¿Adiós a las fábricas recuperadas? La vetos de Macri y Vidal a las expropiaciones – María Alejandra Gutierrez Vargas

¿Adiós a las fábricas recuperadas? La vetos de Macri y Vidal a las expropiaciones

Concluir que el macrismo es quien pretende arrojar a las recuperadas al campo de la precariedad es ignorar que las cooperativas son una forma de precarización laboral, que el gobierno anterior utilizó para intentar camuflar la inmensa desocupación y contener las luchas obreras.

María Alejandra Gutierrez Vargas

Taller de Estudios Sociales – CEICS

Macri cerró su primer año de gobierno vetando la ley de expropiación del BAUEN, que había sido sancionada por el Congreso Nacional. Este veto puso la atención en Vidal, quien pasó su primer año de mandato vetando sistemáticamente las leyes de expropiación que dictaba la legislatura bonaerense, con el argumento de la falta de dinero y la carencia de “utilidad pública”. A esto se suman también los ceses de compras por parte del Estado a las cooperativas. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad suspendió la compra de uniformes, chalecos y ropa de trabajo a la Red Textil Cooperativa. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a su vez, comenzó a dilatar el pago a cooperativas proveedoras de alimentos para las escuelas porteñas, no reconociendo los aumentos en los precios.¹ Los tarifazos en los servicios públicos fueron también un fuerte golpe a las cooperativas. Pero la gota que rebalsó el vaso fue el desalojo de los trabajadores de la ex Petinari, hoy organizados en la cooperativa ADO y, como consecuencia de esto, los inminentes desalojos de aquellos trabajadores que continúan ocupando las empresas con leyes de expropiación vetadas o pendientes.

Esta cadena de acciones llevó a señalar la “hostilidad” del macrismo ante las empresas recuperadas -hoy cooperativas- y, como contracara, a reconocer “inocentemente” el rol que habría tenido el kirchnerismo en acompañarlas y fortalecerlas. De este modo, se ignora alevosamente que los resultados que se ven hoy son producto de políticas tomadas por el gobierno anterior con el fin de desbaratar las luchas obreras que reclamaban por la estatización bajo control obrero. Ahora, el macrismo busca acabar con las fábricas recuperadas como forma de disciplinar al conjunto de los trabajadores en el medio de la ola de despidos, para que se resignen a quedar en la calle.

La imposición del cooperativismo

Durante los noventa y luego de la crisis del 2001, ante la quiebra de numerosas empresas los trabajadores ocuparon las plantas y tomaron la producción en sus manos. Esta consigna no vino originalmente (como se quiere hacer creer) acompañada de la intención de conformar cooperativas, sino que más bien se bregaba por la estatización bajo control obrero. Sin embargo, se impuso una “única alternativa posible” para los trabajadores que ocupaban las empresas: la conformación de cooperativas.

Como dijimos en anteriores ediciones, el cooperativismo es una forma que atenta directamente contra la clase obrera, convirtiendo a quienes forman parte de ella en “microemprendedores”, privados del acceso a todo derecho laboral y cuya estabilidad e ingresos dependen de la capacidad productiva de la cooperativa y su competencia en el mercado capitalista. Fue, además, la vía principal para cooptar y desmovilizar al movimiento piquetero.

La imposición del cooperativismo como única salida posible para las recuperadas se desarrolló desde varios flancos. Uno de ellos fue la represión estatal, ejemplo de lo cual son Zanon y Brukman. Y el otro fue el ideológico: un camino para la institucionalización de la lucha obrera. El INAES -Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social- organismo estatal encargado de legislar, controlar y promover la economía social, no dejó de insistir con la conformación de cooperativas  como única vía para el reconocimiento de las fábricas recuperadas. Por otro lado, la entrega de subsidios a las cooperativas por parte del Estado desde el Ministerio de Trabajo, a través del Programa Trabajo Autogestionado e incluso desde el propio INAES, jugó un papel importante: los subsidios solo eran entregados a aquellos trabajadores que estuviesen agrupados en cooperativas.² Como tercer factor de esta imposición ideológica se puede identificar la legislación atinente a las empresas recuperadas. Ejemplos claros de esto son la ley 13.828 de la Provincia de Buenos Aires, sancionada en el 2008, y la ley 1.529 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en el 2004. Ambas dictan la expropiación de numerosas empresas en favor de las cooperativas que habían conformado sus trabajadores. Esto podría parecer, de buenas a primeras, algo beneficioso. Observemos por qué no es así.

¿Expropiar?

La expropiación encuentra su primer respaldo en el artículo 17 de la Constitución Nacional, mediante el cual se establece que el Estado podrá realizar expropiaciones, siempre que esto sea por causa de “utilidad pública” calificada por ley y que se indemnice previamente a quien sufre la expropiación. En este mismo sentido la ley nacional de expropiaciones, 21.499, reafirma la necesidad del carácter de utilidad pública -que no es más que una decisión política- para que pueda llevarse a cabo la expropiación y establece como sujetos expropiantes directos al Estado Nacional, Provincial y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto muestra el carácter de clase de nuestra Constitución, que defiende la propiedad burguesa por encima de las necesidades sociales. Según ese art. 17, el conjunto de la población tiene que resarcir a un empresario ineficiente que deja trabajadores en la calle a los que, muchas veces, les adeuda sueldos e indemnizaciones. En cualquier organización social racional, ese individuo no tendría que tener derecho a llevarse ni un solo peso y, más bien, estaría obligado a rendir cuentas.

Sin embargo, esta ley sólo refiere a cuestiones formales de la expropiación (indemnización, plazos, procedimientos, etc), estableciendo que cada vez que se pretenda llevar a cabo una expropiación, el Poder Legislativo deberá dictar una ley para cada caso en particular, señalando tanto la utilidad pública del bien que se pretenda expropiar como la indemnización a pagar en ese caso concreto. Esto, en el caso de las fábricas recuperadas, no significa más que una profunda atomización.

Del mismo modo, en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, encontramos leyes muy similares que aseveran lo dispuesto en la legislación nacional. La ley 1.529 de Ciudad, comienza por declarar la utilidad pública (y consecuente expropiación) de 17 inmuebles, cediéndolos a cada cooperativa. Esta cesión no es, sin embargo, a título gratuito, sino que la Ciudad los vende a las cooperativas, previa constitución de una hipoteca, a un precio fijado por el Banco Ciudad en concepto de indemnización al antiguo dueño. Es decir, las cooperativas quedarán endeudadas con el Estado por hasta 20 años por el monto que éste le haya pagado a la patronal. Más que de expropiación pasamos a hablar de una venta indirecta en la cual el Estado no es más que un intermediario prestamista, siendo los propios trabajadores de la cooperativa quienes asumen el costo de esto. La ley deja entrever también un claro intento de establecer el cooperativismo como única vía: el Estado sólo interviene para expropiar cuando hay una cooperativa establecida previamente. Es decir, descarta la opción de la estatización.

Por su parte, la ley 13.828 de Provincia, que fue impulsada por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, toma en líneas generales los términos de la ley 1.529, respecto de casi 70 empresas recuperadas: el Estado expropia, paga a la patronal y transfiere a las cooperativas, constituyéndoles una hipoteca para que “devuelvan” al Estado el precio pagado. La determinación del cooperativismo como exclusiva salida para las recuperadas se ve de manera más burda en este caso. Si bien en la ley se habla de “toda unidad de producción cuya gestión se encuentre en manos de sus trabajadores”, en la reglamentación de la misma existe una tendencia clara al cooperativismo, exigiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos por el INAES y la Subsecretaría de Acción Cooperativa. La otra opción que se contempla es la conformación de sociedades (lo cual resulta aún más dificultoso para los trabajadores en términos procesales).

Otro punto clave de esta ley es el Artículo 3, mediante el cual se establece que el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires es el encargado de determinar la viabilidad económica de cada empresa recuperada, en términos concretos, establecerá si la cooperativa está en condiciones de pagar o no la futura deuda con el Estado. La ley establece, también, la creación de un Fondo Especial de Recuperación de Fábricas de la Provincia de Buenos Aires, que se conformaría por una partida anual de presupuesto y por el aporte de las cooperativas, creando una caja para sustentar futuras expropiaciones. Este fondo, al día de hoy, no tiene un sólo centavo.

Macri redobla la apuesta

Quienes sostienen que las políticas del gobierno anterior respecto de las fábricas recuperadas son “amables”, evidentemente ignoran que el solo hecho de imponer a los trabajadores la conformación de cooperativas es profundamente gravoso. Pero esto empeora con las leyes analizadas. Por un lado, cada expropiación depende de una ley particular, lo cual obliga  a cada fábrica a lanzarse a una lucha particular. Por el otro, se obliga a las cooperativas a pagar por las fábricas, endeudándose con el Estado a un valor establecido por tasaciones que los trabajadores no tienen ni siquiera la posibilidad de objetar. Con este arsenal legislativo, se impuso la salida cooperativista, defendida por el kirchnerismo.

Concluir que el macrismo es quien pretende arrojar a las recuperadas al campo de la precariedad es ignorar que de por sí las cooperativas son una forma de precarización laboral, que utilizó el gobierno anterior para intentar camuflar la inmensa desocupación y contener las luchas obreras. La forma endeble en que se dieron las expropiaciones y la precaria situación  en que quedaban las fábricas allanaron el camino para los actuales embates de Macri y Vidal, que merced a lo hecho por sus antecesores resuelven el problema a su favor con el simple trámite de vetar una ley. Hoy, que las limitaciones del cooperativismo comienzan a ser cada vez más evidentes, es necesario que los trabajadores retomemos la consigna: fábrica que cierra, fábrica que se ocupa, pero exigiendo, esta vez, estatización bajo control obrero, sin ninguna indemnización al patrón.

Notas

¹https://goo.gl/AA0x2b

²https://goo.gl/Y06MPJ