El programa de los capitales nucleados en el Consejo Empresarios Argentino (CEA) en los 60 y 70 presenta diferencias de peso con las propuestas liberales defendidas en ese entonces por la burguesía agropecuaria. Los integrantes del CEA no pueden defender ese tipo de política, porque comparten con el resto de la burguesía industrial una gran debilidad frente a la competencia externa que los obliga a demandar subsidios y protección.
Por Gonzalo Sanz Cerbino (Grupo de Investigación sobre la Historia de la Burguesía-CEICS)
Las disputas interburguesas, tanto en los 70 como en la actualidad, suelen ser leídas por un amplio abanico intelectual que va del peronismo a la izquierda trotskista, como la lucha entre una burguesía nacional, proteccionista y reformista, que se enfrenta a la “oligarquía” y los “monopolios” que abrazarían las ideas liberales. Entre estos últimos se suele incluir una larga lista de “enemigos de la nación”: la gran burguesía agropecuaria, los grandes industriales, las empresas trasnacionales y el capital financiero. Todos ellos compartirían un mismo diagnóstico respecto los problemas económicos de la Argentina y una misma solución: las “recetas” liberales. Si la plata no alcanza, ajuste; si hay déficit, achicar los gastos del Estado; si los costos son altos, eliminar los mecanismos proteccionistas y que el que no pueda competir se funda. El resultado de este tipo de políticas sería la “desindustrialización”, la “reprimarización de la economía”, la miseria y el desempleo. Aunque estas interpretaciones gozan de gran popularidad, muchos de los supuestos de los que parten no terminan de encajar. Uno de sus principales problemas es que la gran burguesía industrial y la burguesía agropecuaria no suelen ponerse de acuerdo a la hora de formular un programa económico común. Por eso, la protesta agropecuaria emerge incluso bajo gobiernos que el sentido común asocia a las políticas “liberales”, como los de Onganía, Videla o Menem. El núcleo del problema es que en la Argentina, hasta los industriales de mayor tamaño demandan políticas proteccionistas, que se financian con recursos del agro. Como veremos, el programa de los capitales nucleados en el Consejo Empresarios Argentino (CEA) en los 60 y 70 presenta diferencias de peso con las propuestas defendidas en ese entonces por la burguesía agropecuaria.
Liberalismo estatista
El CEA, cuya formación data de 1967, reunió a un selecto grupo de capitales de origen nacional y extranjero, los más importantes que acumulaban dentro del territorio argentino.[1] Según Ricardo Grüneisen, titular de Astra y presidente del Consejo en 1970, se trataría de “una organización constituida por hombres de empresa del más alto nivel que representan a medio centenar de firmas de gran envergadura”.[2] A diferencia de otras corporaciones, el CEA no se organizaba por ramas: lo integraban representantes de capitales industriales, agropecuarios, comerciales y financieros. Sin embargo, un análisis de su composición demuestra que en él predominaba una fracción: la burguesía industrial de mayor tamaño. En los 70 revistaban en el CEA las dos siderúrgicas privadas más grandes del país (Acindar y Techint); la más importante productora de papel y celulosa (Celulosa Argentina); las químicas y petroquímicas de mayor tamaño (Ducilo, Duperial, PASA, Ipako –del Grupo Garovaglio y Zorraquín-, Electroclor del Grupo Celulosa, Monsanto y Compañía Química de Bunge y Born); algunas de las petroleras más importantes (Astra, Cities Services y la Compañía General de Combustibles del Grupo Soldati); importantes constructoras (Gesiemes del Grupo Soldati, Techint Ingeniería, Constructora Lanusse y Polledo S.A.); algunas de las principales agroindustrias (Molinos Río de la Plata de Bunge y Born, la tabacalera Massalin, la yerbatera Las Marías, Noel S.A., Ingenio El Tabacal y FASA); las textiles que dominaban el mercado local (Alpargatas, Grafa de Bunge y Born y Ducilo); las principales automotrices (Fiat, Ford e IKA-Renault), la productora de cables Pirelli y la cementera Loma Negra. Incluso aquellos capitales que basaban su acumulación en la productividad del agro argentino, interviniendo en la producción, elaboración o comercialización de productos rurales, se habían volcado a la producción industrial: es el caso de Bunge y Born, Garovaglio y Zorroaquín, la familia Lanusse y el Grupo Braun, dueño de los Astilleros Astarsa (entre otras compañías). Los bancos, que también tenían una presencia importante en el CEA, pertenecían a estos mismos grupos económicos que basaban su acumulación en la producción manufacturera.
Además de tener en común su carácter predominantemente industrial, estos capitales se destacaban por su importante escala, que les permitía dominar el mercado interno e incluso exportar eventualmente, con apoyo estatal, cuando su producción no llegaba a ser absorbida dentro de las fronteras nacionales. Esto no implica que pudieran prescindir de la protección de la que gozaba todo el capital industrial en la Argentina. Por el contrario, estas empresas se encontraban entre las más favorecidas por el esquema proteccionista. Varias de ellas se beneficiaron de los regímenes de protección a las industrias sustitutivas, que inició Frondizi y continuaron sus sucesores. Es el caso de la celulosa, el cemento, la petroquímica, la petrolera, la siderúrgica y las automotrices. De esta forma pudieron contar no solo con aranceles que las protegieran de la competencia externa, sino también con financiamiento preferencial (a tasas negativas) para inversiones y desgravaciones impositivas en los marcos de los regímenes de promoción industrial. Las textiles, además de protección tarifaria, supieron aprovechar las políticas provinciales o regionales de promoción industrial, instalando plantas en diferentes puntos del país. A esto hay que agregar la integración de varios de estos capitales al Estado, como proveedores o adquiriendo insumos a precios preferenciales. Un caso típico es el de las constructoras, todas orientadas a la realización de obras públicas. También la siderurgia y la petroquímica, que adquirían sus insumos de SOMISA, YPF o Gas del Estado a precios que llegaron a estar por debajo de los costos de producción. Las petroleras, a su vez, eran proveedoras de YPF, que por el régimen de contratos debía comprar su producción. Lo mismo sucedía con Siderca, la productora de tubos para perforaciones petroleras de Techint, cuyo principal cliente era YPF. Esta dependencia de la protección estatal explica por qué estos capitales, a pesar de haber compartido frentes con la burguesía rural, no podían comulgar con su programa.
La base de los frentes entre la gran burguesía industrial y agropecuaria era la coincidencia en la necesidad de un ajuste. Frente a la crisis fiscal y de balanza de pagos, producto de los límites de la renta de la tierra para seguir sosteniendo a otras fracciones de la clase dominante más allá del agro, ambos sectores postulaban la necesidad de recortar gastos y transferencias. Acordaban, por ejemplo, en la necesidad de poner un límite a los reclamos salariales de la clase obrera y aumentar la productividad industrial. Sin embargo, las coincidencias no eran tantas a la hora de reducir los gastos estatales. En septiembre de 1976 por ejemplo, Edmundo Paul, presidente de Celulosa y miembro del CEA, señalaba que el principal desafío para las autoridades militares sería avanzar en la reducción del gasto público:
“Para mí, lo fundamental que subyace, y que el Estado tiene que corregir con urgencia, es que en la Argentina se usan demasiados recursos en sectores improductivos. En todos estos años, la economía ha visto un avance creciente de la participación del Estado en el producto bruto. Estoy seguro que se podría hacer prácticamente una curva donde se vería que el descenso de la economía argentina es paralelo al aumento de la participación del Estado. […] Todo el mundo se aflige por el ausentismo o por la falta de productividad de determinadas industrias, pero pocos parecen afligirse por la enorme falta de productividad que significa un exceso de empleados públicos.”[3]
Sin embargo, no debe deducirse de este tipo de intervenciones la propuesta de un “Estado mínimo”, posición más cercana al programa de la burguesía agropecuaria.[4] Ni siquiera Martínez de Hoz, a quien livianamente se suele identificar con el liberalismo más extremo, sostenía este tipo de posiciones. Siendo presidente del CEA, en junio de 1975, el futuro Ministro de Economía señaló:
“No se puede discutir que al Estado le corresponde el control de la economía para asegurar la competencia en el mercado y los intereses generales de la Nación, así como la orientación y el impulso de la economía mediante los mecanismos de estímulo y desaliento que tiene a su disposición, tales como el impositivo y el crediticio.”[5]
No implicaba, claro está, comulgar con el tipo de intervención que se identificaba con el peronismo:
“Esto no significa aceptar que el Estado intervenga en tal forma en la economía que pretenda reglamentar minuciosamente la actividad de la empresa privada quitándole toda posibilidad de libertad de decisión en cuanto a lo que ha de producirse y las mejores formas de hacerlo.”
Sin embargo, la posición no deja de tomar distancia de la caricatura liberal tan en boga. Agostino Rocca, dueño de Techint y socio vitalicio del CEA, también se permitía defender un mercado libre en el que no sea “el Estado quien determine todo lo que se tiene que hacer”. Sin embargo, no dejaba de marcar un límite que lo distanciaba de las posiciones de la burguesía agropecuaria: “aclaramos: nada de laissez faire. El Estado no podrá estar ausente. Después de la crisis del ’30 el Estado orientador y regulador de la economía pasó a ser una realidad en el mundo. El Estado determina el marco en el cual los privados tienen libertad de actuar.”[6]
Liberalismo proteccionista
La posición ocupada por estos capitales en la estructura económica puede explicar este tipo de afirmaciones. Como representantes de intereses industriales que dependían de la protección estatal, no podían ser partidarios de un “Estado mínimo”. Pero al tratarse de las capas más concentradas de la burguesía industrial, podían proponer como solución a la crisis un ajuste que avanzara sobre una porción del gasto: aquella que se utilizaba para sostener a las capas más débiles de la industria y el nivel de vida de los asalariados. La misma lógica se replicaba en las posiciones respecto a la protección de la industria. Las políticas promocionales fueron defendidas por miembros del CEA o representantes de los capitales que lo integraban a lo largo de todo el período estudiado. Edmundo Paul, en 1976, por ejemplo, señaló objeciones a las propuestas de retirar la protección a la industria nacional, argumentando que todavía no se estaba en condiciones de competir a escala internacional. Aunque no se oponía al objetivo de que la industria nacional alcanzara una productividad que le permitiera competir a escala mundial, señaló que solo podía aspirarse a ello en el largo plazo, y mientras tanto, era necesario mantener la protección:
“Creo que la industria, como cualquier sector del país, debe estar preparado para evolucionar. Evolucionar, muchas veces quiere decir cambiar y, a veces, hasta desaparecer para transformarnos en algo totalmente distinto. Creo que todos los sectores pretenden que ese cambio sea formulado con tiempo. Cuando en Europa se quiso hacer el Mercado Común, que llevó a un enorme estado de competencia entre países, fue aceptado; lo único que se tomaron diez años para hacerlo […] Si al industrial se le dice que las normas van a ser cambiadas en un determinado sentido, y se le da tiempo para razonar, con la inventiva que caracteriza a nuestra población se va a allanar esa nueva situación. Lo que no se puede pretender es que las reglas bajo las cuales el industrial se instaló, de buenas a primeras, ya no sirvan y haya que cambiarlas por otras. Eso no se puede hacer porque, evidentemente, el industrial no está preparado.”[7]
Uno de los capitales que más fervientemente defendió la protección estatal para el desarrollo de la industria fue Techint. El título de un artículo escrito en 1970 por dos directivos del grupo (Arnaldo Musich, director de Propulsora Siderúrgica y Humberto Rosa, presidente regional de Techint Ingeniería), resulta bastante gráfico: “La protección del acero”. El artículo comienza con una crítica a todos los gobiernos, de Frondizi en adelante, que más allá de lo declamado “poco hicieron” para que el país aumentara su producción de acero. En particular criticaban la política siderúrgica de Onganía, que mientras proclamaba la meta de duplicar la producción de este insumo, establecía políticas que atentaban contra ella. Los cuestionamientos poco tenían de “liberales”: se objetaba la reducción de aranceles y la “competencia desleal” de SOMISA, que vendía sus productos a “precios políticos” como medida contracíclica para reactivar la industria. O sea, se cuestionaba la reducción de la protección en la rama. Para que se alcanzaran las metas establecidas, sostenían, no cabía más alternativa que redoblar la protección:
“Aquí se trata un presupuesto básico de esa política, del que depende que el país alcance la meta que se ha trazado. Se trata de la necesaria protección que requiere la producción de acero en masa en un país en desarrollo como la Argentina hasta tanto las plantas promovidas no alcancen la producción efectiva correspondiente a la capacidad instalada.”[8]
En concreto se exigía la “aceptación del precio real del acero en el mercado interno” y “una barrera que preserve ese precio real de las importaciones del producto durante todo el decenio”. Sobre el primer punto señalaban que:
“El precio real del acero en el mercado interno argentino debe ser por lo menos 30% superior al precio vigente en la Comunidad Económica Europea durante el número de años necesarios hasta que la producción efectiva de las dos grandes plantas propugnadas por el gobierno nacional alcancen la capacidad que deben tener instaladas las mismas a mediados del presente decenio.”
Y agregaban:
“La tarifa aduanera debe asegurar la permanencia de ese precio real interno a lo largo del período indicado, aumentando su nivel o siendo complementada mediante medidas equivalentes cuando los países productores elevan sus exportaciones de acero a raíz de la reducción de sus demandas internas.”[9]
Sin embargo, esta protección no debía generalizarse. No podía ser para todos. Como señaló el titular de Techint, Agostino Rocca, en 1969, la protección debía limitarse a las empresas “del tamaño adecuado”:
“Todos los países se trazan una política y establecen medidas de fomento que constituyen un aliciente para desarrollar la industria. El Plan Siderúrgico Argentino fijó las normas para que las empresas del país de tamaño adecuado logren la producción que satisfaga el consumo previsto”.[10]
Edmundo Paul, en una conferencia organizada por IDEA en diciembre de 1975, explicaba los alcances y las limitaciones que debía tener la protección industrial. Tomando como ejemplo la industria celulósica y papelera, que representaba, señaló cuál sería el nivel de protección que consideraba “lógico”: “[para lograr sustituir papel de diarios, la rama demandó] como única medida, un 30 por ciento de protección aduanera, necesaria, fundamentalmente, para evitar dumpings y sobrefacturación”. A su vez, se propuso destinar una tercera parte de lo recaudado a incentivar “la forestación, por considerarla imprescindible.” Sin embargo, estas mismas empresas debieron intervenir para evitar que esa protección se generalice: “[las grandes papeleras, que] bregaron muchos años para que se crearan las condiciones que posibilitaran las instalaciones de fábricas de papel de diario, [tuvieron] luego que luchar inversamente para evitar que se adjudicaran más fábricas de las que la capacidad forestal permitía.” El mismo ejemplo daba en relación a la fabricación de celulosa de fibras largas: “vicisitudes semejantes tuvo la instalación de la fábrica de celulosa de fibra larga, en la que también hubo que evitar la instalación de más plantas de las que podía alimentar la madera disponible.” Cabe aclarar que, en este último caso, quien se benefició de la protección primero y de las restricciones después, fue Celulosa Argentina, la empresa que presidía Paul. Un asistente a la charla señaló la contradicción entre el “libre mercado” que Paul defendía y su posición respecto a los aranceles aduaneros. Ante la pregunta sobre si con “la implantación de una economía de mercado” no se deberían “reducir drásticamente las protecciones aduaneras con miras a igualar las oportunidades de los más eficientes”, Paul volvió a insistir en que ese tipo de reformas no podían hacerse de buenas a primeras.[11]
El economista Carlos García Martínez, entonces asesor de la UIA y futuro funcionario en el gabinete de Martínez de Hoz, fue quien mejor expresó esta posición solo en apariencia contradictoria, que defendía la protección industrial sin renegar de la defensa de la libertad de mercado. Consultado en 1970 sobre la política de promoción industrial sostuvo:
“La promoción significa un alto costo para el país por la pérdida de ingresos fiscales y salida de divisas por la compra de bienes; por esas razones debe manejarse delicadamente sin perder en ningún momento su carácter selectivo. Si todas las actividades se promocionaran, no se otorgarán en definitiva ventajas comparativas que induzcan la creación de nuevas actividades o la ampliación de las existentes. [La promoción] debe también manejarse con criterio restrictivo y no ser una panacea para la ineficiencia.”[12]
El CEA proponía entonces una posición intermedia entre la quita de todo tipo de protección a la industria que propugnaba la burguesía agropecuaria, y la protección indiscriminada por la que bregaba la burguesía más débil. ¿Sobre quiénes debía recaer esa “protección selectiva”? Sobre los capitales de mayor escala, los más eficientes y los que estuvieran más cerca de alcanzar ese objetivo que la gran burguesía relegaba a un futuro muy lejano: la competitividad internacional y, eventualmente, la exportación de manufacturas. Esos capitales eran precisamente los que se habían nucleado en el CEA.
Cualquier parecido con la actualidad…
Los grandes industriales nucleados en el CEA tuvieron una influencia decisiva sobre los gobiernos dictatoriales de Onganía y Videla. Las políticas que implementaron estuvieron muy lejos de la caricatura liberal y de los postulados de la burguesía agropecuaria, que clamaba por la eliminación de todo tipo de transferencias del agro a la industria. Los integrantes del CEA no pueden defender ese tipo de política, porque comparten con el resto de la burguesía industrial una gran debilidad frente a la competencia externa, que los obliga a demandar subsidios y protección. El problema es que no siempre hay plata para sostener a todos. Cuando la renta de la tierra comienza a mostrar límites para seguir sosteniendo los esquemas proteccionistas, la gran burguesía industrial recurre al endeudamiento externo y clama por el ajuste. Un ajuste limitado, que no remueva sus bases de sustentación. Mientras nos exigen a los obreros ajustar el cinturón, siguen llenándose los bolsillos y despilfarrando los recursos que generamos en reproducir una industria ineficiente e inviable.
Notas
[1]Hemos analizado la constitución del CEA en El Aromo N° 84, http://goo.gl/1QwLUM.
[2]Mercado, 5/2/1970.
[3]Mercado, 2/9/1976.
[4]Ya hemos analizado el programa agropecuario en los ’70, que se expresó en la Comisión de Enlace. Ver El Aromo Nº 70, http://goo.gl/Yo0PGJ.
[5]Mercado, 5/5/1975.
[6]Mercado, 6/5/76.
[7]Mercado, 2/9/1976.
[8]Mercado, 6/8/1970.
[9]Idem.
[10]Mercado, 23/12/1969. Las cursivas corresponden al original.
[11]Mercado, 4/12/1975.
[12]Mercado, 19/12/1970.
