a principios de enero. La misma escondía un acuerdo policlasista, donde cabían desde la Sociedad Rural de Entre Ríos –cuna del actual presidente de la Sociedad Rural nacional- la UCR y la Federación Económica de Entre Ríos hasta la UATRE y los docentes “rebeldes” de Paraná. Unos y otros objetaban críticas comunes al proyecto. Mientras los primeros criticaron el peso sobre la propiedad rural, los segundos intuyeron –con atino- que la modificación tributaría aumentaría los impuestos a los bienes urbanos, sin excepción. En su conjunto, los impuestos llevarían aumentos entre un 20% y 70%. Cuando las boletas de pagos comenzaron a llegar, los temores demostraron ser verdaderos. En el caso de una propiedad urbana, vivienda única, valuada en 32 mil pesos en una zona que se inunda y obliga a evacuarse un par de veces al año, recibimos aumentos cercanos al 70%. Mientras, una propiedad rural valuada por encima a los tres millones de pesos aumentaría sólo el 3%, según declaraba un documento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.3 Setenta por ciento de aumento impositivo a la vivienda de un trabajador y solo el 3 por ciento de incremento para la burguesía rural. Queda claro quien pagaría el ajuste. Pero ahí no termina la cosa.
El costo de ser alcahuete
La venta del gato por liebre se había concretado, pero eso no bastó para aprender. En plena campaña por la carrera presidencial, lleno de ilusiones por ascender en la vida política de la nación, el gobernador entrerriano sumó algunos adeptos dentro del movimiento obrero. Agasajado por los miembros de la mesa central de CTA nacional, con la presencia de Hugo Yasky y la difunta Stella Maldonado, secretaria histórica de CTERA, el gobernador recibió su adhesión.4 En consonancia con sus pares nacionales, los miembros yankystas de la Mesa de CTA entrerriana habían hecho público su apoyo a las políticas de Urribarri. Objetaron, eso sí, que restaba una “mejora salarial”, pero se enorgullecieron de haber servido de contención a los saqueos que acompañaron al acuartelamiento de la policía y, finalmente, dejaron la puerta abierta a la “teoría del cerco”: si el gobernador no avanzaba más hacía políticas redistributivas, sería por culpa de dos de sus ministros, el de Gobierno y el de Economía, que serían resabios de las “décadas neoliberales”.5
La mejor parte, o la más triste, no fue el apoyo a un gobernador que no les abre las puertas a los trabajadores y que se comunica con ellos mediante descuentos y bravuconadas. Lo más interesante llegó la última semana de septiembre, cuando el gobernador, como un pequeño Luis Bonaparte, buscó ganarse las simpatías del sector industrial presentando una nueva reforma a la ley impositiva. Otorgando, de plano, una exención impositiva a la industria, a las clínicas y sanatorios privados, a las empresas de transporte pesado. Así lo explicaba Urribarri:
“Gravar con tasa cero los Ingresos Brutos a las industrias tiene un impacto mucho menor a lo que es la masa salarial […] es una señal muy clara hacia el mundo de la economía real, que es el mundo de la industria, del trabajo, de la generación y el cuidado del empleo […] Les puedo asegurar que los trabajadores estatales una vez que conozcan los números de la incidencia real de la decisión, y el espíritu, van a coincidir con nosotros”.
Dicho de otro modo, los trabajadores pagamos impuestos al salario y a tener una vivienda, pero los empresarios nada.
El vínculo entre los gobiernos peronistas y los sectores industriales son por todos conocidos, al igual que la excusa de seguir postergando la repartición de la riqueza a costa de mejorar las condiciones para la industria. Como si fuera poco, a la par de que las boletas de cobro con aumentos llegaban a las casas de los trabajadores, se destapó otra “olla”. Al parecer, el Gobierno tenía a dos empleados que se dedicaban a la feliz tarea de perdonar automáticamente las deudas de empresas, entre ellas la perteneciente a la familia del CEO de YPF.6
Los resultados
En lo que va del año, los docentes hemos tenido tres compañeras muertas en traslados hacia y desde sus lugares de trabajo. Para lograr un aumento salarial por debajo de la inflación, el Gobierno jugó con los cargos más deprimidos. Así consumó un aumento promedio del 26,6% -y de 31% para los recién iniciados-, dejando a los salarios mínimos docentes en Entre Ríos en 4.544 pesos (mientras en Santa Fe, cruzando el río, el salario testigo es de 6.533 pesos). Cuesta ver algún vestigio de progresismo en este Gobierno, que por cierto desoye los llamados a mesas de diálogos y descuenta por paros. Por paritarias, entregó dos lanchas para las escuelas de las islas del sur de la provincia (después de años de haber sido firmado el acuerdo que se comprometía a hacerlo), la licitación de mil casas para docentes y algunos etcéteras más, que se podrían conceder como “resultados” de la estrategia reformista. No hay ningún motivo para que una central que representa sobre todo a docentes y estales brinde su apoyo para la aventura presidencial de un gobernador con estos antecedentes.
La fractura dentro de la CTA entrerriana expresa el trasplante de los conflictos interburgueses al seno de la organización obrera. La falta de una organización comprometida con los intereses exclusivamente obreros, ha permitido que las dos líneas tuvieran las manos libres para plantear descaradamente alianzas con fuerzas patronales. En tanto los miembros sueltos de los partidos del FIT (PO y PTS) no tienen incidencia real en las luchas, el desafío para los trabajadores es construir una organización política independiente, clasista y socialista en Entre Ríos.
Notas
1 http://goo.gl/0McFTG
2 http://goo.gl/t4kt0e, http://goo.gl/0ScSni y http://goo.gl/nyGdK7
3 http://goo.gl/jjwALm
4 http://goo.gl/lORoFC
5 http://goo.gl/0x92cq
6 http://goo.gl/UzKaRp
