Marina Kabat

Auge y derrumbe de los hospitales públicos

Es evidente que el deterioro del sistema de salud ha perjudicado tanto a la clase obrera como a la pequeña burguesía: el desfinanciamiento de los hospitales públicos, los aumentos de los aranceles y la reducción de prestaciones, tanto en obras sociales como en prepagas, funcionan como mecanismos de transferencias de ingresos de estos sectores hacia las grandes empresas. Desde un punto de vista más general, el deterioro de los servicios básicos, la reaparición de enfermedades que se consideraban extinguidas y la alta mortalidad infantil por causas evitables, constituyen otro síntoma del crecimiento de la sobrepoblación relativa, la masa de trabajadores a los cuales el capital ya no puede explotar productivamente.

En nuestro país la salud pública fue un rubro que, hasta bien entrado el siglo veinte, obtuvo poca atención gubernamental. Recién después que la epidemia de fiebre amarilla, durante la presidencia de Sarmiento, paralizara la ciudad y, entre otras cosas, obligara a inaugurar el Cementerio de la Chacarita, se tomaron las primeras medidas tendientes a evitar estos sucesos. Sin embargo, éstas no iban más allá de prevenir un contagio generalizado. Se ha calculado que entre 1901 y 1909 murieron cerca de 6000 costureras a causa de la tuberculosis, pero esto no era considerado un problema en sí y sólo preocupaba realmente que pudieran transmitir su enfermedad (por medio de las prendas que confeccionaban) a la gente de clase alta. En un país al que llegaban inmigrantes en cantidades siempre crecientes, preservar su salud no resultaba prioritario; la imagen de la pobre costurera que moría frente a su máquina de coser se transformaría, a la vez, en un hecho cotidiano y un tópico reiterado por la literatura popular.

Esta situación se revierte hacia 1940, cuando se interrumpen los flujos migratorios. A partir de entonces los empresarios dependerían, al menos desde su óptica, del crecimiento vegetativo de la población para proveerse de mano de obra. De ahí su preocupación por la salud de los obreros y especialmente de las obreras madres, con el fin de asegurarse en el futuro trabajadores sanos y fuertes. Así en los ‘40 comienzan a cumplirse las leyes que regulaban el trabajo de los sectores más atrasados costureras y otros trabajadores domiciliarios. Esta tendencia se refuerza bajo el peronismo que, además, edifica la mayor parte del sistema hospitalario nacional, así como la red asistencial de las obras sociales.

Los empresarios encontraron como solución a un hipotético futuro “sin brazos”, el método que han utilizado siempre: el desarrollo de las fuerzas productivas. Más máquinas, procesos más eficientes, menos brazos. La gran industria y la concentración y centralización del capital vuelven innecesarias (desde el punto de vista del capital) esas inversiones “en salud”: ¿para qué gastar en mantener con vida una población a la que no se necesita emplear? Ésta es la razón por la que se permite, en la Argentina, que mueran anualmente 10.000 niños por causas evitables.

Insana explotación

El desmantelamiento de los sistemas de salud ha erosionado las condiciones laborales de los trabajadores de sanidad, quienes, al defenderlas, protegen también el derecho del conjunto de los trabajadores a una atención médica y hospitalaria de calidad.

Como en otras ramas económicas, la flexibilidad laboral que la ley Kirchner ha revalidado es la base de los mayores atropellos a los trabajadores. Por ejemplo, ha legalizado convenios por empresa que consagran la “polifuncionalidad”. Tenemos así hospitales donde las enfermeras además de atender hasta 20 camas cada una, deben oficiar de camilleras o personal de maestranza o administrativas. Donde no se han firmado este tipo de acuerdos, la gerencia dirige una guerra permanente tratando de forzar al trabajador a que, ante situaciones extremas, se haga cargo de tareas que no le corresponden. También es común la contratación de personal fuera de convenio bajo las distintas modalidades permitidas por la ley: pasantes, becarios, etc., todos ellos con menores ingresos y sin cargas patronales. “Los pasantes enfrentan todas las responsabilidades sin estar recibidos y generalmente sin un coordinador que los oriente”[¹]

Todo esto perjudica a pacientes y trabajadores por igual, como señala José Cóceres, delegado de enfermería del Hospital Francés: “una de las grandes barbaridades que comete la patronal es sobrecargar al enfremero de pacientes a atender, esto provoca el estrés del trabajador y la posibilidad de que cometa errores involuntarios, porque no alcanza a cubrir las necesidades que tiene el paciente y los requerimientos médicos”.

“Donde no llega el sindicato es donde los trabajadores están peor”

Un ejemplo extremo es el caso de los geriátricos donde gran parte del personal, sino la mayoría, trabaja en negro, con jornadas de 10 ó 12 horas, enfermeras que atienden hasta treinta pacientes y que literalmente hacen de todo, hasta cocinar y lavar ropa. Todo por exiguos salarios.

Pero algunas clínicas privadas establecen por medios legales estas mismas condiciones de trabajo. La Fundación Favaloro, por ejemplo, ha sabido aprovechar las “facilidades” que las leyes de flexibilidad laboral otorgan a los empresarios que desean reducir costos. Por todos conocida es la crisis que la Fundación Favaloro enfrentó, no así los medios que antes y después de que ésta se diera a conocer, se tomaron para atravesarla y subsistir en medio de la competencia capitalista: reducir los gastos laborales aún a costa de la salud de los trabajadores ha sido el medio para seguir en carrera. Gracias a un convenio por empresa firmado por la burocracia sindical, las enfermeras trabajan doce horas corridas noche por medio con un franco cada dos semanas. No se pagan horas extras porque se ha flexibilizado la jornada de trabajo. Los empleados deben realizar distintas tareas, dado que se establecen “categorías polivalentes”. Según afirma Julia Sáez (hoy enfermera del Hospital Francés y ex empleada de la Fundación): “en la Favaloro el estrés y el régimen carcelario llevó al suicidio de compañeros y a la atención psiquiátrica de otros. En la Fundación no existe el derecho laboral, cualquier tipo de actividad gremial o reclamo es sancionado con el despido (…) En un principio el salario era tentador -aunque uno dejaba la salud en 12 horas corridas de trabajo- pero luego se fue deteriorando y se empezó a pagar fraccionado, fuera de fecha y con rebaja salarial para ‘sostener la Fundación’. Contra esto el sindicato debiera luchar”.

El presidente K, en otro golpe mediático de publicidad oficial, ha pedido disculpas a la Fundación por los males causados en el pasado. Debiera pedirlas más bien a los empleados de la Fundación por los daños que hoy les sigue ocasionando su ley de flexibilidad laboral. Pero desde el gobierno se intenta mostrar que un país en serio es posible. Ante la escasez de ejemplos, apela al prestigio científico de Favaloro. Pero una cosa son los aportes personales a una disciplina científica y otra el gerenciamiento empresarial de una Fundación. En ese campo, el eminente médico tomó las decisiones que un empresario capitalista tomaría en su lugar: descargar la crisis sobre sus trabajadores. Lo único ejemplar del caso, la única enseñanza, es que las empresas vinculadas con la salud no pueden escapar a la crisis general de la economía y, que ante ella, la única respuesta verdaderamente progresista ha de venir de los mismos trabajadores.

El Centro Gallego

El Centro Gallego resume en gran medida la historia de otras entidades similares. Surgido frente a la ausencia de una verdadera cobertura estatal de los problemas de salud, las distintas colectividades de inmigrantes creaban entidades de “socorros mutuos” para garantizarse esa asistencia; en los últimos años se ha abandonado el sistema mutual y pasado a un gerenciamiento privado. Tras esta privatización los trabajadores del Centro comenzaron a denunciar su vaciamiento, y comenzaron a luchar contra la eliminación de puestos de trabajo. Se enfrentan también a la burocracia sindical y otros sectores gremiales, supuestamente progresistas, que bajo la consigna de “defender la fuente de trabajo” permiten el vaciamiento de las clínicas, el recorte de salarios y los distintos mecanismos para reducir el plantel.

Como parte del proceso de lucha, y a pedido de los compañeros del sector, durante el año pasado realizamos un curso para las enfermeras del Centro. Como en experiencias anteriores, resolvimos volcar el resultado del mismo en un libro que explique la historia del Centro Gallego y las luchas de sus trabajadores, ilustrando la evolución de la salud en la Argentina. Reproducimos aquí fragmentos de las entrevistas realizadas a tal fin.

 Nieves (licenciada en enfermería, empleada del Centro desde 1977)

¿Sos delegada desde que entraste a trabajar?

No, yo recién este año, en abril, cumplo un año de delegada. Pero siempre discutí desde mi lugar, siempre peleé, porque motivos hubo siempre. Para que te des una idea, nos daban un termómetro para tomarle la temperatura a 25 pacientes, no nos daban guantes. Me acuerdo cuando yo entré, hicimos un paro, en la época de la represión, cuando estaban todos los milicos, habíamos puesto una comisión donde no había delegados en esa época, sólo uno puesto por la casa, entre comillas, pero bueno, protestando por el exceso de trabajo, porque salíamos muertos. Hubo muchas luchas porque nosotros no queríamos limosna queríamos un SUELDO, y en la época de Alfonsín hicimos un montón de movilizaciones, y nos corrió la policía, hubo despidos.

¿Cómo ves desde el sector de enfermería este proceso de vaciamiento?

Yo siento impotencia como delegada, porque el delegado general Roberto, que no hace nada. no nos defiende y cuando vamos al ministerio no nos dejan entrar a nosotras, tiene que entrar el delegado general con un abogado, y nosotras nos quedamos afuera y no sabemos qué es lo que el negocia adentro. También están cerrando sectores, cosa que ellos nos  niegan. A los compañeros los tienen de acá para allá. Faltan guías de suero, medicamentos, guantes, tensiómetros (los que tenemos están desde el ‘77).

¿Los socios qué opinan, qué dicen?

Los socios están enojados. Ellos tienen una comisión de socios y reconocen que el trabajo de las enfermeras es mucho, y que es muy poco nuestro sueldo. Están pagando cuotas de 130$. Ahora les aumentaron 30$ y ellos están muy desconformes con la atención, tienen que esperar 3 meses para que los atienda un especialista, con los medicamentos también, les dicen que vengan a buscarlos tal día y cuando vienen resulta que los remedios no están. No se puede así y no te olvides que esto es privado.

¿Ellos entienden que esto tiene que ver con la privatización del Centro?

Ellos, los de esta comisión, tienen idea y creen igual que nosotros, que quieren cerrar las puertas del Centro Gallegos. Ellos tienen la misma visión que tenés vos, que tengo yo. Hay otros que no tienen esta visión, que no la quieren ver, nos tratan de alarmistas, y yo les dije que con el tiempo íbamos a ver, y se están dando todas las cosas que veníamos diciendo. Cuando hay un socio que no es de la comisión y se entera de algo se interesa mucho, piden el teléfono. La otra vez me llamaron, porque claro son gente grande, si esto se cierra, los de menos edad se van a otra prepaga pero ellos que tienen 50, 60 años de aporte…

¹Las citas textuales fueron tomadas de entrevistas publicadas en el Boletín de la agrupación Sindical Independiente de la Sanidad ASIS, de junio de 2004. También se realizaron entrevistas personales a Yolanda y a Lila Mendez del Centro Gallego