Por Martín Pezzarini
Hace poco más de dos años, gigantes movilizaciones ocupaban las calles de Chile. Las ciudades más importantes del país, y en especial, Santiago, fueron el escenario de una oleada de protestas contra el empeoramiento de las condiciones de vida. El movimiento inició como un repudio al aumento de las tarifas del transporte, pero el descontento rápidamente se tradujo en reclamos vinculados al sistema de pensiones, la calidad de los servicios de salud y educación. Estos episodios marcaron el inicio de una crisis política cuya manifestación más visible fue la decadencia de las fuerzas que venían gobernando Chile en los últimos años. Desde entonces, los dos principales agrupamientos que se alternaban en el gobierno mostraron grandes dificultades para conservar su poder, al tiempo que otros partidos y coaliciones ganaron un impulso notable.
Poco tiempo después de que estallara la crisis, el Partido Comunista de Chile y los agrupamientos que integran el Frente Amplio, así como decenas de organizaciones sociales ligadas a estas fuerzas, lograron imponer la dirección del movimiento. La línea programática que se sostuvo desde este espacio estuvo marcada por sus críticas a la constitución, el sostén del “modelo neoliberal” en Chile y la supuesta raíz de todas las miserias que vive la población. La reforma constitucional que reclamaba esta “nueva izquierda” fue rápidamente absorbida por casi todos los partidos del régimen, quienes terminaron firmando el «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» para descomprimir la situación política e imprimirle un cauce institucional al movimiento.
Así, en octubre de 2020, se realizó el histórico Plebiscito Nacional, donde la opción a favor del cambio constitucional obtuvo un apoyo abrumador. Pocos meses después, en mayo de este año, la “nueva izquierda”, los candidatos independientes y las comunidades indígena obtuvieron un lugar destacado en las elecciones de convencionales constituyentes. La proclamación de Elisa Loncón como Presidenta de la Convención Constitucional y, poco tiempo después, la victoria de Gabriel Boric en las internas del frente Apruebo Dignidad, pusieron de manifiesto el recambio que estaba teniendo lugar en las filas del personal político y el impulso que ganaba el nuevo progresismo. Ante este escenario, se impuso la lectura de que el país se estaba volcando masivamente a las urnas para rechazar el neoliberalismo y el régimen pinochetista, en tanto que la política nacional estaba adoptando un notable giro hacia la izquierda.
Este fue el cuadro en el que tuvieron lugar las últimas elecciones presidenciales. Los resultados de los comicios pusieron de manifiesto que la crisis política aún no se ha cerrado. Las dos variantes que hace décadas venían alternándose en el poder quedaron en tercer y cuarto lugar, al tiempo que dos candidatos relativamente nuevos pasaron a la segunda vuelta. Y en esta disputa, Gabriel Boric se impuso frente a su adversario, a quien el progresismo consiguió instalar como el mayor exponente de la “ultraderecha”, “neoliberal”, “fascista” y “pinochetista”. La “izquierda” terminaba por imponerse frente a la “derecha”, reeditando un drama muy similar al que ya habíamos observado en Chile y en otros países de la región.
Ahora bien, un examen atento de esta “izquierda” permite advertir que no estamos frente a ninguna novedad. Boric es la principal expresión del progresismo, que logró capitalizar la pérdida de apoyo del Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile. Su programa no es diferente a lo que ya hemos visto en otros países: críticas al “neoliberalismo”, demandas de participación, políticas de identidad y algunas moderadas reformas sociales. Además del respeto a las “diversidades”, las comunidades “indígenas” y el apoyo a las pequeñas empresas, Boric propone algunas medidas cuya “radicalidad” sólo llama la atención porque se lo compara con el discurso extremadamente moderado del viejo Partido Socialista. Lejos de expresar las políticas inapelables de una eventual gestión, los aspectos más reformistas de su programa – como el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos, la reforma del sistema jubilatorio y el fortalecimiento de la salud pública- solo constituyen las típicas promesas de un partido burgués que nunca ha llegado al gobierno. Y si ese discurso ha ganado cierta credibilidad, ello se debe, antes que nada, a los antecedentes relativamente “limpios” que tienen los partidos del Frente Amplio, puesto que nunca han controlado el Poder Ejecutivo nacional. Bastará que lleguen a la presidencia para que terminen de enterrar su moderada perspectiva reformista.
La crisis política ha obligado a que los partidos de Chile se presentaran como «oposición» o «renovación», permitiendo la entrada de arribistas de cualquier tipo. En realidad, la emergencia de esta “izquierda” es una respuesta de la propia burguesía, que detiene el movimiento de la clase obrera e impide el desarrollo de su conciencia, aplacando la energía que se manifestó en 2019. Recordemos que Boric firmó el “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” junto con todos los partidos del régimen, buscando descomprimir el clima de protestas en noviembre de 2019. Además, en contra de quienes participaron de las movilizaciones y saqueos de ese año, votó la “Ley Anticapuchas” junto al gobierno y, como si fuera poco, recientemente advirtió que no piensa apoyar el indulto de las personas que fueron encarceladas en aquellas jornadas. Luego de que se conocieran los resultados de la primera vuelta, el candidato no solo templó su discurso, también hizo sucesivas referencias al «diálogo» con otros sectores que precisará su futuro gobierno. Estos elementos demuestran las similitudes que comparte Boric con el resto del personal político, así como la farsa que se construyó en torno a su candidatura.
Las críticas al régimen y la demanda de una «nueva» democracia, así como el constante martilleo del indigenismo, la política de la identidad, la defensa acérrima de las minorías y las críticas al neoliberalismo recuerdan las experiencias de Podemos en España, el MAS en Bolivia y el kirchnerismo en Argentina. Ya conocemos los resultados: cambian los nombres y los discursos, al tiempo que la miseria social se mantiene intacta.
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