El conflicto docente en Santa Cruz sintetiza toda una serie de problemas. La descentralización educativa, el aumento del empleo público como contenedor de una desocupación que no para de crecer, el giro en la política represiva de cuanta protesta se decida a ganar las calles. Muchas de las medidas que el gobierno de Cambiemos ensayó este año en Buenos Aires, ya fueron implementadas en el sur profundo por los gobernadores del FPV en los últimos años: los voluntarios docentes, la presencia de las fuerzas represivas en las escuelas y en las asambleas gremiales, la represión directa y la gestión de un sistema social y educativo que se inmola lentamente.
Cuestión de todos
Podría decirse que el conflicto comenzó en febrero de este año, pero no estaríamos errados si afirmamos que el problema viene de larga. Desde el año pasado, los docentes que hoy cobran un salario inicial de $16.500 reclaman por un aumento que lleve el inicial testigo a $20.500. Tengamos en cuenta que la canasta básica total de Santa Cruz ronda los $30.000, es decir, con un trabajo, apenas se llegan a cubrir la mitad de los elementos necesarios para mantenerse de pie. El reclamo también incluye el blanqueo de las cifras en negro, mejoras edilicias para las escuelas, el no desdoblamiento del pago de haberes y el pago de los salarios adeudados. Estos dos últimos aspectos son gravísimos. Muchos de los docentes jubilados, aquellos que más necesitan de una buena alimentación y salud, cobraron solo una parte de su jubilación. No obstante, el fondo del problema, tiene décadas gestándose y, por ende, no es nuevo.
Hoy la provincia se encuentra básicamente parada pero, a pesar del no inicio del ciclo escolar, las reuniones paritarias están estancadas. El ultimo ofrecimiento del gobierno fue de un 3%, lo que equivale a un poco más de $500. El conflicto ya se cobró la cabeza de un funcionario: Eduardo Borselli, titular del CPE, renunció los primeros días de marzo. En su lugar asumió María Cecilia Velázquez, quien se limitó a decir que era necesario discutir con los chicos adentro del aula.
A lo largo del 2017, la tensión fue aumentando. Los trabajadores de la provincia pasaron de los acampes, cortes de ruta y movilizaciones, a la toma de varios edificios gubernamentales. El 21 de abril, se decidió llevar el reclamo a la casa de la gobernadora, quien se encontraba con la ex presidenta Cristina Kirchner. Los trabajadores fueron duramente reprimidos lo que evidencia la decisión firme que tiene la clase dirigente de avanzar en una fase represiva. Por supuesto, Macri se solidarizó con Alicia. La respuesta de los reprimidos: un paro provincial y una marcha con más de 10.000 personas. Esa acción fue seguida por nuevos paros protagonizados por estatales, docentes, jubilados y petroleros despedidos. No es la primera vez que los docentes son reprimidos y evidencia como la crisis se cuece hace décadas: 2007, 2011, 2016 solo por mencionar algunas fechas “recientes”.
Como si se tratara de recién llegados, Alicia Kirchner le echa la culpa al gobierno nacional. Básicamente, reclama fondos para darle una salida a la crisis institucional. El gobierno nacional sostiene que podría otorgarle un préstamo a la provincia a través del Banco Nación que oscilaría entre los 750 y 900 millones de pesos. Obviamente, la solución no es más que una hipoteca a futuro porque en algún momento habrá que devolver la cuantiosa suma. Pero, además, a cambio le pidieron a Kirchner que revea su situación fiscal. Esto implicaría una mayor reducción de personal estatal (que hasta ahora se despide en cuotas), rebaja de salarios y reforma del sistema previsional. El presente tampoco parece muy alentador. Durante los últimos días de abril se reunió la Audiencia Multisectorial. En este espacio se nuclean los trabajadores de la educación, salud, justicia y estatales. Allí resolvieron un plan de lucha de trece puntos y la creación de asambleas populares para fiscalizar los fondos que la provincia reciba para decidir sobre su utilización, entre otras cosas. La crisis gesta una forma de organización.
Moraleja
En aquella fría provincia del sur, los trabajadores de la educación nos vuelven a dejar una enorme lección. En primer lugar, la elección del piquete y la asamblea como método de acción. Mejor aún, nos han demostrado que solo se puede avanzar hacia la victoria si las medidas de acción son continuas y progresivas. Pero lo más importante es que para darle fuerza a la acción es vital estrechar lazos con otros gremios, con los trabajadores desocupados, los jubilados, los padres, y todos aquellos que sufren de alguna forma u otra los embates de la crisis. Para coordinar y realizar las acciones de manera efectiva crearon un órgano llamado la Mesa de Unidad Sindical (MUS). El ajuste y la represión aúna a todo el personal político. Por eso, a su programa debemos imponerles el nuestro. Todos los docentes debemos tomar nota de estas lecciones y volver a relanzarnos a las calles con más fuerza y vigor.
