Vienen por nosotros. Mauricio frente a la clase obrera ocupada
La táctica de Macri para disminuir los costos laborales se basa en tres elementos: una mayor caída del salario real, con la firma de paritarias por debajo de la inflación, la renegociación de los convenios colectivos de trabajo y una disminución de los costos por accidentes de trabajo y por tanto en inversión en seguridad e higiene.
Ianina Harari
TES-CEICS
El gobierno de Macri asumió en medio de una nueva crisis económica, con la promesa de llevar adelante las medidas que la burguesía reclamaba para superarla. No pudo efectuar el shock en los primeros 100 días, como esperaba, y debió optar más bien por el gradualismo. El Gobierno esperaba que ordenando algunas variables y arreglando con los fondos buitres, la Argentina se volvería atractiva para el capital extranjero. No obstante, la tan anunciada “lluvia de inversiones” que generaría nuevos puestos de trabajo nunca llegó y la desocupación siguió creciendo.
En ese contexto, la principal meta que se propuso el Gobierno para este año es ofrecer a la burguesía una disminución en los costos laborales. Se trata de una nueva espiral de degradación de la condición obrera, con la esperanza de conseguir una fuerza de trabajo más cercana a la que impera en China, de forma tal de ganar competitividad en el mercado mundial, en un contexto de flexibilización generalizada. Se trata de una disputa inter-burguesa a nivel mundial, exacerbada por el curso de la crisis. La táctica para conseguirlo se basa, en principio en tres elementos: una mayor caída del salario real, con la firma de paritarias por debajo de la inflación, la renegociación de los convenios colectivos de trabajo y una disminución de los costos por accidentes de trabajo y por tanto en inversión en seguridad e higiene.1 Con todo ello, la burguesía se aseguraría una mayor tasa de explotación.
El salario real baja otro escalón
El salario real de los trabajadores argentinos viene bajando desde mediados de la década del ‘70. Si comparamos el salario real promedio de 1974 con el actual, la caída es de un 40%. Incluso en la última década, a pesar del discurso kirchnerista, el salario real siguió descendiendo y se ubicó por debajo del promedio de los ‘90. Entre 2003 y 2014, el promedio salarial fue un 12% menor al que rigió entre 1991 y 1999. En realidad, el problema es que el kirchnerismo mantuvo vigente la prohibición de indexar salarios automáticamente (la llamada “cláusula gatillo”) que Menem y Cavallo incluyeron en la Ley de Convertibilidad. Por esta razón, si la inflación superaba el porcentaje de aumento pactado, los salarios no se actualizaban. Claro que, en caso de que se pretendiera actualizar los salarios, tendría que haber existido una medición oficial de la inflación, lo que la intervención del Indec se encargó de evitar.
En la última década, además, el crecimiento del empleo estuvo motorizado por las ramas con peores salarios: comercio, construcción, hoteles y restaurantes. A esto se debe sumar el empleo estatal, que absorbe al 20% de la fuerza de trabajo ocupada y cuyos salarios también se encuentran entre los más bajos de la economía. Si bien Macri intentó disminuir el empleo estatal con la ola de despidos, durante 2016 el nivel de empleo en ese sector se reconstituyó mediante nuevas contrataciones. Otra vía de degradación salarial es el trabajo en negro. El porcentaje de trabajo en negro durante la década kirchnerista fue de un 39%, mientras el de la década menemista fue de un 33%. A su vez, creció la brecha entre los salarios en blanco y en negro. En el menemismo, un trabajador en negro cobraba un 40% menos que uno en blanco, mientras en el kirchnerismo esa diferencia pasó a ser de un 56%.
El macrismo no tiene intención de revertir estas tendencias, sino más bien de profundizarlas. Ya el año pasado, las paritarias se ubicaron por debajo de la inflación y este año el gobierno espera lo mismo. El Gobierno anunció que su intención es que los aumentos salariales no superen el 18%, cuando todos los economistas coinciden que la inflación para 2017 rondará el 20%. A esto se suma que lejos de su promesa de campaña sobre una suba significativa del mínimo no imponible, la modificación de Macri no disminuyó la cantidad de los trabajadores gravados.
En cuanto al trabajo en negro, las iniciativas del Gobierno fueron en el mismo sentido que aquellas que ya fracasaron con Menem y con los Kirchner. La reducción de aportes patronales para quienes blanqueen trabajadores no ha modificado las cifras evasión laboral. De la misma forma, las iniciativas para crear empleo entre los jóvenes repiten las fórmulas de su predecesora, que tampoco han mejorado los índices de desempleo para ese sector.
Otra vuelta de tuerca a la flexibilidad
El Gobierno viene insistiendo sobre la necesidad de rediscutir los Convenios Colectivos, con el objetivo de avanzar con lo que se conoce como “flexibilidad laboral”, que no es otra cosa que el ataque a las condiciones de trabajo conquistadas por la clase obrera argentina con el fin de aumentar la explotación. En ese sentido, la flexibilización es una estrategia de largo plazo de la burguesía que avanza de forma continua con mayor o menor intensidad según las relaciones de fuerzas entre las clases. La década del ‘90 es uno de los momentos de mayores pérdidas para los trabajadores que se plasmaron en las reformas a la legislación laboral, en especial la Ley de Contrato de Trabajo. Por fuera de los cambios en la legislación laboral, hay otra vía por la cual avanza la flexibilización: los Convenios Colectivos de Trabajo. Se trata de una vía más molecular que permite introducir cambios, evitando el trámite de pasar por un debate en el Congreso y el peligro de que el proyecto no sea aprobado (por esta misma razón la modificación de la ley de ART salió por decreto).
A mediados de los ’90, la flexibilidad comenzó a pisar fuerte en los convenios a partir del que firmó SMATA con Fiat. Los nuevos convenios fueron la prenda de cambio que los sindicatos entregaron para mantener algunos puestos de trabajo. Al igual que ahora, las opciones que presentaba la burguesía eran trabajo flexible o desocupación. Por supuesto que la avanzada sobre los derechos laborales no evitó que la tendencia al aumento de la desocupación siguiera su curso, ni lo va a hacer ahora. Tan solo le permite al Gobierno ofrecer costos laborales “competitivos” para atraer capitales y aparentar que el empleo se recupera.
La tendencia a la flexibilidad trascendió al gobierno de Menem y al de De la Rúa y se consolidó durante el kirchnerismo. También en la última década, la burguesía avanzó por la vía de la atomización de la negociación colectiva. Es decir, se mantuvo la tendencia que se inauguró a mediados de los noventa de que los convenios firmados por empresa sean bastante más que los firmados a por rama de actividad (en una proporción de 70/30 aproximadamente). Durante la era K se mantuvo elevado el porcentaje de convenios que incluían cláusulas de flexibilización horaria (47%), así como las de flexibilización de la organización del trabajo (51%). Otro elemento que pisó fuerte en los convenios de los ‘90 y se mantuvo en el mismo porcentaje durante el kirchnerismo son las cláusulas de productividad, aquellas que atan una parte del salario a metas productivas.
Por todo esto, Macri no está inventando nada nuevo, sino que busca profundizar una estrategia que hace rato viene desarrollando la burguesía. En esta nueva vuelta de tuerca, Mauricio quiere que los convenios se rediscutan por completo. Pero para no levantar polvareda, lo está haciendo de forma fragmentaria: por empresa. Los principales objetivos son la inclusión de pautas de productividad y la extensión de la jornada laboral (reduciendo descansos y no contando como horas extras el tiempo de tareas que se realizan por fuera de la jornada de trabajo).2 El convenio que firmaron los petroleros para Vaca Muerta y el que se anunció para Renault Córdoba, donde irán a producir Nissan y Mercedes Benz, son una muestra de ello. También se iniciaron conversaciones en el gremio de la carne, automotriz y el textil. Se trata de las industrias que más despidos están llevando adelante y cuyos sindicatos, lejos de salir a luchar, están dispuestos a hacer una nueva entrega de derechos a cambio de mantener unos pocos puestos de trabajo. Otra vía para la mayor precarización es el traslado de la producción a otras empresas con menores costos laborales. Es lo que Clarín quiere hacer con AGR y lo que planea hacer Mercedes Benz, que está echando obreros de su planta en La Matanza mientras anuncia nuevos modelos a producirse en la planta de Renault.
¿Nos quedamos resistiendo?
A diferencia del gobierno kirchnerista, el ataque del macrismo es más frontal y profundo. Es cierto que su discurso y su trayectoria están despojados de todo progresismo. Pero el hecho determinante no es ese no es ese, sino que la crisis económica es más apremiante y la burguesía necesita soluciones más urgentes. Scioli hubiera hecho lo mismo.
La clase obrera argentina viene en un espiral descendente desde hace décadas. Macri está buscando dar otro giro. Y pretende que nos resignemos a ello. Por eso, está atacando a las fábricas recuperadas, con los vetos a las expropiaciones y el desalojo. Es parte del disciplinamiento que quiere imponer frente a la ola de despidos. A los trabajadores que se quedan en la calle les advierte que no va a tolerar las ocupaciones.
Mientras tanto, las centrales sindicales siguen amenazando con tomar alguna medida que nunca llega o lo hace de forma insuficiente. La ola de despidos y la depreciación salarial del 2016 pasó con más pena que gloria para los trabajadores. La lucha de los trabajadores de Conicet para frenar parcial y momentáneamente los despidos, de los de AGR contra el cierre, los del SITRAIC por la reactivación de la obra pública, los de Canale por el atraso en los salarios, o los de Banghó contra el cierre son los primeros mojones de un camino que se empieza a recorrer para ponerle un freno al ajuste. Muestra además, una diferencia abismal entre esas conducciones y la pasividad de la CGT.
Pero se trata de luchas defensivas y necesitamos avanzar. No podemos quedarnos esperando que la burocracia decida convocar algún día a un paro general. Esta es una consigna inútil y desmovilizadora. Tenemos que poner en pie una organización independiente y reagrupar fuerzas. Para eso, hay que organizar un congreso de militantes y activistas gremiales clasistas que resuelva un plan de lucha nacional y ponga un freno al ataque estamos sufriendo. Solo así evitaremos la debacle y conquistaremos lo que nos merecemos.
Notas
1Hemos explicado la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo en número anteriores: Gutiérrez Vargas, María Alejandra: (In)Seguros. La legislación sobre Riesgos del Trabajo (1995-2016), en El Aromo, nº 93, noviembre-diciembre de 2016. https://goo.gl/7OsWlI
2Hemos analizado con más detalle el convenio firmado en Vaca Muerta en: Egan, Julia: La flexibilización sin fin. Sobre el nuevo acuerdo petrolero y la intención de reformar los convenios laborales, en El Aromo, nº 94, enero-febrero de 2017. https://goo.gl/QCCEMg
