El gobierno de Dilma intenta descargar la crisis sobre los trabajadores. Sumado a ello, el escándalo del Petrolao amenaza con llevar a la presidenta a un juicio político. Todos estos frentes de conflicto se han traducido en movilizaciones callejeras.
Por Nicolás Grimaldi* (LAP-CEICS)
El año pasado Dilma Rousseff renovaba su mandato por escaso margen frente a Aecio Neves.1 Hoy su gobierno hace frente a los escándalos de corrupción y una situación económica desfavorable, signada por una profunda devaluación de más del 60% en lo que va del año. Esos frentes de conflicto desataron importantes movilizaciones por el Petrolao y contra el ajuste que ponen en jaque a Dilma. En esta nota, analizamos la coyuntura brasileña en detalle.
Esperando el milagro
El 27 de noviembre pasado, Dilma nombró a Joaquim Levy como nuevo ministro de Hacienda. Levy es todo un Chicago Boy: doctor en economía por la Universidad de Chicago, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Central Europeo y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desembarcó en el gobierno con una misión clara: establecer recortes en el presupuesto. Fue él quien se encargó de llevar en persona las propuestas del ajuste a la Cámara de Comercio Brasil-Francia (San Paulo) y a la Federación de Industrias del Estado de San Paulo (FIESP).
En enero comenzó la batalla por el presupuesto. Dilma tenía una meta clara: recortar 28.000 millones de dólares con el fin saldar un déficit fiscal primario de 7.274 millones de dólares.2 No es la primera vez que lo hace. Ya en 2014 debió avanzar con un recorte de cerca de 18.500 dólares. En esta oportunidad, debió ser mayor, toda vez que se pasó de una expectativa de crecimiento del 3 al 0,8%. Este recorte intentó ser vendido como “progresista”, anunciando una reducción de 8 mil millones de dólares en los llamados “gastos discrecionales” de los funcionarios, que contemplan viajes, dietas y otros asuntos considerados “no obligatorios”. Es decir, un ajuste que sería pagado por la “clase política”. Sí se registró un aumento de 600 millones de reales en el Fondo Partidario, como intento de frenar los aportes privados a las campañas políticas de los partidos. Esta medida, que es presentada como un freno a la corrupción de los partidos políticos, es en realidad una forma de aumentar el control del partido gobernante sobre el financiamiento de los demás partidos.3
Más allá del “discurso progresista” del ajuste, lo cierto es que la principal perjudicada es la clase obrera. Ya el año pasado, el gobierno anunció, bajo el lema de “medidas provisorias”, los Decretos de Necesidad y Urgencia nº 664/14 y 665/14. Uno de los blancos de ataque son las bonificaciones salariales, una suerte de subsidio al salario mínimo. Antes alcanzaba con solo un mes de trabajo para acceder a la prestación. Con esta modificación, se pasa a un mínimo de seis meses. También se modificó el seguro de desempleo. Mientras que antes alcanzaban con seis meses para la solicitud del beneficio, ahora se requieren 18 meses como mínimo para la primera petición, 12 para la segunda y 6 para la tercera. En cuanto a las pensiones por fallecimiento, se rebajaría el cobro del 100% del salario actual, a un 50%, más un 10% por cada dependiente, al mismo tiempo que se podrá cobrar solo con dos años de matrimonio o unión de hecho. En relación a la enfermedad, el pago será el promedio de las bonificaciones de los últimos 12 meses como máximo.
Así las cosas, el supuesto “ajuste progre” esconde mal un ataque a la clase obrera en toda la regla.
El frente obrero
Esta avanzada burguesa es resistida por los sindicatos, incluyendo aquellos que están en el Partido de los Trabajadores (PT), como la Central Única de Trabajadores (CUT) que, junto al resto de las entidades sindicales, realizó una protesta el 3 de marzo, en San Paulo, Bahía, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo, Amazonas, Acre y Pará. También tuvo lugar una marcha el 28 de enero en el marco del “Día Nacional de Luchas por Empleo y Derechos”, centralizada en San Paulo.
Más recientemente tuvo lugar una importante movilización frente a la Ley 4330 que permite ampliar la tercerización en las empresas y el Estado.4 Paulo Pereira da Silva, el líder sindical de Força Sindical, Eduardo Cunha, diputado del PMDB, y Paulo Skaf, el presidente de Federación de Industrias del Estado de San Paulo (FIESP), son los principales impulsores de esta ley. El proyecto, fue aprobado por Diputados con 324 votos a favor. Por este motivo, también se realizó una huelga general el pasado 15 de abril, convocada por la CUT, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Intersindical, Central Sindical y Popular (CSP-Conlutas) y Nova Central, y las organizaciones Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras (MST), la Central de Movimientos Populares, el Frente de Lucha por Viviendas y la Unión Nacional de Estudiantes. En el marco de la misma, se produjeron movilizaciones en 30 ciudades de 24 Estados, principalmente en San Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, y Bahía. También, se realizaron asambleas sorpresivas en las ciudades de Río de Janeiro, Santos, Belem, Río Grande (Río Grande do Sul), Vitoria, Salvador y Recife. Esta ley, no es apoyada por el PT, incluso el propio Lula llamó a la unión de las “fuerzas progresistas” para que las empresas “no pasen a usar mano de obra esclava”.
Uno de los sectores obreros más dinámico en cuanto a movilizaciones es el de los trabajadores automotrices. Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA), en el 2014 las empresas empleaban a 144.623 empleados, que contrastan con los 156.970 del 2012.5 La crisis del sector automotriz se expresa en una caída del 7% de las ventas y en la baja del 1,7%, en la producción del 2014. El achicamiento del gasto en trabajadores se hizo mediante planes de retiro voluntario y suspensiones. De esta manera, se produjeron conflictos en Mercedes Benz, General Motor, Ford y Volkswagen.
En Mercedes Benz, en las afueras de San Paulo (el ABC paulista), decidieron realizar un paro de 24 horas en enero, en protesta por los despidos. El sindicato local denunció que la empresa había despedido a 244 obreros, y que cerca de 750 de los 11.000 empleados de la planta estaban con licencia paga hasta abril. Lo mismo hicieron trabajadores de una planta de Volkswagen AG en la misma ciudad, San Bernardo do Campo, declarando una huelga indefinida después que la compañía despidió a 800 trabajadores. En esta huelga, participaron cerca de 11 mil trabajadores. También se unieron los trabajadores de Ford elevando a 20 mil la cifra de obreros movilizados. Diez días después de iniciada la huelga, la patronal abrió el diálogo en búsqueda de levantar la huelga y el corte de la ruta que unía San Paulo con el puerto. Luego de tres jornadas de negociación, los despidos fueron suspendidos, pero se sostuvo la política de retiros voluntarios y el uso de personal tercerizado.
En la General Motors, más de 5 mil trabajadores de la empresa automotriz protestaron debido al despido de 794 trabajadores de su planta. Esta fábrica recortó su plantilla en la planta local de 7.500 en 2012 a 5.200 en la actualidad. El conflicto terminó con una victoria parcial para los trabajadores, que consiguieron que la empresa propusiera un esquema de suspensiones pagas, con garantía de retorno y continuidad por lo menos durante los tres meses posteriores al fin de las suspensiones. Estas pausas de trabajo forzadas serán por cinco meses para 650 operarios.
Ford también anunció la suspensión indeterminada de 420 empleados, la aplicación de retiros voluntarios y el congelamiento salarial hasta el 2016, asegurando estabilidad laboral hasta el 2017. La burocracia del Sindicato de Metalúrgicos del ABC, uno de los más poderosos y afiliado a la CUT, ya había comenzado a negociar un congelamiento de los salarios el año pasado, proponiendo además, la apertura del Plan de Retiros Voluntarios (PDV). Esta propuesta, fue abucheada por los trabajadores que participaron de la asamblea del sindicato, donde habló su dirigente, Wagner Santana.
La fracción de la clase obrera que aún no ha dado indicios de activación es la población sobrante, que ha tenido un peso sustancial en el voto a Dilma. No casualmente Levy ha insistido en “aprobar ajustes para cuidar los avances sociales”, dejando intacto planes sociales como el Bolsa de Familia.
Entre la espada…
El otro frente de conflicto del gobierno es el que está vinculado a los escándalos de corrupción. En concreto, el caso Petrolao, que consiste en la desviación de fondos de la empresa estatal Petrobras, entre los años 2004 y 2012, por cerca 3.700 millones de dólares. El dinero era supuestamente utilizado para pagar sobornos y financiar campañas políticas. Los políticos más importantes implicados en los fraudes son los presidentes del Senado Federal, Renan Calheiros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y de la Cámara Baja, Eduardo Cunha (PMDB), 22 de los 513 diputados federales, 12 de los 81 senadores y 12 ex diputados. Completan la lista de principales implicados ex ministros de Rousseff y de Lula Da Silva, entre otros. Seis partidos políticos poseen al menos un integrante vinculado a la red de corrupción. De estos partidos, los tres con más cantidad de investigados son los principales socios de la alianza gubernamental: el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Progresista (PP). Este último lidera la nómina con 30 de sus integrantes investigados. En segundo lugar figura el PMDB, con siete miembros bajo sospecha, seguido del gobernante PT, con tres senadores, tres diputados federales y un ex diputado. Por el caso Petrolao, ya han sido condenadas 11 personas y son juzgadas otras 82, en tanto que la Corte Suprema autorizó investigar a 50 políticos con fuero privilegiado, 35 de ellos parlamentarios, de quienes se sospecha que se beneficiaron de los millonarios desvíos.
Paulo Roberto Costa, el ex director de Abastecimiento de la petrolera, se encuentra preso, y es quien suministra detalles de los fraudes a cambio de beneficios en la condena. Desde la cárcel, señaló que el ex presidente del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), Sergio Guerra, pidió una “recompensa” para impedir la creación de una comisión parlamentaria destinada a investigar la red ilegal que desvió fondos de Petrobras. También lanzó acusaciones contra el propio Neves, quien ya había sido apuntado por el cambista Alberto Youssef. No obstante, el Supremo Tribunal Federal rechazó el pedido de investigación contra Neves y ordenó que fuera archivado. Esto motivó que los diputados petistas buscaran reactivar la causa, ya que dicen que existen más testimonios contra Aecio. Como podemos ver, hay una maniobra por desligar a la oposición de cualquier ligazón con el caso. Producto del estallido de las denuncias y de la baja del precio del petróleo, la empresa petrolera se vio obligada a iniciar un plan de desinversión el pasado 3 de marzo, comenzando por la venta de 13.700 millones de dólares en activos. Esta situación, concuerda con el objetivo del PSDB, que es aumentar la injerencia del capital privado en Petrobras. En su opinión, Petrobrás solo logrará sobrevivir a partir de la venta de una parte al capital privado, con miras a convertirse en un grupo de empresas autónomas y un holding.6
La oposición, encabezada por el PSDB, el Partido Demócrata (DEM) y el Partido Solidaridad, motoriza con fuerza un juicio político contra Dilma. La situación, sin embargo, es compleja. Si bien la alianza oficialista posee mayoría en el parlamento, con lo cual podría llegar a frenar la maniobra, lo cierto es que hay tensiones en el interior de dicha alianza. El PMDB se queja de tener poco protagonismo en el gobierno y exige tener una mayor participación en manos de su vicepresidente Michel Temer en la coordinación del ejecutivo, así como más cargos ministeriales. Esta situación se tensó aún más a partir de que se filtraron nombres de los líderes del PMDB -Eduardo Cunha y Renán Caleiros- como implicados en el caso Petrolao. En reacción a esto, Calheiros bloqueó el decreto provisional de Rousseff para recortar salarios de la administración pública. Roussef buscó una alternativa, enviándolo a Diputados -como ley urgente- pero allí fue Cunha, uno de los principales críticos de Dilma, quien lo bloqueó, advirtiendo que “se tomarán todo el tiempo necesario” para debatirlo. El Congreso, también le vetó a Dilma un intento por aumentar el impuesto a la renta. Fue por esto que intercedió Lula y logró que el PMDB apoye el tratado de los decretos 664 y 665 en el Congreso, al mismo tiempo que aprobó el presupuesto 2015.
En suma el Petrolao es una jugada que aceleró el ingresó de capitales privados en Petrobras, fracturó la alianza oficialista, y dejó fuera de las investigaciones a la oposición, lo que le permite impulsar un juicio político que, de llegar a buen puerto, los ubicaría como la primer alternativa a llenar ese vacío de poder.
… y la pared
El escándalo desató una oleada de movilizaciones y cacerolazos. Las cacerolas se hicieron escuchar el 8 de marzo en al menos 12 de las 26 capitales brasileras (San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Goiania, Belém, Recife, Maceió y Fortaleza), en el momento en que Dilma hablaba por cadena nacional.
El viernes 13 del mismo mes, tuvo lugar una marcha oficialista “en defensa de la democracia” y de Dilma frente al pedido de juicio político. La más multitudinaria tuvo lugar en San Pablo, donde, según la policía, hubo entre 30.000 y 40.000 personas, aunque la CUT dijo que a la movilización asistieron 148 mil personas en todo el país, de las cuales 100 mil se ubicaron en San Pablo. La marcha, también se extendió por otros 23 estados, como Bahía, Maranhao, Pernambuco, Minas Gerais, Río de Janeiro, Ceará, Goiás, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Sergipe, Santa Catarina, Amapá y en otras 30 ciudades importantes. En Río de Janeiro se movilizaron 3 mil personas. Impulsaron estas movilizaciones la CUT, el MST, el Movimiento de Trabajadores sin Techo (MTST), y la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE). No participó la Unión General de Trabajadores (UGT), quien argumentó que le “avisaron a último momento”, aunque la realidad es que tiene relaciones políticas con el PSDB en San Paulo, donde busca controlar la Secretaría de Trabajo. Tampoco lo hicieron la Intersindical (alineada con el Partido Socialismo y Libertad –PSOL- y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado –PSTU-), ni la CSP-Conlutas, ni el Movimiento Marxista 5 de Mayo (MM5). Sí asistieron la Nueva Central Sindical, la CTB, y la Central de Sindicatos Brasileros. Sin embargo, el presidente de la CUT, Vagner Freitas, aclaró que los actos no fueron “ni en contra ni a favor del gobierno, sino por la normalidad de la democracia”. La presencia de estas sindicales denota la existencia un componente obrero en las movilizaciones, que, además, se hizo evidente en las quejas por el plan de ajuste y las reformas laborales que se filtraron en la movilización, aun defendiendo a Dilma del juicio político.
Dos días después, el domingo 15, tuvo lugar una contra-marcha opositora, que se extendió por 65 ciudades. En cuanto a la asistencia los datos varían. En Brasilia, marcharon entre 40 y 50 mil personas; 15 mil en Río de Janeiro; 24 mil en Belo Horizonte; Minas Gerais con 2 mil personas; cerca de 5.000 en Salvador; 3.500 en Recife, 10.000 en Fortaleza y 5.000 en Manaos. Estas movilizaciones fueron las más importantes, aunque también hubo en Goiania, Ceará, Maranhao, Alagoas, y Pará, entre otras ciudades. En San Pablo, se estima que asistieron 580 mil personas7, la policía calculó 1 millón y medio y la prensa local señaló que participaron 200 mil personas. Los periódicos nacionales señalan que hubo cerca de 1 millón y medio de personas que se manifestaron en todo el país. La única central sindical que apoyó esta manifestación, fue Fuerza Sindical. Esta central tuvo protagonismo a través de Paulo Pereira da Silva, principal dirigente y diputado por el Partido Solidaridad, que recibió un silbatina cuando dio su discurso. También participaron el PSDB, el DEM y el Movimiento Brasil Libre. Ni el PSOL ni el PSTU ni el MM5 participaron de la movilización, compartiendo en líneas generales el argumento de que se trataba de una movilización de la derecha. Lo cierto es que la masividad de la misma da cuenta de un componente obrero y los reclamos, centrados en el aumento de impuestos y tarifas de gas y luz además de la denuncia de la corrupción, confirman que había una disposición a enfrentar el ajuste. Habida cuenta de esto, la izquierda tenía un público sobre el cual intervenir. Que existiera una dirección moral de los partidos de oposición burguesa no la exime de intervenir políticamente, sino todo lo contrario.
Belo Horizonte
Como hemos visto, el gobierno de Dilma intenta descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, en especial de la fracción ocupada, tomando medidas de ajuste que impactan de lleno en sus condiciones de vida. Sumado a ello, el escándalo del Petrolao amenaza con llevar a la presidenta a un juicio político.
Todos estos frentes de conflicto se han traducido en movilizaciones callejeras. La clase obrera muestra disposición a la lucha enfrentando el ajuste. Los trabajadores automotrices son un botón de muestra, su lucha ha conseguido éxitos no despreciables. Pero falta aún una orientación política más general. Tanto las marchas oficialistas como las opositoras han tenido un claro componente obrero. Pero ni el gobierno del PT ni la oposición encabezada por el PSDB pueden ofrecer ninguna alternativa viable para la clase obrera.
Es necesario que el conjunto de la izquierda revolucionaria se lance a la conquista política de los trabajadores. Tiene que intervenir de manera independiente, escapando al chantaje de la “defensa de la democracia” y de ser “idiota útil” de la derecha. Sólo de esa manera podrá disputar la dirección política de los trabajadores, y ofrecer una verdadera salida a la crisis.
Notas
1Ver Grimaldi, Nicolás: “Una política vacía. El balance de las elecciones en Brasil”, El Aromo, n° 81, noviembre-diciembre, 2014.
2Americaeconómica.com http://goo.gl/ASnSmg
3Grimaldi, Nicolás: “La contraofensiva. El gobierno de Dilma Rousseff frente a la movilización obrera”, El Aromo, n° 74, septiembre-octubre, 2014.
4Carta Capital http://goo.gl/iQ04pY
5http://goo.gl/klfxpZ.
6http://goo.gl/YWvvxI.
7Diario Registrado http://goo.gl/sHM4fk.
