“Un nido de corrupción”
El sistema de inspectores de Buenos Aires
Por Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Historia Aplicada – CEICS
El caso Cromañón sigue dando tela para cortar. A pesar de que la clase dominante y sus intelectuales orgánicos, de la mano de los medios de comunicación burgueses, siguen empeñados en tergiversar los hechos y culpar a las víctimas (ya sean los chicos muertos -“culpables” de ir a baliar- o la banda -“culpable” por tocar en un local que no le pertenecía-), la verdad comienza a asomar. La responsabilidad de la burguesía y de su personal político por este crimen social -que ya suma 195 víctimas fatales y miles de jóvenes a quienes se les ha arruinado la vida- sigue peleando por ver la luz, contra los intentos de ocultarla bajo 7 llaves.
En las últimas semanas se conoció el controvertido informe de la Comisión Legislativa que investigó los sucesos de Cromañón. La Comisión ha pedido, como fruto de su investigación, el juicio político al Jefe de Gobierno porteño,
Aníbal Ibarra. Lo más llamativo del caso es que los mismos legisladores que a principios de año le salvaban el pellejo a Ibarra evitando pedir el juicio político en plena crisis, ahora sí lo hacen. Salvada la crisis política que amenazaba las instituciones burguesas en general, la campaña electoral pasa ahora a primer plano. Por otro lado, los diarios se hacen eco de los rumores que señalan que el juez Lucini podría llamar a declarar a Ibarra. Sin embargo, tanto los tiempos de la Justicia como los de la Legislatura porteña son demasiado lentos: es muy difícil que antes de las legislativas de octubre alguien le sacuda el sillón a Ibarra. Después de las elecciones se verá: la burguesía no tiene empacho en sacarse de encima a funcionarios lo suficientemente desprestigiados como para ser un estorbo para el poder real. Los juicios de la burguesía “democrática” contra su personal político entre el ‘76 y el ‘83 son prueba de ello.
Sin embargo, las contradicciones del sistema sacan a flote sus miserias. El informe de la Comisión de la Legislatura se ha tomado el trabajo de analizar la evolución del cuerpo de inspectores encargado de los controles sobre los diferentes tipos de actividades comerciales que funcionan en Buenos Aires. Este informe no hace más que agregar algunos pocos datos a lo que ya sabíamos: la complicidad entre los funcionarios de la ciudad y la burguesía porteña en el mal funcionamiento del sistema de controles. Ya lo habíamos afirmado en abril cuando comenzamos la investigación que 1estamos llevando adelante sobre Cromañón y los avances que hemos hecho lo confirman.
Ibarra y sus sesenta inspectores
Es conocido que las inspecciones municipales siempre fueron un gran foco de corrupción. El propio Aníbal Ibarra lo admitió al referirse al cuerpo de inspectores que funcionó hasta noviembre de 2003 como “un nido de corrupción” 2. En el caso de los boliches bailables, una resolución de la Defensoría del Pueblo de mayo de 2003 parece premonitoria: “El ingreso de personas más allá del número permitido por la habilitación […] es un factor que afecta seriamente la seguridad de los [asistentes] ya que el número de personas que pueden asistir determina los anchos de salida de incendio […]3. Sin embargo la intervención y reordenamiento del área a fines de 2003 no modificó la situación. Ya citamos en El Aromo el informe de la Defensoría del Pueblo de mayo de 20044 donde se advertía el peligro de la falta de controles sobre los locales bailables: “El no cumplimiento y/o violación a las normas de seguridad contra incendio […] referidas al funcionamiento de Locales Bailables, pone en peligro la vida de más de 400.000 personas por fin de semana, especialmente jóvenes”5
, advertía. Este informe, remitido a la Subsecretaría de Control Comunal a cargo de Fabiana Fizbin, no pasó desapercibido. Clarín titulaba el 26 de mayo de 2004 que “El 86% de las discos no cumple las medidas contra incendios”. ¿Acaso Aníbal Ibarra no lee el “gran diario argentino”? Las alertas fueron varias. El dictamen de la Comisión Legislativa da cuenta de varios informes referidos a los problemas de las distintas áreas de control a cargo de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana y de la Subsecretaría de Control Comunal, cuyos titulares durante todo el 2004 fueron Juan Carlos López y Fabiana Fizbin, respectivamente. En varios informes, tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Auditoria General de la Ciudad, se reiteran las mismas cuestiones: ausencia de manuales de procedimientos, falta de personal y de recursos y falta de planificación de la tarea. Es decir, los inspectores eran pocos y no sabían cómo hacer su trabajo. Esto no sólo afectaba a los boliches: los problemas eran todavía más significativos en el control de estadios de fútbol, guarderías infantiles, hoteles y geriátricos. El resultado es conocido. Cientos de locales que funcionan sin habilitación o con habilitaciones provisorias, que no cumplen la reglamentación contra incendios, utilizados6 por más personas de las permitidas y que tienen instalaciones en mal estado (“instalaciones eléctricas deficientes, cables expuestos […] que comprometen la seguridad de los habitantes de dichos hoteles”)7. La investigación iniciada hace 6 meses por El Aromo puede aportar más evidencia en ese sentido.
Ciudad Cromañón
En mayo de este año la redacción de El Aromo recibe una denuncia de corrupción hecha por el ex inspector Jorge Cameroni, que vinculaba lo sucedido en Cromañón con la corrupción imperante en el área de inspecciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La entrevista realizada con el denunciante nos aportó una idea precisa de la forma en que funciona este sistema8. La investigación posterior no sólo confirmo esta denuncia sino que sumó nuevas manchas al currículum de Ibarra.9
El arquitecto Jorge Cameroni se incorpora al Cuerpo de Inspectores de la Ciudad de Buenos
Aires en enero de 2004 cuando estaba a cargo de la Licenciada Fabiana Fizbin. Es necesario recordar que en ese momento se estaba disolviendo el viejo cuerpo de inspectores, con fuertes acusaciones de corrupción. Fue reemplazado por una nueva estructura y un nuevo personal. Sin embargo, ya en este momento comienzan a verse una serie de “fallas” que delatan el rol jugado por este cuerpo en el armado político de Ibarra. En primer lugar, los inspectores pasan de ser alrededor de 300 a tan sólo 60. En segundo lugar, el denunciante nos comenta que el mecanismo de ingreso es mediante el patronazgo de algún funcionario del gobierno. El propio Cameroni ingresa “recomendado” por el diputado Jorge Giorno, del Partido de la Ciudad, su “padrino político” según sus propias palabras. De esta manera, ingresan al cuerpo de inspectores una masa importante de personal no capacitado para las tareas que debe cumplir. La inspección de locales necesita una serie de conocimientos técnicos que no cualquiera tiene. Conocimientos arquitectónicos, reglamentaciones vigentes, códigos de habilitación. El personal contratado: psicólogos, médicos, licenciados en turismo y abogados que no contaban con estos conocimientos. La situación era tan grave que el propio Cameroni se ofrece a organizar cursos para capacitar al personal, ofrecimiento que es aceptado y puesto en práctica. Igualmente, los conocimientos técnicos no fueron necesarios, ya que el cuerpo de inspectores se dedicó durante la primera mitad del año pasado a perseguir a vendedores ambulantes y kioscos que vendían alcohol. Ni siquiera contaba con vehículos propios, que les fueron quitados en mayo de 2004 cuando la campaña mediática contra los kioscos finalizó. Esto obligaba a los inspectores a recorrer toda la geografía de la ciudad en colectivo, llegando a hacer una o dos inspecciones por día en el mejor de los casos. Con este cuerpo de inspectores, lo raro es que sólo un boliche se haya incendiado. Pero el punto más grave de la denuncia no es éste. El 17 de junio de 2004, Cameroni, en un operativo conjunto motorizado por la Defensoría del Pueblo en el marco de la Actuación 2989/04, inspecciona y decide clausurar la planta de la empresa SIDERUM S. A., situada en Perón y Palestina. Esta clausura fue reflejada por la prensa: el diario Clarín señala que además de clausurar, “los inspectores decomisaron 300 kilos de mercadería vencida o en mal estado de conservación”. 10El diario señala también que la empresa daba de comer a 6.500 alumnos de escuelas porteñas y a 3 hospitales, siendo la segunda proveedora de la ciudad en este rubro. Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre los controles bromatológicos en la Ciudad11corrobora el hecho y aporta nuevos datos sobre los controles motorizados por la Defensoría en esta área. Como se puede ver, en Buenos Aires no sólo hay que cuidarse de los incendios. Al comprobar las serias faltas en materia de higiene, seguridad y mantenimiento, corroborando las denuncias de intoxicación que movilizan la inspección, Cameroni dispone la clausura del establecimiento. Según su denuncia, luego de la clausura el inspector recibe la orden por handy, impartida por un superior, el doctor Rodrigo Cozzani, de parar la clausura. Al negarse, Cameroni es citado por sus superiores en los días subsiguientes, quienes le quitan sus credenciales como inspector y lo echan. La noticia de Clarín refleja esto, ya que señala una contradicción entre los hechos y las declaraciones de la subsecretaria Fizbin, quien dijo que la clausura fue “por motivos edilicios, no por problemas bromatológicos”. ¿Por qué se decomisaron y destruyeron entonces los 300 kilos de comida? ¿Qué ocultaba Fabiana Fizbin? Desde el Gobierno porteño insistieron, señala Clarín, en que “no existían riesgos para la salud de los chicos”. Parece un chiste, pero no lo es. Desde ese momento Cameroni es perseguido y amenazado de distintas maneras, hasta intentan hacerlo pasar por loco, según sus propias declaraciones. Recién con la muerte de 195 personas, sus denuncias comienzan a ser escuchadas. Hoy por hoy, ha presentado una enorme cantidad de denuncias por corrupción en despachos públicos y en los juzgados correspondientes contra sus superiores en la ex UPI: Dra. Ana María Fernández, Lic. Liliana Fizbin, Dr. Marcelo Antuña y Dr. Juan Carlos López Todos ellos se encuentran procesados por homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa Cromañón. También ha denunciado al diputado Jorge Giorno como “gerenciador de la caja de habilitaciones de Bs. As.”12, o sea, como responsable de cobrar las coimas. No hemos podido chequear todavía esta última denuncia pero, aunque Giorno no sea el responsable, es evidente que aquí funciona una red de corrupción que no escapa al conocimiento de las más altas esferas del poder. Esta red de corrupción ya fue denunciada por el citado informe de la Defensoría del Pueblo en el 2003: “Resulta obvio que existe en el Estado comunal una estructura informal que se mantiene a lo largo de los años que resulta imposible (por ineficiencia, falta de decisión política o corrupción) de erradicar por los funcionarios de turno. Esta estructura parece mantener un orden de cosas ilegítimo e ilegal.”13
La punta del iceberg
Las denuncias de Cameroni no hacen más que confirmar lo que más de uno sospechaba. Cromañón no fue una excepción o una tragedia. Cromañón es la regla en el capitalismo argentino, la punta del iceberg de un sistema en descomposición. Todo, desde lo que nuestros hijos comen en los comedores escolares porteños hasta el funcionamiento de las guarderías, los hoteles o los boliches, representa un peligro, porque quienes deben controlar nunca muerden la mano de quien les da de comer. Detrás de estos empresarios se encuentran las estructuras de poder corruptas que hacen la vista gorda frente a los crímenes de la burguesía. Cromañón no fue un accidente ni una tragedia, el capitalismo funciona de esta manera. Cromañón no fue un mal sueño, sigue vivo en cada rincón de este capitalismo podrido y decadente.
Notas
1Ver El Aromo nº 18, abril de 2005
2Página/12, 29/1/05.
3Resolución 2022/03, Defensoría del Pueblo, 8 de mayo de 2003.
4El Aromo nº 18, abril de 2005.
5Actuación 631/04, Defensoría del Pueblo, 5 de mayo de 2004.
6Informe final y recomendaciones de la Comisión, pp. 582-590.
7Informe final…, op. cit., p. 585.
8Entrevista realizada por el autor el 18/5/05.
9 Cameroni ha declarado como testigo tanto en la causa a cargo del juez Lucini como en la Comisión Legislativa (aunque llamativamente nada dice de él el ya citado Informe Final). También ha presentado una denuncia en la UFI Nº 10 de la Departamental Judicial de San Martín con fecha 18/1/05 (Marco I.P.P. nº 403.581) y en la Fiscalía en lo Criminal Nº 41 de la Ciudad de Buenos Aires. Existe también una denuncia en la Comisaría 3ª de la Ciudad por retención indebida de la credencial y otra en la Comisaría 5ª de Billinghurst, San Martín, por amenazas y robo calificado el 22/12/04. Finalmente, ha presentado una innumerable cantidad de escritos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación.
10Clarín, 15/7/04.
11“Los Controles Bromatológicos en la Ciudad de Buenos Aires”, en Políticas públicas y derechos, Defensoría del Pueblo de la Ciudad Buenos Aires, Bs. As., 2005.
12Escrito presentado por el denunciante ante el presidente de la Comisión Investigadora de la Legislatura de la Ciudad de Bs. As.
13Op. cit., pp. 12-13.
