El problema de la indexación salarial
por Ianina Harari
Investigadora del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales
Opinion 23.01.14 | 00:00
Una de las principales preocupaciones de los sindicatos para negociar las paritarias de este año es encontrar la forma de que los aumentos no sean barridos por la inflación, como ocurrió en 2013. Por ello, la CGT oficial sugirió la posibilidad de suscribir acuerdos por tres meses. A su vez la titular del gremio docente FEB planteó la necesidad de incluir en los convenios una cláusula de actualización salarial por la inflación. Sin embargo, tal proyecto resulta hoy en día inviable dada la vigencia del artículo 10 de la Ley de Convertibilidad menemista que prohibe la indexación salarial.
La indexación salarial por convenio era una práctica usual hasta la década de los 90, cuando fue prohibida por Menem y Cavallo. La inclusión de una cláusula gatillo permitía actualizar los salarios por inflación sin necesidad de negociar paritarias periódicamente. Un problema que se plantearía si esta posibilidad fuera abierta sería la inexistencia de un índice de inflación oficial, dado el estado actual del INDEC.
La imposibilidad de proteger el salario frente a la escalada inflacionaria por convenio resulta una herencia del menemismo que el gobierno no ha cuestionado. Mientras en los 90, con una inflación controlada, la prohibición de indexar salarios no resultaba un problema acuciante, bajo el kirchnerismo se presenta como una vía para la desvalorización del salario real. Las centrales sindicales no han reparado en este problema. Al mantener intacto el artículo que prohibe la indexación, el gobierno obliga a los trabajadores a negociar año a año sus salarios en base a una estimación del aumento de precios que no siempre se cumple. Así, incluso si un año se logra ganar o empatar la carrera inflacionaria, no hay ninguna garantía para el siguiente. En lugar de preocuparse por esto, el gobierno en boca de su ministro de Trabajo presenta la cifra de negociaciones colectivas de la última década como un logro democrático, cuando se trata del fruto de la escalada inflacionaria.
Por otro lado, el Gobierno se ha venido negando a homologar convenios por plazos inferiores al año. El año pasado, intentó imponer la firma de acuerdos a 18 meses. Los gremios que aceptaron este plazo, como CONADUH, Suterh, Obras Sanitarias y Luz y Fuerza, han sido los más perjudicados por la inflación. Mientras el promedio mensual de los aumentos en los convenios a 12 meses fue del 2%, el de los convenios de 18 meses fue de 1,5%. Pero en ambos casos, los incrementos salariales ya fueron superados por la inflación.
En los último meses de 2013 se puso en evidencia que los incrementos pactados habían quedado retrasados. Por ello, los reclamos de bonos de fin de año y de reapertura de paritarias estuvieron a la orden del día. Este año algunos dirigentes sindicales plantean porcentajes de aumentos que rondan el 30% o plazos cortos de negociación. Pero, nada de ello permite establecer un mecanismo de defensa frente a la inflación que evite un mayor deterioro del salario real. En cambio, la indexación permitiría, al menos, que los salarios sigan la curva inflacionaria. Pero para ello habría que derogar parte de la ley menemista y sanear el INDEC, para lo cual el gobierno no parece dispuesto.
