Demasiado, Foucault, poco Marx

Respuesta a la crítica de CORREPI

Nicolás Villanova

Grupo de Investigación de la Pequeña Burguesía – CEICS

En el número 39 de El Aromo iniciamos un debate sobre el llamado “gatillo fácil”. En aquel artículo, criticamos las posiciones de CORREPI y del CELS. Los compañeros de CORREPI, en este caso, se han tomado el trabajo de respondernos. Agradecemos su predisposición al debate franco y abierto. En su respuesta, los compañeros reiteran que todos los crímenes cometidos por las fuerzas del aparato represivo son parte de una política estatal y, por lo tanto, un factor conciente. Nosotros creemos que ese calificativo sólo puede aplicarse a momentos de alta confrontación (los ’70, el 20 de diciembre o Puente Pueyrredón), mientras que los casos llamados “gatillo fácil” son, en realidad, crímenes sociales producto de la descomposición de las relaciones que reproducen el sistema. Hay dos elementos que deben ser debatidos. En primer lugar, si las diversas muertes a manos de agentes estatales obedecen a una misma naturaleza (el “disciplinamiento social”) o no. El segundo, es el carácter del estado argentino y su dinámica.

En la misma bolsa

Con toda razón, la Coordinadora expresa que muchos asesinatos de obreros ocurren “al amparo de la naturalización y el silenciamiento”. Desde ya que todo revolucionario debe luchar contra ello. Sin embargo, estamos ante dos operaciones distintas que exigen tareas diferentes: “silenciamiento” es ocultar que algo haya existido. Así, el combate es el descubrimiento del hecho y su difusión. En ese terreno, la tarea de CORREPI es encomiable. Ahora bien, “naturalización” es la abstracción de ese hecho de las determinaciones que lo produjeron. Por lo tanto, para “desnaturalizar” un fenómeno hay que restituirlo en sus relaciones sociales concretas. Una cosa es dar a conocer los muertos por la policía y otra explicar por qué se los mató. En este segundo punto, creemos, tenemos diferencias sustantivas. En el primer artículo que publicamos, hicimos una crítica del concepto de “gatillo fácil” que no es retomada en la respuesta de CORREPI. Efectivamente, habíamos advertido que, tal como estaba expresado, el concepto revestía un carácter sumamente ambiguo y englobaba un amplio número de casos sin ningún elemento aglutinante de peso. Pero luego de leer la respuesta de los compañeros, a la ambigüedad se le agrega una confusión seria: no sabemos qué entienden por “gatillo fácil”. En su documento dicen, tal como citamos en nuestro artículo, que en “gatillo fácil” entraban las modalidades de fusilamientos enmascarados, muertes en cárceles, torturas seguidas de muerte y desapariciones. Es decir, todo. Pero en su respuesta, dicen que no es lo mismo “gatillo fácil” que las muertes por tortura o por “suicidio”. En otro orden de cosas, CORREPI dice que la represión se descarga sobre aquellos grupos que “potencialmente (que tampoco significa ‘inexorablemente’) representan un riesgo objetivo para el sistema”. Sin embargo en su definición, aclaran que en “gatillo fácil”: “Sólo incluimos aquellos casos en los que la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o del homicida”. Si las muertes son una política de disciplinamiento ante un riesgo, entonces los sujetos en cuestión constituyen una amenaza, aunque no tengan armas de fuego. Tal vez los compañeros no han realizado aún un trabajo de sistematización. Puede ser, han dado muestras de un intenso trabajo en otros campos. Pero sería bueno que pudieran mostrar una definición más concluyente. Nosotros trabajamos con la que identificamos en el documento. Aún en las diferentes definiciones, podemos encontrar el corazón de las posiciones de CORREPI. En todas ellas se privilegia la forma por la cual se mató (tortura, fusilamiento) por sobre el motivo por el cual se lo hizo, ya que sería el mismo en todos los casos. Es decir, es una categorización formal. Y ahí reside el núcleo de la crítica: una tortura seguida de muerte no nos dice nada. Han torturado a radicales bajo el peronismo, han torturado a grandes dirigentes en el proceso revolucionario de los ’70 y han torturado a Bulacio en el mejor momento de la hegemonía burguesa. ¿Qué unifica a estos hechos tan disímiles? Nada sustantivo. Es cierto que los compañeros han distinguido entre una vertiente “preventiva” (contra una “potencial” amenaza) y otra “retributiva” (contra militantes). Pero se trata de una distinción de grados, no de naturaleza. En ambos casos el estado actúa contra una amenaza.

¿Por qué se mata a los obreros?

CORREPI se ocupa de estudiar un problema real. Los asesinatos a obreros existen y no pueden negarse. La coordinadora señala que el 90% de las víctimas por casos de “gatillo fácil” pertenece a la clase obrera

1 . Esto es cierto, así como lo es que la mayoría de los presos son de esta clase social. Sin embargo, el argumento de CORREPI es que hay un único criterio y ese es el disciplinamiento de aquellos que constituyen una amenaza potencial: “Ese criterio de selección es analógico a la selectividad del sistema penal en su conjunto, también dirigido a disciplinar, preventivamente, a quienes objetivamente (que significa exactamente lo contrario que ‘subjetivamente’) están interesados en cambiar el estado de cosas, y por lo tanto potencialmente (que tampoco significa ‘inexorablemente’) representan un riesgo objetivo para el sistema.”2 Ahora bien, para la coordinadora los militantes representan una amenaza mayor. Pues bien, si el único criterio fuese evitar una potencial amenaza, entonces el estado debería privilegiar la persecución a los militantes. Todos los militantes deberíamos estar presos o perseguidos por la justicia (que también es parte del estado). Eso ha ocurrido en muchas coyunturas históricas. Por ejemplo, en Argentina (durante la última dictadura) o en la Rusia zarista. El Partido Bolchevique se armó en el exilio y tenía su columna vertebral en la organización ilegal. Hay que observar los fenómenos en un contexto de más largo plazo. La acción de CORREPI y, sin falsa modestia, El Aromo, constituyen una amenaza mayor para la burguesía que cualquier “fierita de la esquina”. Y bien, henos aquí discutiendo en un periódico legal y público. Pero lo que importa aquí es que la hipótesis de que el criterio represivo tiene que ver con la “prevención” ante una amenaza es falsa o la acción estatal es muy ineficiente. Justamente, podemos realizar todas estas actividades legalmente porque aún el estado no las considera una amenaza tan importante como para arriesgar su capital político en una represión. Si eso vale para nuestro caso, se aplica aún más en los “fieritas”, algunos de los cuales se transforman en parte del aparato político burgués, como punteros o fuerza de choque. El argumento en el cual nosotros hacemos hincapié (y que CORREPI no refuta) es que las víctimas por los casos que se definen como “gatillo fácil” son las fracciones más pauperizadas de la clase obrera, o sea, las más vulnerables. Un burgués y un obrero pueden cometer un mismo delito, pero el trabajador no tiene cómo defenderse. El burgués sí. Esta indefensión lo somete a detenciones arbitrarias y a situaciones que ponen en riesgo su vida. La razón es la misma, no puede defenderse porque es obrero. Ahora bien, hay que reconocer que este tipo de hechos se ha incrementado en los últimos 20 años. Incluso en momentos en que la hegemonía burguesa no corría riesgo. ¿Cuál es la causa? Consideramos que es el propio desarrollo del capital el que convierte a fracciones crecientes de la clase obrera en sobrepoblación relativa y aún en pauperismo consolidado. Por lo tanto, somete a esta población al riesgo del desclasamiento y de descomposición. La vida misma ha dejado de reproducirse en algunos lugares. La consecuencia: delitos, adicciones, redes de delincuencia, etc. Por eso, estas muertes se acercan más a lo que hemos denominado como crimen social 3 . Pero no constituye un enfrentamiento en términos políticos. Si esto fuera así, no tendría sentido el trabajo de los partidos de izquierda en los barrios más pobres para convertir a los “fieritas” en militantes. Al mismo tiempo que el capitalismo argentino se descompone, se descomponen también sus instituciones: la policía, inmersa en todas las redes de delincuencia, mafias y hechos corruptos, no escapa a esta tendencia. El crecimiento de la “inseguridad” en los últimos años da cuenta de cómo este fenómeno empeora con el correr del tiempo. Este problema, si bien es soportado de un modo más crudo por los obreros, afecta también a la burguesía. Que la policía como institución esté involucrada en secuestros a burgueses no implica un ataque a la lógica de clases. Justamente, en medio de la crisis, la policía funciona más que nunca como una empresa. Una empresa particular cuya dinámica la obliga romper ciertas relaciones entre determinados burgueses y determinadas propiedades. Lo que CORREPI no puede observar es que la policía se ha descompuesto como organismo y ha estallado en redes mafiosas más o menos laxas. Así, vemos ajustes de cuenta entre ellos y quebrados de todo tipo. En algunas provincias asistimos a amotinamientos por reclamos sindicales. Este tipo de fenómenos ha decidido al estado a crear nuevas fuerzas para la represión como gendarmería y prefectura. La posición de CORREPI no permite ver la descomposición de relaciones sociales como consecuencia del propio desarrollo. Veamos sus propios ejemplos.

La política no está en todos lados

CORREPI dice que las muertes de Miguel Bru y Walter Bulacio no fueron “gatillo fácil”, sino “tortura subsiguiente de una detención arbitraria”.4 Esta distinción se vuelve ociosa, puesto que no hace más que a la forma en la cual se realizaron los asesinatos. Que la policía mate gente en la vía pública o dentro de una comisaría como consecuencia de torturas no debería, a priori, marcar una diferencia sustantiva. Por otro lado, estos casos no pueden ser igualados. Bru estaba realizando una investigación periodística sobre la policía de La Plata. Por lo tanto su muerte responde a un nivel mayor de enfrentamiento. Bulacio no. No importa cómo mataron a cada uno, sino por qué. Lo mismo sucede cuando citan el caso Cabezas y lo equiparan al asesinato del Chavo Campos, un “fierita de la barriada marplatense” que presentaría “condiciones casi idénticas”, ya que, en ambos casos, se incendian los cadáveres. Sin embargo, son dos fenómenos radicalmente diferentes: la muerte de Cabezas representa, otra vez, un grado mayor de enfrentamiento. El periodista estaba realizando una investigación que lo condujo a destapar ollas peligrosas. En efecto, se estaba metiendo en una interna entre el duhaldismo y el menemismo que anticipaba una gigantesca crisis dentro del PJ. La muerte de Cabezas fue planificada con anticipación y por las altas esferas del poder. La del “fi erita”, no. Cabezas era un peligro. El “Chavo”, no. Por último, CORREPI involucra un problema serio con una posición muy preocupante: hace referencia a las muertes de militantes y de los no militantes como si fueran el mismo fenómeno. Así, se queja de que las organizaciones políticas se movilicen cuando se ataca a uno de sus integrantes de manera más contundente que cuando muere cualquier obrero. Está muy bien exigir una mayor preocupación por las muertes cotidianas. No es correcto igualar quien entrega su vida a la revolución con quien no lo hace. Tampoco poner a un mismo nivel la necesaria denuncia de las muertes inútiles con la imprescindible defensa de organizaciones que costaron vidas y son la única garantía cierta del triunfo. Como consecuencia, CORREPI adjudica al “gatillo fácil” un carácter político que no tiene y minimiza el significado político de la violencia contra los militantes organizados. Por un lado, afirma que las muertes de Bulacio o el “fierita de la esquina” son parte de una política estatal. Ahora bien, si son parte de una política, son un factor conciente. Tan conciente que para los compañeros se ha “naturalizado”. El policía puede no haber leído a Marx, pero se lo han hecho corporizar: todo obrero es una amenaza al sistema capitalista. Mientras que suponen que todo asesinato de pobres es parte de una política conciente del estado, niegan la responsabilidad de los gobiernos en la planificación de las represiones al movimiento organizado. Para la Coordinadora, los gobiernos no habrían ordenado ninguna muerte. Las órdenes parecen haber emanado de algo que se llama “Estado”, pero que no podemos personalizar. Este argumento es empíricamente falso y teóricamente idealista. En los días previos al 26 de junio, el gabinete de Duhalde se reunió y Alfredo Atanasoff habría traído la propuesta de llevar adelante una furiosa represión, que iba a implicar alguna muerte. Todos habrían estado de acuerdo. Semanas antes, el mismo Atanasoff, habría denunciado a la Asamblea Nacional de Trabajadores por subversión. La misma prensa habría estado de sobreaviso. Es más, ya se habría hecho un trabajo de inteligencia sobre Kosteki y Santillán.5 En el caso del 20 de diciembre, De la Rúa no dio lista alguna debido a las mismas características del movimiento. Pero era plenamente conciente de que lo que había ordenado. Creemos que no hace falta citar el caso de los ’70… Suponemos que CORREPI no se animaría a decir que allí no hubo listas.

Un dios impotente

Si el estado planifica las matanzas de “gatillo fácil” entonces es omnisciente: sabe exactamente quiénes son sus potenciales enemigos, tiene completa conciencia. Si funciona independientemente de la lucha de clases y, por lo tanto, no se corporiza en ningún gobierno, es omnipresente. Si los gobiernos no intervienen, no existen. Al separar completamente estado y gobierno, los compañeros se abstraen de las corporizaciones que asume el primero. Si éste es omnipresente y omnisciente, entonces es autónomo. El estado no puede abstraerse de las relaciones concretas que le dan forma. Si pertenece a una clase, tiene que sufrir los mismos avatares que aquella que le dio vida. No es lo mismo el estado norteamericano que el estado en Ruanda. Cada uno tiene un grado de cohesión, fuerza material y moral y atraviesa un ciclo histórico que puede llevar a su crisis, su disolución o su transformación. Hay que estudiar cada caso en particular. Acudir a la teoría no soluciona el problema. Si el capitalismo argentino está en crisis, no se entiende por qué su estado habría de disfrutar del vigor que los compañeros le atribuyen. El análisis concreto de Marx no puede ser reemplazado por las abstracciones ahistóricas de Foucault.

Notas

1 Celebramos que, a diferencia de otros textos de CORREPI donde se utilizan conceptos como “excluidos” o “marginados”, aquí se habla, en general, de clase obrera.

2 En el artículo de CORREPI, en este mismo número.

3 Véase, Harari, Fabián: “Ni tragedia ni masacre: crimen social”, en El Aromo, Año III, Nº 18, Abril de 2005.

4 Véase cita nº 5 del artículo de la respuesta de CORREPI. 5 Hay mucha bibliografía y está la causa misma. Puede consultarse Ragendorfer, Ricardo: La bonaerense 2. La secta del gatillo, Booket, Buenos Aires, 2006.

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