Una oportunidad única. La debacle del sistema político en Brasil
El sistema político de Brasil está al borde del abismo, justo en el momento que tiene que llevar a cabo un ajuste feroz. ¿Podrá la burguesía brasileña salir de este atolladero? Eso depende de muchos factores. El principal, la capacidad de la clase obrera de pasar al frente.
Nicolás Grimaldi y Martín Pezzarini
Grupo de Análisis Internacional-CEICS
Desde hace años, la crisis en Brasil viene siendo noticia a nivel mundial. Las luchas contra el aumento del pasaje, las protestas previas al mundial de fútbol, el impeachment a Dilma, la asunción de Temer, el “Lava Jato” y la “Lista Junot”, fueron los principales puntos de conflicto. Todo esto, puso al sistema político de Brasil al borde del abismo, justo en el momento que tiene que llevar a cabo un ajuste feroz. ¿Podrá la burguesía brasileña salir de este atolladero? Eso depende de muchos factores. El principal, la capacidad de la clase obrera de pasar al frente.
Crisis galopante
El tobogán de la crisis política brasileña parece no tener fin. Está en marcha un proceso de juicio ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la malversación de fondos por parte la fórmula Rousseff-Temer en la campaña presidencial del 2014. La denuncia fue presentada por el PSDB, el partido que por aquel entonces era opositor al cogobierno del PT y el PMDB, pero luego del juicio político a Dilma se alineó con el gobierno de Temer. La estrategia, tanto del PMDB como del PSDB, es sostener que los aportes de campaña desviados de Petrobras se hicieron sin el conocimiento de Temer y su partido. No solo para que no le corran los mismos cargos que a Dilma, sino fundamentalmente, para que el presidente entrante no enfrente el mismo proceso judicial, sentado en el mismo banquillo que la saliente.
La defensa de Temer también solicitó que no se incluyan en el juicio las declaraciones de los ejecutivos arrepentidos de la compañía Odebrecht, quienes en su reciente acuerdo de delación afirmaron que aportaron unos US$ 32 millones a la fórmula del PT-PMDB. En caso de que el proceso llegase a encontrar culpable a Temer, debería asumir la presidencia un mandatario elegido por el Congreso. Allí, hay partidarios del PT y del PMDB. O sea, los que se beneficiaron de la desviación de fondos se mantendrán en el poder. La esperanza de Temer es que algún miembro del tribunal solicite más tiempo para ver el expediente, ya que de esa forma podría postergarse hasta que se produzca el vencimiento de los mandatos de los jueces Henrique Neves y Luciana Lóssio. En ese caso, nuevos juristas podrían ser nombrados por el principal acusado (el presidente, claro). Incluso, se especula con que los tiempos judiciales se extiendan hasta el final del actual mandato.
Como si esto fuera poco, hay otro gran escándalo que azota al elenco gobernante. Se trata de la llamada “Lista Janot” (por Rodrigo Janot, Procurador General de la República y denunciante del escándalo). El nuevo affaire involucra a 83 políticos acusados de recibir sobornos por parte de Odebrecht para obtener contratos con Petrobras. Son parte del llamado “tsunami Odebrecht”. En principio, toca a nueve miembros del gabinete de Temer, como Eliseu Padilha (Jefe de Gabinete), Wellington Moreira Franco (Secretaría General de la Presidencia), Aloysio Nunes (Relaciones Exteriores), Gilberto Kassab (Ciencia y Tecnología) y Bruno Araújo (Ciudades). Luego, a seis gobernadores, entre ellos Geraldo Alckmin (PSDB) de Sao Paulo. Además, a unos 20 diputados y senadores, como Aecio Neves y José Serra (PSDB), Romero Jucá y Renan Calheiros (PMDB), los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Maia (DEM) y Eunicio Oliveira (PMDB), Dilma y Lula.1 O sea, el escándalo involucra al conjunto del sistema político. Se trata de la segunda lista presentada por Janot. En la anterior, aparecían 47 nombres. Entre ellos, el ex presidente de la Cámara de diputados, Eduardo Cunha. Los políticos involucrados, lejos de intentar demostrar su inocencia, proponen una autoamnistía, que busca distinguir entre donaciones provenientes de actos lícitos e ilícitos, generando una confusión por la dificultad de demostrar dicha división, por lo que solo sería un “crimen electoral”, que consistiría en recibir “fondos no declarados”.
Como anticipamos (y como le señalamos al conjunto de partidos de izquierda), el supuesto “golpe” a Dilma no fue otra cosa que el primer paso de la crisis que se está llevando puesto al sistema político de Brasil. Dilma y el supuesto principal “conspirador”, Eduardo Cunha, fueron los primeros en caer.
El elemento más importante son las movilizaciones que exigen avances de las causas de corrupción, aunque en las últimas semanas han entrado en un reflujo. Las últimas convocadas lograron juntar a 15 mil personas en San Pablo, 5.000 en Río, 3 mil en Belo Horizonte, 1.500 en Salvador y 1.000 en Brasilia.2
De todas formas, el proceso de crisis sigue avanzando. Por el momento, bajo la tutela del Poder Judicial, que le permite ir eliminando al personal político más comprometido. Es decir, por ahora la crisis se está procesando dentro de la propia burguesía.
El otro frente
El gobierno de Temer no solo enfrenta las acusaciones por las diferentes causas de corrupción. También, tiene un frente abierto con las protestas que se llevan adelante contra el ajuste que busca implementar. Una de esas medidas es la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) nº 287/2016, que establece edad mínima de 65 años para que hombres y mujeres se puedan jubilar y además exige una contribución de 49 años. Por este motivo, el 15 de marzo se movilizaron cerca de 800 mil personas en Belo Horizonte, Manaus, Salvador, Cuiabá, Joao Persona, Sao Paulo, Río de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Florianópolis y Aracajú. De las protestas, participaron bancarios, metalúrgicos, químicos, profesores municipales y estatales. En el contexto de esta lucha, también fue tomado el edificio del Ministerio de Hacienda en Brasilia por unas 1.500 personas. De la ocupación, participaron Vía Campesina Brasil, Movimiento Sin Tierra (MST), Movimiento de los trabajadores sin techo (MTST), maestros, miembros de la CUT, entre otras organizaciones. Los docentes, a su vez realizaron un paro en el que participaron cerca de 1 millón de maestros, contra la reforma en el sistema previsional. Para conseguir los votos en el Congreso y poder aprobar esta ley, el Gobierno realizará algunas modificaciones, pero que no cambien el fondo del asunto, como establecer 60 años para hombres y 55 para mujeres en el caso de trabajo rural, la posibilidad de combinar pensión jubilatoria y por muerte, pero solo en valores cercanos al salario mínimo. También, propuso que los trabajadores estatales vinculados a los gobiernos estaduales o municipales queden exentos de las modificaciones de esta ley, siempre y cuando estén inscriptos en un régimen de jubilación diferentes al del INSS (Instituto Nacional del Seguro Social). O sea, buscaba fracturar a la clase obrera que venía llevando adelante la lucha contra esta medida. Con este proyecto, el gobierno busca ahorrar 140 mil millones de reales en 10 años.
El otro intento de Temer es imponer la tercerización y la precarización de los trabajadores. Este proyecto habilita la posibilidad de que las empresas puedan tercerizar la llamada “actividad-fin”, esto es, la principal tarea que realiza una fábrica o empresa. Hasta el momento, las empresas solo podían tercerizar servicios de limpieza o de seguridad, mientras que ahora podrían poner a funcionar toda la fábrica con personal registrado como autónomos, sin pagar cargas sociales. También, se extendería de 3 a 6 meses los períodos de prueba. Temer consiguió aprobar este proyecto en el Congreso por 231 votos a favor, 188 en contra y 8 abstenciones, contando con el apoyo de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp). Por estas reformas, las centrales habían convocado a una huelga general para el 31 de marzo, pero fue pospuesta para fines de abril. El documento que anuncia la huelga contra la reforma jubilatoria y la tercerización, fue firmado por la CUT, del PT, Forca Sindical, de Paulinho (uno de los impulsores del impeachment a Dilma), y el resto de las centrales sindicales, CTB, CSB, Nova Central, UGT, Intersindical, CSP-Conlutas y CGTB. Por el momento, en dichas movilizaciones, tiene una participación importante los agrupamientos Frente Brasil Popular y Frente Pueblo Sin Miedo, con organizaciones vinculadas al PT, aunque también aparecen otras luchas, contra el aumento del costo del pasaje por ejemplo, protagonizadas por el movimiento Passe Livre, que enfrentó a Dilma en su momento.
Como vemos, la intervención en la crisis política de la clase obrera está pasando por un retroceso, mientras que la acción defensiva sindical parece tener algo más de fuerza.
El salto que se posterga
Los casos de corrupción han puesto en crisis a todos los partidos, oficialistas y opositores. Por ejemplo, en las últimas elecciones internas del PT, sobre 1,5 millones de afiliados solo votaron 200 mil. Estamos entonces ante una crisis del régimen. A eso se suma un proceso de lucha (por ahora dispersa) contra las medidas de ajuste que busca llevar el gobierno de Temer. En el horizonte burgués, aparecen las elecciones del 2018 como válvula para canalizar el descontento. Hoy por hoy, a pesar de los percances, el principal candidato es Lula, quien lidera las encuestas, aunque puede llegar a caer con el avance de los juicios por corrupción. Lo sigue Marina Silva, quien se presenta como outsider y parece ser la única que podría llegar a ganarle al PT en una segunda vuelta.
Para la clase obrera, esta es una oportunidad histórica. Es el momento de mayor debilidad de un enemigo sin legitimidad, sin unidad y con sus instrumentos institucionales y partidarios erosionados. El problema es que, por ahora, la clase obrera no puede aprovecharla y oscila entre el rechazo a toda dirección y la entrega del liderazgo al personal burgués.
El ascenso de Marina Silva obedece a que la profunda crisis política en Brasil puede producir un espacio para una experiencia bonapartista, en caso de que la clase obrera tenga la suficiente fuerza para impedir un avance del capital, pero la suficiente debilidad para imponer una salida propia.3 Por ahora, solo aparece (y muy tímidamente) la primera. Hasta el momento, el proletariado brasileño ha dado muestra de grandes manifestaciones ante los ataques a sus condiciones de vida, pero no ha podido desarrollar un organismo capaz de estructurar y dirigir el conjunto de las luchas, lo que hace que luego de grandes acciones, la energía se diluya.
En caso de que la clase obrera no intervenga en forma independiente, la burguesía procederá a resolver (más tarde o más temprano, más o menos dramáticamente) su crisis. De hecho, un elemento que nuclea al conjunto del personal político es el ajuste a la población. Hasta ahora, la acción se viene limitando al terreno sindical. Y muy débilmente. Si no se produce un salto hacia la intervención política, va a resultar difícil poner un pie en la crisis. La izquierda, en este sentido, tiene que tomar esta responsabilidad en sus manos y realizar una gran campaña para convocar un congreso nacional de trabajadores, para discutir un programa de salida de la crisis, que defienda los intereses de la clase obrera y enfrente al conjunto del sistema político de la burguesía.
Notas
1La Nación, 15/03/2017
2La Nación, 27/03/2017
3Folha, 10/04/2017
