La nueva constitución boliviana: otro paso hacia la derrota
Mariano Schlez
Laboratorio de Análisis Político-CEICS
En 2008 seguimos atentamente el desarrollo del proceso boliviano, atendiendo particularmente a los combates entre las dos fuerzas sociales enfrentadas. Este análisis mostraba que, mientras la oposición se encontraba decidida a clausurar la revolución a través de la acción directa, las masas seguían confiando en la dirección del gobierno, que buscaba encausar los enfrentamientos institucionalmente. El resultado fue la agudización de las contradicciones y el rearme de la contrarrevolución, que avanzó sobre las conquistas de las masas. El pacto de Morales con la oposición entregó la nueva Constitución a la derecha, asegurando el respeto por la propiedad privada de la tierra y los hidrocarburos y reconociendo las autonomías de la medialuna. Claro que el gobierno quiso mostrar que el acuerdo constituyó un avance en la resolución de los conflictos: “la polarización se ha diluido desde que se incorporó el tema de las autonomías en la Carta Magna”, dijo el Vicepresidente.1 Días después, Evo Morales buscó hacer pasar el triunfo en el referendo constitucional como una victoria de la revolución sobre la derecha. Sin embargo, inmediatamente llamó a “la reconciliación de los bolivianos” e invitó a la oposición a volver a negociar.
¿Derrota de la derecha?
Días antes del referendo, dirigentes del MAS plantearon que el pacto de Evo con la oposición derivó en transformaciones que no beneficiaban al pueblo.2 Luego del triunfo del “SÍ” -con un 61,4%-, los prefectos opositores insistieron en que el país se encontraba dividido en dos grandes mitades. El prefecto de Tarija, Mario Cossío, afirmó que “el país ha quedado más dividido que antes, el texto carece de legitimidad, no es una Constitución Política del Estado que representa a todos. El Sí ha perdido en cinco de nueve departamentos”.3 La misma línea planteó Ernesto Suárez, prefecto de Beni: “Hoy nadie puede negar que tenemos una Bolivia con dos visiones y por eso nadie puede negar que necesitamos de alguna manera encontrar un pacto de unidad y de convivencia”. A su vez, el secretario de Autonomías cruceño, Carlos Dabdoub, planteó que “seguimos en un empate entre dos visiones de país, creo que otra vez el mandato del pueblo exige a los poderes constituidos sentarse nuevamente”. Lo que los prefectos de Santa Cruz y Beni llamaron a resistir es la aplicación de la Constitución si Evo no atiende sus planteos.
Sin embargo, la medialuna dio señales de conformidad con la nueva Constitución. Hasta el ultraderechista cruceño Branco Marinkovic escribió “yo reconozco la nueva Constitución y, por supuesto, me someto a ella en todos sus términos”.4 Tan es así que el prefecto de Santa Cruz ni siquiera esperó al diálogo y ya comenzó a implementar los estatutos autonómicos que la nueva Constitución auspicia. Razones no le faltan, ya que el Presidente en persona afirmó que “quienes lucharon por las autonomías tienen garantizadas las autonomías departamentales, regionales e indígenas”.5 La medialuna consiguió una nueva negociación: a dos días del referendo. Evo citó a la oposición a acordar la implementación de la Constitución, antes de que el debate llegara al Congreso.
La tendencia a la acción directa se mantiene
A pesar de que el gobierno profundizó su línea entreguista, la tendencia insurreccional de los trabajadores bolivianos está lejos de esfumarse. En Santa Cruz de la Sierra, comenzó un proceso cuyo alcance difícilmente pueda medirse: bajo el supuesto aval de la nueva Constitución y del gobierno, unas 200 personas ocuparon terrenos de la petrolera estatal boliviana (YPFB). La avanzada se profundizó con tomas de tierras con producciones de soja y girasol. Inmediatamente, el MAS negó toda relación con los ocupantes y la delegada presidencial en Santa Cruz advirtió que “en ningún momento el Ejecutivo apoyará acciones de grupos de ciudadanos que violenten los patrimonios del Estado, como son estos terrenos de YPFB”.6 Otro dirigente masista cruceño, José Quiroz, alegó que su Partido respetará la nueva Constitución donde se garantiza la propiedad privada. El gobierno también adelantó que, de confirmarse la presencia de colonizadores o campesinos en otras propiedades agrícolas, estos no serán reconocidos, porque se trata de predios que tienen dueños y cumplen una función económica y social.7 La burguesía también salió al cruce. Rápidamente, la prefectura cruceña creó el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana para la Defensa de la propiedad privada, auspiciado por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Sus primeras acciones no se hicieron esperar. El 5 de febrero, la policía y la gendarmería desalojaron tres predios, deteniendo a 28 miembros del Movimiento Sin Techo (MST) y destruyendo las precarias viviendas que allí habían construido.8 Días después, el INRA anunció su intención de revertir unas diez propiedades, donde presuntamente existe un régimen de servidumbre, lo que provocó el llamado a la “resistencia pacífica” y al desacato por parte del vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y presidente de la Federación de Ganaderos de Bolivia (Fegabol), Guido Nayar.9
A las calles
A partir de ahora, el MAS intentará reelegir al Presidente, el 6 de diciembre de este año. Sin embargo, es conciente de que deberá sortear varios escollos. En primer lugar, enfrentar la baja en los precios de los comodities. Evo ya anunció que la recaudación de este año, por la crisis mundial, será inferior a la de 2008. Conciente que esto limitará su capacidad de otorgar concesiones a las masas, provocando un relanzamiento de las movilizaciones, ha tomado recaudos para mantener la dirección del MAS en manos reformistas. Una nueva medida dispone que sólo los militantes con seis años de antigüedad podrán convertirse en dirigentes. Esto inhabilitaría para ser parte de la dirección a la Confederación Nacional de Maestros Rurales y a la Central Obrera Regional de El Alto (COR El Alto), ambas incorporadas en 2006. Morales reafirmó esta línea conservadora al plantear que sólo estarían habilitadas a debatir la nueva Constitución las “confederaciones que tienen convocatoria” ya que “hay en la COB algunas confederaciones que son pura sigla, no convocan nada”.10 Esta posición se expresó en su “primer gabinete plurinacional”, que dejó afuera a la COR El Alto y a la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin). Sus dirigentes ya han criticado abiertamente al gobierno. Édgar Patana, de El Alto, afirmó que “nunca hemos tomado decisiones, más allá de respaldar (al Gobierno con) los grandes movimientos que hemos hecho”.11 Andrés Villca, Presidente de Fencomin, afirmó en el mismo sentido: “Lamentablemente estamos viendo algunos aspectos que están dañando la imagen que tiene este proceso”. Hasta organizaciones indígenas comenzaron a desmarcarse de Evo: Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) aseguró que “con lo que no estamos de acuerdo es que se siga marginando a los pueblos indígenas; una amistad o una alianza no te puede embargar la voz”. Ramón Loayza, ex constituyente, también reprochó el personalismo del MAS: “debería consultar a las organizaciones sociales para arrancar tres ministerios siquiera, no se ha consultado, se ha hecho al criterio del Presidente”.
Las críticas al gobierno crecieron cuando éste dio a conocer que sólo 15 de los 130 escaños que tendrá la Asamblea Legislativa Plurinacional corresponderán a organizaciones indígenas. Dirigentes de Cidob y Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) exigieron la modificación de esta propuesta que, de implementarse, aseguraron, implicaría una traición por parte de Morales.12 Mientras tanto, han decidido no participar más de sus convocatorias, llevando el combate al terreno legal. El diputado del MAS, Jorge Silva, consideró que los derechos colectivos y políticos de estos sectores han sido vulnerados, por lo que sería viable una demanda de defensa constitucional por acción popular. Mientras tanto, los prefectos opositores rechazaron la invitación que les había hecho Morales, aludiendo que sólo se reunirían en bloque. Por detrás vuelve a asomar el verdadero motivo de este nuevo desplante: el secretario de Autonomías de la Prefectura cruceña, Carlos Dabdoub, refiriéndose al Impuesto Directo a los Hidrocarburos, fue terminante: “Primero se debe hablar de los recursos que nos arrebataron”.13
Es decir que estamos, una vez más, a las puertas de nuevos combates callejeros. El triunfo del “SÍ” a la nueva Constitución no ha redundado ni en una profundización del proceso revolucionario ni en la unión de “todos los bolivianos”. Por el contrario, radicalizó las diferencias, potenció los antagonismos y sentó las bases de una nueva arremetida de la derecha. De no imponerse una dirección revolucionaria de los explotados, la Revolución Boliviana esta destinada a ser enterrada por quienes dicen ser sus principales representantes.
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1La Prensa, 24/1/2009, en www.laprensa.com.bo.
2Declaraciones del senador masista Lino Villca y de la ex asambleísta del MAS Teodora Tapia, en La Prensa, 21/1/2009, enwww.laprensa.com.bo.
3Idem, 26/1/2009.
4Idem, 29/1/2009.
5Idem, 8/2/2009.
6Idem, 28/1/2009.
7Idem, 31/1/2009.
8Idem, 6/2/2009.
9Idem, 20/2/2009.
10Idem, 2/2/2009.
11Idem, 9/2/2009.
12Idem, 11/2/2009.
13Idem, 16/2/2009.
