Separados al nacer – Germán Suárez

Separados al nacer. La flexibilidad laboral en boca de Funes De Rioja, Caro Figueroa, Adrián Goldín, Héctor Recalde y Horacio Meguira.

 

Por Germán Suárez

Grupo de Investigación de la Clase Obrera Argentina – CEICS

El derecho laboral, en su versión clásica, es presentado como una regulación heterónoma (en el sentido de intervención estatal vía política legislativa), cuyo objeto es equilibrar la negociación entre el obrero y el empresario respecto del contrato del trabajo. Basado en el principio protectorio del trabajador, prevé un conjunto de normas mínimas que garantizan a éste un piso para sentarse a acordar con el empleador (salario mínimo, jornada máxima, prohibición de la modificación unilateral de la categoría, descanso diario, semanal y anual, indemnización del despido sin “justa causa”, etc.). La negociación colectiva y el derecho de huelga, conforman el complemento que permite al obrero superar la disparidad negocial con el empresario, obteniendo condiciones (incluso) más favorables a las previstas en la ley. Las normas legales más las convencionales conforman un núcleo que, en principio, no puede ser alterado por el empleador.

El debate en el ámbito académico jurídico respecto a la necesidad de flexibilizar o modernizar esta versión del derecho del trabajo, caracterizado como rígido (por su desajuste con ciertos cambios que se habrían producido a nivel estructural) es protagonizado por un conjunto de abogados que desde el discurso se nos presentan diferentes e incluso opuestos. Me refiero a Daniel Funes de Rioja (representante de la derecha más recalcitrante, asesor de la UIA), Armando Caro Figueroa (aquel Ministro de Menem que nos presentara la flexibilidad como el remedio para el desempleo), Adrián Goldín (ex funcionario público durante el gobierno de Alfonsín y asesor de la OIT), Héctor Recalde (abogado del moyanismo) y Héctor Meguira (letrado de la CTA).

A priori, a nadie se le ocurriría que hubiera mucho en común entre Funes de Rioja y Recalde. Desde hace muchos años han discutido duramente en artículos periodísticos y medios de comunicación, el primero como vocero de los empresarios y el segundo como portavoz de los intereses de los obreros.

Tampoco se podría relacionar a Caro Figueroa con Horacio Meguira. El primero, si bien con un lenguaje moderado, promovió la rebaja de costos laborales a través de la regulación de modalidades contractuales inestables, reducción e incluso supresión de indemnizaciones por despido, movilidad funcional y disponibilidad colectiva (posibilidad de negociación colectiva “a la baja”). Meguira, en cambio, nos habla (ahora) de estabilidad absoluta (ilicitud del despido sin causa) y libertad sindical. Goldín, desde una posición más bien de “centro”, busca encontrar un supuesto punto intermedio entre el derecho laboral histórico y las “novedades” del mercado, con el objeto de conciliar las necesidades de ambos. Sin embargo, conciente o inconscientemente, todas estas opiniones terminan favoreciendo los intereses de la burguesía. Se trata de un debate falso.

 

El diálogo social

 

El diálogo o concertación social se encuentra presente en todas las posturas analizadas, si bien con diferentes intenciones y presupuestos. Daniel Funes de Rioja llama a los obreros a apoyar la salida de la UIA: sancionar con fuerza legal el aumento brutal de la tasa de explotación. El argumento es que la globalización impide a los empresarios subsistir con los costos laborales del derecho laboral clásico. Si los reducimos, el empleador encontrará más facilidad para emplear más obreros y crecer.1 Armando Caro Figueroa suscribe una propuesta similar: si cada “actor social” piensa sólo en sí mismo, la globalización nos absorberá. Los requerimientos del mercado mundial provocan la necesidad de una concertación social. Hay que renunciar a ciertos niveles de protección laboral que impiden competir a nuestros empresarios y asustan a los inversores. A cambio, los empleadores deben respetar los derechos laborales, recortados a niveles “razonables”.2

Igual camino nos ofrece Adrián Goldín, quien critica a los sindicatos por su negativa a negociar: la protección laboral debe ser suficiente- mente alta como para reducir la resistencia al cambio y el incremento de la productividad, pero no tan alta como para que haga infructuoso o imposible ese cambio. Rechaza el “reduccionismo maniqueo” tanto de los que no admiten otro proyecto que el de la desregulación indiscriminada, como el de los que no expresan más que un culto fetichista hacia las normas vigentes. La solución intermedia nacerá de la concertación social.3

Más a la izquierda, Héctor Recalde añora la supuesta paz social de tiempos de Perón, cuando los derechos laborales, en su entender, se respetaban. En su creencia, la evasión de las normas laborales surge de la falta de ética de algunos capitalistas. La solución está en reacti-var la industria nacional, limitar las importaciones para proteger a los empresarios locales y la paz social, traducida en el respeto recíproco de derechos.4 La posición de la CTA, en boca de Meguira, no desentona con esta necesidad de “pacto social”, incluso a costa de graves concesiones. Aunque ahora parecen haber girado su programa unos centímetros a la izquierda, hasta hace poco defendían regulaciones como la siguiente:

 

“establecer un plazo razonable para el período de prueba que entendemos debe ser de treinta días susceptible de ser extendido a tres meses para los puestos de mayor calificación y en base a los criterios que en esta materia establezcan las partes en el marco de los convenios colectivos. Asimismo, proponemos derogar el artículo 7 de la ley 25.013, restableciendo la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

 

La CTA cree que el capitalismo es indestructible y que la única posibilidad real es negociar en mejores o peores condiciones con la clase dominante. Esta creencia la coloca en el mismo campo que el resto de los examinados aquí: dentro de los límites de la política burguesa. Que ocupe allí el margen izquierdo, no le quita un ápice de importancia a esta conclusión. Las diferencias, a partir de allí, se dirimen entre posiciones más o menos a la derecha, es decir, en torno al nivel de la tasa de explotación y a la libertad que se otorga a los empresarios para modificarla a su antojo: Funes de Rioja y Figueroa, buscan el máximo grado de libertad posible; Recalde y Meguira interponen algunas vallas.

 

La apología del pequeño capital

 

Otro punto en común en las posturas, siempre con matices, es la consideración de una especial protección para las pymes. Funes de Rioja y Figueroa, digan lo que digan, aspiran a hacer pasar como tales a muchas grandes empresas y, por esa vía, extender el campo de acción de la flexibilidad laboral. Meguira y Recalde tienen ilusiones en las pymes, confían en ellas como capital no especulativo y empleador. Legislan así, a favor de las tendencias capitalistas más reaccionarias. La realidad de las leyes de la acumulación y la competencia llevan a las pymes a recurrir a diferentes caminos para sobrevivir. El endeudamiento y evasión impositiva son algunos, pero el principal es la explotación intensiva de los obreros y la evasión de las normas laborales. O acuden a ello o quiebran. Identificar a las pequeñas empresas con un supuesto capital benigno que crea empleo en condiciones más favorables sólo puede explicarse, o bien por una solapada estrategia a favor de las grandes empresas (Funes de Rioja, Caro Figueroa), o como un desconocimiento alarmante de las reglas del capitalismo. Así, la CTA propone:

 

“eliminar la reducción generalizada de aportes y sólo considerar su reducción, en caso de ser necesario, vinculada con una clara estrategia de preservación del empleo existente o de generación expresa de nuevos empleos. En este sentido, proponemos evaluar en relación a la instrumentación de un tratamiento diferencial para las pymes, a consideración de situaciones críticas de firmas ligadas a la producción de bienes transables o bien la creación de nuevas unidades económicas”5

 

En la entrevista a Horacio Meguira que acompaña a este artículo, se reafirman estas ideas, aún reconociendo las condiciones en que opera el “pequeño capital”.

 

La “empleabilidad” y la flexibilidad de hecho

 

También hay una coincidencia entre los autores en la capacitación del obrero como factor que aumentará la empleabilidad, porque el patrón no va a despedir tan fácilmente a personal calificado. De ésta manera, cesaría la rotación de personal. No resulta curioso que la CTA, otra vez por boca de Meguira, justifique sus propuestas no como una necesidad de los obreros sino de los patrones:

 

“Por otra parte, está comprobado que la difusión del período de prueba, al igual que todas las modalidades de contratación precaria, conspira contra la productividad y contra las estrategias de desarrollo industrial de mediano y largo plazo, en tanto fomenta la rotación de personal y obstaculiza la inversión en formación profesional.”6

 

Más pragmáticos, Funes de Rioja, Figueroa y Goldín sostienen que buena parte de la flexibilidad necesaria ya se ha impuesto en la práctica y que, si no lo consagramos jurídicamente, promoveremos la evasión laboral. Crudo, pero al menos sincero. Así, en boca de estos autores, la empleabilidad real es la que dicta el mercado y, por lo tanto, no hay más que adecuarse a él. Al menos no creen, como Meguira, que el derecho pueda consagrar intereses opuestos a los de la clase que lo instrumenta, más allá de que en determinadas coyunturas se vea obligado a realizar ciertas concesiones. El debate debe darse no en un nivel jurídico (sin perjuicio de ciertos reclamos sindicales como estrategia integrante de un programa general) sino respecto de relaciones sociales. El capitalismo necesita flexibilizar precisamente porque quiere empeorar las condiciones de “empleabilidad”.

 

No tan distintos (pero peor la CTA)

 

En definitiva, tanto la connivencia con las consecuencias del desarrollo del capital como la creencia en la viabilidad de una salida diferente dentro del sistema social, terminarán perpetuando las miserias generadas por las relaciones sociales capitalistas. Engaña a la clase obrera el ensalzamiento del derecho laboral: basado en las relaciones sociales capitalistas, responderá a sus necesidades. La flexibilidad laboral no es una irrupción abrupta de desalmados empresarios que vienen a alterar los derechos laborales, como creen Recalde y la CTA. Es la (auto) respuesta de la burguesía a sus propias necesidades. El debate flexibilidad-derecho laboral protectorio es un falso debate.

La CTA cree en la posibilidad de un programa basado en la industrialización, la soberanía, la distribución del ingreso y la democratización de las relaciones sociales. Es más, parece que hoy tiene más ilusiones que nunca. El gremio que se ausentó del Argentinazo afirma ahora que a partir del 19/20 se inicia un “tiempo de derechos”. Dicen diferenciarse de la CGT en que no suscribirán acuerdos leoninos, pero no hay “contrato” más leonino que las propias relaciones capitalistas. Igual que los otros, la CTA confía ciegamente en la compatibilidad entre democracia real y capitalismo. Cómo es posible “democracia” sobre la base de la desigualdad de clases, es algo que Meguira prefiere no pensar. O mejor dicho, ha pensado alguna vez y ahora prefiere declarar imposible cualquier otra alternativa que no sea capitalista. El planteo de la CTA, que se refleja notablemente en los fragmentos de la entrevista a Meguira que acompaña a este artículo, reivindica la neutralidad del Estado y del Derecho. Todos los padecimientos de los obreros pueden solucionarse con un reciclado del personal político, sin necesidad de trastocar el sistema social. Su confianza en que la limitación del despido arbitrario facilitará la negociación a los sindicatos es ingenua, tanto como que el propio Congreso burgués sancione una legislación que obstaculizaría la realidad material sobre la que la clase dominante opera hoy, en condiciones de capitalismo en crisis. Si capitalismo y desempleo se requieren mutuamente, porque si no el capitalista carecería de la masa de superpoblación relativa que le permite maximizar sus beneficios, ello se vuelve imperioso en momentos como el actual. Por la misma razón, la crisis impulsa a la desvalorización de la fuerza de trabajo por la vía de descalificarla. La educación y la capacitación no pueden ser ningún paliativo a la desregulación y la flexibilidad, es decir, al incremento violento de la tasa de explotación. Si Funes de Rioja, Caro Figueroa o Goldín expresan, con mayor o menor cuidado, esta necesidad básica del capital, hasta Recalde parece más a la izquierda que Meguira, porque al menos se niega a ninguna forma de “modernización” del derecho laboral clásico. En nombre de adaptarse a los “cambios” del “posfordismo”, la CTA pretende un “ajuste con rostro humano”. La posición de la CTA es coherente con la función histórica de la socialdemocracia: ser la vía de entrada del liberalismo en el seno de la clase obrera. Sus posiciones no se diferencian demasiado de otras expresiones burguesas. Aunque desde cierta distancia parecieran muy distintos, un análisis más detallado revela su origen común de hermanos separados al nacer.

 

Notas

 

1Funes de Rioja, Daniel: “Hacia una nueva realidad normativa en materia laboral”, en AA. VV.: Ensayos sobre el futuro del derecho del trabajo, Editorial Zavalía, 1997.

2Caro Figueroa, Armando: Modernización Laboral. Cuadernos de un reformador empecinado, Fundación del Trabajo, 1997.

3Goldín, Adrián: El trabajo y los mercados, Eudeba, 1997.

4Recalde, Héctor: Política Laboral 1989-1995, Buenos Aires, 1995.

5Cremonte, Matías, Meguira Horacio y Lozano, Claudio: “Reforma Laboral: ¿Ajuste o democracia?”, en: http://www.abogarte.com.ar/cta.html.

6Meguira, Horacio y García, Héctor: “La ley de ordenamiento laboral o el discreto retorno del derecho del trabajo”, en DT 2005, p. 19.

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