Blanco sucio – Damián Bil y Viviana Hansi

Blanco sucio. El “sinceramiento” patrimonial y las perspectivas de la economía argentina

La medida beneficiará básicamente a quienes precisen ingresar dinero al circuito formal a bajo costo. En cambio, se trata de una nueva carga sobre la clase obrera. Es decir, como bajo el kirchnerismo, termina pagando la fracción de los trabajadores en blanco con salario de convenio.

Damián Bil y Viviana Hansi

OME – CEICS

Si hay algo en lo que el macrismo cumplió fue en el paquete de medidas económicas. Excepto con el tema ganancias, presenciamos levantamiento del cepo y el fin del desdoblamiento del tipo de cambio, disminución de retenciones, ajuste de tarifas, reducción de la planta del Estado, acuerdo con los hold-outs, ataque al salario y a las condiciones de vida vía inflación, entre otras. El kirchnerismo presenta este combo como la revancha de los grupos concentrados y el retorno del neoliberalismo, que pondría fin a una década de crecimiento contra los poderes económicos. No obstante, estas medidas expresan la profundización de un ajuste ya iniciado bajo la administración anterior, efecto de la transición entre dos ciclos que se reiteran en la economía argentina: el pasaje de una etapa signada por altos precios de las exportaciones agropecuarias a otra motorizada por el endeudamiento externo, como en los años ‘90.

El macrismo viene a cumplir la tarea ya iniciada bajo CFK: restablecer las condiciones de acumulación, por la vía de empeorar aún más las condiciones sociales de las masas y apelar al endeudamiento externo masivo como forma de compensar el retraso productivo local en el mercado mundial. El blanqueo de capitales se presenta como una de las medidas en este sentido. Aquí veremos cómo detrás de la letra chica se esconde otro ataque a la clase obrera.

Crisis

La cuestión de marras se produce en un contexto recesivo. En los últimos años el PBI se estancó, lejos de las promocionadas “tasas chinas” de los primeros años del ciclo kirchnerista. Los indicadores industriales también muestran una retracción desde 2012, a tal punto que la manufactura registró 22 de los 27 meses que van de agosto de 2013 a octubre de 2015 con caída interanual en su actividad. La importación de insumos cayó en un 17% para bienes intermedios, en relación a 2011, y un 21% en piezas y accesorios para bienes de capital, en comparación al pico de 2013.

La gestión de CFK, ante las limitaciones para endeudarse y la insuficiencia de los ingresos por exportaciones, escondió el inconveniente con una montaña de pesos. Para eso, recurrió al endeudamiento interno con la ANSES y el Banco Central o directamente a la emisión. La base monetaria se incrementó más de un 1.700% desde enero de 2003; en 2015 representó el 3,1% del PBI, más del doble de lo recaudado por derechos de exportación.¹ El resultado fiscal (ingresos menos gastos corrientes) acumuló déficit desde 2011; en 2015 el rojo fue de 104.800 millones de pesos. Por su parte la deuda pública total, a pesar del discurso del “desendeudamiento”, creció un 25% desde junio de 2003 hasta finales de 2015: valuada en dólares, alcanzó a finales de 2015 la friolera de 222 mil millones de la divisa norteamericana. A esto se agregó el saldo comercial negativo en 2015, primera vez desde 1999. El macrismo utilizó esta situación como uno de los ejes de campaña, respondiendo a las demandas del desarme del bonapartismo que, hasta ese entonces, exigía la burguesía.² La medida del blanqueo va en ese sentido: el gobierno la plantea como una oportunidad de regularizar dólares negros. Además, permitiría recaudar a partir del cobro de una alícuota. Pero detrás de esta supuesta regularización patrimonial (el “sincerate” como dice la publicidad de AFIP), se esconde otro impuestazo sobre las masas.

Nada original

El blanqueo no es una medida novedosa en la historia argentina. Cada vez que el Estado precisó hacerse de efectivo más o menos rápido, surgió como un recurso a disposición de los gobiernos del más variado pelaje. Por ejemplo, bajo Onganía, la ley de “Regularización Patrimonial” (n° 18.529, diciembre de 1969), establecía la posibilidad de legalizar incrementos patrimoniales no declarados con ventajas impositivas.³ Desde el retorno de la democracia, el blanqueo de capitales se sancionó en 1987 bajo Alfonsín, en 1992 con Menem, y dos veces con Cristina (2008 y 2013).

El actual proyecto de “sinceramiento fiscal”, el quinto en esta serie, es parte de un paquete que contempla el arreglo con los jubilados, la posibilidad de regularizar deudas impositivas con descuentos, una suba del mínimo imponible en el gravamen a los bienes personales y la disminución gradual de ciertos impuestos como este último y ganancia mínima presunta. El régimen se encuentra vigente hasta el 31 de marzo de 2017, y tanto personas físicas como jurídicas pueden blanquear bienes no declarados, radicados en el país o en el extranjero. Incluso, el régimen no obliga a ingresar bienes declarados fuera del país (moneda, títulos valores, etc.). Se permite blanquear efectivo en cualquier moneda; o sea, dinero guardado debajo del colchón o en cajas de seguridad no informados, depósitos en el país o fuera, bienes muebles e inmuebles, créditos y aportes de capital, acciones, participaciones societarias, títulos, valores y otros. La norma establece que quienes se presenten antes del 31 de octubre y declaren hasta 305.000 pesos no tributarán impuesto. Entre ese monto y los 800.000 pesos, y para inmuebles de mayor valor, se cobrará un impuesto del 5%; y por encima de ese piso 10%.

Detrás de la ley

Por lo general, cuando se habla de blanqueo, las tintas se cargan sobre los efectos que puede tener sobre las grandes fortunas y los negociados de las altas esferas de la burguesía y de la política local, al permitir ingresar al circuito legal esos bienes a un bajo costo. En efecto, el blanqueo no se diferencia en este punto de sus antecesores, e incluso otorga más beneficios. Por un lado, los sujetos que efectúen la declaración voluntaria e ingresen, en caso de corresponder el impuesto especial, quedarán liberados del pago por los bienes exteriorizados del impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, transferencias de inmuebles, créditos y débitos, IVA, impuestos internos, ganancia mínima presunta y Bienes Personales. Esto implica un regalo fiscal a la evasión (y van…), y por otro lado la posibilidad para el gobierno de conseguir un financiamiento rápido y a bajo costo relativo. La ley también incorpora un beneficio adicional: aquellos que no hayan blanqueado nada podrán, mediante la presentación de una Declaración Jurada, gozar de los beneficios previstos en el artículo 46° para quienes sí lo hayan hecho: quedan liberados de cualquier acción civil y por delitos de la ley Penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas. A su vez, no se tomaron medidas contra el avance de la economía informal (facturación apócrifa, empleo en negro, cargas sociales adeudadas, etc.). Una amnistía fiscal para los ricos en toda la regla.

Pero lo relevante es analizar cómo impacta esta reglamentación sobre los “pequeños blanqueadores”. En gran medida, buena parte de la fracción ocupada de la clase obrera, con empleo en blanco y salario de convenio. Es el sector  sobre el cual pesa el impuesto a las ganancias. Una fracción que históricamente, por la debacle periódica de la economía argentina, protege sus ingresos de la inflación ahorrando en dólares u otro tipo de activos en buena medida fuera del circuito oficial. También, aquellos que poseen una vivienda familiar en los centros urbanos del país. Aquí se produce el primer golpe: para el blanqueo de inmuebles, la ley establece que se valuarán a valor de plaza, y para todos los efectos fiscales constituirá el valor de incorporación al patrimonio. Esta valuación constituye, para todo aquel que ingrese al régimen, un cambio sustancial para determinar el monto total de los bienes gravados en lo que es Bienes Personales de aquí en adelante. Es decir, pasarán a computarse al costo real de adquisición menos amortizaciones o al importe de la base imponible para el Impuesto Inmobiliario, el que sea mayor. Para poner un ejemplo gráfico: si por un inmueble adquirido en 1995 se pagaron en aquel entonces 100.000 pesos, el valor para el impuesto inmobiliario actual sería de 240.000 pesos y el valor de plaza de 250.000 dólares (3.675.000$). Bajo este régimen  se declararía este último valor, debiendo tributar por el blanqueo $186.250. Para 2016, tributará por Bienes Personales al menos 21.562 (más el 0,75 % del resto de sus bienes). Con los valores que se manejan, todo inmueble con un valor de mercado por encima de los 60.000 dólares (buena parte de las viviendas obreras en propiedad de Capital y conurbano) que se declare en el sinceramiento debería abonar la alícuota  de 0.75% sobre el excedente de ese  valor más el conjunto del resto de sus bienes.

Impuestazo

El “microblanqueador” que ingrese al Sinceramiento se verá entonces atrapado entre dos frentes: por el primero, el régimen lo coloca en el mismo nivel de los grandes blanqueadores; por el segundo, al declarar la situación patrimonial al fisco tendrá consecuencias para ejercicios venideros. En el ejemplo citado, el valor a considerar para Bienes Personales a futuro sería de 3.725.000 para quienes se acojan al Régimen y de 240.000 para quienes no lo hicieran. Aun si tomáramos en cuenta los nuevos importes no alcanzados por Bienes Personales (para los siguientes ejercicios: 800 mil en 2016, 950 mil en 2017 y 1,05 millones en 2018), el impacto sobre los importes a abonar es notable.

La medida beneficiará básicamente a quienes precisen ingresar dinero al circuito formal a bajo costo y al mismo tiempo queden liberados de rendir cuentas por cualquier delito ante la justicia. El propio titular de la UIF afirmó que solo se investigará a quienes estén sospechados de delitos graves.⁴ En cambio, se trata de una nueva carga sobre la clase obrera. Es decir, como bajo el kirchnerismo, termina pagando la fracción de los trabajadores en blanco con salario de convenio, que en los últimos años a lo sumo consiguió mantener el nivel de vida del obrero ocupado en los ’90. Como con Cristina cuando se acabó la caja, la estrategia del macrismo es profundizar los mecanismos por los cuales se le quitaba a esta fracción de la clase (los que el kirchnerismo no tenía empacho en definir como “privilegiados”) para darle a las otras fracciones (lo que la oposición denominaba “choriplaneros”). Es decir, paliar momentáneamente algunos problemas de los obreros peor pagos (incluidos los jubilados) sacándole a los que están un poco mejor, y de paso profundizar la fragmentación de la clase. En cambio, a los millonarios se los premia.

Cristina y Mauricio no presentan diferencias. Su solución es distribuir la miseria entre los miserables. Pero no se trata de la bondad o la maldad de los personajes, sino que es la política de la clase social que representan. Nada más que eso nos pueden ofrecer.

NOTAS

¹Argañaraz, Nadín y Marín, Laura: “Dominancia fiscal de la política monetaria argentina”, Informe Económico 351, IARAF, enero de 2016.

²Ver Sanz Cerbino, Gonzalo y Figueredo, Maurice: “Los candidatos de la burguesía”, El Aromo, n° 86, 2015.

³Boletín Oficial, 19/01/1970, n° 21.851, Año LXXVIII, p. 13. En https://goo.gl/7tbH1H

⁴Fortuna, 13/08/2016. En https://goo.gl/LwGPPd