La semana pasada, comenzó la implementación del segundo cuatrimestre del FINES 2020. Desde el momento en que se publicaron las horas, notamos la fusión de decenas de comisiones, una completa desorganización institucional y el abandono de los docentes que accedimos a los cargos. Trabajadores y alumnos fuimos nuevamente librados a la voluntad y a las posibilidades individuales. Además, la unificación de comisiones tiene dos caras: el aumento de la explotación docente de los que sí tomaron horas y, como correlato, el aumento de la desocupación docente. La degradación educativa es la norma en el plan, pero, tal como ocurre en el resto del sistema educativo, la pandemia viene a profundizarla. En particular contaremos el caso de Avellaneda donde los docentes están a cargo de todas las tareas.
Las reuniones institucionales: apelar al voluntarismo
Un día antes de comenzar el segundo cuatrimestre, se realizaron las reuniones a cargo de Inspectores de Adultos y Coordinadores Distritales. En ellas se informó sobre la modalidad que asumiría la cursada: diez encuentros virtuales por medio de WhatsApp con los estudiantes, agrupados en comisiones de aproximadamente 30 personas. También se mencionó la importancia del “primer encuentro virtual con los estudiantes” por ser central para la construcción del vínculo y para que el docente pudiera realizar un “diagnóstico” de cada estudiante. Concluida la reunión recibimos un mail acompañado de dos archivos, uno con los contenidos curriculares mínimos y otro con un listado de estudiantes donde constan. También fueron entregadas las pautas a nivel pedagógico/administrativo que el docente cumpliría durante los diez encuentros.
Una realidad común: muchas exigencias administrativas, pocos contenidos.
El instructivo reclama que el docente contacte telefónicamente a los 30 alumnos de su comisión. En general, en uno de los actos públicos virtuales, cada docente tomó dos comisiones, lo que presupone contactar como mínimo a 60 estudiantes, o más. En segundo lugar, debía relevar los medios de conectividad de los estudiantes, es decir, una tarea que debería hacer el estado contratando más personal. Esta tarea, perfectamente, podría haberla realizado el Estado al momento de la inscripción que también se realizó en Pandemia. Una vez contactados a los alumnos, el docente debe formar un grupo de Whatsapp con los estudiantes para mantener el contacto. A su vez, debe participar de otro grupo con los cinco profesores de la comisión y debatir qué contenidos seleccionar de la currícula de cada asignatura para cumplir el eje temático transversal interdisciplinario que impone la dirección. Con ello realizar el proyecto áulico común. En quinto lugar, enviar el proyecto al CENS y recién allí, una vez aprobado, comenzar a dictar clases. Hay que señalar que no estamos frente a una novedad total. Antes de la pandemia, las responsabilidades por fuera de lo pedagógico que descargaban en los docentes ya existían. ¿A quién de nosotros no nos tocó hacer de preceptores e incluso de porteros, teniendo que abrir y cerrar una sede? Por otro lado, el programa es desde sus inicios una modalidad que cercena los contenidos y donde cada institución los define en base a lo que considera “posible” para su matrícula. Así, en lugar de otorgar todo lo necesario para una educación de adultos que remedie eso que en el tiempo de escolaridad no se pudo aprender, el plan es un agente titularizador express. La necesidad de adquirir conocimiento científico queda totalmente relegada. El plan es eso desde el 2012, cuando se crea. Hoy el problema se profundiza debido a que por Whatsapp la tarea es aún más dificil llevar adelante porque implica una sobrecarga aun mayor de nuestra tarea.
Como si todo esto fuera poco, nos encontramos que, al intentar contactar a los referentes y estudiantes, no estaban notificados del inicio del ciclo lectivo. Esto sucedió, en el caso de varios CENS del distrito de Avellaneda y, en especial, en los cursos de primer año. De esta manera todo el peso de la organización administrativa recayó sobre el docente que debió contactar a cada estudiante, explicar el motivo del contacto y asesorar sobre cuestiones meramente administrativas. Demás está aclarar que se hizo por medio de nuestros propios recursos y realizando tareas organizativas que no competen a los docentes y que, desde e inicio del Plan, el gobierno terceriza en los referentes en lugar de contratar el cargo estatutario que correspondería a tal labor: preceptores.
Lo que dan y lo que debemos exigir.
El gobierno desde el inicio de la pandemia simula que nada ha ocurrido. Pretende que la continuidad pedagógica sigue su marcha y alcanza al 95% de los estudiantes. Una completa mentira como mostramos en esta nota. El Fines no es la excepción a esa regla. El gobierno supone que podemos dar clases por WhatsApp pero esto es puro cuento. Nos quieren hacer creer que el contacto que tratamos de establecer con nuestros alumnos es una forma de continuidad pedagógica pero enviarles una tarea no implica enseñar. Mucho menos para esa población que viene de largas experiencias de fracaso educativo. Pareciera necesario aclarar algo obvio: WhatsApp no es una plataforma diseñada con fines educativos. El cuadro se agrava al tener en cuenta, como dijimos, la trayectoria de esos estudiantes que deberán, con pericias educativas muy cercenadas, resolver tareas por su cuenta. Por más trabajo que los docentes destinemos al armado de las clases y por más veces que hablemos con los alumnos por esa vía, lo cierto es que el éxito no depende de nuestra buena voluntad. El Estado dijo en su momento que el Fines podía educar bajo el árbol, ahora quiere convencernos de educar mediante WhatsApp, aplicación que en el 2018 dijeron simulaba a una asistente social en manos de los referentes. Una locura ayer y hoy. Por eso, estamos surfeando en las peores condiciones para atravesar la pandemia.
Sin embargo, estamos a tiempo de dar vuelta la tortilla y exigir todo aquello que necesita la educación de adultos. Hoy debemos dejar atrás el voluntarismo y terminar de una vez con el mito freiriano que nos condujo hasta aquí y lo único que hizo fue degradar y socavar las condiciones educativas de los jóvenes y adultos, en particular y del conjunto de la población, en general. En este juego descentralizador todos los participantes perdemos: los docentes contemplando cómo se degrada nuestro rol y con él nuestras condiciones de trabajo y los estudiantes por medio de la estafa que pretende disfrazarse de proceso pedagógico. Para que esto cambie, la educación de jóvenes desertores y adultos debe salir del circuito paraestatal y debe volver al circuito formal. Donde hay un Fines se debe crear una escuela. En ella los grupos deben ser reducidos porque efectivamente estamos frente a un sector que necesita un acompañamiento personalizado. Además, a estos alumnos y a nosotros, docentes, se nos debe proveer de herramientas virtuales e internet. No necesitamos frases motivadoras que romantizan la pobreza, necesitamos recursos. Necesitamos más docentes para las diversas tareas que se imponen. Sin garantizar las condiciones materiales y pedagógicas necesarias es imposible que las capas más pauperizadas de la clase obrera terminen sus estudios. Si verdaderamente queremos educar a esa franja de la población debemos luchar para que sus condiciones materiales y de vida se lo permitan: licencias laborales para estudio si tienen trabajo, subsidio igual a dos canastas familiares si están desocupados.
En lo inmediato debemos rechazar la unificación de comisiones. Este año los grupos de alumnos deben tener un máximo de 10 estudiantes. Además, exigir la entrega de notebooks y conectividad gratuita. Ambos recursos deben ser suministrados inmediatamente. Pero, como dijimos, hay que atacar el problema de fondo: luchar para terminar con la fineslización de la educación. La lucha es por construir una escuela de adultos allí donde exista un Fines. Solo así defenderemos verdaderamente la educación del conjunto de los trabajadores.