Romina De Luca
Grupo de Investigación sobre Educación- CEICS
En el mes de octubre del año pasado la editorial Galerna publicó el libro de Cartas a los educadores del siglo XXI1 , de la otrora Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Adriana Puiggrós. A lo largo de las trescientas páginas que lo componen, la autora presenta a los lectores una aburrida apología de su gestión. Según la ex funcionaria, se trataría de un inocente trabajo atravesado por “sentimientos e impresiones coyunturales” (p. 9) recogidas durante su trabajo en el ministerio provincial. En otras palabras, un balance. Sin embargo, también se encarga de formular una perspectiva. En este artículo nos concentraremos tanto en uno como en el otro aspecto y veremos cómo se proyectan en el horizonte escolar un aumento en el control y el disciplinamiento, tanto de los docentes como de los alumnos y de los padres, así como también la profundización de la desarticulación del sistema.
La heredera
El libro comienza con una hipótesis particular: un “tsunami neoliberal” habría atravesado a la educación argentina. Así define, la ahora devenida diputada K, el panorama que debió afrontar a partir de 2005 al asumir su gestión. Lo que denomina “herencia”, legada por Carlos Menem, no fue otra cosa que la fiel expresión de los intereses de los sectores más concentrados del capital. Según Puiggrós (hija), sólo en esos años, el mercado se habría convertido en el principal ordenador de la vida social. En el sistema educativo, ello se manifestó a partir de la privatización y/o introducción de lógicas mercantiles y negocios privados en aquellos nichos en los que la educación pública resistía. No obstante, la funcionaria K advierte que la destrucción de la escuela pública no sólo fue responsabilidad de los “dueños del poder” y del peronismo en su vertiente neoliberal. La clase media “inorgánica” y los docentes habrían contribuido a acelerar tal proceso. La primera porque, “renuente a la postergación de sus intereses individuales”, ya desde la caída de Perón en el ’55 (p. 32), habría abandonado su tradicional defensa de la educación pública (p. 34) y habría comenzado a elegir para sus hijos el sistema privado de educación. Los segundos porque ocasionaron la pérdida de numerosos días de clase debido a la realización de un sin fin de paros.2 La autora se encarga de no cargar las tintas ni sobre unos ni otros y prefiere presentar el argumento como una guerra de pobres contra pobres. Los docentes, porque reclamaban justamente por sus salarios. La clase media, porque, al no haber clases tuvo que hacerse cargo del cuidado de sus hijos ausentándose de sus respectivos empleos, con el consecuente impacto sobre su salario. Llegado a este punto, debemos aclarar que, aún con las matizaciones del caso, culpar a los trabajadores por el deterioro de la educación pública es un argumento profundamente miserable, que ni sus antecesores “neoliberales” se animaron a esbozar. El balance no deja de mencionar a la izquierda, quien también habría sido responsable. Ésta, más que proponer algo diferente y trabajar para el cambio, no hizo más que abundar en el “clima depresivo y autodestructivo” (p. 48). Para la ex ministra, la izquierda supone que nada es posible y se “constituye como sujeto en la conformación de la imposibilidad para la cual organiza sus actuaciones”.3 Su ideología se habría sintetizado en el “¡Qué se vayan todos!”. Docentes, clase media e izquierda, fogoneados por los medios de comunicación, se habrían sumido en un proceso de “autodestrucción”. El balance parece echar mano a la teoría de los dos demonios. Por un lado, “el neoliberalismo” y la “clase media” a favor de la educación privada. Por el otro, los docentes y la izquierda, quienes responden con paros e inasistencias. Ambas partes conspirarían contra la educación pública. Siguiendo el razonamiento de Puiggrós, los rehenes de estos “extremos” deberían ser aquellos que no son nombrados dentro de los “responsables”: los alumnos y las familias trabajadoras. En ese contexto, Puiggrós y el “progresismo” serían el justo medio y los representantes de las víctimas de las políticas extremas. Veamos entonces, cuáles son las recetas de la funcionaria para acabar con ese estado de cosas.
¿Yo señor…?
Este balance, por su aparente neutralidad, pareciera haber sido confeccionado por un observador internacional. Sin embargo, Adriana Puiggrós ha formado parte del personal político gobernante en los últimos años. No debemos olvidar que contribuyó desde sus cargos políticos a la generación del “tsunami”. Durante los noventa, se desempeñó en el Congreso como diputada nacional por el Frente Grande, entre 1997 y el 2001, período en el cual dirigió la Comisión de Ciencia y Técnica. En enero del 2001 pasó a presidir la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación productiva tras la renuncia de Dante Caputo, en el mismo gobierno de De la Rúa expulsado en diciembre del ese año por la insurrección popular más grande que haya visto la Argentina en décadas. A fines de diciembre de 2005, se consagró como Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires luego de la renuncia de Mario Oporto, a quien vemos hoy otra vez en el mismo cargo. No sólo Puiggrós habla como si ella no hubiera recibido en la cara el ¡Que se vayan todos!, sino que las cifras distan de despegarla del tsunami neoliberal: según datos de la provincia de Buenos Aires, entre el año 2000 y el 2001, la repitencia escolar en el nivel primario alcanzaba un 5,4%, mientras que, entre 2005 y 2006, llega a un 5,7%, habiendo tocado su punto más alto entre 2004 y 2005 con un 6,8%. En el polimodal, la situación del período 2005-06 resulta más desfavorable que la del “tsunami”: si en el 2001 la repitencia alcanzaba un 5,2%, en el 2005 se registraba 9,0% y en el 2006 un 9,5%. Esto es, un 0,5% de repitentes se agregó en el año que la funcionaria rendía cuentas al gobernador Solá. Para el nivel medio ocurrió lo mismo con la deserción. En el 2001, el abandono escolar alcanzaba un 9,8%; hacia el 2006 la cifra había crecido en forma considerable: 16,1%. Al analizar la matrícula total vemos que el sistema, entre 2001 y 2006, en lugar de incorporar alumnos continuó expulsándolos del circuito educativo: de 3.039.929 estudiantes se pasó a 3.019.369. Cabe destacar que bajo la gestión de Puiggrós, entre 2005 y 2006, el sistema desterró, en todos los niveles, a 18.105 estudiantes. La situación edilicia tampoco mejoró, a punto tal que las nueve zonas declaradas en emergencia edilicia mantuvieron indemne su categoría, sin que la política oficial hiciera algo con edificios que se caen a pedazos y carecen de servicios básicos como agua, luz y gas. Esta es la mujer que ahora pretende cambiar la educación y culpar a los trabajadores y a sus expresiones políticas por el estado de situación.
Sonría, lo estamos controlando
A la hora de las recetas, Puiggrós sostiene, como primera medida, eliminar la “inestabilidad”. En concreto: los paros docentes. El estado debería “instalar rutinas certeras: todos los días, de lunes a viernes hay clases” (p. 119). Se debe dar continuidad a los estudios y comprometer a toda la institución. Cada escuela tiene que controlar quién está presente y quién está ausente de las aulas. Para ello, se debe pasar lista públicamente. También se exhorta a los padres al envío sistemático de los niños a la escuela. El control recorre toda la cadena educativa, desde el alumno raso, pasando por los padres y docentes, hasta los directores de escuela. Así, la “continuidad” escolar ya no es responsabilidad de las autoridades, sino de los propios trabajadores y de los padres (también trabajadores). En segundo lugar, Adriana Puiggrós propone avanzar en el aggiornamiento de los diseños curriculares para formar “ciudadanos” en la “cultura del diálogo” (p. 123). Muestra de tal apertura sería la introducción en la currícula bonaerense de la materia “construcción de ciudadanía”. De esta forma se generarían compromisos “para la interrelación y generación de vínculos entre géneros y clases” (p. 133). Como podemos ver, Puiggrós post-2001 clama por olvidar diferencias y avanzar en la reconciliación social. Asimismo, los ciudadanos argentinos deben ser preparados para el ingreso al mundo laboral.4 Entonces, la escuela debería acercarse más al mundo productivo. Como estaríamos aquí en el dominio del tan vituperado mercado, Puiggrós se ve en la obligación de aclarar que la diferencia con el neoliberalismo residiría en que el kirchnerismo promueve una relación viable, porque la Argentina pasó a ser un país productivo. El alumno debe ser preparado, entonces, para insertarse en otra instancia de control: la fábrica. En este proyecto, la evaluación ocupa un lugar medular. La escuela y el docente tendrían la obligación de examinar a sus alumnos en forma sistemática a través de una batería de lo más diversa: entrega de trabajos, lecciones, evaluaciones. Si bien Puiggrós parece rechazar las mediciones estandarizadas de calidad, sostiene que, en realidad, resultan útiles porque “pueden ayudar a un funcionamiento óptimo del sistema educativo” (p. 206). Así, proceso de evaluación mediante, se lograría “reinvestir al docente como portador de saberes” frente al alumno.5 Pero, a su vez, el docente también tiene que dar cuenta a sus superiores de sus pericias. De este modo, cobra centralidad un personaje del espectro educativo: el inspector. El inspector de cada región debe convertirse, a decir de la autora, en el “auditor pedagógico” (p. 202- 203). Como tal, debe verificar, en su descentralizado reino, el “funcionamiento esperable del sistema”. Para ese control no sólo sirven los lineamientos dictaminados por el Ministerio, sino también las experiencias personales de cada uno de los inspectores acerca de aquello que es considerado como deseable. De este modo, se da vía libre a la arbitrariedad, profundizándose el descalabro y la fragmentación educativa. Así, los inspectores ejercen el poder de policía para alertar a los funcionarios sobre cómo marchan las cosas. La centralidad que les otorga se expresa en la forma de narración: su libro de “cartas” sólo en el capítulo referido a los inspectores, sus aliados, utiliza la interpelación directa. En sintonía, la medición de los rendimientos aparece como una de las facetas fundamentales de la fiscalización. Ello emerge como central para revertir los errores cometidos por los docentes, de forma consciente o no, en el proceso de enseñanza. Bajo el “neoliberalismo” los resultados de las evaluaciones se hacían públicos a través de rankings entre los colegios. Puiggrós propone que ahora el conflicto pase a dirimirse a puertas cerradas. El destinatario de los resultados debe ser el docente, quien se verá obligado, si los rendimientos no son los esperables, a rendir cuentas ante el tribunal evaluador. De esta forma, los docentes, junto al equipo de conducción de la escuela, deberán hacer explícitos “las teorías que orientan la acción educativa” así como los “enfoques disciplinares y didácticos que tácitamente inciden en la enseñanza” (p. 288). Se abre, así, la puerta a la persecución ideológica.
La avanzada final
Detrás de la retórica “progre”, el trabajo propone un giro explícitamente reaccionario. Para ello intenta instaurar un férreo control ideológico sobre los docentes. Estos deberán rendir cuentas todos los años sobre qué y cómo enseñan y se evaluarán los resultados, que deberían ser los “esperados”. Asimismo, se establece un régimen de asistencia que intenta avanzar sobre el derecho de huelga. Se alienta a los padres, también, a la delación de los huelguistas. Es cierto que también se apela al consenso mediante la Ley de Paritarias Docentes. Pero en realidad, esta ley a lo único que obliga es a levantar las huelgas mientras las partes negocian un acuerdo salarial. Acuerdo que, hasta ahora, viene fijando incrementos por debajo de la inflación real y no estipula plazos para su implementación. El balance educativo y las propuestas de Adriana Puiggrós no se diferencian en nada del llamado “neoliberalismo”. En particular, lo que sería su expresión más actual: el macrismo. Habría que recordar que las primeras palabras del líder del Pro, apenas enterado de su victoria, fueron destinadas a la recalcar que quería docentes que no faltasen a la escuela, ni por huelgas, ni por licencias. El trabajo reseñado no desentona en lo más mínimo.
Notas
1 Puiggrós, Adriana: Carta a los educadores del siglo XXI, Galerna, Buenos Aires, octubre de 2007. Todas las citas en el texto corresponden a este trabajo.
2 Ídem.
3 IbÍdem, p. 48.
4 “Se trata de recuperar el valor ético y cultural del trabajo, formados de sujetos integrales y creativos”, en Puiggrós, Adriana: op. cit., p. 83.
5 Ídem, p. 187.
