TIERRA DEL FUEGO: Desarmar a los docentes. Sobre el proceso de exoneraciones en la provincia y la situación actual – Jorge Bernardi (corresponsal)

En Tierra del Fuego, ya hace varios años, el gobierno del FPV avanza contra las organizaciones sindicales. Lo hace atacando en forma directa a sus representantes. A la represión estatal y paraestatal se sumó el pedido de desafuero sindical y la exoneración de 17 docentes quienes cuentan con una primera condena labrada a fines del 2015. La situación de los docentes exonerados por parte del gobierno de Bertone hoy continúa a la espera de la resolución del Superior Tribunal de Justicia. El órgano máximo de la provincia debe resolver si habilita la quita de tutela sindical para que proceda a la sanción y se efectivicen los despidos. Según la norma, los jueces deben determinar si los hechos producidos en 2011 cuando los docentes entraron a casa de gobierno se debieron a una actividad enmarcada en medidas sindicales de reclamo por paritarias o como afirma el gobierno y el juez de primera instancia, los delitos de atentado y resistencia a la autoridad constituyen excesos. La Cámara de apelaciones falló dividida respecto al dictamen apelado por los docentes. De este modo, el Superior Tribunal tiene en sus manos una causa caliente por tratarse de un juicio oral con irregularidades probadas que incluyen desde testigos pagos, pericias policiales inconsistentes hasta un tribunal oral mal conformado.

Pero el problema que más preocupa a los jueces son las repercusiones políticas de su decisión ya que Tierra de Fuego está fuertemente cuestionada por albergar entre otros al Dr. De Gama Soler, procesado en la causa AMIA, en su carácter de Secretario del Juzgado a cargo de Galeano, por el pago de 400 mil dólares a Telleldín. Se trata de un juicio colectivo escandaloso sin precedentes y con un claro contenido político que ha sido denunciado ante la O.I.T.

Obviamente, las medidas de ajuste no se limitan a las exoneraciones. El paquete de leyes anti-obreras votado apenas asumió el gobierno Bertone (como el aumento de la edad jubilatoria), la militarización de las escuelas, las restricciones al accionar de los delegados sindicales en las escuelas que van desde la prohibición de asambleas al estado de persecución permanente. Edificios públicos con presencia permanente de grupos especiales, espacios y tránsito restringidos o vedados a organizaciones políticas y referentes sindicales, allanamientos y vehículos civiles haciendo trabajo de inteligencia, conforman el paisaje represivo del destacamento provincial. El cuadro se completa con una política económica que promueve la reconversión industrial (vía eliminación de subsidios) que bate récord de despidos y la toma millonaria de deuda.

Qué hacer

En el plano sindical, como un reflejo de las relaciones carnales que el gobierno nacional le practica a la CGT, existen gremios que garantizan el ajuste con relajada dilatación a cambio de favores corporativos. ATSA, ATE y UPCN aceptaron la “mesa” de discusión salarial por fuera de la paritaria estatal que acabó con un decreto absolutamente distorsivo sobre la pirámide salarial además de insuficiente. UTHGRA, Comercio, Judiciales, son otros aparatos sindicales que forman parte del grupo de burócratas colaboracionistas.

Frente a ese cuadro, los sectores combativos agrupados en la Unión de Gremios definieron la profundización del plan de lucha para esta segunda parte del año, con el objetivo de romper el techo de recomposición impuesto por decreto, exigiendo paritarias y adelantando el debate por la reforma educativa. En el balance general del sector docente, si bien se mantiene la confianza en las conducciones que han puesto todos los recursos a disposición de la lucha, y se dispone a cerrar el año con huelgas y movilizaciones, los golpes al bolsillo vía descuento, la persecución al cuerpo de delegados, los sumarios administrativos a directivos y supervisores generaron un cuadro de escepticismo respecto de las posibilidades de revertir en el corto plazo la ofensiva del gobierno.

En este contexto, un tema que resulta peligroso para lxs trabajadorxs de la educación, es la modificación progresiva de las condiciones pedagógicas que la reforma educativa comenzó a plasmar. Degradación que promete agudizarse por el preacuerdo de responsabilidad fiscal, la baja de cargos auxiliares en primaria, la eliminación de proyectos y recursos para proyectos especiales aparecen como los primeros esbozos de una nueva ley de educación. La reforma educativa promete avanzar degradando las condiciones de trabajo y el currículum. Tenemos que redoblar la organización y movilización. No podemos dejar que pase una nueva reforma educativa que, al igual que las anteriores, profundizará la degradación educativa. El gobierno pretende desarmarnos y las exoneraciones son un capítulo en ese proceso. Por eso cada escuela debe hacer su pronunciamiento rechazando la reforma y las exoneraciones.

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