Solo en las buenas. La relación entre la UIA y el gobierno nacional

El gobierno nacional ya no goza del apoyo sin fisuras que la Unión Industrial Argentina (UIA) le otorgó tiempo atrás. Durante el conflicto con la burguesía agropecuaria en 2008, la UIA se alineó con el gobierno, defendiendo las medidas de apropiación de renta de la tierra para subsidiar principalmente a su sector. Este apoyo se condecía con la imagen que se vendía a ambos lados: una política de desarrollo basada en una burguesía nacional próspera, como en los años de Perón. No obstante, esa burguesía idealizada hace un tiempo que comenzó a retacear su respaldo al gobierno. A diferencia de la CGE (ver El Aromo anterior), y de su intento por mantenerse alineada, son muchas las voces de queja de algunos de los empresarios afiliados a la UIA que ven perjudicados sus negocios. Las internas afloran y exponen la crisis latente de una burguesía débil, imposibilitada de mantener su unidad en el tiempo.

La UIA por dentro…

Gran repercusión tuvieron las declaraciones optimistas que De Mendiguren, presidente de la entidad, hizo durante la reunión del G20 en junio de este año. Se pronunció, en México, a favor del curso económico seguido por la Argentina, que le permitiría sortear la crisis internacional. Este guiño a la gestión nacional, no obstante, escondía que dentro de la UIA no todos son tan optimistas ni incondicionales.
Una de las cuestiones que divide aguas es la actual política de importaciones implementada por el gobierno. La mayor protección del mercado interno es celebrada por los sectores más débiles frente a la competencia externa, como los productores de textiles, calzados, juguetes y siderurgia. Juan Carlos Sacco, vicepresidente tercero de la Unión Industrial y líder de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines es uno de los que aplauden las medidas, especialmente el freno a las importaciones de libros. A tal punto que declaró, sobre Guillermo Moreno, “uno podrá estar de acuerdo con sus modos, sus cosas […] Ahora, nosotros, como industria gráfica, hoy lo consideramos un patriota”¹.  ste grupo ha manifestado su apoyo a las políticas implementadas y defendió al gobierno frente a aquellos que lo responsabilizaban de la caída en la actividad. El enfriamiento de la economía no sería producto del retaceo de las importaciones, sino a la inversa: la baja en la compra de insumos provenientes del exterior sería el resultado de que la “economía y la industria crecen menos”².
Mientras tanto, un grupo de empresas, entre las que se destacan las de mayor tamaño, es crítico de la medida. Cristiano Ratazzi, dueño de FIAT Argentina, es quien lleva la voz cantante, criticando los dichos de Sacco sobre Moreno. La Unión Industrial de Córdoba, filial de la UIA, también se pronunció en contra: “La provincia de Córdoba viene sufriendo el impacto de las restricciones a las importaciones en las últimas semanas. De hecho, las fábricas de automóviles Fiat y Renault debieron suspender su actividad varios días por la falta de componentes importados”³. Su preocupación se centra en que progresivamente el secretario de Comercio Interior trabe el ingreso de insumos necesarios para la producción, afectando su nivel de actividad.
Esta diferencia de posiciones remite a la composición social de la UIA, que se expresa en su dirección. Se trata de una coalición de empresas grandes y pequeñas a nivel nacional, que a su vez tienen relaciones diferentes con el mercado externo en función de sus necesidades de provisión de insumos y maquinarias. Entre los miembros de la dirección se encuentran José Ignacio De Mendiguren, dueño de la pyme Texlona S.A.; Federico Nicholson, director de Ledesma y a la vez presidente del Centro Azucarero de Salta y Jujuy; Juan Carlos Sacco, presidente de CONLATINGRAF; Guillermo Moretti, dueño de la química GM; Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); Cristiano Ratazzi, dueño de Fiat Auto; Juan Carlos Lascurain, presidente de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina y Alberto Álvarez Saavedra, dueño de la farmacéutica Dador. En conjunto, son sin embargo débiles a escala internacional. Arcor y Techint, también miembros de la dirección de la UIA, constituyen las únicas excepciones, siendo capitales rectores de la rama en la que se insertan a nivel mundial.
Sus posiciones, así, expresan las contradicciones propias de una burguesía débil a escala internacional, que requiere protección del mercado interno. Inserta, a su vez, en una economía sin producción nacional de la mayoría de insumos y maquinaria, o que se obtienen, con suerte, a precios elevados en el mercado local. Por tanto, es dependiente de importaciones de mercancías esenciales para poner en marcha sus plantas. Como expresó De Mendiguren: “No se puede no entender que el nivel de actividad tiene relación directa con el nivel de importaciones, que si yo quiero exportar autos tengo que importar insumos”⁴. Pero ésta posición supone la eliminación de aquellos productores de insumos nacionales ineficientes que requieren que no se abran las importaciones. En este sentido, la unidad de la burguesía siempre es frágil, dado que todos los capitales pretenden ser protegidos de la competencia externa y, a la vez, importar insumos y maquinarias más baratas. La competencia por asegurarse políticas económicas que se inclinen en su favor está siempre a la orden del día.
Un punto de acuerdo entre los distintos sectores de la UIA sobre el tema relacionado con Comercios Exterior fue el reclamo del acortamiento en los plazos para cobrar las exportaciones. A juicio de los empresarios esta medida supone problemas, especialmente para las pymes, que están en frágiles condiciones para exigir al comprador que pague en los tiempos que pide el Gobierno “si en el comercio internacional a un comprador le tengo que financiar a 30 días en lugar de los 180 días habituales, va y le compra a otro productor de otro país”, expresó De Mendiguren⁵.
Las discusiones sobre YPF dan cuenta también de la debilidad señalada, expresada en la   necesidad de obtener transferencias estatales para asegurar su reproducción. Muchos de los empresarios socios de la UIA vieron en la compra de la petrolera a Repsol, propagandizada como “expropiación”, la posibilidad de obtener combustible barato y convertirse en proveedores de insumos para la empresa. Se trata de un apoyo a la apertura de un nuevo campo de subsidios, por el lado de menores precios de combustibles, a la vez que la posibilidad de convertirse en proveedoras del Estado cobrando precios por encima del mercado internacional. “Hay que poner recursos a favor del desarrollo nacional”⁶, dijo el presidente de la UIA, que no es más que garantizar las ganancias de la burguesía que acumula en suelo argentino. Aunque cierto sector, en un principio, puso reparos a la medida por considerar que podía abrir paso a un proceso expropiador, los más realistas lo desestimaron de inmediato, iniciando gestiones para participar de los futuros negocios.

De acuerdo

La posición frente a los trabajadores encuentra unidos a los diferentes sectores de la UIA, inclusive con posiciones que enfrentan de conjunto a las políticas gubernamentales. Así se aprecia en lo referente al impuesto a las ganancias y las últimas acciones encabezadas por Hugo Moyano. De Mendiguren, en el coloquio de IDEA desarrollado en junio, declaró: “Debe subirse el mínimo no imponible de Ganancias: es un impuesto al trabajo”⁷. Es que la burguesía cubre una porción muy alta del salario, que termina en las arcas del gobierno, presionando al alza los sueldos. Sumado a esto, el presidente de la entidad señaló que “en las cifras que ha quedado (las alícuotas de este gravamen), tiene que modificarse, como también debe modificarse el ajuste por inflación del Impuesto a las Ganancias sobre los balances de las empresas”⁸. Ante una mayor exacción por parte del Estado, derivada del incremento nominal de las ganancias de los capitales producto de la inflación, exigen la adecuación del tributo. Es decir, pretenden así pagar menos impuestos. No obstante, no parece tratarse de un apoyo a Moyano, sino la coincidencia con uno sus reclamos, que en definitiva los favorece. Para la UIA, lo importante no es mejorar el salario real de los trabajadores, sino abaratar sus costos laborales y pagar menos impuestos.
Por otro lado, la entidad se mostró optimista con el plan de viviendas del gobierno, considerándolo “similar a medidas keynesianas adoptadas por EE.UU. en la crisis del ‘30”. Se trata de uno de los pocos acuerdos con el gobierno en los últimos tiempos, alentado por la apertura de nuevos negocios para diferentes sectores de la burguesía financiados por el Estado.

Tan lejos, tan cerca

Los apoyos al gobierno por parte de la UIA son cada vez menores, aunque la situación económica no ha explotado como para sacar los pies del plato. La tendencia parece responder a la profundización de la competencia entre los diferentes sectores de la economía, en la que todos buscan resguardarse de los efectos de la desaceleración. Es que la debilidad de la burguesía hace que, al primer síntoma de crisis, sus efectos se traduzcan en rivalidades y nuevos alineamientos político-corporativos. Las internas se tornan cada vez más agudas debido al incremento de los conflictos entre sectores de la burguesía por definir qué medidas impulsar y, en consecuencia, a qué fracciones y capas beneficiar. Ligado esto, el distanciamiento con el gobierno se profundizará como consecuencia de  su imposibilidad de garantizar una dinámica económico-social que permita la reproducción del conjunto de la burguesía.

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