Por Raúl Mamani
En todo el país la docencia viene sufriendo diferentes ataques. Año tras año vemos a las compañeras y compañeros de distintas provincias realizar huelgas extensas, de semanas, de meses, peleando en las calles por salarios, por cambios en los estatutos, contra el desempleo docente. Todos los gobiernos descargan las crisis sobre nuestras espaldas. En el caso de la provincia de Jujuy, desde la llegada al gobierno de Gerardo Morales, se sancionaron Decretos y Resoluciones que significaron, junto con la firma de paritarias a la baja, una política de ajuste y regimentación de la docencia jujeña. Veamos las características de ese ajuste y en qué medida este accionar tiene antecedentes.
Una vuelta más al ovillo
El ataque al sistema educativo en la provincia de Jujuy no es novedoso; no podemos decir que sea exclusivo de la UCR. Los peronistas gobernaron la provincia desde el retorno a la democracia y fueron los encargados de llevar a cabo la restructuración educativa durante esa otra década ganada: la de los años noventa. Más descentralización y más degradación ajustaron los salarios, las condiciones laborales, la infraestructura y los contenidos pedagógicos al programa peronista encabezado por Menem: hacernos más brutos y más baratos.
Pero la descentralización educativa trasciende al personal político de turno (peronismo, UCR, militares) pues forma parte de la estrategia general de la burguesía, en su conjunto, para la educación del país. Ya desde mediados de los años ’50 advertimos las primeras tentativas en ese sentido estratégico. Y notamos que la consecuencia de esta estrategia es la degradación que se manifiesta en la pérdida de contenidos, en el abandono de la infraestructura escolar que empieza a desmoronarse, en las crecientes dificultades para el acceso a la formación docente. En suma, se ve la adecuación edilicia, salarial y curricular del sistema educativo a la miseria ambiente. Por eso no llama la atención que el gobierno “republicano” de Morales consolide la continuidad pauperizadora de los gobiernos “populares” de Fellner y de Barrionuevo. Qué decir de las burocracias sindicales, con cuyos acuerdos ratificaron su complicidad con la patronal en la aplicación de cada política de ajuste y degradación.
Jujuy se halla entre las provincias que presentan los peores números estadísticos en las pruebas nacionales. En las Aprender de 2019, el 77 % de los estudiantes jujeños evidenciaron un rendimiento básico y por debajo del básico en matemática; el 44% tiene ese mismo nivel en lengua. Así la escuela pierde su valor como formadora pedagógica y adopta como su función social más importante la de gigantesca guardería y contenedora de población sobrante (sobrante para el sistema capitalista, por supuesto). Simultáneamente, germinó la paraestatalización educativa con la implementación del plan FINES, al que hoy se suma el Egresar, como punta de lanza.[i]
Los ataques del gobierno de Morales a los docentes
Una de las primeras políticas del gobierno fue atacar el derecho a huelga. Así lo hizo saber, en 2016, Raúl García Goyena (Secretario de Comunicación de Morales), en el marco de un paro docente: “no se les va a pagar los días de paro, porque no tienen derecho a cobrar los días que no trabajan”.[ii] Fue la primera amenaza lanzada por el gobierno, buscando disciplinar al conjunto de los trabajadores y, en particular, a los docentes. Después, perfeccionaron el disciplinamiento. La ministra de Educación, Isolda Calsina, junto al ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, y el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, anunciaron un premio al presentismo para los docentes. El objetivo era claro. En lugar de impulsar una recomposición salarial real, que rescatara a la docencia de la pobreza, fuimos extorsionados con el presentismo como forma de evitar la adhesión a las huelgas. Así, la baja salarial también amplió la autoexplotación docente: muchas compañeras y compañeros iban a las escuelas enfermos para no perder este “premio” que permite abultar el salario.[iii] Algo similar a lo ocurrido en Mendoza con el ítem “aula”.
Todos estos años, el cuadro general fue el de paritarias a la baja asignadas por el gobierno. Decimos “asignadas” porque no existe una paritaria real. Año tras año, el gobierno, junto a la burocracia sindical, hacen la pantomima de estar discutiendo la escala salarial. En realidad, el gobierno presenta una oferta que indiscutida por los sindicatos y éstos, a su vez, aceptan sin consultar a los trabajadores. Así, el tándem Morales-Calsina logró imponer rebajas salariales que hicieron que un docente de primaria con jornada simple no alcance a cubrir el 50% de la canasta de consumos mínimos medida por ATE-INDEC. Es decir, trabajando jornada completa, por 10 o 12 horas (si incluimos los tiempos de traslado), una maestra de primaria continúa debajo de la línea de pobreza. Como parte de este ajuste, el gobierno cerró diversas carreras de los Institutos de Educación Superior.[iv]
Todo este cuadro precede a la pandemia: a fines de 2019 el gobierno buscó imponer la grilla docente que modificaba puntos sustanciales de la calificación, se ponía fecha de vencimiento a los cursos de formación realizados (tal como se hizo en otras jurisdicciones, valga CABA, como ejemplo) al mismo tiempo que se aumentaba el peso en el puntaje de las sanciones o los apercibimientos. En este caso la movilización docente hizo retroceder al gobierno y fue un pequeño triunfo en medio de tanta ofensiva patronal.[v]
Con la crisis en nuestra espalda
La pandemia sirvió entonces como excusa para profundizar el ajuste, en marcha antes de la pandemia, sobre la clase obrera. No sólo en Jujuy: el PIEDAS o el ATR, en la provincia de Buenos Aires, son formas de precarización que muestran el carácter nacional de estos ataques a la educación. Con la pandemia, tanto el gobierno nacional como el provincial nos abandonaron a nuestra suerte para llevar adelante la modalidad virtual. Fuimos los docentes los que sostuvimos el ciclo lectivo 2020, con el esfuerzo enorme de las familias, sin recursos necesarios para garantizar la virtualidad, con una carga laboral triplicada. En vez de organizar un sistema virtual con recursos para docentes y alumnos, con desdoblamiento de cursos en bases a la designación de más personal, con ingresos equivalentes a dos canastas básicas para para las familias de nuestros alumnos, el gobierno nacional y el provincial demostraron, una vez más, que sus intereses no son los nuestros.[vi]
*El ataque más significativo en este año y medio fue el Decreto 1.807: una embestida contra el Estatuto del Docente (ley N° 2.531). El Decreto congelaba puntajes, traslados y ascensos, y el gobierno se dispuso a aprobarlo entre gallos y medias noches tal como denunciamos en su momento.[vii] Lo cierto es que este decreto fue la punta de lanza del Ministerio de Educación para continuar con el ajuste. Si bien fue sancionado a finales de 2020, fue utilizado sin reparo al inicio del actual ciclo 2021. La excusa: “resguardar” a los docentes en medio de la pandemia. El decreto impedía, entre otras cosas, que los docentes tomaran cargos más allá de su lugar de origen y el artículo 6º suspendía los traslados, un derecho constituido por estatuto. Impuso además que los docentes sólo podrán inscribirse para cargos correspondientes a la Región Educativa de su domicilio. Evitar la figura del docente taxi, que el docente deba viajar kilómetros y kilómetros para llegar a su trabajo suena razonable. El principal problema es que, con la excusa de evitar la circulación y resguardar la salud, disminuyeron las posibilidades de conseguir trabajo a cientos de docentes que no podían acceder a cargos en sus localidades. El docente no elige desgastarse en un itinere sin fin, más bien lo hace para conseguir trabajo. Por eso, lo lógico hubiese sido la suspensión de los traslados, el acceso a cargos en los domicilios de cercanía, la concentración de horas en una sola escuela eliminando la figura de “docente taxi”, junto a la creación de cargos, garantizado todos los recursos necesarios para la educación virtual. Si quisiéramos saldar esa “deuda” que muestran las pruebas Aprender, que referíamos más arriba, entonces no sobran docentes: faltan.
En el mismo paquete, el gobierno buscó extender la validez de los Listados Únicos de Orden de Mérito Definitivos 2019/2020 hasta el inicio del término lectivo (ITL) 2022.[viii] O sea que durante todo 2021 se iban a utilizar los listados del año anterior, sin valorizar antigüedad, formación, titulación obtenida en el 2020… Esto es lo que le importa al gobierno la capacitación docente: nada.
Una nueva normativa, la Resolución Nº 2.801 del 26 de febrero, estableció que los cargos docentes vacantes serían entregados de acuerdo al domicilio, pero con fecha de vencimiento ITL 2022. Así el gobierno niega cualquier garantía de estabilidad laboral creando cargos “a término”. Por último, impuso la Resolución Nº 3.341, del 21 de abril, donde se ataca el derecho del docente a aspirar a un mejor trabajo o a una modificación en algún aspecto de su vida que lo lleve a cambiar su esquema horario. Explícitamente, el artículo 1º de la Resolución, dispone sanciones para el docente que renuncie a un cargo u horas sin cumplir un ciclo lectivo completo. El docente ya no podrá tomar un cargo por un año en otro ofrecimiento. Nótese que, a diferencia de lo que sucede en otros distritos donde en caso de renuncia el docente pasa al final del listado, acá directamente se cercena el derecho a cambiar de trabajo. Así, se deja al docente expuesto ante situaciones de maltrato o persecución en alguna escuela y se lo obliga a “aguantar”, porque durante un largo año no podría presentarse a otro ofrecimiento de trabajo. Todos estos ataques contra el gremio docente fueron aprobados con la anuencia de las direcciones burocráticas del CEDEMS y ADEP.
El futuro en nuestras manos
Como vemos, cada gobierno capitalista profundiza la degradación educativa, antes de la pandemia, durante la pandemia y no hay razón para pensar que será de otro modo después de la pandemia. Las docentes de Jujuy no somos las únicas perjudicadas con estos ataques. Como señalan las notas de la docencia sin cargo, de los centros de revinculación pedagógica en Misiones y las notas del salario en CABA y PBA que acompañan esta edición, la burguesía necesita más ajuste y más degradación para todo el sistema educativo argentino. No se trata de la política de un gobierno particular, sino de la política de una clase social: la burguesía, la clase que nos explota. Una burguesía cuyo único plan consiste en convertir a la Argentina en un criadero de chanchos. Y para criar chanchos no hace falta una educación que eleve el conocimiento de la clase obrera, sino que hace falta una educación cada vez más degradada. A esa educación degradada en los contenidos le corresponden una infraestructura, unos salarios y unas condiciones laborales acordes a esa degradación. Si las y los docentes queremos pelear realmente por la educación de nuestros alumnos, que son las hijas y los hijos de la clase obrera a la que pertenecemos, entonces debemos luchar no sólo sindicalmente sino, sobre todo, avanzar en la lucha política. Peronismo y radicalismo son dos lastres para nuestras aspiraciones de una organización social que beneficie al conjunto de la clase obrera. Por eso tenemos que sacárnoslos de encima, junto con la clase social que vive de la riqueza que producimos mientras nos hundimos cada vez más en la miseria material e intelectual.
[i] https://razonyrevolucion.org/jujuy-la-paraestatalidad-educativa-mas-alla-de-milagro-sala/
[ii] https://prensa.jujuy.gob.ar/2016/08/04/los-dias-de-huelga-se-van-a-descontar
[iii] https://prensa.jujuy.gob.ar/2017/07/27/adicional-por-asistencia-perfecta-para-los-docentes
[iv] https://www.jujuyalmomento.com/reclamo/alumnos-del-profesorado-lengua-marcharon-el-cierre-carreras-n82472
[v] https://www.facebook.com/ContiSantoroJujuy/posts/132651331507591
[vi] https://www.jujuyalmomento.com/docentes/directivos-escuelas-tambien-plantean-dificultades-la-educacion-virtual-n110225
[vii] https://www.facebook.com/ContiSantoroJujuy/posts/385241746248547
