Hechos semejantes en circunstancias diferentes El crimen de Once, las acciones de los familiares y la cobertura del Estado

a66variostesHechos como el crimen de Once ponen al descubierto las miserias a las que nos tiene acostumbrado el capitalismo y lo poco que vale la vida humana para el Estado burgués. Aquí mostramos cómo se viaja en transportes públicos y qué acciones desarrollaron los familiares de las víctimas luego del choque.
 
Cynthia Guzmán, Vanesa Claure y Nicolás Viñas
TES-CEICS
 El lector recordará las manifestaciones que se efectuaron luego del crimen de Cromañón. Miles de personas se movilizaron a aquellos ámbitos que simbolizan el poder político local y nacional: la jefatura de gobierno, la Plaza de Mayo. Tanto los familiares de las víctimas como los partidos de izquierda participaron en esos actos y lograron la renuncia de Ibarra y su “muerte” política. Hace tres meses ocurrió un nuevo crimen social en la estación de Once, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. Muy lejos de aquel “clima” de Cromañón, no se observa la misma dinámica1. Algo cambió. En este artículo analizaremos las manifestaciones de los familiares de las víctimas de Once y cuál fue la cobertura en cuanto a seguimiento psicológico de los heridos y sus familiares.
Las (pocas) manifestaciones y…
 
El choque ferroviario se produjo el día 22 de febrero. Casi inmediatamente después del hecho, los familiares de las personas damnificadas y desaparecidas se reunieron en el hall de la estación de Once en busca de respuestas. El primer reclamo de los familiares se produjo dos días después de la colisión, en el momento en que encontraron el cuerpo sin vida de Lucas Menghini Rey. Sus familiares y amigos decidieron separarse de la movilización general, optando por el silencio y el recogimiento. Los manifestantes (entre los que se encontraban militantes de izquierda) exigían la renuncia del secretario de transporte, Schiavi, y cantaban “que se vayan todos”. A medida que el enfrentamiento crecía, los allegados a Lucas, aislados en un cerco que trazaron, recibieron una advertencia de la policía y se retiraron. Enseguida, una feroz represión se desató contra quienes reclamaban. Al día siguiente, el 25 de febrero, cientos de personas, entre los que se encontraban vecinos y familiares de Lucas, fueron convocados a una marcha hacia la Iglesia de San Antonio de Padua para homenajear al joven fallecido. También se pidió “justicia para todas las víctimas”.
El día 27, un grupo de familiares y amigos de Menghini se reunió en el teatro Margarita Xirgu y encabezó una conferencia de prensa. Allí se leyó una carta dirigida a la sociedad en la que los familiares expresaron su descontento por el comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Nilda Garré había responsabilizado a la víctima número 51 por haber estado en un sitio del tren donde no debía, razón por la cual se habría retardado el hallazgo de su cuerpo. También se exigió “justicia”. El 28 de febrero cientos de familiares y amigos de las víctimas convocaron a una concentración en la Av. 9 de Julio. Allí reclamaron “justicia” y el esclarecimiento del caso.
El 22 de marzo, al cumplirse un mes del crimen, fue el día de mayor activación. Los familiares de Menghini convocaron a hacer sonar bocinas, cacerolas y llaves durante la mañana en reclamo de “justicia”. En varios puntos de la ciudad porteña (el más importante fue en Coronel Díaz y Santa Fe) y el conurbano bonaerense se manifestó. Por la tarde, la convocatoria reunió a los familiares y amigos de las víctimas en Plaza Miserere. Durante el acto, una persona se presentó como usuaria del servicio y responsabilizó al gobierno kirchnerista, pero los convocantes le exigieron no “politizar” el recuerdo. Finalmente, los familiares exigieron audiencias con la presidenta, quien los recibió los días 9, 10 y 12 de abril, en pequeños grupos, en la Casa Rosada.
Como vemos, pasaron dos meses y la cantidad de manifestaciones fue escasa. En términos generales, los actos se efectuaron en ámbitos que no representan símbolos del gobierno. Otro denominador común de todas estas acciones es la ausencia de los partidos de izquierda y cualquier tipo de bandera política. Efectivamente, este hecho se debe a un pedido exclusivo de los familiares de las víctimas puesto que no quisieron “politizar” su reclamo. Incluso, los trabajadores ferroviarios convocaron especialmente a los familiares de las víctimas a una marcha efectuada el 2 de marzo, a la que estos últimos no quisieron asistir. Allí se reclamó por un cambio en la política de transporte ferroviario, bajo la consigna de re-estatizar el servicio bajo control obrero. Según el delegado de los trabajadores ferroviarios del ex Sarmiento, Rubén Sobrero,
 
“Les propusimos hacer un montón de cosas pero ellos no quisieron. (…). Tendría mucha más fuerza que unifiquemos el reclamo de los laburantes. Para colmo se da en el único ferrocarril donde el cuerpo de delegados tiene una política abierta hacia la sociedad, el único que ha denunciado lo que fueron las privatizaciones, el único que ha denunciado el estado de los trenes, que ha denunciado que esto iba a pasar, un Cromañón ferroviario. Es decir, los familiares podrían aprovechar toda la información que nosotros tenemos. Ahora bien, ellos confían en Bonadío. (…). Yo la verdad lo lamento, porque cuando llegue el momento, no va a haber justicia. Porque si tiene que haber justicia tienen que ir presos desde De Vido para abajo varios, los empresarios y varios funcionarios de la empresa”2
 
En lugar de estrechar vínculos con los trabajadores, es decir, con aquellos que ya venían denunciando la posibilidad de un crimen debido a los problemas técnicos de las formaciones (ver artículo en página contigua), los familiares mantuvieron audiencias con la presidenta.
 
No es ciega, pero aún confían en ella, el encausamiento judicial de los reclamos
 
Tras el impacto y luego de que la mayor parte de los pasajeros bajara, las tareas de los bomberos, agentes de Defensa Civil y de la Policía Federal se centraron en los primeros dos vagones donde se encontraba la mayor parte de las víctimas fatales. Cerca de las escaleras que dan a la calle Mitre, dentro de la estación, se estableció una primera parada para los heridos, que eran divididos según su gravedad, se les colocaba un cuello ortopédico en algunos casos y en otros simplemente se los calmaba hasta la derivación. Casi todos los centros de salud porteños recibieron pacientes. La mayor parte fueron derivados a los hospitales Durand (194), Ramos Mejía (50) y Rivadavia (44). También hubo internados en el Penna, Fernández, Piñero, Argerich, Tornú, Zubizarreta, Álvarez, Santojanni, Vélez Sarsfield y Pirovano.
La atención médica y psicológica de las víctimas y sus familiares fue intensa durante los primeros instantes después del choque y, posteriormente, fue mermando gradualmente. Algunos familiares y sobrevivientes manifestaron que no recibieron la contención necesaria por parte del Estado. Dicha contención emocional fue encabezada por el equipo de salud mental de la cartera sanitaria nacional, constituido por treinta profesionales, quienes trabajaron repartidos en cuatro puntos clave: el cementerio de la Chacarita, la morgue judicial ubicada en Junín 700 y los hospitales Durand y Ramos Mejía. El objetivo era aliviar el dolor de los damnificados, ayudarlos a procesar lo vivido y planear cómo seguir adelante después del accidente. También cooperó la entidad “Emergencias Psicosociales”, una Asociación Civil constituida por psicólogos sociales que efectúan una contención emocional en “situaciones de catástrofes públicas”. Al parecer, no hubo un seguimiento de los casos sino que, cada sobreviviente o familiar de una víctima, de manera particular, debe solicitar la ayuda de psicólogos o médicos. En declaraciones a la prensa, los familiares advirtieron que se sienten descuidados, pero no emergen reclamos puntuiales.
Por otra parte, la posibilidad de un resarcimiento económico aún no está garantizada. En principio, es probable que no todos los familiares y sobrevivientes del crimen de Once puedan iniciar acciones comunitarias contra la empresa TBA. Aquellos que hayan firmado con los llamados “caranchos” minutos después del choque quedarían inhibidos de esta posibilidad. Hubo varios testimonios de damnificados que fueron contactados por personas dedicadas a esta actividad. Ésta consiste en hacer firmar un documento, a cambio de unos 10 mil pesos, por el cual se renuncia a hacerle juicio al responsable de los daños. Luego, esos convenios se venden a las compañías de seguro y se evitan resarcimientos millonarios. Por su parte, la mayoría de los damnificados se encuentran representados por el abogado Gregorio Dalbón (unos 150) y una minoría por María del Carmen Verdú. No obstante, Dalbón reveló que personas allegadas a la empresa TBA también ofrecieron cerca 100 millones de pesos para evitar demandas, monto que representaría, aproximadamente, el 10% de lo que se estaría reclamando por los daños sufridos3
 
El reflujo y su costo político
 
Aún resulta apresurado sacar conclusiones sobre el desarrollo de la causa y el accionar de los familiares. Lo que se observa hasta el día de hoy es que los familiares de las víctimas confían en la justicia para esclarecer el caso. La escasa cantidad de acciones directas, a pesar de la poca contención médica y psicológica recibida por parte del Estado con posterioridad al alta de los pacientes, abona este hecho. También las audiencias con la presidenta reflejan el encauzamiento institucional del fenómeno. En este sentido, los familiares de las víctimas del crimen de Once se aislaron políticamente de los partidos de izquierda y de los trabajadores del ferrocarril. Esta confianza en las instituciones expresa la recomposición del régimen. El pedido de “justicia” no es otra cosa que la búsqueda de una responsabilidad individual a un problema social (otro funcionario tomará el lugar del condenado) y la entrega del poder punitivo al mismo régimen que propició el crimen.
Hechos como el de Once o Cromañón seguirán ocurriendo bajo estas relaciones sociales. Por este motivo, resulta necesario identificar claramente a los responsables y dar una batalla en ese campo. Hasta el momento, el accionar judicial ha tendido a responsabilizar a las víctimas del caso, al igual que los funcionarios políticos: el maquinista, el chico ubicado en un ámbito indebido, la multitud de personas que viaja en los primeros vagones (Schiavi dixit). Por eso, es necesario evitar esa impunidad y romper esa confianza en las instituciones burguesas. El clima político relativamente adverso exige, entonces, redoblar los esfuerzos por esta batalla ideológica.
 
Notas:
1 Remitimos al lector al número anterior de El Aromo: “Crímenes sociales. El pasado y el futuro. Cromañón y el crimen del ferrocarril Sarmiento”.
2 Entrevista realizada a Rubén Sobrero el 11/4/2012.
3 Diario La Nación, 22/3/2012.

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