El gobierno provincial comandado por el peronista Schiaretti hizo gala durante semanas de una política aperturista criminal bajo el lema de “Córdoba no para”. Lo hizo aún estando en rojo en el semáforo epidemiológico y ubicándose Córdoba entre las provincias más afectadas del país. Las clases presenciales se sostuvieron a como dé lugar. Hoy los trabajadores y trabajadoras pagamos los costos de esta política criminal. La semana pasada tuvimos aumento récord de contagios, alcanzando en siete días los 30.144 casos positivos y 250 fallecimientos, según los datos oficiales.
Después de muchos idas y vueltas, ante este panorama epidemiológico, presionado por el estrés del sistema sanitario, se decidió implementar restricciones por 14 días, que incluyen limitaciones a circular desde las 20 a las 6 hs, prohibición de reuniones sociales y de la circulación interdepartamental, excepto para esenciales, y suspensión de la presencialidad escolar, medidas que comenzaron a regir desde el Lunes 7. Para ello tuvo que mediar, entre muchas otras alertas, la declaración de la filial Córdoba de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que, en discrepancia con los números del Ministerio de Salud provincial, informó que la ocupación de camas en terapia intensiva llegaba al 96%. El viernes pasado se supo que en la Capital las ambulancias demoraban hasta ocho horas para encontrar una cama crítica.
Schiaretti, en consonancia con el gobierno nacional de Alberto, no hizo nada para evitar este desastre. Todo lo contrario. Priorizaron las ganancias de los patrones en desmedro de la salud de los trabajadores, se negaron a suspender la presencialidad criminal en las escuelas y a implementar cualquier medida real para impedir el aumento de contagios y muertes. Con las restricciones ya en marcha, el martes (8/06) el gobierno habilitó el “Código Rojo” para permitir la atención domiciliaria. Schiaretti apretó el botón rojo, pero no puso un solo peso para ampliar al ya exhausto personal del sistema sanitario. Por eso mismo, la medida recibió críticas por parte de los trabajadores de la salud, ya que implicaba una mayor sobrecarga laboral que degradaría la atención medica debido a la falta de personal. Esos mismos trabajadores que cuenta ya con 60 compañeros muertos por Covid-19.
Para detener el desastre sanitario en curso, que ya acumula 351.297 contagios y 4247 fallecidos en la provincia, los trabajadores y trabajadoras debemos organizarnos para resguardar nuestra vida y enfrentar la política criminal de quienes nos gobiernan.
Basta de mandarnos al muere esperando inmunizar a la población sobreviviente por medio del contagio generalizado.
En defensa de la vida de la clase obrera, vacunación masiva ya.
Razón y Revolución Córdoba
