Tragedia y farsa. Sobre la discusión paritaria versión 2018

María Cecilia Luiso y Romina De Luca

GES – CEICS

El inicio de la discusión paritaria 2018 presenta un escenario similar al de 2017: sin paritaria nacional y a la baja. Aunque parecido, hay un dato no menor: la ausencia de un escenario de huelgas. Resta por ver cuánto aprendió la izquierda de la batalla pasada. Si lo hizo deberá proponerle un horizonte distinto a los compañeros del de la burocracia.


La historia, a veces, parece repetirse. El gobierno propone este 2018 un escenario similar al de 2017. Oficializó, decreto mediante, el cierre definitivo de la paritaria nacional. En las provincias, la discusión salarial arrancó bien entrado febrero. Atrás quedaron las promesas de discutir en noviembre para evitar, en palabras del gobierno, que los chicos fueran rehenes. Los términos de la discusión, parecen también muy similares: todas las provincias ofrecen porcentajes de aumento debajo de la inflación real proyectada. Una vez más, el gobierno sostiene que no hay plata. Las ofertas iniciales fueron del 6% (Chaco) al 15,7% que aglutina a la mayoría. Es hora de que los docentes hagan su esfuerzo, señalan los funcionarios. Sin clausula gatillo, en el mejor de los casos “revisión” en algún momento del año, y con la enorme batalla por imponer el presentismo u otros extras por el estilo, el gobierno avanza. María Eugenia Vidal, en la legislatura, dedicó a los docentes palabras muy similares a las de Cristina: privilegiados, corporativos y extorsionadores. Lo que era un secreto a voces se cumplió: CTERA y todas sus entidades de base convocaron al paro por 48hs y a una marcha federal que fue bastante más modesta que la del año pasado. Lo mismo sucedió con el paro, que fue importante, aunque mucho más chico que el anterior. El gobierno salió a festejarlo. El discurso de Alesso en el palco no dejó dudas: vamos hacia un escenario sin huelga. La burocracia abrió el proceso y lo desinfló. Resta por ver cuánto aprendió la izquierda de la batalla pasada porque la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia original. Veamos.

 

Sin paritaria nacional y sin CTERA

 

El 17 de enero pasado se conoció el Decreto 52/18, firmado por Mauricio Macri junto al Jefe de Gabinete Marcos Peña y los Ministros de Educación y Trabajo, Finocchiaro y Triaca. El macrismo ratificó la decisión que había tomado ya en 2016: atar el salario testigo docente al Salario Mínimo Vital y Móvil (un 20% por encima de ese piso). Nada nuevo: el escenario del 2017 amparado en lo que se acordó al firmar la paritaria de 2016. No obstante, el decreto trajo dos elementos nuevos. Por un lado, la voluntad nacional de salir por completo de la escena y que las cifras hoy financiadas por Nación (artículo 9º, FONID) sean asumidas por las provincias. El gobernador de Chaco, Domingo Peppo formalizó ese anuncio. En realidad, el gobierno nacional dejará de ser un ítem en el detalle del recibo de sueldo, pero no desaparecerá porque es el dueño de la caja. En efecto, la vida de las provincias depende de la coparticipación federal y de allí proviene el grueso de los fondos que luego se destinan a salarios docentes. Se trata de una movida claramente política: salir de la trinchera de fuego y derivar el costo político del ajuste en las provincias. Ahora que el timbreo mide a Mauricio para la reelección, es una movida inteligente.

Pero hay un segundo elemento nuevo que muestra cómo el gobierno bien sabe jugar el juego: se modificó la representación de los sindicatos en la mesa paritaria. El kirchnerismo, a través del Decreto 457/07, reguló la representación de los trabajadores de modo proporcional a la cantidad de afiliados. Esto hacía que CTERA tuviera mayor cantidad de delegados que el resto de los sindicatos de la mesa (UDA, AMET, SADOP y CEA). El nuevo Decreto fija un representante por cada uno de los sindicatos sean estos de primer, segundo o tercer grado (artículo 2º). La intención del gobierno es clara: limitar el poder de CTERA confiando en que los otros gremios serán más adictos que la central kirchnerista. Sin dudas, una jugada política que atenta contra la democracia sindical: sindicatos con menos afiliados tendrán mayor peso en la toma de decisiones vinculadas a condiciones de ingreso a la docencia, vacantes, reincorporaciones, jornada de trabajo, derechos previsionales, formación docente y capacitación y títulos, entre otros. La Confederación no parece por el momento muy preocupada: apenas una presentación ante la OIT por prácticas antisindicales.

Obviamente, la CTERA, SUTEBA y todo el arco de sindicatos “celestes” (alineados con el PJ o con el kirchnerismo) defienden la paritaria nacional como forma de quitar responsabilidad a sus gobernadores. No obstante esta intención mezquina, la idea de reivindicar la paritaria nacional es central a la lucha docente. La descentralización educativa sirvió para fragmentar la lucha, para dividir y para asegurarse que cada provincia pague el menor salario posible. La connivencia de CTERA con las políticas de descentralización hizo que la paritaria fuera un circo, pero eso no implica que no sea un camino para pelear por la renacionalización del sistema educativo. Debemos entonces darle sentido propio a esa defensa.

 

Divide y reinarás

 

La estrategia de Macri funcionó. Logró dividir a las centrales sindicales nacionales en torno a qué hacer. CTERA anunció el 2 de marzo lo que era un grito a voces: paro por 48hs para el 5 y 6 de marzo y adhesión al de mujeres (8M). UDA, AMET y CEA cuestionaron la propuesta y avisaron que garantizarían el inicio. Así lo hicieron. SADOP, por su parte, llamó a 24hs de paro solo el 5. Obviamente, todos cuestionan lo limitado de la oferta. La división expresa los distintos grados de acuerdo con el macrismo por parte de los gremios o bien las perspectivas de prebendas futuras. A nivel local, la mayoría de las provincias se plegaron a las medidas de CTERA. Pero la división afectó también a la Confederación: Alesso llamó a la creatividad y anunció en el mejor de los casos una nueva marcha para abril.

Desde el inicio, se supo cuál es el techo de las paritarias: 15% en tres o cuatro cuotas. En diciembre se había hablado de 17%, pero el gobierno intenta cerrar acuerdos con estatales por el 12%, tal como ocurrió con los municipales de CABA. De ahí, para abajo. La provincia de Buenos Aires, en su última oferta (al cierre de esta edición) ofreció 15% en tres cuotas con la inclusión del presentismo (escalonado de entre 3.000 y hasta 6.000 pesos por año y en cómodas cuotas) y el compromiso de revisión del aumento si la inflación crece por encima de ese 15%. Por debajo, pero similar, la oferta de CABA: 12% en dos cuotas, con un plus por capacitación fuera de servicio. Ante el lanzamiento inminente de las medidas de fuerza, la provincia desestabilizó el tablero. Anunció el viernes 2 que, como muestra de su buena voluntad, liquidaría el 5% de aumento retroactivo a enero como adelanto del acuerdo paritario al que se arribe. Sabe de la desesperación de los compañeros, frente al aumento del transporte y de los servicios. Muestra que aprendió y perfeccionó su movida del año anterior cuando avanzada la huelga, recurrió a esa estrategia. Resultado: la huelga fue menor y la marcha también.

Hasta ahora, las peores ofertas llegan de las provincias K: Chaco, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Mientras en las tierras de Peppo la oferta arrancó en 6% y la acaban de mejorar al 10%; en las tierras de Alicia el panorama es sombrío: no hay oferta y se avisó que no hay plata, producto de la “pesada herencia”. Otra dama de hierro a la que no le tiembla el pulso frente a los 115 días de paro protagonizados por los docentes en 2017. En Tierra del Fuego el panorama es similar: la gobernadora Bertone avisó que no habrá aumentos para el sector público. Hasta el momento, se alcanzaron acuerdos en algunas provincias. Misiones picó en punta y la celeste firmó uno de los acuerdos más vergonzosos. En teoría, un 15% a ser cobrado entre febrero y abril, pero una parte del aumento es simplemente la adecuación del valor testigo al SMVyM y la otra de la reducción de los aportes previsionales del 19% al 14%: el mismo trabajador financia su aumento. Con mucha suerte, el aumento del cargo testigo es de la mitad en un salario con 4.500$ de básico. A Misiones se agregó Salta con un 15,7% y recientemente Tucumán (17% en dos tramos a pagar en marzo y septiembre). La novedad que introdujo Tucumán es la inclusión de cláusula gatillo de ajuste automático a la inflación. Al día siguiente de la huelga, Córdoba cerró también sus paritarias: 15% en tres tramos, con gatillo.  En Mendoza, se cerraron por decreto: 15,7%. Como sabe que tiene poco margen, Baradel ya avisó que se baja de la huelga y pasa a acciones “de protesta” con los alumnos en las aulas. El gobierno parece decidido a no aflojar y su contrincante no está dispuesto a dar batalla.

 

Alcanzar la pobreza

 

Los acuerdos paritarios alcanzados fueron aislando a la provincia de Buenos Aires. Mucho más si desde el inicio la cifra de Roby no se ubica tan lejos a la del gobierno. ¿Qué pide Baradel? Poco: ‘no menos’ del 20%, cláusula gatillo y, por ahora, rechazo al plus por presentismo. Objetivamente, el acuerdo está cerca. Baradel parece haberse jugado todos los cartuchos el 5 y el 6 y el nivel de la huelga lo convenció de la retirada. Luego de la experiencia de 2017, muchos compañeros no están dispuestos a ponerle el cuerpo a la huelga y a los descuentos para ser entregados por chauchas y palitos semanas después. Este intríngulis también atraviesa a la izquierda que aún mide cuántas de las “sobradas reservas” para luchar tienen los compañeros. Eso y la estrategia seguidista puesta en marcha atravesó el debate interno de la Multicolor en las acciones propuestas en las Asambleas del 1º de marzo. El 26 en plenario de delegados se acordó, por mayoría, 72hs de paro para empalmar con la Huelga de Mujeres del 8 de marzo. En esa discusión, el PTS propuso no delimitarse de la CTERA para no aislarse. Luego en cada distrito rediscutieron la moción según la correlación interna y no en todas las seccionales multicolores se avaló el paro por 72hs (valga de ejemplo Tigre). Es claro que el plan de lucha debe construirse en forma progresiva con los compañeros y en ese camino hay que marcar un horizonte distinto al de la burocracia. Solo un plan de lucha independiente y sostenido en el tiempo puede ganar la pulseada. Por ahora, la izquierda no parece convencida a ocupar ese rol y se limita a denunciar la entrega sin proponer nada a cambio. Pero, más importante aún, hay que preguntarse por qué vamos a ir a la contienda.

El principal problema para interpelar a los compañeros reside en la ausencia de una consigna que delimite a la izquierda de la burocracia en el plano salarial. Unos y otros argumentan que el salario debe cubrir la canasta familiar. No solo no se cuestionan que ese es un indicador de pobreza medido a partir del consumo de los pobres, sino que tampoco se cuestionan las mismas cifras. Sonia Alesso usa la misma referencia que el FIT: la canasta del INDEC de 17.000$. Todo un síntoma. De ser consecuentes, llegaríamos al mismo escenario final. Y es un problema por varios motivos. Solo la Canasta oficial de la Ciudad de Buenos Aires, que bien podría ser tomada como referencia para provincia, asciende a la friolera de 27.262$. Aún blanqueando todo el básico en 17.000$ estaríamos muy por debajo de esa referencia. Para el caso, una medición propia, proyecta la canasta entrerriana hoy en 24.000$. Estamos lejos.

Los compañeros merecen que les mostremos un horizonte de lucha distinto. Eso nos obliga, por un lado, a pensar nuestro problema. El docente consume una “canasta especial”, esa que implica el gasto de sumas en materiales para trabajar en clase (que debería poner el gobierno), capacitaciones, cursos, actualizaciones, revistas, apuntes y una larga lista. Es una suma negra que el docente pone de su bolsillo. Deberíamos conocerla. Pero más aún. El deterioro de nuestro salario es tan grande que hoy nos parece utópico un dato de la historia: en la década del ’30 un docente que recién se iniciaba en la docencia cobraba, por un solo cargo, el equivalente a dos canastas familiares completas de la época. En pesos de hoy, ese salario equivaldría a 38.100$, no muy lejos de lo que la propia gobernadora confesó, en su momento, que debiera ser el sueldo de un docente. A confesión de parte…

El tobogán descendente que siguió nuestro salario hace que hoy ese horizonte nos parezca impensado. Seguramente, no lo vamos a recuperar en esta paritaria. Tal vez, ni en la próxima, ni en la siguiente. Pero que fue posible hace 90 años, nos tendría que llevar a sacar una única conclusión: ese debe ser nuestro objetivo. Debemos caminar hacia esa recomposición histórica de nuestros ingresos. Ni Baradel ni Alesso están dispuestos a hacerlo. Pero nosotros sí porque implica hablarles a los compañeros del mundo que tienen por ganar, en lugar de acostumbrarnos a la miseria.

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