Luego de más de 40 días de cuarentena, los gobiernos burgueses se enfrentan a los límites que les impone el capitalismo argentino. La Ciudad de Buenos Aires, la más rica de todo el país, no está fuera de ese contexto y, el proyecto de Ley de Emergencia Económica que pretende hacer votar Horacio Rodríguez Larreta el próximo jueves 7 de mayo, da cuenta de la desesperación que rodea al “comité de crisis” del Covid-19. La economía no aguanta más. La primera reacción para evitar un estallido fue girar recursos a las fracciones más débiles de la clase obrera (desocupados y trabajadores informales). Pareciendo exitosa por el momento, Horario se prepara a meterle la mano en el bolsillo al conjunto de los trabajadores estatales apelando a la solidaridad. Si tiene éxito le marcará el camino al resto de las provincias, algunas de las cuales ya están ejecutando un ajuste aunque de menor alcance, y al mismo gobierno nacional. Prepárese docente porque a una paritaria miserable con promesa de apertura en junio solo quedará una paritaria miserable, licuada por la escalada inflacionaria y con promesa de pago en cuotas ¿Qué propone la Ley? Veamos.
Emergencia para los burgueses, financiamiento de los trabajadores
Está claro que, al golpeado capitalismo argentino, el Coronavirus le aceleró la recesión. Es este el cuadro en el que se inscribe el ya famoso proyecto de Ley de Emergencia Económica y Financiera porteña. El día 22 de abril Horacio Rodríguez Larreta envió a la Legislatura porteña una serie de medidas para poder hacer uso de la caja de la Ciudad mientras dure la pandemia. Horacio quiere convencernos de que solo reasignará partidas de “cultura”, que estará en cuarentena mucho tiempo, hacia “salud” u obras para atender a la población. Juntos por el Cambio defiende el proyecto y asegura que las medidas “extremas” solo se emplearán en caso de extrema necesidad. El Frente de Todos presentó alguna diferencia, pero todo parece indicar que va a terminar aprobando el proyecto. Discute los “topes” para los recortes salariales y los pagos en cuotas y la frecuencia con la que el Ejecutivo tendrá que rendirles cuentas. Ellos negocian.
Las primeras estimaciones indican que la recaudación de la Ciudad va a caer en 40.000 millones de pesos. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es de 480.000 millones de pesos y alrededor de la mitad de eso se utiliza en el pago de sueldos de empleados estatales docentes, médicos y policías. Si mantenemos todo cerrado, no podemos recaudar dijeron Larreta y Santilli en más de una oportunidad. Por eso, rápidamente Rodríguez Larreta afila la tijera y mira por dónde se puede recortar. Comienzan así medidas simbólicas y otras bien concretas. Las simbólicas: expulsa a los dos funcionarios involucrados en las compras de barbijos con sobreprecios y la contratación de los servicios de la empresa Midas Hotel Management Hotel, donde su media hermana es accionista. Por otro lado, llama a su tropa a ajustar un poco el bolsillo. Así, el día 23 Rodríguez Larreta junto al paquete que propone, pidió a sus funcionarios de mayor jerarquía la donación “voluntaria” del 25% de los sueldos. Esta medida no es original sino que en varias provincias ya se apeló a lo mismo y recordemos que los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron los primeros en ceder. La provincia de Salta está haciendo lo propio incluyendo a docentes, policías y médicos. En cuanto a medidas reales, por su parte, la Legislatura ya le aprobó la solicitud un préstamo por 150 millones de dólares a organismos internacionales y la ampliación del bono a proveedores por otros $9.000 millones más.
El proyecto busca declarar la emergencia económica y financiera hasta el 31 de diciembre del 2020. De todo lo que se va a proponer establece a los afectados: el conjunto de los estatales y, claro está, los docentes. El artículo 2º es claro cuando fija su alcance a la Administración Central (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a las comunas, a los organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. En general, en todos los artículos se modifica la Ley N° 6.281 de Presupuesto y se le otorga potestad a Horacio para que desde la administración central pueda hacer uso de los recursos según “las necesidades de la emergencia sanitaria”. Cada una de las reasignaciones puede realizarse tanto a la atención como a la “difusión y concientización” de la población, es decir, propaganda oficial bajo el leitmotiv “el pelado te cuida”.
El Artículo 7º, por su parte, faculta al Ejecutivo para cerrar todos los programas creados por leyes específicas para orientar esos recursos a la emergencia. Si bien señalan que quedan excluidas las personas que tengan beneficios sociales o subsidios, pero no se especifica cuáles. Por tanto, el criterio lo definen las necesidades económicas del gobierno. Hay que tener en cuenta además que detrás de cierres de programas hay siempre despidos de trabajadores.
Sin embargo, los puntos más acuciantes llegan en el capítulo V, De las Contrataciones de Personal y las Estructuras. El Artículo 14º establece que no se podrán llevar a cabo nuevas designaciones. Es decir, en un contexto de emergencia sanitaria donde hace falta cada vez más personal en los hospitales, pero también docentes para llevar adelante las tareas que requiere la virtualidad, el gobierno está diciendo “arréglense como puedan”. Si bien se habla de la prohibición de ingresos a nuevos cargos en las estructuras, no deja en claro que no abarque también sanidad y educación.
Pero es el artículo 17º el que establece lisa y llanamente un congelamiento salarial para todos los estatales incluidos los docentes. El artículo en cuestión fija que no se podrán instrumentar aumentos salariales ni retribuciones extraordinarias ni beneficios ni premios ni incentivos o suplementos salariales mientras dure la emergencia. Se trata de un congelamiento de salarios que, en una escalada inflacionaria como la que vivimos, implica una reducción salarial. Para peor, municipales y docentes verán peligrar el aumento que les correspondería por paritaria en esta segunda parte del año y de reabrir la negociación ni hablar. Por otro lado, hay que preguntarse si este artículo no implica también la suspensión de los aguinaldos en tanto puede ser entendida como un “premio o suplemento”.
Tras cartón, el artículo 19º faculta al Ejecutivo a “la remisión de cronogramas de pagos diferidos o escalonados de haberes de sus nóminas salariales, priorizando a los que reciben mayor remuneración.” Como el gobierno porteño pretende que la ley sea aprobada con el mayor apoyo posible, se dispuso a modificar este artículo. Primero, apeló a la confianza y señaló que “no está proyectada que se use”. Luego que excluiría de la medida a aquellos trabajadores “cuya remuneración sea inferior a tres Salario Mínimo Vital y Móvil y el personal que se desempeñe en efectores del Sistema Público de Salud”. Bien, hagamos la cuenta. Tres salarios mínimos equivalen a 50.625$. La canasta de pobreza en la Ciudad, según los organismos oficiales porteños, asciende a 65.100$ al marzo prepandemia. La conclusión es fácil: somos los trabajadores los que vamos a solidarizarnos para transferir recursos a la burguesía pequeña (Pyme) y grande.
El Frente de Todos presentó su propio proyecto como despacho de minoría. Eliminan la posibilidad del pago en cuotas de los salarios estatales y solo congelan los haberes del personal superior que se encuentra por fuera de la administración central. Defienden la necesidad de la emergencia, pero con “límites” y rendición de cuentas. Aunque, junto con Larreta, entienden que hay que congelar las plantas orgánico-funcionales y los contratos. Así, no habrá nuevas designaciones. Recordemos que el kirchnersimo también ajusta en los municipios donde gobierna como Avellaneda y Jose C. Paz.
El Frente de Todos sabe que Larreta cuenta con quorum propio. Por eso elimina los puntos más conflictivos del proyecto como el pago en cuotas o los topes salariales para la mayoría de los trabajadores. Y, preparando el terreno para lo que vendrá, sostiene que la emergencia económica es necesaria. Lo cierto es que todo indica que Larreta podrá imponer quorum propio y se aprobará la Emergencia Económica. Ello implicará un ajuste al conjunto de la docencia y la posibilidad del congelamiento de la planta docente por lo menos hasta 2021 lo que someterá a mayor miseria a los docentes que necesitan tomar horas para complementar sus salarios. El triunfo de Larreta generará un efecto dominó en las restantes provincias y también a nivel nacional. Necesitamos, entonces, movilizarnos docentes y estatales el próximo jueves 7 de mayo para impedir que la Legislatura apruebe la Emergencia. El gobierno nos colocó en la segunda trinchera de fuego repartiendo bolsones, nos somete a agotadoras jornadas de trabajo con la educación a distancia, se niega a nombrar más personal para asistir la educación de millones de niños y ahora nos mete la mano en el bolsillo. Debemos poner un freno.
La lucha por frenar esta ley debe empalmarse con todo el programa que los trabajadores de todo el país. Hay que poner en pie un plan de lucha por la recomposición salarial, la reapertura de paritarias y que el salario se abone íntegramente. Los ingresos de personal a planta del Estado no pueden suspenderse porque necesitamos atender más y nuevas necesidades y, además, terminar con el sistema de contratos basura temporales y de planta transitoria. El Estado no debe asignar más recursos para salvar a los patrones, sino que debe poner todo a disposición de las necesidades obreras. Hace falta producción de materiales óptimos para prevenir el contagio del personal de salud; un plan de vivienda para las familias que viven en condiciones de hacinamiento, contratación de más personal de salud para apaciguar el estrés que sufre el personal debido a la sobrecarga de trabajo, la contratación de más docentes para que puedan orientar a los alumnos en la continuidad pedagógica virtual y en todas las tareas requeridas.
Por eso, el jueves 7 de mayo marchamos a la Legislatura para rechazar la Ley de Emergencia de Larreta.
Corriente Nacional Docente Conti-Santoro, 5 de mayo de 2020.
