Por Fabián Harari (Editor Responsable)
El ex ministro parecía nervioso. La charla debía haber culminado y sus explicaciones episódicas, culturales y hasta psicológicas no parecían satisfacer a un resuelto periodista que no dejaba de insistir: ¿por qué, si todo iba bien, caímos en esta crisis? Más aun, ¿por qué, cada trece años, la Argentina se derrumba?
Quien preguntaba era nada menos que el organizador de la charla, así que Lavagna cayó en la cuenta de que no iba a librarse del aprieto a menos que diera una respuesta, si no acertada, al menos sensata y sincera. “Es que los sindicatos creyeron que era la hora de repartir”, espetó. Más resuelto aún, exhibió un gráfico de los costos laborales argentinos, medidos en términos internacionales. Al parecer, y según sus cálculos, en los años previos al estallido, esos costos se habrían convertido en inmanejables. Solo después de la tormenta habrían descendido a niveles considerados “tolerables”. Fue la cruda confesión de un diagnóstico y de un programa a futuro. No solo de su espacio político, sino de la clase para la que trabaja.
Ni carroña…
La Argentina está al borde de una cesación de pagos completa. Esa es la verdad. El Gobierno y gran parte de la oposición (entre ellos, Lavagna) dicen que el país quiere y puede pagarle a los holdouts, pero se lo impide la cláusula RUFO. Pues bien, eso no es cierto. La cláusula solo se activa en caso de una oferta “voluntaria”. En este caso, el Estado está pagando obligado por una sentencia judicial. Quienes advierten el carácter negociado del nuevo pago, olvidan que esta “negociación” solo atañe a la forma de pago no especificada en la sentencia y que se hace a través de un agente de la Justicia designado por el propio juez. No hay que ser muy sagaz para entender que la sentencia de Griesa le permite al Gobierno negociar las condiciones de pago y, a su vez, eludir la cláusula RUFO. Más aun, según los principales estudios jurídicos norteamericanos especializados, los holdin que intentasen cobrar por esa cláusula tardarían doce años en obtener una muy improbable sentencia favorable.
El verdadero problema se encuentra en los llamados me too. Son quienes no entraron al canje, pero tampoco litigaron contra la Argentina. Ellos representan el 6% de los acreedores totales y, con sentencia favorable en beneficio de ese 1%, automáticamente pueden reclamar que se les pague en igualdad de condiciones. Entre los 1.500 millones de ese 1% y los 10.500 (aproximadamente) que corresponden a todos los holdouts, está el gran problema. Las reservas reales rondan los 15.000 millones. Pero aquí surge otra pregunta, ¿por qué la Argentina no arregla un plan de pagos? Porque no puede, no tiene con qué. Había hecho todo lo posible por volver a endeudarse. Había aceptado el monitoreo del FMI, había arreglado con el Banco Mundial y había pagado todo y más a Repsol, pero llegaba tan sofocado que le pusieron un escalón más y todo se derrumbó. Cristina no va a someterse a ningún cronograma de pagos. Ni ahora ni después de enero. No tiene con qué.
Puede pensarse en cierta malicia del exterior. El fallo parece privilegiar a una minoría de inversores por sobre la gran mayoría. Y no faltan las acusaciones al “parasitismo financiero” que se esconde detrás del término “buitre”. La izquierda, por supuesto, no podía faltar. Para ella, se trata de una expresión más del “colonialismo” del capital financiero.
Evidentemente, hay un elemento político indudable. No es el fallo de un juez de Manhattan, sino la aprobación de toda la Justicia norteamericana y del Estado en su conjunto. De hecho, a pesar de que los comunicadores locales se rasgan las vestiduras sobre la “división de poderes” norteamericana, el presidente tiene la potestad de anular sentencias judiciales. Eso mismo hizo Bush, al dejar sin efecto un fallo a favor de los holdouts contra la República del Congo, impidiendo que se embarguen sus fondos. La Argentina no está en el centro del mundo, pero no es menos importante como para no suscitar algún interés presidencial. Es evidente que Obama tomó la decisión de no interceder a favor. O sea, avaló lo actuado. ¿Se trata de una conspiración? ¿Por qué esta gente ha decidido actuar de este modo?
En primer lugar, veamos quiénes son esos fondos. A pesar de lo que dice el Gobierno y la izquierda, no se trata de un capital meramente financiero (como si lo hubiera) ni, mucho menos, parásito en términos capitalistas. El fondo Elliot es uno de los más influyentes en la política republicana. Uno de sus inversores es nada menos que el candidato Mitt Romney. Su actividad no es solamente financiera. En 2009 el fondo de Paul Singer se hizo del control de la autopartista Delphi, dejando afuera nada menos que a GM y a Chrysler, quienes competían por dicha empresa. Luego, amenazó a Obama con dejar de abastecer a las automotrices, si no recibía un subsidio de 13 mil millones de dólares. Obama cumplió y el fondo cerró 25 de las 29 plantas, para instalarse en China. Conclusión: no son capitales “parásitos”, no viven en ningún intersticio ni de ninguna carroña, sino que son poderosos agentes de la concentración y centralización de capital a nivel mundial.
Por eso la izquierda se confunde cuando cree que prestarle a la Argentina es un gran negocio (“Los K son una gallina de huevos de oro, que el capital financiero no se cansa de hacerle poner”, dice el PO en su prensa n° 1330) o que la deuda es un mecanismo de servidumbre “neocolonial” (PTS). Si esto es así, entonces la economía argentina tiene la capacidad de transferir riquezas nada menos que a los EE.UU. Y, si no fuera por la deuda, la Argentina capitalista se habría convertido en una potencia mundial. Si fueran consecuentes, no debieran proponer el socialismo como salida de la crisis, sino simplemente la “liberación nacional”.
En realidad, nuestro país quebró después de diez años de ser mantenido por el FMI y acudió al sistema internacional para poder normalizar su respirador artificial (el flujo de deuda). Se comprometió, en su momento, a una serie de arreglos que no iba a poder realizar. Durante la gestión Lavagna, lo único que se hizo fue aplazar el problema. Los canjes de 2005 y 2010 fueron ciertamente acuerdos sobre lo que no se iba a cumplir. Se hicieron los primeros pagos y vinieron las primeras (y vergonzantes) bravuconadas. Se creyó que la soja jamás iba a dejar de brindar los fondos para tapar el problema, pero tan temprano como a fines del 2006 se cayó en la cuenta de que no alcanzaba. Esa es la explicación de la intervención al INDEC, en enero de 2007: pagar menos intereses y, más importante, descontar capital de la deuda (el kirchnerismo creía que se quedaba para siempre). Toda una treta de quien vive de prestado. En buen castizo: no hay ninguna “servidumbre nacional al capital financiero” (PO n° 1325), esos canjes fueron una mentira y el principal “buitre” que parasita y estafa es el Estado argentino.
El cambio de sede de pago es, en realidad, un instrumento para aplazar el problema. Se necesita el 75% de los bonistas para realizarlo y muchos de estos tienen imposibilitado el cobro fuera de los EE.UU. La razón de la ley es más sencilla: declarar los canjes como de “interés nacional”, darles jerarquía legal y evitar el procesamiento de los funcionarios después de 2015.
Hay un problema aún más importante: no solamente la economía argentina resultó inviable para las metas planteadas en los canjes, sino que además debía sostener la experiencia bonapartista. El tiempo que medió entre una quiebra y otra no pudo ser utilizado para garantizar las condiciones de pago exigidas. Se entendía el hecho de que la dominación debía ser asegurada en 2002/2003, pero ya pasó una década. En ella, la burguesía argentina no pudo avanzar lo suficiente sobre la tasa de explotación y sobre los recortes fiscales (o sea, en la degradación de la vida obrera) como para suscitar condiciones que permitan un nuevo endeudamiento similar a los ’90. No se trata de Cristina, Macri, Scioli o Massa. En su conjunto, la clase no pudo hasta ahora liquidar definitivamente una correlación de fuerzas surgidas en el 2001. Eso es lo que aparece en juego. Nadie le va a prestar tan livianamente a una burguesía insolvente que, para colmo, es incapaz de cuadrarse como corresponde. Y esa cuestión excede el vuelto de los 1.500 millones, sobre los que los fondos litigan. Ahora, sin soja, sin nada que privatizar y sin tiempo, no le quedan más alternativas. En eso pensaba el ex ministro cuando dijo lo que no convenía decir.
Verano, verano
Como dijimos allá por febrero, al Gobierno se le iban a acabar los dólares de la cosecha y el efecto de la devaluación de enero. Dijimos julio. Lamentablemente, no nos equivocamos. Con los precios decrecientes de la soja y sin auxilio exterior, el Gobierno va a apelar a la emisión monetaria, y a mayor inflación, como mecanismo de supervivencia y ajuste. No es el único: ya recortó 100 millones en Salud, 155 en Educación y 343 en Desarrollo Social. En cambio, aumentó un 25% el presupuesto para las fuerzas represivas. El salario, la desocupación y las condiciones de vida de la clase obrera se van a deteriorar aceleradamente. Recordemos que hace dos años que para las fiestas se producen saqueos. Para este año oficialismo y oposición esperan un verano caliente. Más caliente.
Por su parte, una de las columnas que sostiene a Cristina, los gobernadores, comenzaron a tomar distancia. Son los grandes perjudicados del default, ya que no pueden tomar deuda (véase nota de Juan Kornblihtt). Buscan ya desenvueltamente una manera de hacer retornar a Massa al PJ, con la idea de una interna con Scioli. Por su parte, el gobernador bonaerense sufre la rebelión de los intendentes: dejó de coparticipar los fondos automáticos a los municipios. El Gobierno ya se quedó prácticamente sin aliados en las cámaras patronales. No faltan voces que vaticinen una salida anticipada (González Fraga). Cristina repite que ella no es Alfonsín. En medio de la crisis en el kirchnerismo, La Cámpora defiende a Berni.
La clase obrera realizó dos huelgas generales en un año (véase nota de Ianina Harari). Puede decirse lo que se quiera sobre la envergadura de uno u otro, pero se garantizaron dos paros a nivel nacional. No estamos en un escenario de movilización previo al 2001. Los grandes batallones de la sobrepoblación relativa han encontrado en esta década, por primera vez, una estructura política que los discipline (para el capital). Pero también han sido abandonados por la izquierda. Una izquierda que no se cansa de esgrimir en la centralidad estratégica en la producción de la clase obrera ocupada, mientras organiza desocupados de plantas quebradas, con métodos propios de la fracción que desprecia: el corte de ruta, que se mostró mucho más eficaz que la toma de “lugares estratégicos”.
Ante la crisis, la izquierda debe dejar sus consignas reformistas y animarse a proclamar los cuatro vientos la sociedad que pretende construir. Debe dejar su sindicalismo y abrirse paso como la dirección de una sociedad. El derrumbe de esta experiencia nos va a encontrar muy pronto en la calle. Los ataques serán más directos y profundos. Si conservamos esperanzas en alguna de las formas en que se presenta el enemigo (nacionalismo, autonomismo, reformismo) no vamos a poder destruir las ilusiones le permiten seguir al mando. No hay otro programa viable para millones que el Socialismo. No hay otro instrumento que el Partido. Un Partido. Una dirección. Una sola cabeza para un extenso y amplio cuerpo. Eso que no se construye en la fragmentación inútil de estructuras que adscriben a un mismo programa. Compañeros: no queda mucho tiempo.
