Por dos leyes pasa una línea. El 82% móvil, el reparto de ganancias y las bases obreras del kirchnerismo.

La ley vetada por la presidenta fijaba el haber jubilatorio mínimo en el 82% del salario mínimo vital y móvil. Pero la ley no resolvía el problema de la movilidad de las jubilaciones superiores al haber mínimo. Tampoco establecía ningún tipo de retroactividad previo al año 2006, con lo cual dejaba sin resolver una de las causas de los juicios previsionales (los mismos cuyos expedientes literalmente amenazan por hacer colapsar bajo su peso a los edificios de tribunales donde se albergan(1) ). A su vez, la ley no modificaba la situación de los nuevos jubilados cuyo haber se calcula sobre su salario promedio de los últimos 10 años, sólo indexado en base a los aumentos jubilatorios generales que estuvieron muy por debajo de la inflación (el haber es igual a al 45% de ese promedio más la suma fija de 422 pesos(2) ).

A pesar de todas estas limitaciones la ley, de no haber sido vetada hubiera beneficiado a más del 72% de los jubilados que hoy perciben el haber mínimo. Ellos hubieran pasado de cobrar 1.046 pesos a 1.426 pesos. También se hubieran beneficiado los titulares de pensiones y otras contribuciones. Finalmente, por la aplicación del caso Badaro (caso judicial testigo que fija índices de indexación hasta diciembre del 2006) las jubilaciones que superan el mínimo hubieran obtenido un reajuste parcial.

La promulgación de la ley hubiera implicado un costo estimado de 30 mil millones de pesos anuales que, como se analiza en la nota de Emiliano Mussi en este mismo número de El Aromo, los K necesitan para desplegar una serie de subsidios. Una posibilidad que hubiera permitido al gobierno mantener esta política hubiese sido el aumento de distintos impuestos. En especial, estuvo sobre la mesa la suba de las cargas patronales de las grandes empresas. Se pensó en restablecer su nivel previo a la rebaja que hiciera Domingo Cavallo en los ‘90. Pero esto hubiera afectado a las grandes empresas y, de no mediar conflictos gremiales de cierta magnitud, indirectamente a los trabajadores registrados de esas firmas, pues las mismas tratarían de trasladar a sus obreros el peso de estas cargas. Es decir, Moyano, cuya base de apoyo se encuentra en los trabajadores en blanco de las grandes empresas, no quiere que las mismas paguen el aumento de las jubilaciones, temiendo que esto repercuta en su capacidad de obtener mejoras salariales. Esto no obsta para que el líder sindical evitara alienarse por completo las simpatías de los mayores y pidiera “un esfuerzo por los jubilados”, esfuerzo que su patronal no costeará.

Reparto de ganancias, asociación en la explotación

Con el proyecto de ley de reparto de ganancias ocurre exactamente lo inverso que con la fallida norma jubilatoria. Con todas sus limitaciones está pensada para beneficiar a las bases obreras del kirchnerismo, que, como dijimos, son los trabajadores en blanco de las grandes empresas. De ahí el entusiasmo de Moyano: “Voten la ley, es una ley revolucionaria que el trabajador argentino lo necesita”, decía en el estadio de River donde había reunido a 70 mil obreros movilizados con esta consigna. No por nada Recalde calificó dicho acto de “un plebiscito para esta Ley”(3) .

Cabe aclarar que este proyecto de ley no nos acerca en nada al socialismo, como las teatrales quejas de la UIA podían hacer pensar. Prevé que se repartan sólo un 10% de las ganancias ya deducidas los impuestos y lo destinado a inversión. De ese monto, un 80% se distribuirá entre los empleados registrados de la empresa, mientras que el restante 20%, se destinará a un fondo para los desocupados o trabajadores informales. Es decir, una nueva caja para el manejo discrecional del clientelismo K.

No todas las empresas serán afectadas. Por un lado el proyecto no atañe a aquellas que emplean menos de 300 obreros. Por otro, tampoco distribuirían ganancias aquellas que declaren beneficios inferiores a un monto que sería designado por una comisión Ad hoc. La distribución será anual y no remunerativa (no computa para aguinaldo, jubilaciones, etc.). Los ingresos que los trabajadores perciben en concepto de reparto de beneficios no estarán contemplados sobre la base salarial sobre la que se computa el pago del impuesto a las Ganancias.(4)  Este dato es importante porque muestra que se está pensando en los obreros de mayores ingresos. Si la distribución se computara para el pago de impuesto a las ganancias, los trabajadores que pagan esta carga recibirían el dinero de su empresa para luego tributarlo al Estado, lo cual no tendría mucho atractivo. Así esta previsión es un anzuelo dirigido especialmente a los obreros mejores pagos, aquellos que siendo solteros perciben más de 4.800 pesos, o casados con 2 hijos que ganan más de 6.600 de pesos.

Por otro lado, es necesario considerar los efectos de este proyecto de ley. De promulgarse ella ahondará la fractura ya existente en el seno de la clase obrera argentina, contraponiendo los intereses de los obreros de planta y los trabajadores en negro o aquellos que están en blanco pero tercerizados o a quienes tienen una relación de dependencia que la empresa esconde bajo la forma de contratos como autónomos. El reparto de ganancias no alcanza a ninguno de estos grupos (en principio sí lo haría con los empleados eventuales contratados en forma directa por la empresa que hubieran trabajado más de 6 meses para la misma a lo largo del año fiscal). De sancionarse y promulgarse esta ley, los obreros efectivos tendrían una razón para oponerse al blanqueo de los distintos grupos que trabajan tercerizados o en negro. Un principio obvio es que cuantos menos sean los que participan del reparto, más le toca a cada uno. Con firmas donde el personal contratado es casi equivalente al de planta permanente, éste no es un aspecto menor. Al mismo tiempo, en la medida que se mantenga el empleo en negro, no sólo habrá menos convidados, sino que la torta a repartirse será mayor. El empleo en negro es una gigantesca fuente de ganancias, mientras más empleados en esta condición tenga una empresa más beneficios podrá repartir con sus trabajadores registrados. De esta manera, el proyecto de Recalde podría llegar a transformar a los obreros en blanco en los principales guardianes del trabajo precario. Un simple ejemplo, los 120 despedidos tercerizados del Roca del sector vías y obras cobraban un sueldo de 2 mil pesos, en vez de uno de 7 mil pesos. La ganancia extra de la empresa es de 5 mil pesos mensuales por trabajador; 60 mil pesos anuales por obrero, es decir 7.200.000 de pesos por todo este pequeño grupo que no representa más que una gota en el mar de los tercerizados del Roca. Sin embargo, aún no hemos llegado a rozar siquiera la cifra real que la empresa está ganando al mantener a estos obreros tercerizados, porque el obrero tercerizado hace dos y tres veces el trabajo de un efectivo.

En el ejemplo del que venimos hablando, esto se manifiesta muy claramente: mientras una cuadrilla de efectivos cambia 5 durmientes por día, a una de contratados les hacen cambiar 20 o más durmientes. Para realizar una cuenta redonda, y para que nadie nos acuse de exagerar las cifras, vamos a calcular como si el contratado sólo hiciera el doble de trabajo del efectivo. De esta manera, la empresa pagando 2 mil pesos a un contratado obtiene el mismo trabajo que podrían realizar dos efectivos a 7 mil pesos cada uno (14 mil pesos en total). Es decir, en realidad la empresa tiene una ganancia de 12 mil pesos mensuales por cada contratado del sector (14 mil pesos que le hubieran salido emplear los 2 efectivos, menos los 2 mil pesos que le sale el contratado). Esto quiere decir que por cada contratado la empresa tiene una ganancia extra de 144 mil pesos en el año. Por el grupo de tercerizados despedidos del Roca que motorizaron la protesta, la ganancia total era de 17.280.000 de pesos anuales. ¿Cuántos barrabravas se pagan con 17 millones de pesos? ¿Qué pasaría si los obreros en blanco recibieran el 8% de esa cifra (el 10% menos lo que va al fondo solidario)?. Suponiendo que el número de obreros en blanco es equivalente al número de contratados, cada obrero en blanco recibiría a fin de año 1.100 pesos.

Desde la izquierda se ha criticado el proyecto de ley porque, como el Ministro de Trabajo no se cansa de decir, incentiva al obrero a aumentar la productividad. En otras palabras, lo estimula a incrementar su propia explotación. Pero, más grave aún resulta el hecho, que suele pasar inadvertido, de que asocia al obrero registrado en la explotación del trabajador en negro.

El futuro ya llegó

Como dijimos la ley de reparto de ganancias vendría a profundizar una fractura ya existente en el seno de la clase obrera argentina. Véase sino el comportamiento de los trabajadores registrados del Ferrocarril Roca. Su nivel salarial y su nivel de intensidad del trabajo les es acordado por la patronal, en la medida en que toleren, e incluso defiendan la explotación intensiva de contratados. En este punto, trabajadores de base han leído la realidad de manera más lúcida que dirigentes más formados que ellos. Así, Diego Cardías, tercerizado del Roca dijo desde las primeras conferencias de prensa, realizadas en Callao y Corrientes a horas del asesinato de Mariano Ferreyra, que se trataba de un enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores.(5)  Luego, repitió esta afirmación en entrevistas televisivas. Brindó el dato clave de la distinta intensidad de trabajo entre contratados y despedidos, con el ejemplo ya citado de los durmientes, separando siempre un “nosotros”, los contratados, de ellos, los “efectivos”: “‘ellos’, trabajan 3 ó 4 horas y ganan 7 mil pesos”.(6)

En estas distintas ocasiones, algunos dirigentes políticos de partidos de izquierda, sin discutirle, intentaron corregirlo. Esto sería producto de la burocracia y nada más, un trabajador nunca agrediría de esta manera a un compañero. Pronto se vieron desmentidos cuando se confirmó que, además de barrabravas, había en la patota trabajadores del Roca, en especial fueron identificados empleados de los talleres de la firma en Remedios de Escalada. Pocos días después, la huelga del ramal Roca del domingo 24 confirma está fractura. Los obreros que no pararon tras la muerte de un compañero tercerizado, sí lo hicieron para pedir la libertad del responsable de su asesinato. Llamar a la huelga lock out patronal (PO, 21/10/2010) es tratar de edulcorar la realidad. Nunca es triste la verdad… pero el primer paso para transformarla es reconocerla. El principal deber de la izquierda argentina es revertir la fractura existente en el seno de la clase obrera. Que se trata de una tarea posible, lo muestran sus propios logros entre los trabajadores del subte.

(1) Ver Clarín, 25/10/2010.
(2) Ver Clarín, 05/07/2010.
(3) Ver www.infoconurbano.com.ar, 18/10/2010.
(4) Ver www.abogados.com.ar/detalles-de-la-iniciativa-de-recalde-para-que-los-trabajadores-participen-en-las-ganancias-de-las-empresas/6466.
(5) Resulta redundante aclarar que aquí no se refiere al término de la manera en que los medios lo manipulan intentando hacer pasar un ataque en forma de emboscada como un “incidente” donde dos grupos se habrían enfrentado.
(6) En el mismo sentido se expresó Villalba, otro tercerizado del Roca.