Pobres pero caros
Los límites a la suba salarial bajo el kirchnerismo
Viviana Rodríguez Cybulski
OME-CEICS
¿Por qué un gobierno que pareció en sus orígenes el benefactor de la clase trabajadora, se enfrenta hoy con importantes fracciones de la misma? ¿Cuáles son los límites de la tan mentada alianza entre el capital y el trabajo? En este artículo, le explicamos por qué el gobierno está atacando a quien fuera una de sus columnas.
El apoyo otorgado por la clase obrera ocupada al kirchnerismo es, en gran medida, resultado del bajo nivel de vida del cual se partió, al inicio de la gestión en 2003. En un contexto de suba salarial generalizada en el continente, como resultado de una expansión basada en la exportación de materias primas, desde 2003 a la fecha, la suba del salario promedio en el país (el blanco y el negro) fue la más alta de América Latina. Esta particularidad es algo que el gobierno supo capitalizar.
Las fracciones peor pagas y más precarizadas obtuvieron empleo, mientras que a los mejor pagos, a través de paritarias, se les garantizó el aumento salarial. En ese sentido los capitales que acumulan en el país, que no logran sobrevivir sin compensaciones [1], mal pueden ser el origen de los aumentos salariales. El gobierno, al transferir hacia ellos renta de la tierra a través de proteccionismo y subsidios, aparecía como el factótum de esta situación. De esta forma, obtuvo apoyo tanto de fracciones obreras como burguesas en su armado bonapartista. Pero sostener esta intervención estatal no es gratis y depende de la disponibilidad de divisas. Como muestran las notas de Emiliano Mussi en este número, estas son cada vez más difíciles de conseguir.
Estos límites se expresan ya hace un tiempo. Desde el 2008, la suba del salario real está empantanada en la mayoría de las ramas. A pesar de que no mejoraron las condiciones de vida, el costo laboral en dólares impulsado por la inflación y la sobrevaluación siguió su suba. Ante la falta de los aumentos requeridos de productividad, esto implica una pérdida de la competitividad del capital radicado en el país. Es decir que necesitan más compensaciones justo cuando empiezan a faltar los recursos para hacerlas. Por eso el gobierno actúa como el gendarme que fija límites a la suba salarial, ya sea en las paritarias, como a través del impuesto a las ganancias. Veamos cómo se da este proceso.
Fragmentados
El trabajo no registrado se mantiene por encima del 34%, hacia fines de 2011, evidenciando la incapacidad del capital local para sostener mayores costos laborales. Además, sus salarios van muy por detrás del registrado. Éstos ganan en promedio $4.338 para 2012, mientras que los no registrados promedian los $1.798 y los cuentapropistas $2.490. Las diferencias son notables: los trabajadores registrados perciben 2,41 veces más salario que los informales para 2012, cuando para 2011 la diferencia era de 2,35 y en 1998 de 2. El trabajo en negro recibe sueldos muy alejados del Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy de $2.670: la media de estos salarios llega a cubrir apenas el 67% del mismo [2].
La fracción registrada, si bien tuvo incrementos salariales, no alcanzaron los niveles que tenían en los ‘70 y apenas están al mismo nivel que en los ’90 (ver gráfico 1). Al comparar la evolución del salario real con el de la productividad, vemos que ésta no dejó de crecer, al contrario de los salarios, lo que da cuenta del aumento del grado de explotación de la clase obrera. Es decir, ésta produce cada vez más, pero recibe cada vez menos (ver gráfico 1). Pero eso no es todo: la desigualdad de ingresos también se da dentro del sector en blanco. El 70% de los registrados gana menos de $6.000 y concentra el 43,2% de la masa salarial formal; mientras que el 30% restante se queda con el 56,8% de la misma. Dentro de éstos, el 15% de los registrados gana más de $9.000, concentrando el 35,8% de la masa salarial, y apenas el 5% de los asalariados gana por encima de los $15.000, apropiándose del 13,6% de ésta. Se suma al cuadro el freno en la creación de empleo del sector privado. Tanto es así, que la tasa de empleo se viene sosteniendo desde hace varios años en base a la generación de empleo público, de baja calidad y mal pago [3].
Este panorama muestra que una de las fuentes centrales de la expansión durante el kirchnerismo es el aumento de la explotación posibilitada por la profunda fragmentación de la clase obrera. Sin embargo al capital no le alcanza y necesita más.
Como mencionamos, la propia dinámica adquirida por la evolución salarial lleva a que se produzca una pérdida de competitividad, por el encarecimiento en dólares aun mayor que la suba del salario real. Para 2010, Argentina tenía costos laborales un 20% superiores a Brasil y un 51% en relación a México. En comparación con otros países que se insertan en el mercado mundial en base a costos laborales bajos, se ubicaba para el mismo año un 85% por encima de Filipinas, un 36% por encima de Polonia, un 51% por encima de Taiwán y un 86% por encima de China para el 2008 (ver gráfico 3). Nuestro país no es competitivo en base a precios bajos, pero tampoco en base a innovación y productividad. Como ejemplo, la brecha entre las productividades argentina y estadounidense no se ha dejado de agrandar. Por eso, la burguesía presiona por una devaluación que licúe los salarios. El gobierno accedió con el desdoblamiento del tipo de cambio. Pero como indican los reclamos de la UIA, no es suficiente.
El impuesto a las ganancias como techo salarial
Debido a la presión a la baja de los costos laborales, la salida momentánea que encuentra el gobierno es licuar mediante diversos mecanismos las subas. La no actualización de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias es uno, así como los cambios en las asignaciones familiares. En relación al primero, afecta principalmente a los trabajadores con mejores ingresos, alcanzando casi al 17% de los registrados y al 8,6% de los ocupados para inicios de 2012. Significa que deben empezar a tributar ganancias quienes pasan a percibir salarios netos, luego de descuentos, mayores a $5.782 para solteros y $7.997 para casados con dos hijo. Por otro lado, los cambios en las asignaciones familiares impactan en forma negativa en especial en sueldos bajos o medios. Estos cambios implicarán que un grupo familiar dejará de percibir asignaciones si pasan a ganar más de $5.200 brutos.
Estas medidas, aunque aparecen en los medios como una fuente de ingresos del Estado (y de hecho lo son), esconden un problema más general. La no actualización del impuesto a las ganancias hace que todo aumento por encima de la inflación quede en manos del Estado. De esta forma, pone un techo a los reclamos por subas salariales que hacen los obreros: los aumentos se otorgan, pero después se licúan. Esto permite poner un freno a la suba de costos para los capitalistas, que se desataría si los incrementos superaran los niveles de inflación y devaluación planeada por el gobierno. Es decir que se perdería aun más competitividad, y la Administración debería expandir su gasto en subsidios para compensar esta debilidad y evitar mayores caídas en la inversión o incluso quiebras. Tan explícita es esta función del impuesto a las ganancias, que la negociación de su actualización está atada a que la CGT haga un pacto social con la UIA y garantice un techo a la suba salarial.
La renta agraria y la deuda repartidas por el gobierno a la burguesía (nacional y extranjera), y a la clase obrera eran las que permitían subas salariales, subsidios y pago de deuda. Sin embargo, la misma no está alcanzando para todas las clases y fracciones, como se observa en la gradual merma del superávit. El gobierno va perdiendo su capacidad para mediar entre el capital y el trabajo porque, justamente, esa capacidad no es abstracta sino que está dada por esas transferencias. Frente a esto, se hacen malabares: se vuelve posible una devaluación más drástica, se intenta reflotar otra compensación histórica como la deuda externa, y se le suelta la mano a alguna de las clases o fracciones que otrora fuera aliada. En este caso, la clase obrera. Así, la alianza capital-trabajo aparece cómo lo que realmente es: la venta del alma al Diablo.
NOTAS:
[1] La balanza comercial de la industria manufacturera se mantiene deficitaria desde la convertibilidad, llegando al -28,6% en 2008, lo que significa que no puede sostenerse a sí misma, a no ser que posea una entrada externa de riqueza. Ver Gigliani, G.: “La industria en la posconvertibilidad”, IV Jornadas de Economía Crítica, Córdoba, 2011 y Mussi, E.: “El mismo modelo de siempre. Los límites de la inversión en Argentina”, en El Aromo n° 69, noviembre-diciembre 2012.
[2] Ver IPYPP, Boletín Estadístico, 2° Trimestre de 2012.
[3] En los últimos años, en sentido opuesto a la desaceleración de crecimiento del empleo privado, el sector público sostuvo un ritmo de aumento significativo: 6,1% entre 2007 y 2011 vs. 3,2% del sector privado registrado. Ver Informe SEL Consultores, Marzo de 2012. Ver también Rodríguez Cybulski, V.: “Hambre para mañana. Los límites del empleo público” en El Aromo n°66, mayo-junio 2012.
